CANARIAS: UNA ECONOMÍA BASADA EN SUELDOS DE MISERIA

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En noviembre de 2025, la realidad laboral en Canarias sigue siendo una de las más duras del Estado español. A pesar del crecimiento económico nominal y de las frecuentes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), casi cuatro de cada diez trabajadores del archipiélago ganan por debajo de ese umbral mínimo oficial de ingresos. Esta cifra, extremadamente preocupante, no es un accidente: representa la expresión más cruda de una precariedad estructural que atraviesa las relaciones laborales y las condiciones de vida en las islas.

UN SALARIO MÍNIMO QUE NO ALCANZA A LA MAYORÍA 

   Según los datos más recientes disponibles, el 39 % de los asalariados en Canarias percibieron menos de 15.120 euros al año en 2023, lo cual sitúa a una parte considerable de la población activa por debajo del SMI vigente en ese momento. A pesar de que el SMI ha aumentado a 1.184 € brutos mensuales para 2025 (equivalentes a 16.576 € anuales en 14 pagas), esa mejora nominal no ha reducido de manera significativa esta proporción de trabajadores pobres.

   Aplicar ese 39 % al conjunto de la población activa significa que más de 360.000 personas en Canarias viven laboralmente en condiciones por debajo del umbral mínimo legal, una situación que coloca al archipiélago entre las regiones con mayor precariedad salarial de todo el país.

   La situación canaria se agrava al compararla con la media estatal: mientras que en España el porcentaje de trabajadores que gana por debajo del SMI ronda el 36,9 %, en Canarias supera claramente esa cifra, destacando no solo por un mayor grado de precariedad, sino también por salarios medios más bajos y una menor capacidad adquisitiva general.

PRECARIEDAD LABORAL CÓMO LÓGICA DOMINANTE

   No basta con mirar estos números de manera aislada; hay que entender las relaciones sociales y económicas subyacentes que generan y reproducen esta situación. la precariedad no es simplemente una falla temporal o un fenómeno aislado. Es una necesidad estructural del capitalismo contemporáneo. Bajo el capitalismo, la lógica dominante no es la satisfacción de las necesidades humanas, sino la maximización de la ganancia y la explotación de la fuerza de trabajo.

   En el caso canario, esta lógica productiva se manifiesta con especial claridad. La economía del archipiélago está fuertemente orientada hacia sectores de bajo valor añadido, particularmente el turismo, que externaliza grandes partes de su trabajo y reduce los costes laborales al mínimo. Las empresas tienden a utilizar contratos temporales, a tiempo parcial o subcontratados, con el fin de disponer de una fuerza laboral flexible, fácilmente reemplazable y en condiciones de alta rotación.

  Esta fragmentación de la fuerza laboral —con contratos parciales, jornadas reducidas no deseadas y múltiples formas de externalización— desarticula la posibilidad de cohesión colectiva entre los trabajadores. Cuanto más atomizada está la clase trabajadora, más fácil resulta para el capital imponer condiciones de trabajo de mera subsistencia y debilitar cualquier intento de organización colectiva sólida.

UN SALARIO MÍNIMO DESVANECIDO EN LA PRÁCTICA 

   El Salario Mínimo Interprofesional se promueve constantemente en los medios como una conquista social —un avance en la protección de los trabajadores—, pero la realidad de su impacto material dista mucho de esa narrativa. ¿Cómo puede considerarse efectivo un salario que no alcanza para cubrir los gastos básicos de la vida o que directamente no llega a una parte significativa de la población asalariada?

   En Canarias, el coste de la vida —especialmente en vivienda y alimentación— ha crecido de manera que un trabajador que percibe el SMI, después de pagar un alquiler medio, apenas dispone de un margen limitado para cubrir sus necesidades básicas. El ingreso disponible restante, si lo hay, es insuficiente para mantener una vida digna sin recurrir a múltiples empleos o al apoyo familiar.

   A ello se suma un marco legal y regulatorio que, aunque formalmente reconoce el derecho al SMI, tolerar o no fiscaliza suficientemente múltiples mecanismos que de hecho permiten eludir su cumplimiento. Contratos temporales, trabajo a tiempo parcial no deseado, prácticas de subcontratación y otras fórmulas de precarización son comunes y muchas veces pasan desapercibidas ante los organismos de inspección.

EFECTOS SOCIALES MÁS ALLÁ DEL EMPLEO

   La precariedad laboral no es un fenómeno que afecte únicamente al individuo en su puesto de trabajo: impacta en la reproducción social, en la salud, en la cohesión familiar, en los servicios públicos y en la vida comunitaria. Cuando el ingreso laboral no es suficiente, las familias reducen gastos básicos, postergan el acceso a servicios de salud, educación o vivienda digna, y quedan atrapadas en una espiral de vulnerabilidad económica y social.

   Los servicios sociales en Canarias se encuentran sobrecargados y con recursos insuficientes para hacer frente a las demandas crecientes. La presión sobre trabajadores sociales, personal sanitario y educadores aumenta en la medida en que la clase trabajadora enfrenta pobreza junto a altos niveles de inseguridad laboral.

   Los desafíos del mercado laboral canario no se limitan a la remuneración insuficiente. La tasa de empleo en las islas históricamente ha estado por debajo de la media estatal, mostrando un mercado laboral con menor penetración de empleo pleno y más dependiente de ocupaciones temporales o de baja cualificación.

  Aunque sectores como la hostelería, el transporte o ciertos servicios han experimentado crecimiento en afiliaciones a la Seguridad Social, estos avances no se traducen automáticamente en mejores condiciones salariales o estabilidad laboral. La tasa de desempleo en Canarias sigue siendo una de las más altas del país, con fluctuaciones estacionales y estructurales ligadas a la dependencia del turismo y la estacionalidad.