LA ANCIANA DESAHUCIADA DEL MUELLE DEPORTIVO: MÁS QUE UN CASO AISLADO

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    En un artículo publicado en el digital La Casa de mi tía, con el título "El acoso a Margarita ¿la punta del iceberg de la vulnerabilidad habitacional de las personas mayores en Canarias?", el activista Javier Marrero narra un caso que, lejos de ser anecdótico, revela la crudeza de un proceso sistemático de empobrecimiento y desposesión en las Islas.

   Marrero destaca que  el desahucio la pasada semana de Margarita, una mujer de 71 años que vivía en su propio barco en el Muelle Deportivo de Las Palmas, no es un hecho aislado ni fruto de un accidente burocrático, sino el reflejo de "un modelo que prioriza el beneficio económico sobre la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables".

   De acuerdo a lo expresado por Marrero, detrás de esta historia se encuentra un patrón que se repite. Personas mayores sin red familiar ni respaldo institucional, abandonadas ante un sistema que ha hecho de la vivienda un negocio y del suelo un bien especulativo.

    La situación de Margarita- recuerda Javier Marrero - representa a una parte silenciada de la población canaria: hombres y mujeres mayores que, tras décadas de trabajo, se ven desplazados del lugar que habitan, sin alternativas ni apoyo real por parte de las instituciones públicas.

    El artículo subraya que esta precariedad habitacional no es nueva, pero sí cada vez más agresiva. Las transformaciones en el uso del suelo, la turistificación, la subida desorbitada de los alquileres y la inacción de las administraciones están expulsando de sus barrios a miles de personas. En este contexto, los mayores son invisibles: no generan beneficios, no son objetivo de campañas institucionales ni titulares de impacto. Según afirma el autor, muchos terminan en habitaciones alquiladas sin contrato, en viviendas deterioradas o incluso en espacios no convencionales como embarcaciones, convertidas en hogar por necesidad.

   Uno de los aspectos que más denuncia Marrero es la actitud de la Autoridad Portuaria, que procedió al desahucio del barco Claudine —vivienda de Margarita— sin ofrecer una alternativa ni facilitar mecanismos de subsanación. Tal como recogen las organizaciones Derecho al Techo y Mi barco, mi casa, el procedimiento fue diseñado sin peritaje independiente ni opciones reales para que Margarita pudiera mantener su residencia flotante. La gestión fue fría, técnica y burocrática, lo que, en palabras del autor, equivale a una violencia institucional silenciosa pero devastadora.

   El correo “preventivo” enviado por la Autoridad Portuaria a los Servicios Sociales cuando Margarita confesó no tener otra vivienda, fue la única medida institucional adoptada. Una acción que Marrero define como un gesto vacío, que no sustituye la obligación del Estado de proteger y acompañar, ni detiene un desahucio que deja en la calle a una persona de edad avanzada.

 “Avisar no es acompañar”, remarca el autor.

   En su análisis, Marrero traza un paralelismo entre estas actuaciones institucionales y los métodos de los fondos buitre: se reescribe la normativa, se identifica a las personas como obstáculos y se ejecuta su desalojo sin contemplaciones. La referencia no es casual, ya que en el fondo del conflicto habita una disputa por el uso del espacio público, en este caso el muelle deportivo, que se orienta hacia usos más “rentables” que el residencial.

   El artículo apunta a una perspectiva más amplia: el derecho a la vivienda no se agota en tener un techo, sino que implica estabilidad, dignidad y seguridad. La expulsión de los mayores de sus hogares vulnera su salud, rompe sus vínculos sociales y socava su autonomía. Como bien sostiene el autor, la defensa del derecho al techo implica defender lo público, lo común y la función social del territorio.

  Según expone Marrero, "las soluciones individuales no bastan". Frente a una crisis estructural, hacen falta medidas estructurales: abrir el parque de viviendas vacías retenidas por fondos de inversión, expropiarlas por interés público, declarar zonas tensionadas, regular los alquileres, frenar la turistificación del suelo público y garantizar mecanismos de protección inmediata frente a los desahucios.

  Finalmente, el autor nos interpela directamente: si el modelo actual no cambia, serán las personas mayores las primeras en ser expulsadas de las islas. Su caso no puede seguir siendo tratado como una anécdota. Es, en realidad, un síntoma de un modelo que ha dejado de priorizar la vida para hacer de la vivienda un nicho de negocio.

  Margarita - concluye Marrero - no representa únicamente a una mujer mayor en lucha, sino a una sociedad que debe decidir si sigue protegiendo el negocio o si comienza a proteger la vida.