EMERGENCIA DE SALUD MENTAL EN CANARIAS: MÁS SUICIDIOS Y MENOS RECURSOS
Los servicios de salud mental no cubren la demanda real y cronifican el sufrimiento
Mientras el Gobierno de Canarias presume de avances en salud mental, los datos revelan un sistema saturado, sin personal suficiente y con tasas de suicidio por encima de la media estatal. Las islas arrastran años de abandono institucional, desigualdad territorial y medicalización sin atención real. La emergencia es estructural y visible, aunque las autoridades insistan en negarla.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias, archipiélago de sol y turismo, es también un territorio donde la salud mental de su población se ha convertido en una crisis silenciosa que crece sin respuesta institucional. El reciente Informe “La salud mental, emergencia invisible en Canarias” presentado ante el Parlamento autonómico presentado en el Parlamento por Cati Darias Delgado, de la Federación de Salud de Intersindical Canaria; Guillermo de la Barreda López, de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública; y Francisco Rodríguez Pulido, profesor de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna, pone cifras, testimonios y denuncias a una realidad que muchos viven en carne propia pero que la administración pretende ignorar. Durante la presentación, los intervinientes señalaron la dificultad para acceder a datos públicos sobre salud mental, a pesar de que estos deberían estar disponibles para profesionales, ciudadanía y organizaciones. El documento, elaborado a partir de cifras oficiales, cuestiona el relato institucional sobre los supuestos avances en esta materia y expone una realidad caracterizada por el incremento de la demanda, la falta de personal especializado y un modelo asistencial fragmentado.
UNA CRISIS ESTRUCTUAL CON ROSTRO COTIDIANO
Organizaciones sanitarias, sindicatos y profesionales de la psiquiatría dibujan un panorama alarmante. Canarias no solo supera los promedios estatales en indicadores graves de salud mental, sino que también arrastra una constante falta de medios, recursos y transparencia.
Según datos del propio informe, cerca del 20 % de la población canaria padece trastornos mentales, cifra que coincide con estudios que sitúan en torno al 24–29 % la proporción de habitantes con problemas psicológicos diagnosticados o detectables en evaluaciones epidemiológicas.
El aumento de estas patologías no es un fenómeno aislado. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos en las islas se ha incrementado de forma sostenida, con tasas de uso notablemente superiores a la media española.
Pero detrás de estos porcentajes fríos hay rostros y trayectorias. Trabajadores precarios, mujeres que lidian con cuadros de ansiedad vinculados a la sobrecarga de cuidados familiares; jóvenes cuya transición a la vida adulta se ve frenada por carencias económicas y perspectivas de futuro frustradas; familias enteras incapaces de acceder a un seguimiento clínico adecuado para un hijo con ideación suicida.
LA ADMINISTRACIÓN: DISCURSO TRIUNFALISTA CONTRA LA REALIDAD CLÍNICA
El informe presentado en el Parlamento regional critica duramente el discurso oficial que pretende vender supuestos avances en salud mental. Los intervinientes lamentaron la falta de acceso real a datos públicos, el inmovilismo en órganos asesores clave como la Comisión Regional de Salud Mental, que no se reúne desde 2017, y la ausencia de evaluaciones transparentes sobre programas esenciales como el Plan de Prevención del Suicidio. Estos vacíos no son nimios. Sin datos fiables no es posible medir impactos reales ni ajustar políticas públicas.
En contraste, la percepción profesional y comunitaria es que la atención está marcada por un modelo fragmentado, donde la atención primaria y la especializada no se articulan, y donde la medicalización de los síntomas prevalece sobre una intervención estructural y comunitaria.
Las denuncias de los colectivos no quedan solo en cifras. El sistema de salud mental canario presenta déficits severos en recursos humanos: el número de psiquiatras, psicólogos clínicos y especialistas es muy inferior a los ratios recomendados por organizaciones internacionales. Esta falta crónica de personal dificulta el acceso, retrasa seguimientos y convierte muchos casos tratables en situaciones crónicas.
