POCO PAN Y MUCHO CIRCO: 1,4 MILLONES DE EUROS PARA MARC ANTHONY EN EL CARNAVAL DE LAS PALMAS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abonará 1.304.542 euros, más 91.317 euros de IGIC, por el lote de conciertos del Carnaval 2026 en el que actuará el artista estadounidense Marc Anthony, junto al grupo K Personajes. En total, serán 1.395.860 euros por una contratación adjudicada mediante procedimiento negociado sin publicidad a la empresa Big Time SL, representante en exclusiva de ambos artistas en España. La cifra, publicada en la Plataforma de Contratación del Estado el 12 de febrero de 2026, convierte esta actuación en la más cara en la historia del Carnaval capitalino.

   El presupuesto global del Carnaval asciende este año a 6,5 millones de euros, un millón más que en la edición anterior, dentro de unas cuentas municipales que alcanzan los 559 millones. El caché del artista supone alrededor del 21 ó el 22 por ciento del presupuesto total de la fiesta. Ello significa que en una sola noche se concentrará una parte muy relevante del gasto cultural anual de la ciudad, superando con claridad a programas consolidados como el Festival Internacional de Cine, el TEMUDAS o las Fiestas Fundacionales. No se trata, por tanto, de una cifra puramente anecdótica, sino de un contrato que pone de manifiesto las prioridades políticas del consistorio capitalino.  

LA POBREZA ESTRUCTURAL COMO TELÓN DE FONDO

   Canarias arrastra desde hace años una de las tasas de pobreza más elevadas del Estado. En torno al 31,2 por ciento de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y un 24,6 por ciento vive por debajo del umbral de pobreza. Más de 550.000 personas en el archipiélago sobreviven en esta situación. Pero el dato que debería sacudir cualquier debate presupuestario es otro: cerca del 40 por ciento de los niños y adolescentes de Canarias se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión.

   Más allá de los datos autonómicos, la realidad social de Las Palmas de Gran Canaria es suficientemente elocuente por sí sola. La capital grancanaria figura entre las ciudades con mayor desigualdad interna de España, con diferencias de renta que superan los 35.000 euros entre los barrios con mayores ingresos y los más empobrecidos. Más de treinta barrios han sido catalogados como zonas vulnerables, con problemas estructurales vinculados a desempleo, precariedad habitacional y carencias sociales persistentes.

   No hablamos de una desigualdad abstracta, sino de una ciudad partida en dos velocidades: áreas turísticas y comerciales que proyectan imagen de dinamismo económico frente a barrios donde la precariedad se ha cronificado. La presión del alquiler, los salarios bajos y la inestabilidad laboral afectan a miles de hogares en el propio municipio que financia el concierto.  Informes locales y estudios públicos han puesto de manifiesto que existen numerosas zonas vulnerables dentro del municipio  donde las condiciones socioeconómicas superan ampliamente los promedios generales de Canarias, señalando problemas como riesgo de sobremortalidad, obesidad infantil y pobreza estructural incluso en barrios tradicionales

   En ese contexto, la decisión de destinar 1,39 millones de euros al concierto de Marc Anthony no es neutra. Cuando una ciudad con amplias zonas catalogadas como vulnerables concentra más de una quinta parte del presupuesto del Carnaval en una sola actuación, está estableciendo una jerarquía clara de prioridades. 

LO QUE PODRÍA HACERSE CON 1,39 MILLONES DE EUROS

    Si se toma como referencia la reciente licitación del Gobierno de Canarias para construir 168 viviendas protegidas en Las Palmas por 29,2 millones de euros, el coste aproximado por vivienda rondaría los 173.800 euros. Ello supone que con el dinero destinado al concierto de Marc Anthony podrían financiarse en torno a ocho viviendas protegidas completas, o acercarse a nueve o diez si existiera cofinanciación con otras administraciones. Obviamente, esto no resolvería problema estructural de la vivienda, pero sí permitiría una pequeña promoción pública capaz de transformar la vida de varias familias.

  En el ámbito de los servicios sociales, la misma cantidad permitiría reforzar de manera significativa las ayudas destinadas a cubrir necesidades básicas como alimentación, suministros o alquiler. Traducido en prestaciones directas, podría suponer entre mil y mil quinientas ayudas de entre 800 y 1.000 euros para hogares en situación crítica. En barrios donde muchas familias viven al límite, este refuerzo tendría un impacto inmediato.

