LA EDUCACIÓN EN CANARIAS, EN PUNTO MUERTO: LOS PROFESORES NO AGUANTAN MÁS
El riesgo de la «gran dimisión» docente
El malestar docente en Canarias alcanza niveles alarmantes. Más de la mitad del profesorado se siente insatisfecho y desmotivado ante la falta de apoyo institucional, la escasez de recursos y el avance de las políticas privatizadoras. La educación pública, sostén de la igualdad social, atraviesa una grave crisis de legitimidad y de futuro.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias vuelve a colocar en el centro del debate educativo una pregunta inquietante: ¿por qué tantos docentes se sienten insatisfechos y desmotivados?
Los datos hablan por sí solos. Según un reciente estudio de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs), más de la mitad del profesorado canario (52,73 %) no se siente satisfecho con su trabajo, una cifra que refleja el malestar profundo de quienes sostienen día a día la educación pública en el Archipiélago.
Pero ¿qué hay detrás de esa insatisfacción? ¿Es sólo una cuestión de salarios o hay causas más estructurales y políticas? La respuesta no es simple, pero varias claves apuntan a un mismo fenómeno: el deterioro de la escuela pública, agravado por la precariedad, la burocracia excesiva y, sobre todo, la amenaza de la privatización educativa.
UNA PROFESIÓN EN CRISIS: CIFRAS Y PERCEPCIÓN
El informe de STEs no sólo pone cifras, sino que da voz al sentir del profesorado. Dos de cada tres docentes en Canarias consideran que las administraciones no están apostando lo suficiente por la educación pública frente al avance de la enseñanza privada y concertada, un modelo que, según ellos, fomenta la segregación y debilita la cohesión social.
No es un discurso aislado. A nivel estatal, la preocupación por la privatización es incluso mayor (75,66 %). Pero en Canarias ese malestar tiene un peso especial: los 1.610 docentes encuestados en el Archipiélago representan el 12,18 % de todos los encuestados en España, siendo la comunidad autónoma con mayor presencia en la muestra.
Esta percepción está estrechamente ligada a otra realidad: la sociedad no valora suficientemente el trabajo de los profesores. En el mismo estudio se recoge que el 91 % del profesorado canario siente que su labor no recibe el reconocimiento social que merece, un síntoma más del desgaste profesional que sufren.
LA PRIVATIZACIÓN COMO CAUSA ESTRUCTURAL DEL MALESTAR
Para entender por qué la amenaza de privatización preocupa tanto al profesorado, hay que mirar al conjunto del sistema educativo español y a cómo se está transformando.
En España, la inversión pública en educación se sitúa en torno al 4,5 % del PIB, un porcentaje por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto significa que, aunque la educación pública sigue siendo mayoritariamente financiada por el Estado, la proporción de recursos destinados a ella no crece al ritmo necesario ni cumple con las demandas del sistema educativo actual.
La consecuencia más inmediata de esta falta de inversión es la presencia creciente de centros privados y concertados financiados con fondos públicos, que en muchas comunidades funcionan con criterios similares a los de la iniciativa privada. En algunas regiones, como Madrid, la expansión de la educación concertada ha llevado a niveles de segregación escolar que se sitúan entre los más altos de Europa.
El profesorado lo percibe como una competencia desleal: mientras la red pública sufre falta de recursos, infraestructuras antiquísimas y dificultades para contratar personal docente, la enseñanza concertada recibe financiación y apoyo administrativo que erosionan la escuela pública.
En Canarias esta realidad es particularmente dolorosa. Representantes sindicales, como Gerardo Rodríguez del STEC‑IC, denuncian que la financiación pública para la educación no llega siquiera al 5 %, mientras que sí hay recursos para sostener la educación concertada. Rodríguez llega a afirmar que los conciertos educativos, tal y como están actualmente, compiten directamente con la escuela pública, debilitando aún más un sistema ya frágil.
FINANCIACIÓN INSUFICIENTE: RAÍCES DEL DETERIORO
La precariedad en la inversión educativa no sólo afecta la calidad de la enseñanza, sino que también influye directamente en las condiciones laborales del profesorado. En Canarias casi el 79 % de los docentes considera que no cuenta con los medios necesarios para desempeñar su trabajo adecuadamente.