Además, la distribución de recursos es profundamente desigual: las islas capitalinas concentran la mayor parte de las plazas y servicios, mientras que territorios menores quedan con atención parcial o testimonial. Ello obliga a desplazamientos interinsulares para tratamientos especializados, generando rupturas en el seguimiento y tensiones adicionales para las familias.
La consecuencia es palpable en los datos de quejas y reclamaciones: largas demoras en segundas consultas, exceso de medicalización sin espacio para la escucha terapéutica y falta de continuidad en la atención son quejas recurrentes, que subrayan un modelo saturado y poco humanizado.
Suicidio: tragedia evitable y falla del sistema
Uno de los aspectos más dolorosos de esta crisis es la persistencia de tasas de mortalidad por suicidio superiores a la media nacional. Aunque en los últimos años se ha observado un descenso estadístico, las cifras siguen por encima del promedio español, con un impacto especialmente grave en la población juvenil. Las investigaciones clínicas muestran que muchos de los casos que culminan en suicidio habían tenido contacto con el sistema de salud mental poco antes; sin embargo, fallos en la detección del riesgo y la falta de continuidad terapéutica impiden la prevención eficaz.
Los programas de prevención actuales, aunque visibles en campañas, no han logrado revertir esta tendencia. El seguimiento clínico —la continuidad de cuidados tras la identificación de riesgo— sigue siendo la gran asignatura pendiente.
El informe presentado critica también la fragmentación administrativa que obstaculiza una respuesta coordinada. A pesar de que los planes canarios de salud mental y drogodependencias plantean la unificación de redes para abordar la patología dual, en la práctica los circuitos asistenciales siguen separados. Esta disociación impide una atención integral y prolongada que tome en cuenta al paciente como un todo.
Este enfoque reactivo y fragmentado no responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o las directrices europeas de salud mental, que abogan por modelos comunitarios y preventivos centrados en los determinantes sociales de la salud.
SOCIOECONOMÍA Y SUFRIMIENTO PSÍQUICO: UNA RELACIÓN CAUSAL
La emergencia invisible de Canarias no es un problema aislado de salud; es una manifestación de tensiones sociales más profundas, donde el desempleo, la pobreza, la precariedad habitacional y la exclusión social dibujan un paisaje de sufrimiento. Mientras la administración regional celebra inversiones en infraestructuras, quienes viven la realidad diaria perciben un sistema insuficiente, lento y desarticulado frente a sus necesidades.
No se trata tan dolo solo de gastar más —aunque la inversión en salud mental sigue siendo menor al 5 % del presupuesto sanitario, lejos del 10 % recomendado por la OMS—, sino de repensar la política pública en su conjunto. poner en el centro al sujeto social, garantizar seguimiento clínico real, distribuir recursos equitativamente por todo el archipiélago y reconocer la salud mental como parte inseparable de las condiciones materiales de vida.
Más allá de los indicadores clínicos, la salud mental está profundamente entrelazada con condiciones materiales de vida que configuran un contexto adverso para miles de personas. El archipiélago arrastra tasas de desempleo crónicamente altas; en 2025 la tasa de paro regional rondaba el 12,6 %, casi el doble que en comunidades como Madrid, y con fuerte precariedad en sectores clave como servicios y turismo.
Este desempleo, unido al alto coste de la vivienda, la inestabilidad laboral y la precariedad de ingresos, alimenta una espiral de incertidumbre, ansiedad y frustración. En un contexto donde uno de cada cuatro jóvenes con carencias económicas severas presenta problemas de salud mental —y cinco de cada diez llegan a considerar el suicidio— la explicación clínica y el diagnóstico individual no pueden separarse de las condiciones sociales que los producen.
