GRAN CANARIA: PROTESTA CALLEJERA CONTRA EL FIN DE LA MORATORIA ANTIDESAHUCIOS
“No vamos a aceptar que nos expulsen en silencio. Porque la vivienda es un derecho, no un negocio"
Decenas de personas se reunieron el pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria para protestar contra el fin de las protecciones frente a los desahucios y reclamar soluciones estructurales al problema de la vivienda.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.
Decenas de personas se reunieron el pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria para protestar contra el fin de las protecciones frente a los desahucios y reclamar soluciones estructurales al problema de la vivienda.
El capitalino parque de San Telmo fue escenario de una concentración convocada por el colectivo Derecho al Techo, que reunió a personas preocupadas por el agravamiento de la crisis habitacional y el retroceso de las medidas de protección a las familias vulnerables frente a los desahucios.
Durante el acto se leyó un manifiesto que denunció, de forma contundente, el impacto de la reciente decisión del Congreso de los Diputados de no convalidar el decreto que prorrogaba la moratoria antidesahucios, lo que ha dejado sin cobertura a cerca de 70.000 hogares en todo el Estado.
“Nos están echando de nuestras casas y quienes tienen el poder de evitarlo han decidido no hacerlo”, señaló el comunicado leído por los organizadores.
El texto no dejó lugar a ambigüedades. Apunta como responsables de esta situación a los partidos PP, Vox y Junts, que votaron en contra de la convalidación del decreto. Lejos de tratarse de un error, el colectivo lo considera una “decisión política consciente” tomada “sabiendo perfectamente a quién perjudicaba”.
LA VIVIENDA, ENTRE EL DERECHO Y LA MERCANCÍA
El comunicado denunció, igualmente, la existencia de una emergencia habitacional provocada, producto de políticas que priorizan los intereses del mercado sobre las necesidades básicas de las personas. En palabras de Derecho al Techo:
“Esto no es una crisis natural. Esto es una emergencia habitacional provocada… por un sistema que trata la vivienda como mercancía y no como un derecho”- destacaron los convocantes del acto.
El colectivo convocante apuntó, asimismo, a "la falta de voluntad política para tomar medidas que enfrenten el negocio de la vivienda".
"Mientras miles de familias viven con el miedo constante a perder su hogar, los precios del alquiler siguen subiendo, muchas viviendas públicas prometidas siguen vacías y los fondos de inversión continúan acumulando beneficios".
LA SITUACIÓN EN CANARIAS: UNA PRESIÓN INSOSTENIBLE
En Canarias, denuncian, la situación es aún más crítica: la mayoría de los desahucios no se deben a hipotecas, sino a la imposibilidad de seguir pagando el alquiler. Personas con empleo, que cuidan, que sostienen el tejido social, están siendo expulsadas de sus barrios por la presión de la especulación inmobiliaria y el auge del alquiler turístico.
Esta tendencia ha sido respaldada por estudios recientes que indican que el alquiler en Canarias ha alcanzado niveles difícilmente sostenibles para amplias capas de la población, en especial en las áreas metropolitanas y turísticas, donde la oferta de vivienda residencial se ve absorbida por usos más lucrativos.
EXIGENCIAS CLATAS Y SIN CONCESIONES
Durante la concentración, los participantes lanzaron una serie de demandas que buscan ir más allá de soluciones temporales o parches legislativos. En su manifiesto exigieron:
Medidas estructurales y permanentes que garanticen el acceso a la vivienda como derecho básico, La movilización de los recursos públicos ya disponibles para garantizar un parque de vivienda pública real, suficiente y accesible, Que las viviendas en manos de grandes tenedores cumplan una función social y el fin de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler.
El acto celebrado en La Palmas de de G.C se sumó a un creciente número de protestas en todo el Estado, donde diversos colectivos por el derecho a la vivienda han venido alertando sobre el giro regresivo en materia de protección social y sobre la falta de medidas estructurales que frenen la crisis habitacional.