Este déficit de recursos se traduce en infraestructuras envejecidas, falta de material pedagógico y dificultades para ofrecer una educación adaptada a las necesidades reales del alumnado. Además, la falta de financiación impide la creación de nuevos centros públicos, a pesar de que la demanda existe y crece en varias zonas del Archipiélago.
Los sindicatos reclaman un aumento de la inversión educativa hasta al menos el 7 % del PIB, cifra que consideran necesaria para compensar años de infrafinanciación y dar un impulso real al modelo público. En Canarias, además, piden que se cumpla con lo establecido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, que fija un mínimo de inversión del 5 % del PIB.
Junto a la cuestión financiera y la privatización, otro factor que emerge con fuerza en el estudio es la burocracia. Más del 95,7 % de los docentes encuestados en Canarias afirma que la burocracia resta tiempo a su labor principal: enseñar.
Las exigencias administrativas no sólo consumen horas de trabajo valiosas, sino que también dificultan la planificación pedagógica, la atención individualizada al alumnado y la colaboración entre docentes. En un contexto de aulas cada vez más diversas y complejas, esta sobrecarga burocrática se traduce en estrés, agotamiento y frustración profesional.
EL RIESGO DE LA "GRAN DIMISIÓN" DOCENTE
La falta de reconocimiento, la precariedad y la ausencia de condiciones laborales dignas tienen consecuencias palpables. El estudio de STEs menciona una tendencia al abandono de la profesión que coincide con lo que la UNESCO ha denominado la «gran dimisión» docente, un fenómeno global en el que muchos educadores dejan la profesión por falta de incentivos y apoyo institucional.
En Canarias, esta tendencia se refleja en la existencia de listas de empleo abiertas y con alta rotación, señal de una inestabilidad que no favorece ni la continuidad pedagógica ni la motivación del profesorado.
El malestar docente en Canarias es la expresión de un conflicto más amplio que involucra la identidad del sistema educativo público, su capacidad de ofrecer igualdad de oportunidades, y su papel como instrumento de cohesión social.
Los profesores canarios están en primera línea de batalla: sienten que se les exige cada vez más con menos recursos, que su trabajo no es valorado social ni institucionalmente, y que las políticas actuales favorecen más a la enseñanza privada que a la pública.
Frente a esta realidad, reclamar un sistema educativo financiado adecuadamente, con condiciones laborales dignas y una apuesta clara por la educación pública no es sólo defender una profesión, sino defender un derecho fundamental de la sociedad canaria y española.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Canarias vuelve a colocar en el centro del debate educativo una pregunta inquietante: ¿por qué tantos docentes se sienten insatisfechos y desmotivados?
Los datos hablan por sí solos. Según un reciente estudio de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs), más de la mitad del profesorado canario (52,73 %) no se siente satisfecho con su trabajo, una cifra que refleja el malestar profundo de quienes sostienen día a día la educación pública en el Archipiélago.
Pero ¿qué hay detrás de esa insatisfacción? ¿Es sólo una cuestión de salarios o hay causas más estructurales y políticas? La respuesta no es simple, pero varias claves apuntan a un mismo fenómeno: el deterioro de la escuela pública, agravado por la precariedad, la burocracia excesiva y, sobre todo, la amenaza de la privatización educativa.
UNA PROFESIÓN EN CRISIS: CIFRAS Y PERCEPCIÓN
El informe de STEs no sólo pone cifras, sino que da voz al sentir del profesorado. Dos de cada tres docentes en Canarias consideran que las administraciones no están apostando lo suficiente por la educación pública frente al avance de la enseñanza privada y concertada, un modelo que, según ellos, fomenta la segregación y debilita la cohesión social.
No es un discurso aislado. A nivel estatal, la preocupación por la privatización es incluso mayor (75,66 %). Pero en Canarias ese malestar tiene un peso especial: los 1.610 docentes encuestados en el Archipiélago representan el 12,18 % de todos los encuestados en España, siendo la comunidad autónoma con mayor presencia en la muestra.
Esta percepción está estrechamente ligada a otra realidad: la sociedad no valora suficientemente el trabajo de los profesores. En el mismo estudio se recoge que el 91 % del profesorado canario siente que su labor no recibe el reconocimiento social que merece, un síntoma más del desgaste profesional que sufren.