La depresión, la ansiedad y otros trastornos comunes no son solo categorías médicas. on expresiones de un malestar que nace en la vulnerabilidad material prolongada. La falta de oportunidades laborales dignas, el peso de la brecha salarial y la precariedad habitacional actúan como coágulos que alimentan la enfermedad. Esto explica por qué las tasas de uso de psicofármacos, el ausentismo laboral por causas psicológicas y los contactos con servicios de salud mental no dejan de crecer.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias, archipiélago de sol y turismo, es también un territorio donde la salud mental de su población se ha convertido en una crisis silenciosa que crece sin respuesta institucional. El reciente Informe “La salud mental, emergencia invisible en Canarias” presentado ante el Parlamento autonómico presentado en el Parlamento por Cati Darias Delgado, de la Federación de Salud de Intersindical Canaria; Guillermo de la Barreda López, de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública; y Francisco Rodríguez Pulido, profesor de Psiquiatría de la Universidad de La Laguna, pone cifras, testimonios y denuncias a una realidad que muchos viven en carne propia pero que la administración pretende ignorar. Durante la presentación, los intervinientes señalaron la dificultad para acceder a datos públicos sobre salud mental, a pesar de que estos deberían estar disponibles para profesionales, ciudadanía y organizaciones. El documento, elaborado a partir de cifras oficiales, cuestiona el relato institucional sobre los supuestos avances en esta materia y expone una realidad caracterizada por el incremento de la demanda, la falta de personal especializado y un modelo asistencial fragmentado.
UNA CRISIS ESTRUCTUAL CON ROSTRO COTIDIANO
Organizaciones sanitarias, sindicatos y profesionales de la psiquiatría dibujan un panorama alarmante. Canarias no solo supera los promedios estatales en indicadores graves de salud mental, sino que también arrastra una constante falta de medios, recursos y transparencia.
Según datos del propio informe, cerca del 20 % de la población canaria padece trastornos mentales, cifra que coincide con estudios que sitúan en torno al 24–29 % la proporción de habitantes con problemas psicológicos diagnosticados o detectables en evaluaciones epidemiológicas.
El aumento de estas patologías no es un fenómeno aislado. El consumo de ansiolíticos y antidepresivos en las islas se ha incrementado de forma sostenida, con tasas de uso notablemente superiores a la media española.
Pero detrás de estos porcentajes fríos hay rostros y trayectorias. Trabajadores precarios, mujeres que lidian con cuadros de ansiedad vinculados a la sobrecarga de cuidados familiares; jóvenes cuya transición a la vida adulta se ve frenada por carencias económicas y perspectivas de futuro frustradas; familias enteras incapaces de acceder a un seguimiento clínico adecuado para un hijo con ideación suicida.
LA ADMINISTRACIÓN: DISCURSO TRIUNFALISTA CONTRA LA REALIDAD CLÍNICA
El informe presentado en el Parlamento regional critica duramente el discurso oficial que pretende vender supuestos avances en salud mental. Los intervinientes lamentaron la falta de acceso real a datos públicos, el inmovilismo en órganos asesores clave como la Comisión Regional de Salud Mental, que no se reúne desde 2017, y la ausencia de evaluaciones transparentes sobre programas esenciales como el Plan de Prevención del Suicidio. Estos vacíos no son nimios. Sin datos fiables no es posible medir impactos reales ni ajustar políticas públicas.
En contraste, la percepción profesional y comunitaria es que la atención está marcada por un modelo fragmentado, donde la atención primaria y la especializada no se articulan, y donde la medicalización de los síntomas prevalece sobre una intervención estructural y comunitaria.
Las denuncias de los colectivos no quedan solo en cifras. El sistema de salud mental canario presenta déficits severos en recursos humanos: el número de psiquiatras, psicólogos clínicos y especialistas es muy inferior a los ratios recomendados por organizaciones internacionales. Esta falta crónica de personal dificulta el acceso, retrasa seguimientos y convierte muchos casos tratables en situaciones crónicas.
Además, la distribución de recursos es profundamente desigual: las islas capitalinas concentran la mayor parte de las plazas y servicios, mientras que territorios menores quedan con atención parcial o testimonial. Ello obliga a desplazamientos interinsulares para tratamientos especializados, generando rupturas en el seguimiento y tensiones adicionales para las familias.
