LOS COMUNISTAS VENEZOLANOS: "LA REFORMA PETROLERA ES UNA ENTREGA DISFRAZADA DE SOBERANÍA" (VÍDEO)

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

       En un artículo publicado el periódico "Tribuna Popular", portavoz oficial del Partido Comunista Venezolano, titulado “Pronunciamiento del Partido Comunista de Venezuela sobre la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”,  esta organización política  ha hecho pública  una dura denuncia contra el intento del gobierno de   "la presidente encargada", Delcy Rodríguez, de modificar la actual normativa que regula la explotación de los recursos energéticos más estratégicos del país: los hidrocarburos.

    Según afirma el PCV, -hoy en una ambigua situación de "alegalidad"-, la reforma en curso representa una vulneración directa del orden constitucional venezolano y un gigantesco retroceso histórico en términos de soberanía nacional.

      De acuerdo a lo expresado por el Comité Central del PCV, el trasfondo de esta reforma va mucho más allá de lo meramente técnico o económico. Los comunistas denuncian que la “ley antibloqueo” y la opacidad institucionalizada han venido sirviendo como marco para encubrir la entrega progresiva del control petrolero a capitales extranjeros.

   Según el PCV, estas acciones han sido legitimadas por acuerdos secretos, como los realizados con Chevron, cuya naturaleza sigue siendo desconocida para la ciudadanía.

    Desde esta perspectiva, los comunistas no se limitan a señalar la presencia de capital privado como un mal absoluto, pero sí enfatizan que dicha participación solo sería admisible si responde al interés nacional y no compromete la soberanía.

    Sin embargo, denuncian que lo que  está ocurriendo en estos  momentos en Venezuela es justamente lo contrario: un abandono de la soberanía jurídica, económica y política a favor de capitales transnacionales, bajo el pretexto de modernización y eficiencia económica.

     En este punto, la crítica del PCV es clara y categórica: se trata de una privatización de facto de las actividades primarias del sector petrolero, disfrazada de reformas legales.

     El pronunciamiento subraya cómo esta reforma transgrede directamente los artículos 150, 151 y 302 de la Constitución venezolana, que salvaguardan el control estatal de las actividades primarias del sector y otorgan a la Asamblea Nacional facultades decisorias sobre contratos de interés público. Al suprimir estos controles, se entrega el poder decisorio y la renta petrolera al capital extranjero, advierte el documento del PCV.

     Este tipo de señalamiento no es menor si se considera que Venezuela, país con una de las mayores reservas de crudo del planeta, ha construido gran parte de su historia política y económica moderna en torno a la lucha por el control soberano de su petróleo. Por ello, para el PCV, esta reforma representa un acto de traición a los principios del proyecto bolivariano original y a las conquistas históricas del pueblo venezolano.

     Pero este pronunciamiento de los comunistas no quedado  en solitario. En diversas tribunas, analistas y sectores progresistas se han alzado voces de alarma ante las consecuencias que esta reforma podría tener.

    Por ejemplo, el economista Manuel Sutherland ha advertido sobre el proceso acelerado de desestatización del sector petrolero en los últimos años, alertando que la apertura al capital privado extranjero se está llevando a cabo sin un debate nacional y sin transparencia. En entrevistas recientes, este  conocido economista venezolano ha expresado su preocupación por lo que él llama la  "Chevronización" del petróleo venezolano, alertando sobre la entrega de renta y soberanía sin retorno garantizado de inversión ni control estatal eficiente. 

   Con el término “Chevronización”, Sutherland  intenta describir un  proceso mediante el cual la empresa transnacional  Chevron  asume un rol privilegiado en la explotación petrolera venezolana, desplazando de facto el control estatal. Aunque formalmente los yacimientos siguen siendo propiedad de la nación, Chevron opera con libertad en actividades primarias, recibe su retribución directamente en petróleo para su comercialización y sus contratos permanecen ocultos al escrutinio público. Justo lo que el presidente Donald Trump parece haber impuesto a su "gobierno delegado".