LA PRIVATIZACIÓN COMO CAUSA ESTRUCTURAL DEL MALESTAR
Para entender por qué la amenaza de privatización preocupa tanto al profesorado, hay que mirar al conjunto del sistema educativo español y a cómo se está transformando.
En España, la inversión pública en educación se sitúa en torno al 4,5 % del PIB, un porcentaje por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto significa que, aunque la educación pública sigue siendo mayoritariamente financiada por el Estado, la proporción de recursos destinados a ella no crece al ritmo necesario ni cumple con las demandas del sistema educativo actual.
La consecuencia más inmediata de esta falta de inversión es la presencia creciente de centros privados y concertados financiados con fondos públicos, que en muchas comunidades funcionan con criterios similares a los de la iniciativa privada. En algunas regiones, como Madrid, la expansión de la educación concertada ha llevado a niveles de segregación escolar que se sitúan entre los más altos de Europa.
El profesorado lo percibe como una competencia desleal: mientras la red pública sufre falta de recursos, infraestructuras antiquísimas y dificultades para contratar personal docente, la enseñanza concertada recibe financiación y apoyo administrativo que erosionan la escuela pública.
En Canarias esta realidad es particularmente dolorosa. Representantes sindicales, como Gerardo Rodríguez del STEC‑IC, denuncian que la financiación pública para la educación no llega siquiera al 5 %, mientras que sí hay recursos para sostener la educación concertada. Rodríguez llega a afirmar que los conciertos educativos, tal y como están actualmente, compiten directamente con la escuela pública, debilitando aún más un sistema ya frágil.
FINANCIACIÓN INSUFICIENTE: RAÍCES DEL DETERIORO
La precariedad en la inversión educativa no sólo afecta la calidad de la enseñanza, sino que también influye directamente en las condiciones laborales del profesorado. En Canarias casi el 79 % de los docentes considera que no cuenta con los medios necesarios para desempeñar su trabajo adecuadamente.
Este déficit de recursos se traduce en infraestructuras envejecidas, falta de material pedagógico y dificultades para ofrecer una educación adaptada a las necesidades reales del alumnado. Además, la falta de financiación impide la creación de nuevos centros públicos, a pesar de que la demanda existe y crece en varias zonas del Archipiélago.
Los sindicatos reclaman un aumento de la inversión educativa hasta al menos el 7 % del PIB, cifra que consideran necesaria para compensar años de infrafinanciación y dar un impulso real al modelo público. En Canarias, además, piden que se cumpla con lo establecido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria, que fija un mínimo de inversión del 5 % del PIB.
Junto a la cuestión financiera y la privatización, otro factor que emerge con fuerza en el estudio es la burocracia. Más del 95,7 % de los docentes encuestados en Canarias afirma que la burocracia resta tiempo a su labor principal: enseñar.
Las exigencias administrativas no sólo consumen horas de trabajo valiosas, sino que también dificultan la planificación pedagógica, la atención individualizada al alumnado y la colaboración entre docentes. En un contexto de aulas cada vez más diversas y complejas, esta sobrecarga burocrática se traduce en estrés, agotamiento y frustración profesional.
EL RIESGO DE LA "GRAN DIMISIÓN" DOCENTE
La falta de reconocimiento, la precariedad y la ausencia de condiciones laborales dignas tienen consecuencias palpables. El estudio de STEs menciona una tendencia al abandono de la profesión que coincide con lo que la UNESCO ha denominado la «gran dimisión» docente, un fenómeno global en el que muchos educadores dejan la profesión por falta de incentivos y apoyo institucional.
En Canarias, esta tendencia se refleja en la existencia de listas de empleo abiertas y con alta rotación, señal de una inestabilidad que no favorece ni la continuidad pedagógica ni la motivación del profesorado.
El malestar docente en Canarias es la expresión de un conflicto más amplio que involucra la identidad del sistema educativo público, su capacidad de ofrecer igualdad de oportunidades, y su papel como instrumento de cohesión social.
Los profesores canarios están en primera línea de batalla: sienten que se les exige cada vez más con menos recursos, que su trabajo no es valorado social ni institucionalmente, y que las políticas actuales favorecen más a la enseñanza privada que a la pública.
Frente a esta realidad, reclamar un sistema educativo financiado adecuadamente, con condiciones laborales dignas y una apuesta clara por la educación pública no es sólo defender una profesión, sino defender un derecho fundamental de la sociedad canaria y española.
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