ACUERDO UE–MERCOSUR: LAS ELITES EUROPEAS SACRIFICAN AL CAMPESINADO; CANARIAS EN LA DIANA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    La Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— han dado un paso decisivo tras más de 25 años de negociaciones al aprobar los Estados miembros de la UE un histórico acuerdo de libre comercio que puede convertirse en la mayor zona de libre comercio del mundo, integrando un mercado conjunto de alrededor de 780 millones de consumidores.

     El texto pactado prevé la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90 % de las líneas de productos comercializados entre ambos bloques, con Mercosur suprimiendo el 93 % de los aranceles a sus exportaciones hacia la UE y la UE eliminando alrededor del 91 % de los aranceles a sus exportaciones hacia Mercosur. Se trata de un proceso que se extenderá a lo largo de varios años tras su firma oficial, prevista para este mes de enero, una vez cumplidos los trámites de ratificación parlamentaria.

    Este acuerdo es presentado desde las instituciones europeas como una gran posibilidad  para diversificar mercados, profundizar relaciones transoceánicas y “abrir oportunidades” para productores en ambos bloques. Sin embargo,  sectores clave —especialmente el agrario— han expresado su rechazo por lo que consideran una competencia desleal, insuficiente reciprocidad y un desequilibrio estructural que favorece a las grandes fracciones del capital industrial y financiero a costa de los pequeños productores rurales.

    Y es que el acuerdo no es simplemente un instrumento de cooperación económica, sino una expresión de las dinámicas del capitalismo globalizado: la UE impulsa la apertura de mercados para su industria exportadora de alto valor —automóviles, maquinaria, química, farmacéutica— mientras asegura suministros de alimentos y materias primas más baratos desde la periferia económica de América del Sur, con impactos estructurales sobre los campesinos de ambos lados del Atlántico.

¿QUÉ HAY REALMENTE DETRÁS DEL ACUERDO? UN ANÁLISIS MÁS ALLÁ DE LA RETÓRICA OFICIAL

    El texto del acuerdo establece, en esencia, una reducción gradual de aranceles en ambas direcciones: la UE elimina barreras para productos industriales y agrícolas sudamericanos, y Mercosur hace lo mismo para las exportaciones europeas. Esto parece simétrico en la superficie, pero en la práctica reproduce una jerarquía productiva global centrada en el valor añadido: Europa exporta bienes manufacturados de alta tecnología, mientras importa productos agrícolas y materias primas.

    La lógica económica dominante tras el tratado es la reproducción ampliada del capital en el centro imperialista europeo y la garantía de mercados y fuentes de insumos a bajo coste. De esta forma, la burguesía monopolista busca abrir fronteras para sus bienes más competitivos e integrarse en redes globales de producción con costos laborales y ambientales más bajos fuera del centro.

   Este esquema ha generado protestas no solo en España, sino en Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Grecia, donde miles de agricultores han bloqueado carreteras y manifestado su rechazo por el impacto que puede tener la entrada de productos agrícolas sudamericanos con menores costes de producción.

  Las salvaguardias pactadas —herramientas que permitirían reintroducir aranceles si ciertos productos importados causan daño grave— no convencen a muchas organizaciones agrarias europeas, que consideran que la activación de estas medidas será difícil y tardía, debilitando la protección del campo europeo frente a una competencia desequilibrada.

EL IMPACTO EN EL SECTOR PRIMARIO ESPAÑOL: QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE

   El acuerdo UE–Mercosur no afecta por igual a todo el sector agrario español. Por un lado, los grandes grupos agroexportadores —especializados en productos como el aceite de oliva, el vino, frutas o hortalizas— podrían beneficiarse de un acceso ampliado a mercados sudamericanos, aunque dentro de cuotas limitadas. Son empresas con capacidad logística, tecnológica y financiera para adaptarse a las exigencias internacionales y aprovechar las ventajas arancelarias.

    Sin embargo,  los sectores más vulnerables del campo español —carne, arroz, azúcar, lácteos, cítricos— se enfrentan a una amenaza directa. Aquí predominan los pequeños y medianos productores, que deberán competir con productos importados desde América del Sur elaborados a menor coste, con condiciones laborales, sanitarias y ambientales mucho más laxas. Esta competencia desleal no impacta tanto a los grandes capitales agrarios, que pueden absorber pérdidas o recolocarse en otros mercados, sino a quienes ya sobreviven con márgenes mínimos y dependen en gran medida de las ayudas de la PAC.

