ACTO DE APOYO A PABLO HASÉL FRENTE A LA CÁRCEL DE LLEDONERS

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El próximo 15 de febrero, frente a la cárcel de Lledoners -en la provincia de Barcelona  - se organizará un acto de solidaridad con Pablo Hasél, convocado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). El objetivo es denunciar su situación como preso político, encarcelado desde 2021 por el contenido de sus canciones y publicaciones. La cita busca llamar la atención sobre la vulneración del derecho a la libertad de expresión y visibilizar un caso paradigmático de represión política en el Estado español.

   Hasél, rapero y activista político, se convirtió en una voz incómoda para el poder por  sus letras críticas con la monarquía, la policía, la judicatura y las estructuras del Estado. Su posicionamiento comunista y su denuncia constante del sistema capitalista lo han hecho blanco de una persecución judicial que se ha intensificado con los años.

  En 2014 fue condenado por primera vez por "enaltecimiento del terrorismo" debido al contenido de sus canciones. Pero fue en 2021 cuando una nueva sentencia —por tuits y canciones considerados injuriosos contra la Corona y las instituciones— lo llevó a prisión tras negarse a entrar voluntariamente. Se encerró en el rectorado de la Universidad de Lleida, donde fue arrestado por los Mossos d'Esquadra en una operación ampliamente difundida por los medios. Desde entonces, permanece encarcelado, con una condena que se prolonga más allá de los seis años debido a varias causas acumuladas.

UNA CONDENA QUE NO SE ENTIENDE SIN POLÍTICA 

     La mayoría de las condenas contra el rapero se basan en delitos que, aunque existen en el Código Penal —como el de injurias a la Corona o enaltecimiento del terrorismo—, han sido aplicados de forma selectiva y desproporcionada.

    El contenido por el que fue juzgado incluye mensajes contra la represión policial, críticas a la monarquía y referencias a figuras históricas de la lucha armada. Pero, como han señalado organizaciones como Amnistía Internacional, el problema no es si estos mensajes resultan ofensivos, sino que se utilice el derecho penal para sancionarlos, criminalizando así el pensamiento disidente.

LA CÁRCEL COMO CASTIGO EJEMPLARIZANTE

  Desde su detención en 2021, Hasél ha rechazado cualquier beneficio penitenciario que implique arrepentimiento o colaboración con las autoridades. Este gesto, coherente con su postura política,  ha sido usado para negarle trato favorable o atenuado, incluso frente a otros presos condenados por causas políticas, como los del Procés catalán.

  En una editorial publicada en VilaWeb, se denunció la discriminación que sufre Hasél en comparación con otros presos políticos catalanes. Allí se exigía a la Generalitat que asumiera su responsabilidad frente a un sistema penitenciario que perpetúa la desigualdad de trato según el perfil ideológico del preso. La cárcel, en este contexto, no funciona como un espacio de reinserción, sino como un mecanismo de escarmiento político.

UN SÍMBOLO QUE TRASCIENDE FRONTERAS

   La Asamblea Nacional Catalana ha definido a Hasél como “el último preso político” del Estado español, y con ello busca internacionalizar su caso. El acto del 15 de febrero frente a Lledoners no será solo una muestra de apoyo, sino una plataforma para denunciar la vulneración de derechos civiles y políticos, con la lectura de un manifiesto firmado por académicos de diversos países. Se pretende mostrar que lo que ocurre con Hasél no es un hecho aislado, sino parte de una deriva autoritaria más amplia, donde la represión se justifica bajo ropajes jurídicos.

  Durante estos años, Hasél ha recibido el respaldo de miles de personas, desde colectivos artísticos y movimientos comunistas hasta sectores de la sociedad civil alejados de su militancia. Las protestas que estallaron tras su detención en 2021 fueron una demostración de fuerza popular. Muchas de ellas derivaron en enfrentamientos con la policía, pero más allá de los disturbios, pusieron en evidencia el malestar social acumulado ante un Estado que persigue más a los que denuncian la corrupción que a los corruptos.

  Hasél ha seguido escribiendo desde la cárcel. En sus textos insiste en que “solo la lucha organizada puede enfrentar la violencia sistémica del Estado”. Su mensaje no se ha apagado con su encierro; al contrario, ha ganado resonancia. Cada nuevo acto de apoyo, como el convocado ahora por la ANC, no solo pide su libertad, sino que afirma una idea: que en democracia no se puede encarcelar a nadie por expresar lo que piensa.

  La situación de Hasél pone en entredicho la idea de que España es una democracia plena. Cuando un rapero pasa más de seis años en prisión por expresarse, mientras que políticos implicados en casos de corrupción y represión permanecen en libertad, la legalidad pierde legitimidad ante los ojos de quienes ven cómo la justicia se convierte en herramienta de castigo ideológico.

  Hasél saldrá de prisión —si no media amnistía o indulto— el 14 de abril de 2027. Mientras tanto, su nombre sigue siendo bandera de quienes creen que el arte, la crítica y la disidencia no pueden ser delitos. La convocatoria del 15 de febrero no es solo una protesta por su caso, sino una denuncia colectiva contra un sistema que pretende silenciar a quienes denuncian las violencias estructurales del capitalismo y del Estado.