"LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES NO DEBE DEPENDER DE LAS LUCHAS PARTIDISTAS"

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) ha expresado su total rechazo a que la revalorización de las pensiones "siga dependiendo de votaciones sujetas a intereses partidistas".

    Para la MERP, se trata de una

"situación insostenible que genera inseguridad y desconfianza entre los millones de pensionistas del país, cuyos ingresos no deberían estar sometidos a la lógica parlamentaria coyuntural".

   En palabras de sus portavoces,

"quienes representan a la ciudadanía deben dar todos los pasos necesarios para que la revalorización de las pensiones sea aprobada cada año de forma inmediata".

   Enfatizan que no se trata solo de una cuestión económica, "sino de una garantía vital que afecta directamente a las condiciones de vida de quienes dependen de una pensión pública para sobrevivir".

   La MERP —una plataforma compuesta por más de 500 organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas de todo el Estado— ha declarado que no aceptará entrar en un "reparto de culpas y responsabilidades" entre partidos políticos, puesto que consideran que las pensiones públicas son un asunto colectivo que compromete al conjunto de la sociedad.

    Exigen que se llegue a un acuerdo inmediato que despeje toda incertidumbre y dé paso a una revalorización automática, sin vetos ni bloqueos.

   El colectivo remarca que esta no es la primera vez que el Congreso demuestra su incapacidad para ofrecer seguridad al sistema de pensiones:

    "Es la segunda vez en un año que esta votación refleja la fragilidad del actual modelo", señalan.

   Por ello, desde la MERP insisten en que la única garantía real y permanente es el blindaje constitucional de las pensiones públicas, lo que implicaría prohibir tanto su privatización como la pérdida de poder adquisitivo.

   Los portavoces de la plataforma defienden que si la Constitución recogiera esta protección, todos los gobiernos —presentes y futuros— estarían obligados a cumplir con dicho mandato.

      "De esta forma -apuntan- las pensiones dejarían de estar sujetas a los vaivenes de las negociaciones políticas y contarían con un nivel de amparo jurídico mucho más sólido del que disponen actualmente, al no estar reconocidas como un derecho constitucional explícito".

   Además, desde la MERP se alerta de que vivimos en un contexto de alta incertidumbre política y económica, tanto en el ámbito nacional como internacional, donde ningún derecho social puede darse por garantizado. En ese sentido, aseguran que blindar las pensiones en la Carta Magna sería la mejor defensa posible del estado del bienestar, un pilar que, insisten, está siendo amenazado de forma progresiva por políticas neoliberales que apuestan por la mercantilización de derechos fundamentales.

   Como respuesta a esta situación, la MERP ha anunciado la preparación de movilizaciones en todo el país para finales de febrero. El objetivo será exigir el blindaje constitucional del sistema público de pensiones y denunciar el uso político que se hace de un derecho que debería ser intocable.