LA PALMA: UNA CARRETERA ENTRE COLADAS DE LAVA Y ENVUELTA EN SECRETISMO
Una denuncia ciudadana pone en entredicho la gestión institucional de una obra pública millonaria
Una carretera que atraviesa coladas volcánicas, millones en juego y un expediente que nadie puede consultar. La asociación Tierra Bonita alza la voz contra la opacidad que rodea el proyecto de reconstrucción de la LP-2 en La Palma.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Tierra Bonita ha denunciado la "grave falta de transparencia" con la que el Gobierno de Canarias está tramitando la tercera modificación del proyecto de reconstrucción de la carretera LP-2, sobre las coladas del volcán Tajogaite. La organización ciudadana ha anunciado la presentación de quejas formales ante la Consejería de Obras Públicas, el Comisionado de Transparencia y la Audiencia de Cuentas de Canarias, exigiendo la publicación inmediata de toda la documentación relativa al proyecto modificado n.º 3.
UNA CARRETERA NECESARIA, PERO CON OSCURANTISMO DOCUMENTAL
Desde Tierra Bonita aseguran no oponerse a la necesidad de reconstruir esta vía esencial entre San Simón y Tajuya, sepultada por la lava, pero critican que este proceso se esté llevando a cabo "rodeado de un grave oscurantismo documental".
En su comunicado, lamentan que no exista un expediente público completo y accesible en la Plataforma de Contratación del Sector Público que permita conocer detalles como el contenido aprobado, los informes técnicos y jurídicos, la fiscalización previa, el importe, los plazos y el impacto territorial.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
La asociación recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 obliga a publicar todos esos elementos esenciales del proyecto, y acusa a la Administración de incumplir dicha normativa. Ante esta omisión, Tierra Bonita demandará por escrito la publicación inmediata de la documentación relativa al Modificado n.º 3 y de las sucesivas modificaciones del contrato.
Asimismo, ha solicitado la intervención del Comisionado de Transparencia para garantizar el acceso real de la ciudadanía a estos documentos. En paralelo, formularán una comunicación formal ante la Audiencia de Cuentas, solicitando la fiscalización del expediente administrativo, dado que se trata de un contrato de elevada cuantía, ejecución prolongada, numerosas incidencias y sobrecostes, y escasa transparencia.
La visita del pasado lunes a La Palma por parte del consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez, la directora general Rosana Melián, la consejera de Presidencia Nieves Lady Barreto y el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, coincide con esta nueva denuncia de Tierra Bonita. Para la asociación, la urgencia política exhibida en actos públicos contrasta con la opacidad de la gestión interna del proyecto.
Tierra Bonita recalca que, aunque considera necesaria la reconstrucción de la conectividad mediante la LP-2, ninguna obra, incluso si ha sido declarada urgente, está exenta de cumplir la ley. Denuncian que la Administración ha hecho caso omiso de esta obligación, convirtiendo la urgencia de la obra en un mero argumento electoralista sin respaldo documental.
En su comunicado, el colectivo ciudadano contextualiza que el expediente actual forma parte de una obra iniciada en 2011 que acumula modificaciones y retrasos. El Consejo Consultivo de Canarias ya había señalado en 2015 que en la ejecución del contrato existieron dilaciones injustificadas por parte de la Administración, así como problemas de disponibilidad de terrenos.
INCERTIDUMBRE ENTRE LOS PROPIETARIOS DE LA “ZONA ROJA”
Tierra Bonita alerta, igualmente, sobre la falta de claridad para los propietarios de terrenos ubicados en la denominada "zona roja", en torno al cráter del Tajogaite y sus coladas. Estos suelos permanecen bajo una figura de "protección cautelar", sin que sus dueños hayan recibido información definitiva sobre el uso que se les permitirá dar a sus terrenos ni sobre posibles compensaciones. Denuncian que esta incertidumbre contrasta con la creciente explotación turística del área.