La consecuencia es palpable en los datos de quejas y reclamaciones: largas demoras en segundas consultas, exceso de medicalización sin espacio para la escucha terapéutica y falta de continuidad en la atención son quejas recurrentes, que subrayan un modelo saturado y poco humanizado.
Suicidio: tragedia evitable y falla del sistema
Uno de los aspectos más dolorosos de esta crisis es la persistencia de tasas de mortalidad por suicidio superiores a la media nacional. Aunque en los últimos años se ha observado un descenso estadístico, las cifras siguen por encima del promedio español, con un impacto especialmente grave en la población juvenil. Las investigaciones clínicas muestran que muchos de los casos que culminan en suicidio habían tenido contacto con el sistema de salud mental poco antes; sin embargo, fallos en la detección del riesgo y la falta de continuidad terapéutica impiden la prevención eficaz.
Los programas de prevención actuales, aunque visibles en campañas, no han logrado revertir esta tendencia. El seguimiento clínico —la continuidad de cuidados tras la identificación de riesgo— sigue siendo la gran asignatura pendiente.
El informe presentado critica también la fragmentación administrativa que obstaculiza una respuesta coordinada. A pesar de que los planes canarios de salud mental y drogodependencias plantean la unificación de redes para abordar la patología dual, en la práctica los circuitos asistenciales siguen separados. Esta disociación impide una atención integral y prolongada que tome en cuenta al paciente como un todo.
Este enfoque reactivo y fragmentado no responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o las directrices europeas de salud mental, que abogan por modelos comunitarios y preventivos centrados en los determinantes sociales de la salud.
SOCIOECONOMÍA Y SUFRIMIENTO PSÍQUICO: UNA RELACIÓN CAUSAL
La emergencia invisible de Canarias no es un problema aislado de salud; es una manifestación de tensiones sociales más profundas, donde el desempleo, la pobreza, la precariedad habitacional y la exclusión social dibujan un paisaje de sufrimiento. Mientras la administración regional celebra inversiones en infraestructuras, quienes viven la realidad diaria perciben un sistema insuficiente, lento y desarticulado frente a sus necesidades.
No se trata tan dolo solo de gastar más —aunque la inversión en salud mental sigue siendo menor al 5 % del presupuesto sanitario, lejos del 10 % recomendado por la OMS—, sino de repensar la política pública en su conjunto. poner en el centro al sujeto social, garantizar seguimiento clínico real, distribuir recursos equitativamente por todo el archipiélago y reconocer la salud mental como parte inseparable de las condiciones materiales de vida.
Más allá de los indicadores clínicos, la salud mental está profundamente entrelazada con condiciones materiales de vida que configuran un contexto adverso para miles de personas. El archipiélago arrastra tasas de desempleo crónicamente altas; en 2025 la tasa de paro regional rondaba el 12,6 %, casi el doble que en comunidades como Madrid, y con fuerte precariedad en sectores clave como servicios y turismo.
Este desempleo, unido al alto coste de la vivienda, la inestabilidad laboral y la precariedad de ingresos, alimenta una espiral de incertidumbre, ansiedad y frustración. En un contexto donde uno de cada cuatro jóvenes con carencias económicas severas presenta problemas de salud mental —y cinco de cada diez llegan a considerar el suicidio— la explicación clínica y el diagnóstico individual no pueden separarse de las condiciones sociales que los producen.
La depresión, la ansiedad y otros trastornos comunes no son solo categorías médicas. on expresiones de un malestar que nace en la vulnerabilidad material prolongada. La falta de oportunidades laborales dignas, el peso de la brecha salarial y la precariedad habitacional actúan como coágulos que alimentan la enfermedad. Esto explica por qué las tasas de uso de psicofármacos, el ausentismo laboral por causas psicológicas y los contactos con servicios de salud mental no dejan de crecer.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.115