Lejos de quedarse en una denuncia simbólica, la concentración envió un mensaje claro a las instituciones:
“No vamos a aceptar que nos expulsen en silencio. Porque la vivienda es un derecho, no un negocio. Y porque si nos quieren fuera, nos tendrán enfrente”.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.
Decenas de personas se reunieron el pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria para protestar contra el fin de las protecciones frente a los desahucios y reclamar soluciones estructurales al problema de la vivienda.
El capitalino parque de San Telmo fue escenario de una concentración convocada por el colectivo Derecho al Techo, que reunió a personas preocupadas por el agravamiento de la crisis habitacional y el retroceso de las medidas de protección a las familias vulnerables frente a los desahucios.
Durante el acto se leyó un manifiesto que denunció, de forma contundente, el impacto de la reciente decisión del Congreso de los Diputados de no convalidar el decreto que prorrogaba la moratoria antidesahucios, lo que ha dejado sin cobertura a cerca de 70.000 hogares en todo el Estado.
“Nos están echando de nuestras casas y quienes tienen el poder de evitarlo han decidido no hacerlo”, señaló el comunicado leído por los organizadores.
El texto no dejó lugar a ambigüedades. Apunta como responsables de esta situación a los partidos PP, Vox y Junts, que votaron en contra de la convalidación del decreto. Lejos de tratarse de un error, el colectivo lo considera una “decisión política consciente” tomada “sabiendo perfectamente a quién perjudicaba”.
LA VIVIENDA, ENTRE EL DERECHO Y LA MERCANCÍA
El comunicado denunció, igualmente, la existencia de una emergencia habitacional provocada, producto de políticas que priorizan los intereses del mercado sobre las necesidades básicas de las personas. En palabras de Derecho al Techo:
“Esto no es una crisis natural. Esto es una emergencia habitacional provocada… por un sistema que trata la vivienda como mercancía y no como un derecho”- destacaron los convocantes del acto.
El colectivo convocante apuntó, asimismo, a "la falta de voluntad política para tomar medidas que enfrenten el negocio de la vivienda".
"Mientras miles de familias viven con el miedo constante a perder su hogar, los precios del alquiler siguen subiendo, muchas viviendas públicas prometidas siguen vacías y los fondos de inversión continúan acumulando beneficios".
LA SITUACIÓN EN CANARIAS: UNA PRESIÓN INSOSTENIBLE
En Canarias, denuncian, la situación es aún más crítica: la mayoría de los desahucios no se deben a hipotecas, sino a la imposibilidad de seguir pagando el alquiler. Personas con empleo, que cuidan, que sostienen el tejido social, están siendo expulsadas de sus barrios por la presión de la especulación inmobiliaria y el auge del alquiler turístico.
Esta tendencia ha sido respaldada por estudios recientes que indican que el alquiler en Canarias ha alcanzado niveles difícilmente sostenibles para amplias capas de la población, en especial en las áreas metropolitanas y turísticas, donde la oferta de vivienda residencial se ve absorbida por usos más lucrativos.
EXIGENCIAS CLATAS Y SIN CONCESIONES
Durante la concentración, los participantes lanzaron una serie de demandas que buscan ir más allá de soluciones temporales o parches legislativos. En su manifiesto exigieron:
Medidas estructurales y permanentes que garanticen el acceso a la vivienda como derecho básico, La movilización de los recursos públicos ya disponibles para garantizar un parque de vivienda pública real, suficiente y accesible, Que las viviendas en manos de grandes tenedores cumplan una función social y el fin de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler.
El acto celebrado en La Palmas de de G.C se sumó a un creciente número de protestas en todo el Estado, donde diversos colectivos por el derecho a la vivienda han venido alertando sobre el giro regresivo en materia de protección social y sobre la falta de medidas estructurales que frenen la crisis habitacional.
Lejos de quedarse en una denuncia simbólica, la concentración envió un mensaje claro a las instituciones:
“No vamos a aceptar que nos expulsen en silencio. Porque la vivienda es un derecho, no un negocio. Y porque si nos quieren fuera, nos tendrán enfrente”.
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