CORRUPCIÓN Y PODER: EL CASO MEDIADOR DEJA AL DESCUBIERTO LA PODREDUMBRE INSTITUCIONAL EN CANARIAS
El general Espinosa, el exdiputado Tito Berni y el “mediador” Navarro Tacoronte, entre los principales acusados
El caso Mediador entra en su fase clave con 23 personas procesadas, entre ellas políticos del PSOE, un general retirado y altos cargos del Gobierno de Canarias. La jueza acredita indicios de una red de corrupción que habría operado entre favores, contratos, dinero en efectivo y tráfico de influencias.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El sumario judicial del conocido como caso Mediador avanza hacia su fase decisiva. La jueza María de los Ángeles Lorenzo, responsable de la investigación desde el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha dictado el auto de procesamiento contra 23 personas. El texto judicial imputa a los implicados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La instrucción describe una red con ramificaciones institucionales que habría funcionado a través de favores, regalos, pagos en efectivo y la presunta manipulación de procedimientos públicos.
Entre los procesados figuran el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado “Tito Berni”; su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; y el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, considerado por la investigación como el intermediario o “mediador” que habría articulado los contactos entre políticos, mandos de seguridad y empresarios.
UNA RED CON ESTRUCTURA ESCALONADA
La jueza divide la trama en tres bloques diferenciados. El primero incluye a Tito Berni, Taishet Fuentes, Espinosa, Navarro Tacoronte y otras diez personas, investigadas por una combinación de delitos que afecta directamente al funcionamiento de la administración pública. El segundo bloque agrupa a antiguos altos cargos del Gobierno canario, como el exviceconsejero de Sector Primario Álvaro de la Bárcena o el exdirector de Lucha contra el Cambio Climático, José Domingo Fernández. El tercero se centra en operaciones presuntamente relacionadas con blanqueo de capitales, además de una causa aislada por delito fiscal.
El auto de procesamiento no escatima en detalles sobre los métodos utilizados por la red: obsequios, comidas lujosas, transferencias encubiertas y reuniones en espacios privados. Todo ello orientado, según el relato judicial, a conseguir ventajas en adjudicaciones, subvenciones, contratos de energías renovables o aceleración de expedientes administrativos. Los investigadores de la Guardia Civil describen esta operativa como un “sistema informal de acceso privilegiado al poder”.
UNA TRAMA QUE DESBORDÓ LO REGIONAL
El caso tomó dimensión nacional al trascender que uno de los implicados —Francisco Espinosa Navas— había ejercido como general de División de la Guardia Civil y participado en la coordinación del programa europeo GAR-SI Sahel. Este proyecto, financiado con fondos de la Unión Europea y destinado al fortalecimiento de cuerpos de seguridad en África occidental, habría gestionado recursos millonarios bajo supervisión del Estado español.
Las actuaciones de Espinosa en este marco motivaron la intervención de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos dentro del programa. Informes remitidos a Bruselas señalaron deficiencias graves en el uso de fondos y apuntaron a adjudicaciones opacas, falta de criterios técnicos y vínculos personales entre contratistas y responsables del proyecto.
Durante los registros realizados a Espinosa se localizaron más de 61.000 euros en efectivo ocultos en su domicilio, cifra que —según consta en el sumario— no hallaría justificación en los ingresos oficiales del general.
GRABACIONES, PRUEBAS Y PRIMERAS CONDENAS
Navarro Tacoronte, considerado el “mediador” de la red, entregó voluntariamente un conjunto amplio de pruebas documentales y grabaciones que resultaron clave para el avance del procedimiento. Entre ellas, se incluyen audios en los que se alude a la entrega de dinero a cambio de favores administrativos, así como comunicaciones entre empresarios y figuras institucionales en las que se pactaban encuentros, comidas y gestiones fuera de los cauces reglamentarios.
La primera pieza separada del caso ya fue juzgada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En ella, el tribunal declaró culpables a Espinosa, a Navarro Tacoronte y al empresario Antonio Bautista por un delito de cohecho relacionado con la concesión de contratos para placas solares. Esa resolución, que aún puede ser recurrida, representa un primer reconocimiento judicial de que los hechos descritos tienen base probatoria sólida.