   Lo que se presenta como una “apertura comercial” es, en realidad, una palanca para acelerar la concentración de capital agrario, favoreciendo a los más fuertes y empujando a la marginalidad o desaparición a miles de pequeños agricultores. Esta dinámica ya estaba en marcha, pero el acuerdo la acelera: al campo se le exige cada vez más, mientras se le protege cada vez menos.

   Las protestas agrarias que recorrieron Europa en 2023 y 2024 ya anticipaban este conflicto: agricultores de Francia, Irlanda, Polonia o Grecia denunciaban que los tratados comerciales dejaban el mercado europeo abierto a productos que no cumplían los estándares exigidos a los productores locales. Es la lógica del doble rasero capitalista: maximizar beneficios para las grandes industrias, externalizar costes sobre los sectores más débiles.

   CANARIAS: ¿UNA PERIFERIA DENTRO DE LA PERIFERIA?

   El POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) fue creado por la Unión Europea para compensar los sobrecostes estructurales de producir en regiones como Canarias, debido a su insularidad y aislamiento. Oficialmente, se presenta como un instrumento de “cohesión territorial”, pero en la práctica ha funcionado como un mecanismo para mantener operativas las producciones orientadas a la exportación, no para sostener al pequeño campesinado.

   La mayor parte de sus fondos —como los más de 140 millones anuales que recibe el plátano con IGP— van a parar a los grandes exportadores, mientras que los pequeños agricultores y ganaderos, con explotaciones minifundistas y mercados locales reducidos, sobreviven con ayudas marginales, irregulares y, muchas veces, insuficientes. La política agraria en Canarias no protege a la mayoría de quienes producen, sino a quienes ya están integrados en cadenas de valor rentables para el mercado europeo.

   Ahora, con la firma del acuerdo UE–Mercosur y la posible supresión del POSEI, se podría eliminar incluso ese delgado colchón de protección, justo cuando se abre el mercado a productos agroalimentarios más baratos procedentes de América del Sur, producidos con costes laborales y ambientales mucho menores. Es la clásica lógica de la acumulación capitalista: se retira el apoyo al débil, se refuerza al fuerte, y se deja que el mercado decida quién sobrevive.

   El resultado podría ser el cierre de las escasas explotaciones familiares que han podido sobrevivir hasta la fecha, la transformación del campesinado en mano de obra precarizada o en población sobrante, y del territorio rural en espacio subordinado al turismo, la especulación y la importación alimentaria. 

AMÉRICA LATINA: LA SEMIPERIFERIA REFORZADA, PERO ¿A QUÉ COSTE?

   En los países del Mercosur, el acuerdo se presenta como una puerta para atraer inversiones, ampliar mercados y consolidar el agronegocio exportador. Los gobiernos y las patronales agrícolas celebran la posibilidad de colocar carne, soja, azúcar y etanol en un mercado europeo de alto poder adquisitivo

   Pero el rendimiento de esa “integración global” cae también casi siempre en las mismas manos: las fracciones agroexportadoras y financieras, apoyadas por grandes grupos industriales asociados al capital extranjero.

   Para el campesinado pobre, trabajadores rurales y comunidades indígenas, el efecto es otro: más concentración de tierra, más monocultivo, más pesticidas, más desplazamientos y más dependencia tecnológica y comercial. El acuerdo no industrializa ni emancipa, sino que consolida a América Latina como semiperiferia exportadora de materias primas, reforzando un patrón histórico cuya “prosperidad” solo beneficia a una minoría.

   En definitiva, frente al relato oficial sobre “beneficios mutuos”, el acuerdo UE–Mercosur favorece a los monopolios industriales europeos y al agronegocio sudamericano, no al campesinado. De un lado, las automotrices, químicas y farmacéuticas europeas ganan mercados; del otro, los grandes latifundios del cono sur amplían exportaciones. Entretanto, pequeños y medianos productores —en España, Francia, Italia, Canarias, Brasil, Argentina— quedan expuestos a una competencia imposible de absorber, acelerando endeudamiento, abandono y proletarización.

   Para el sector primario canario, la combinación de apertura comercial y posible desmantelamiento del POSEI puede suponer un golpe definitivo.    En el resto de Europa, las protestas agrarias de los últimos años ya mostraron el conflicto: la globalización beneficia al gran capital y no a los campesinos que realmente trabajan la tierra. En América Latina, lo que se presenta una vez más como “desarrollo” no es más que un acuerdo que reproduce  la dependencia, el extractivismo y la expulsión de sus tierras de los campesinos más pobres.

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