El colectivo concluye que el proyecto modificado de la LP-2 afecta a un territorio complejo, en el que confluyen la reconstrucción de infraestructuras, figuras de protección medioambiental y derechos de propiedad privada. En este contexto, reclaman transparencia, acceso a la información y garantías jurídicas para la población afectada, afirmando que la opacidad actual solo contribuye a agravar la indefensión.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Tierra Bonita ha denunciado la "grave falta de transparencia" con la que el Gobierno de Canarias está tramitando la tercera modificación del proyecto de reconstrucción de la carretera LP-2, sobre las coladas del volcán Tajogaite. La organización ciudadana ha anunciado la presentación de quejas formales ante la Consejería de Obras Públicas, el Comisionado de Transparencia y la Audiencia de Cuentas de Canarias, exigiendo la publicación inmediata de toda la documentación relativa al proyecto modificado n.º 3.
UNA CARRETERA NECESARIA, PERO CON OSCURANTISMO DOCUMENTAL
Desde Tierra Bonita aseguran no oponerse a la necesidad de reconstruir esta vía esencial entre San Simón y Tajuya, sepultada por la lava, pero critican que este proceso se esté llevando a cabo "rodeado de un grave oscurantismo documental".
En su comunicado, lamentan que no exista un expediente público completo y accesible en la Plataforma de Contratación del Sector Público que permita conocer detalles como el contenido aprobado, los informes técnicos y jurídicos, la fiscalización previa, el importe, los plazos y el impacto territorial.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
La asociación recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 obliga a publicar todos esos elementos esenciales del proyecto, y acusa a la Administración de incumplir dicha normativa. Ante esta omisión, Tierra Bonita demandará por escrito la publicación inmediata de la documentación relativa al Modificado n.º 3 y de las sucesivas modificaciones del contrato.
Asimismo, ha solicitado la intervención del Comisionado de Transparencia para garantizar el acceso real de la ciudadanía a estos documentos. En paralelo, formularán una comunicación formal ante la Audiencia de Cuentas, solicitando la fiscalización del expediente administrativo, dado que se trata de un contrato de elevada cuantía, ejecución prolongada, numerosas incidencias y sobrecostes, y escasa transparencia.
La visita del pasado lunes a La Palma por parte del consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez, la directora general Rosana Melián, la consejera de Presidencia Nieves Lady Barreto y el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, coincide con esta nueva denuncia de Tierra Bonita. Para la asociación, la urgencia política exhibida en actos públicos contrasta con la opacidad de la gestión interna del proyecto.
Tierra Bonita recalca que, aunque considera necesaria la reconstrucción de la conectividad mediante la LP-2, ninguna obra, incluso si ha sido declarada urgente, está exenta de cumplir la ley. Denuncian que la Administración ha hecho caso omiso de esta obligación, convirtiendo la urgencia de la obra en un mero argumento electoralista sin respaldo documental.
En su comunicado, el colectivo ciudadano contextualiza que el expediente actual forma parte de una obra iniciada en 2011 que acumula modificaciones y retrasos. El Consejo Consultivo de Canarias ya había señalado en 2015 que en la ejecución del contrato existieron dilaciones injustificadas por parte de la Administración, así como problemas de disponibilidad de terrenos.
INCERTIDUMBRE ENTRE LOS PROPIETARIOS DE LA “ZONA ROJA”
Tierra Bonita alerta, igualmente, sobre la falta de claridad para los propietarios de terrenos ubicados en la denominada "zona roja", en torno al cráter del Tajogaite y sus coladas. Estos suelos permanecen bajo una figura de "protección cautelar", sin que sus dueños hayan recibido información definitiva sobre el uso que se les permitirá dar a sus terrenos ni sobre posibles compensaciones. Denuncian que esta incertidumbre contrasta con la creciente explotación turística del área.
El colectivo concluye que el proyecto modificado de la LP-2 afecta a un territorio complejo, en el que confluyen la reconstrucción de infraestructuras, figuras de protección medioambiental y derechos de propiedad privada. En este contexto, reclaman transparencia, acceso a la información y garantías jurídicas para la población afectada, afirmando que la opacidad actual solo contribuye a agravar la indefensión.
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