UNA TRAMA CON SELLO INSTITUCIONAL
La instrucción no presenta al caso como una suma de comportamientos individuales desviados. Lo que se perfila es una estructura en la que el poder político, el aparato administrativo y figuras del mando de seguridad se habrían entrelazado en beneficio de actores privados. La posibilidad de influir en decisiones públicas mediante pagos y favores se presenta como un patrón sostenido, no como anomalía.
El papel de Tito Berni —antiguo diputado y figura destacada del PSOE en Canarias— aparece reiteradamente vinculado a gestiones informales. Según el sumario, se habría valido de su cargo para abrir puertas a empresarios interesados en contratos, ayudas o relaciones con altos funcionarios. Aunque ha negado haber cometido delitos, las pruebas recabadas por la Guardia Civil muestran una implicación directa en los encuentros clave del circuito descrito por la acusación.
El escenario descrito por la investigación no solo abarca gestiones políticas o institucionales. También se mencionan viajes, fiestas privadas, consumo de sustancias ilegales y participación de trabajadoras sexuales en encuentros celebrados para afianzar relaciones dentro del grupo, según testimonios y grabaciones incorporadas al proceso.
MÁS ALLÁ DE UN ESCÁNDALO MEDIÁTICO
El caso Mediador pone en evidencia la vulnerabilidad del entramado institucional frente a redes de interés que operan desde el interior de las administraciones. Su importancia no se limita al número de procesados o a la gravedad de los delitos imputados. Lo que revela es un mecanismo de degradación del Estado por dentro: el uso sistemático de lo público al servicio de fines privados, amparado por jerarquías políticas, técnicas y militares.
La implicación de altos mandos, responsables de políticas públicas y figuras elegidas por sufragio hace que el caso traspase el umbral del escándalo. No se trata de una crisis puntual, sino de una manifestación estructural: un modelo de poder que, cuando no encuentra control o fiscalización, tiende a reproducirse en forma de red clientelar, con lealtades compradas y normas diluidas.
La conclusión de la instrucción marca un nuevo punto de inflexión. El proceso penal avanza hacia su fase decisiva, pero sus efectos políticos e institucionales ya están en marcha. El caso Mediador ha puesto nombre, rostro y estructura a un sistema de corrupción que, lejos de desaparecer, parece adaptarse a los tiempos.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El sumario judicial del conocido como caso Mediador avanza hacia su fase decisiva. La jueza María de los Ángeles Lorenzo, responsable de la investigación desde el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife, ha dictado el auto de procesamiento contra 23 personas. El texto judicial imputa a los implicados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La instrucción describe una red con ramificaciones institucionales que habría funcionado a través de favores, regalos, pagos en efectivo y la presunta manipulación de procedimientos públicos.
Entre los procesados figuran el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado “Tito Berni”; su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias; el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas; y el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, considerado por la investigación como el intermediario o “mediador” que habría articulado los contactos entre políticos, mandos de seguridad y empresarios.
UNA RED CON ESTRUCTURA ESCALONADA
La jueza divide la trama en tres bloques diferenciados. El primero incluye a Tito Berni, Taishet Fuentes, Espinosa, Navarro Tacoronte y otras diez personas, investigadas por una combinación de delitos que afecta directamente al funcionamiento de la administración pública. El segundo bloque agrupa a antiguos altos cargos del Gobierno canario, como el exviceconsejero de Sector Primario Álvaro de la Bárcena o el exdirector de Lucha contra el Cambio Climático, José Domingo Fernández. El tercero se centra en operaciones presuntamente relacionadas con blanqueo de capitales, además de una causa aislada por delito fiscal.
El auto de procesamiento no escatima en detalles sobre los métodos utilizados por la red: obsequios, comidas lujosas, transferencias encubiertas y reuniones en espacios privados. Todo ello orientado, según el relato judicial, a conseguir ventajas en adjudicaciones, subvenciones, contratos de energías renovables o aceleración de expedientes administrativos. Los investigadores de la Guardia Civil describen esta operativa como un “sistema informal de acceso privilegiado al poder”.
UNA TRAMA QUE DESBORDÓ LO REGIONAL
El caso tomó dimensión nacional al trascender que uno de los implicados —Francisco Espinosa Navas— había ejercido como general de División de la Guardia Civil y participado en la coordinación del programa europeo GAR-SI Sahel. Este proyecto, financiado con fondos de la Unión Europea y destinado al fortalecimiento de cuerpos de seguridad en África occidental, habría gestionado recursos millonarios bajo supervisión del Estado español.
