"EL AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA ESTÁ AMENAZANDO CON 600.000 EUROS A UNA FAMILIA SIN HOGAR"

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) ha denunciado la actuación del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Tenerife), al que acusan de actuar con "total falta de piedad" contra una familia precaria que tiene a su cargo una hija con discapacidad. Según informa el colectivo, el consistorio ha amenazado a esta familia con multas que podrían alcanzar los 600.000 euros por instalar una caseta modular portátil como única solución habitacional tras haber sido desahuciados.

UNA FAMILIA EN SITUACIÓN LÍMITE

   La familia, compuesta por un matrimonio y su hija de 19 años con un 70% de discapacidad reconocida, vive   -según ARCAN - "una situación límite".

  "La madre, además, depende de un respirador eléctrico durante la noche por motivos de salud. Tras verse en la calle y sin alternativa habitacional por parte del Ayuntamiento, decidieron adquirir una pequeña vivienda modular, que colocaron sobre ladrillos en una finca con el permiso del encargado del lugar, una persona que reside allí desde hace años y se encarga de los suministros básicos" - denuncian.

   La Asamblea Reivindicativa Canaria afirma que "la decisión de instalar la caseta fue tomada de buena fe, en un contexto de absoluta necesidad, y sin ningún tipo de obra que supusiera una alteración urbanística significativa".

  Agentes del SEPRONA que visitaron la finca, según el colectivo, también habrían constatado que no se requiere actuación de albañilería. El propietario legal de la finca, por otra parte, permanece en paradero desconocido desde hace años.

MULTA DESCOMUNAL Y SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

Pese a este contexto dramático, ARCAN denuncia que el Ayuntamiento de Granadilla, gobernado por Coalición Canaria (CC), ha emitido un requerimiento ordenando la retirada de la vivienda en cuestión, bajo la amenaza de una sanción que oscila entre los 150.000 y los 600.000 euros.

    "Esta medida se ha adoptado -afirman - desde una lógica de disciplina urbanística, sin ofrecer a la familia ningún tipo de alternativa habitacional ni desplegar una intervención social que valore el impacto humano y sanitario de la expulsión".

PETICIÓN DE AUXILIO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

   Ante la gravedad del caso, la familia ha presentado un recurso administrativo ante Urbanismo y ha solicitado la intervención tanto del Instituto Canario de la Vivienda como del Diputado del Común, al entender que el Ayuntamiento podría estar incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales. La denuncia también ha sido comunicada a la anterior alcaldesa Jennifer Miranda (PSOE).

   La Asamblea Reivindicativa Canaria recuerda al consistorio que los poderes públicos están obligados, por la Constitución Española y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a ofrecer una protección reforzada a estas personas.

  "No se puede aplicar la normativa urbanística de manera automática y deshumanizada, ignorando situaciones de exclusión residencial extrema"- señala ARCAN.

   Para el colectivo, este caso es una muestra más de lo que califican como "aporofobia institucional", es decir, el rechazo o persecución de personas pobres por parte de las propias administraciones públicas. La falta de políticas públicas eficaces de vivienda, denuncian, empuja a muchas familias a buscar soluciones límite, que luego son reprimidas legal y administrativamente.

   "Si el Ayuntamiento de Granadilla persiste en esta vía sin ofrecer una solución habitacional digna y urgente —concluyen desde ARCAN—, estará escalando el conflicto y renunciando a sus obligaciones de protección de los derechos básicos, la dignidad humana y el bienestar de una persona con discapacidad".