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MÁS DE 500 ORGANIZACIONES RECLAMAN QUE LAS PENSIONES NO PUEDAN SER RECORTADAS NI PRIVATIZADAS

Colectivos sociales y sindicales canarios refuerzan la defensa del sistema público

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones en Canarias entregó nuevas firmas ante la Diputada del Común para reforzar la defensa del sistema público. La iniciativa se enmarca en una jornada estatal de movilización impulsada por la plataforma.

Por A.R. SUÁREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones en Canarias ha expresado su determinación de reforzar la defensa del sistema público de pensiones con la entrega de nuevas firmas a la Diputada del Común, Dolores Padrón, en el marco de una jornada estatal de movilización que recorrió todo el país.

 

  Según detalla la MERP en su comunicado, la entrega se realizó el pasado jueves en la sede del Comisionado Parlamentario, donde representantes de la plataforma trasladaron la urgencia de “blindar las pensiones en la Constitución para que no puedan ser recortadas ni privatizadas por ningún gobierno presente o futuro”. La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones subraya que esta demanda no responde a una coyuntura concreta, sino a una preocupación sostenida ante lo que consideran amenazas persistentes sobre el sistema público.

  

Tras el registro formal de las firmas, la MERP mantuvo una reunión con la Diputada del Común en la que, siempre según el comunicado remitido a esta redacción, se expusieron las principales inquietudes de pensionistas, trabajadores y colectivos sociales. La plataforma insistió en que el blindaje constitucional constituye, a su juicio, la única garantía efectiva para impedir recortes estructurales o procesos de privatización encubierta.

 

Una movilización coordinada en todo el Estado

   La acción desarrollada en Canarias formó parte de una jornada estatal convocada por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, que incluyó entregas de firmas ante defensores y defensoras del pueblo autonómicos en distintas comunidades, concentraciones en 80 ayuntamientos y diversos actos públicos de apoyo al blindaje constitucional.

 

  La MERP destaca en su comunicado que está integrada por más de 500 organizaciones en todo el Estado. En el caso de Canarias, una veintena de colectivos forman parte de la plataforma, entre ellos sindicatos como USO, SAE, Fetico o Intersindical; asociaciones sociales como Coordicanarias o Bebés Robados; organizaciones religiosas como Justicia y Paz, HOAC o JOC; y formaciones políticas como Por un Mundo Más Justo, Pacma, Unificación Comunista de España o Recortes Cero. Esta pluralidad, señalan los portavoces de la MERP, demuestra que la defensa de las pensiones públicas trasciende siglas e ideologías.

 

  De acuerdo con los datos facilitados por la propia Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, la recogida de apoyos continúa creciendo gracias al respaldo de organizaciones sociales, sindicales y vecinales que reclaman que las pensiones públicas sean reconocidas como un derecho fundamental protegido frente a recortes y vaivenes políticos.

 

Una realidad especialmente sensible en Canarias

 Los portavoces de la MERP subrayan que el archipiélago presenta una realidad social marcada por salarios más bajos y trayectorias laborales más precarias. Esta situación, argumentan, convierte la defensa del sistema público en una cuestión especialmente sensible en las islas.

 

  “Aquí las pensiones sostienen a miles de familias”, remarcan desde la plataforma, insistiendo en que el blindaje constitucional tendría un impacto directo en la estabilidad económica de amplios sectores de la población canaria.

 

   La jornada estatal también sirvió para presentar el manifiesto de “Juristas por el Blindaje de las Pensiones”, suscrito por profesionales del ámbito jurídico que defienden la viabilidad constitucional de incorporar esta protección reforzada.

 

   La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones insiste, tal y como recoge el comunicado, en que no se trata de una reivindicación partidista, sino de “una cuestión de país”. Por ello, apelan a todas las fuerzas políticas a abrir el debate sobre la reforma constitucional necesaria para asegurar que las pensiones públicas no puedan ser objeto de recortes estructurales ni procesos de privatización.

 

  La reunión con la Diputada del Común concluyó, según informa la MERP, con el compromiso de trasladar la preocupación social expresada por la plataforma. Mientras tanto, la organización anuncia que continuará impulsando actos y recogidas de firmas en Canarias, convencida de que el blindaje constitucional es la única garantía real frente a futuras reformas que puedan debilitar el sistema público.

 

   “Somos 49 millones de pensionistas, presentes y futuros”, recuerdan desde la MERP en el comunicado remitido a esta redacción, reafirmando su llamamiento a reforzar la protección constitucional de las pensiones.

 
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