      Este modelo, según los comunistas, contraviene artículos clave de la Constitución venezolana y permite que las controversias o reclamos  que formule la transnacional se resuelvan fuera del sistema judicial venezolano, debilitando de esa manera la soberanía económica y jurídica del país sobre su principal recurso.

   Además, el llamado “Modelo Chevron” sirve como plantilla para extender privilegios similares a otras corporaciones extranjeras, acelerando la privatización encubierta del sector energético sin debate democrático ni control parlamentario. 

    Para críticos como el Partido Comunista de Venezuela, este modelo representa una entrega de la soberanía nacional a intereses transnacionales, bajo el pretexto de modernización y superación de la crisis.

    Por su parte, organizaciones como el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos y el Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) han destacado cómo este tipo de reformas afectan también las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores del sector. Según estas organizaciones, la privatización y la extranjerización de la industria suelen venir acompañadas de recortes de plantilla, flexibilización laboral y pérdida de beneficios para los empleados, así como una creciente exclusión de las comunidades en las decisiones sobre sus propios territorios.

    Desde una perspectiva más amplia, esta reforma refleja el giro pragmático del gobierno venezolano, que, enfrentado  a la incursión militar estadounidense, el secuestro del Presidente Maduro y a las sanciones internacionales, ha optado por fórmulas que en otro momento habría condenado como neoliberales.

    En efecto, lo que el PCV está denunciando no es solo una medida económica, sino una reconfiguración estructural del modelo de Estado, orientada ya no al control soberano de los recursos, sino a su conversión en mercancía para negociar la supervivencia política de una élite desgastada.

     La lectura del pronunciamiento del PCV permite identificar con claridad una fractura cada vez más insalvable entre el discurso del chavismo originario — defensor de los intereses populares, la soberanía nacional y el control social de los recursos estratégicos— y la práctica real de un gobierno que ha evolucionado hacia formas autoritarias de gestión, aliadas con intereses corporativos internacionales.

    El PCV en su declaración no se limita a la denuncia, sino que convoca a la clase obrera y a los sectores populares a movilizarse para frenar esta reforma, recordando que la defensa del petróleo como patrimonio público es una defensa del derecho de los pueblos a decidir su destino.  

LOS ARGUMENTOS DEL GOBIERNO DE CARACAS

    El gobierno venezolano, por su parte,  justifica la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, como una medida necesaria para enfrentar la profunda crisis que atraviesa la industria petrolera nacional.

   Según el discurso oficial, la caída de la producción, el deterioro tecnológico de PDVSA y la imposibilidad de acceder a financiamiento internacional debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos han llevado al país a una situación límite.

    En este contexto, el Ejecutivo plantea que atraer inversión extranjera, mediante asociaciones estratégicas con empresas como Chevron, es indispensable para recuperar la producción, modernizar la industria y generar ingresos que permitan sostener la economía nacional.

    El gobierno insiste en que no se trata de una privatización, sino de un mecanismo temporal y controlado, donde el Estado conserva la propiedad formal de los recursos, pero permite la participación de capital privado para mejorar la eficiencia operativa.

   Alega, además, que estas decisiones representan una forma de ejercer soberanía en condiciones de bloqueo, al encontrar rutas alternativas para mantener activa la principal fuente de ingresos del país.

    No obstante, esta visión está siendo ampliamente cuestionada por sectores críticos que consideran que, bajo el discurso de modernización, se encubre una entrega progresiva de la soberanía energética nacional.

     ¿Será posible construir una resistencia efectiva contra esta reforma? ¿Tienen hoy los movimientos populares venezolanos la capacidad organizativa, política y discursiva para enfrentar una lógica de despojo tan sofisticada?

     Lo que sí parece claro es que, más allá de los debates sobre legalidad y constitucionalidad, lo que está en juego es el modelo de país que se está gestando en medio del colapso. Y en esa batalla, las advertencias del PCV no deberían caer en saco roto.

LA VISIÓN DE LA "PRESIDENTA ENCARGADA"  DE VENEZUELA  SOBRE LA SITUACIÓN  EN SU PAÍS.