  La pobreza infantil ofrece otro ángulo revelador. El Gobierno de Canarias desarrolla programas específicos financiados con fondos europeos para combatir esta realidad, incluyendo equipos multidisciplinares de intervención social y medidas como las tarjetas monedero para garantizar la alimentación infantil. Un presupuesto equivalente al caché del concierto permitiría ampliar estos dispositivos, reforzar equipos en zonas vulnerables de la capital o sostener programas de refuerzo educativo y comedores escolares en periodos vacacionales. La diferencia entre destinar esa cantidad a una noche de espectáculo o a una intervención social sostenida en el tiempo no es solo contable, sino política.

EL POPULISMO DEL ESTABLISHMENT Y LA ESPECTACULARIZACIÓN DE LA POLÍTICA

   El problema, por supuesto, no tiene que ver con un artista en concreto. El problema es el modelo que se ha consolidado durante años. La espectacularización de la política cultural se ha convertido en una herramienta de legitimación institucional. Grandes nombres internacionales, escenarios de alto impacto mediático y cifras millonarias proyectan una imagen de modernidad y dinamismo que funciona como relato de éxito urbano y del que pretenden beneficiarse los responsables políticos. 

   Este modelo podría entenderse como una forma de populismo del establishment. Se encarga de que los ciudadanos continúan desmovilizados y,  sobre todo, de que no se constituyan colectivamente como un sujeto crítico, sino como meros consumidores individuales de eventos. 

    La política se traduce en experiencias festivas y en la sensación ficticia de pertenecer a una ciudad “global” que aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura aunque esta cultura continúe reducida a este tipo de espectáculos o a otros destinados a una ínfima parte de la población.  

    El gasto en espectáculos se presenta como inversión en marca y en atractivo turístico, mientras las necesidades estructurales, y la propia cultura entendida como una forma de promover las capacidades intelectuales y críticas de las mayorías, quedan relegadas.

    Dado que en la capital grancanaria no ha existido una política diferente, no debería sorprender la la ausencia de una contestación social de envergadura antes despilfarros de fondos públicos como el que supondrá la actuación de Mark Anthony. Más allá de algunas críticas aisladas, entre las que se encuentra este mismo artículo, no se han producido movilizaciones relevantes contra el desembolso de casi 1,4 millones por un solo concierto. Incluso podría ocurrir lo contrario: que una parte de la población protestara si no se trajera a una estrella internacional que permitiera a nuestro carnaval competir con  -o mejor "superar"- con el de la isla vecina. El “glamour” se ha naturalizado como indicador de prestigio colectivo.

   Durante años, distintos gobiernos municipales, ya sean del PSOE, del PP o de otras formaciones integradas en el juego institucional han profundizado en esta lógica. El Carnaval, antaño ligado a la creatividad popular y a la crítica satírica, se transformó en un escaparate donde la figura central no es la murga ni la comparsa, sino el artista internacional de alto caché.

RECUPERAR EL SENTIDO POPULAR DE LA FIESTA

    Frente a ese modelo, reivindicar un Carnaval más arraigado en sus orígenes no significa rechazar la música ni la dimensión festiva que también disfrutan los ciudadanos. Significa discutir qué ocupa el centro y qué queda en la periferia. Significa preguntarse si el grueso del presupuesto debe concentrarse en una noche estelar y consumirse sin ningún tipo de retorno en lo local o distribuirse de forma que fortalezca el tejido cultural autóctono y, al mismo tiempo, libere recursos para atender necesidades urgentes.

   Trasladar 1,39 millones del espectáculo a la vivienda o a la lucha contra la pobreza tampoco transformaría, por supuesto, la estructura social de Las Palmas. Pero sí enviaría un mensaje político claro sobre las prioridades públicas. Las decisiones presupuestarias expresan una jerarquía de valores y cuando el brillo del escenario absorbe una quinta parte del presupuesto de la principal fiesta de la ciudad se está dejando claro que la imagen importa más que la reducción de la precariedad.

    Aceptar este modelo como inevitable implica asumir que el brillo efímero de una noche vale más que el derecho a una vivienda digna, que la estabilidad de un hogar o que la igualdad de oportunidades para la infancia. Y esa es, en última instancia, la verdadera discusión que debería abrirse en Las Palmas: no si el concierto será un éxito, sino qué tipo de ciudad se está construyendo cuando el glamour ocupa el centro y la justicia social queda en los márgenes.

   El problema no es Marc Anthony, sino una estructura política que necesita grandes eventos para legitimarse porque no tiene la más mínima intención de  mejorar las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población.