Las actuaciones de Espinosa en este marco motivaron la intervención de la Fiscalía Europea, que asumió la investigación sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos dentro del programa. Informes remitidos a Bruselas señalaron deficiencias graves en el uso de fondos y apuntaron a adjudicaciones opacas, falta de criterios técnicos y vínculos personales entre contratistas y responsables del proyecto.
Durante los registros realizados a Espinosa se localizaron más de 61.000 euros en efectivo ocultos en su domicilio, cifra que —según consta en el sumario— no hallaría justificación en los ingresos oficiales del general.
GRABACIONES, PRUEBAS Y PRIMERAS CONDENAS
Navarro Tacoronte, considerado el “mediador” de la red, entregó voluntariamente un conjunto amplio de pruebas documentales y grabaciones que resultaron clave para el avance del procedimiento. Entre ellas, se incluyen audios en los que se alude a la entrega de dinero a cambio de favores administrativos, así como comunicaciones entre empresarios y figuras institucionales en las que se pactaban encuentros, comidas y gestiones fuera de los cauces reglamentarios.
La primera pieza separada del caso ya fue juzgada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En ella, el tribunal declaró culpables a Espinosa, a Navarro Tacoronte y al empresario Antonio Bautista por un delito de cohecho relacionado con la concesión de contratos para placas solares. Esa resolución, que aún puede ser recurrida, representa un primer reconocimiento judicial de que los hechos descritos tienen base probatoria sólida.
UNA TRAMA CON SELLO INSTITUCIONAL
La instrucción no presenta al caso como una suma de comportamientos individuales desviados. Lo que se perfila es una estructura en la que el poder político, el aparato administrativo y figuras del mando de seguridad se habrían entrelazado en beneficio de actores privados. La posibilidad de influir en decisiones públicas mediante pagos y favores se presenta como un patrón sostenido, no como anomalía.
El papel de Tito Berni —antiguo diputado y figura destacada del PSOE en Canarias— aparece reiteradamente vinculado a gestiones informales. Según el sumario, se habría valido de su cargo para abrir puertas a empresarios interesados en contratos, ayudas o relaciones con altos funcionarios. Aunque ha negado haber cometido delitos, las pruebas recabadas por la Guardia Civil muestran una implicación directa en los encuentros clave del circuito descrito por la acusación.
El escenario descrito por la investigación no solo abarca gestiones políticas o institucionales. También se mencionan viajes, fiestas privadas, consumo de sustancias ilegales y participación de trabajadoras sexuales en encuentros celebrados para afianzar relaciones dentro del grupo, según testimonios y grabaciones incorporadas al proceso.
MÁS ALLÁ DE UN ESCÁNDALO MEDIÁTICO
El caso Mediador pone en evidencia la vulnerabilidad del entramado institucional frente a redes de interés que operan desde el interior de las administraciones. Su importancia no se limita al número de procesados o a la gravedad de los delitos imputados. Lo que revela es un mecanismo de degradación del Estado por dentro: el uso sistemático de lo público al servicio de fines privados, amparado por jerarquías políticas, técnicas y militares.
La implicación de altos mandos, responsables de políticas públicas y figuras elegidas por sufragio hace que el caso traspase el umbral del escándalo. No se trata de una crisis puntual, sino de una manifestación estructural: un modelo de poder que, cuando no encuentra control o fiscalización, tiende a reproducirse en forma de red clientelar, con lealtades compradas y normas diluidas.
La conclusión de la instrucción marca un nuevo punto de inflexión. El proceso penal avanza hacia su fase decisiva, pero sus efectos políticos e institucionales ya están en marcha. El caso Mediador ha puesto nombre, rostro y estructura a un sistema de corrupción que, lejos de desaparecer, parece adaptarse a los tiempos.
Acoran | Viernes, 13 de Febrero de 2026 a las 18:18:49 horas
La cosa mas clara que el agua cristalina, la corrupción allá en España y aquí en el Archipiélago CANARIO esta institucionalizada, sin la corrupción el sistema no se sostiene, Franco murió pero dejo todo amarrado y bien amarrado, para los y las que lo quieran entender....Le deseo suerte a LIBERACION CANARIA...
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