ANTICORRUPCIÓN DESTAPA UNA NUEVA TRAMA DE CONTRATOS "IRREGULARES" EN EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Encarnación Galván, exconcejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria entre 2019 y 2023, por delitos vinculados a la gestión de la Sociedad de Promoción de la ciudad. La fiscalía considera que Galván permitió la adjudicación de contratos por más de 2,25 millones de euros a la empresa Qué Tal Estás S.L., propiedad de Natalia Medina, que formaba parte del consejo de administración de esa sociedad. A pesar de que la ley imponía la obligación de abstenerse por conflicto de intereses, Medina siguió participando directamente en la adjudicación y diseño de actividades culturales que beneficiaron a su propia empresa. Estos contratos se habrían aprobado sin ninguna medida preventiva por parte de los responsables políticos.

  Este caso no es un episodio aislado de mala gestión o de errores administrativos. Es uno más de una larga cadena de casos en los que estructuras del poder político, lejos de servir al interés general, se convierten en instrumentos al servicio de redes clientelares o de intereses privados. Un modo de actuación que tampoco es excepcional, ni se puede atribuir a uno u otro grupo político institucional,  sino que aparece como una manifestación de la naturaleza del sistema político‑económico dominante, donde la lógica del beneficio y la acumulación permea también las instituciones públicas.

MALVERSACIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES: LA MECÁNICA DE LA CORRUPCIÓN

  Según el escrito de la fiscalía, la empresa de la coreógrafa fue favorecida de forma continuada e irregular, con participación directa en decisiones que la beneficiaron. La compañía no solo se benefició de contratos importantes como los festivales Masdanza y Across Hip‑Hop, sino que lo hizo a pesar de la evidente incompatibilidad de su propietaria para participar en el consejo que los adjudicaba. Además, las adjudicaciones finalmente validadas implicaron mentiras en las auditorías y ausencia de medidas para prevenir el conflicto de intereses. 

  Este tipo de prácticas muestran cómo los mecanismos formales del Estado —normas sobre contratación pública, controles administrativos, auditores— pueden ser sistemáticamente desactivados o interpretados de forma laxa cuando existen intereses en juego. No se trata únicamente de una serie de individuos que se “olvidan” de respetar la ley: es una organización de decisiones colectivas dentro de la estructura del Estado que facilita la captura de recursos públicos por redes clientelares.

LA TRAMA VALKA Y LA RENUNCIA DE INMACULADA MEDINA

  Otro ejemplo reciente que pone de manifiesto la persistencia de estas lógicas es el llamado caso Valka, que ha obligado a la concejala Inmaculada Medina a dimitir de su cargo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tras ser imputada en una investigación judicial. Medina, del PSOE, se encuentra presuntamente implicada en una  trama de malversación de fondos en el área de Parques y Jardines, por la que se investiga un presunto expolio de unos 400.000 euros y posibles delitos de malversación, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude ─todos vinculados a contratos de compra de agua con facturas infladas sin comprobación técnica.

   Este caso refleja una dinámica habitual: funcionarios y políticos que supervisan áreas clave del gasto público terminan involucrados en circuitos de adjudicación de contratos con falta de verificación,  creando un menoscabo directo a los recursos colectivos. Más allá de los nombres y partidos concretos, tales caso muestra la normalización de prácticas que debilitan la vigilancia pública y favorecen la extracción de recursos desde dentro del propio aparato estatal.

     La corrupción política no puede reducirse a la simple incapacidad de ciertos individuos o a la mala fe. La repetición de escándalos en distintas administraciones y sectores sugiere una lógica estructural: cuando el poder político y económico se encuentran en un mismo seno, la presión por reproducir privilegios y acceder a recursos tiende a sobrepasar los límites legales.  Y es que la estructura del capitalismo contemporáneo no solo organiza la producción y el mercado; también condiciona la organización del Estado. El Estado, lejos de ser un árbitro neutral, se convierte en un espacio donde se reproducen relaciones de poder económico, donde los intereses de grupos particulares pueden capturar decisiones institucionales, y donde la defensa del interés general queda subordinada a las prioridades de acumulación.

     El fenómeno no es exclusivo de un color político u otro; la historia de España muestra escándalos que han salpicado a gobiernos de distinto signo. La corrupción se alimenta de la interdependencia entre élites económicas y políticas, y de un marco en el que el acceso privilegiado a decisiones públicas se traduce en rentas privadas.