TRUCOS Y TRAMPAS: LA NUEVA FASE DE LAS RECLAMACIONES POR PEDERASTIA EN LA IGLESIA

POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

   A veces creemos que un escándalo ya está cerrado, archivado, enterrado bajo capas de tiempo y cansancio. Pero luego vuelve. No vuelve con el mismo rostro, sino con uno nuevo: lenguaje institucional, firmas solemnes, declaraciones medidas y una promesa que suena a punto final.

    Esta semana, el Gobierno y la jerarquía católica han presentado como “histórico” un acuerdo para reparar a víctimas de abusos sexuales de pederastia cometidos en el ámbito de la Iglesia. La foto existe, las palabras también. La pregunta es otra: ¿estamos ante justicia real o ante una manera elegante de poner una tapa a presión sobre una herida que sigue supurando?

¿QUIÉN FIRMA Y POR QUÉ IMPORTA?

    El convenio lo suscriben tres actores. Por parte del Estado lo firma Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que es el departamento encargado de poner en marcha el procedimiento administrativo.

   Por parte eclesiástica firma, por un lado, la Conferencia Episcopal Española (CEE), es decir, el órgano que agrupa a los obispos. Y firma también la CONFER, que no son “religiosos” a secas, sino la Conferencia Española de Religiosos: la organización que representa a muchas órdenes y congregaciones (jesuitas, salesianos, maristas, dominicos y un larguísimo etcétera). Es importante subrayarlo porque los abusos no han estado solo en parroquias o diócesis;  han estado. sobre todo,   internados, colegios y comunidades religiosas.

    El acuerdo se presenta con una idea central: la Iglesia pagará las reparaciones, y el Defensor del Pueblo revisará los casos y fijará las cuantías. El anuncio se vende como una especie de “supervisión del Estado”. Conviene entender qué significa exactamente esa supervisión, paso a paso, sin jerga.

EL PROCEDIMIENTO EXPLICADO SIN TECNICISMOS

     Si una persona afectada quiere pedir reparación, el camino arranca con una solicitud en una unidad creada expresamente por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que actuará como ventanilla de entrada: recibe papeles, comunica con las partes, tramita notificaciones y pide informes.

    Después, el caso se remite a la Unidad de Atención de Víctimas del Defensor del Pueblo, el equipo técnico que ya entrevistó a afectados durante la investigación pública sobre la magnitud del problema. Ahí la víctima cuenta su historia, se estudia la documentación disponible y se elabora una propuesta: si se reconoce la condición de víctima y qué tipo de reparación corresponde.

    Y aquí aparece una pieza clave que hay que nombrar bien, porque determina la naturaleza del acuerdo. Esa propuesta no se queda solo en el Defensor del Pueblo: se envía a la Iglesia, a la comisión del PRIVA.

¿QUÉ ES "EL PRIVA" Y POR QUÉ ESTÁ EN EL CENTRO DEL DEBATE?

    El PRIVA son las siglas del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, el sistema interno que la Iglesia diseñó para gestionar estos casos “por su cuenta”. Dicho en roman paladino: es el mecanismo eclesiástico que decide cómo responder cuando una víctima llama a la puerta de la institución, fuera de los tribunales.

    En el nuevo acuerdo, la comisión del PRIVA tiene un papel formal: dispone de un plazo para manifestar si está conforme con la propuesta del Defensor o si se opone “de manera motivada”. La Iglesia puede aportar información si ese caso ya se investigó internamente o si ya se pagó algo, con el argumento de “evitar duplicidades”. Y todo ese intercambio —la propuesta del Defensor y los informes eclesiásticos— también se envía a la víctima para que diga si acepta o no.

     Si todas las partes están de acuerdo, el Defensor del Pueblo declara de forma definitiva la condición de víctima y la reparación, y lo traslada al PRIVA para que se ejecute. Si hay desacuerdo, entra una comisión mixta de “resolución de controversias” con representantes del Ministerio, del Defensor y de la Iglesia para intentar un acuerdo unánime. Y si ni así hay consenso, el Defensor adopta la decisión final.

    El plazo para presentar solicitudes será de un año, prorrogable a otro, pero el propio diseño no fija un tiempo cerrado para resolver cada expediente.

¿POR QUÉ EL ACUERDO LLEGA AHORA Y NO ANTES?

      Este pacto no cae del cielo ni es un arrebato repentino de conciencia del daño ocasionado por parte de la Iglesia. Llega después de una presión social y política sostenida, y tras un hecho decisivo: el informe del Defensor del Pueblo publicado en 2023, que recomendaba un mecanismo de reparación con criterios claros para quienes ya no podían acudir a la vía judicial.

    Tras ese informe, la jerarquía eclesiástica se resistió y apostó por su propio circuito, el PRIVA. El Gobierno aprobó en 2024 un plan de reparación y empezó una negociación que se torció: reuniones anunciadas que no se celebraron, cartas cruzadas y una advertencia explícita del ministro a los obispos de que no aceptaría un sistema sin “criterios y garantías públicas”.

    Y mientras se discutía, el PRIVA mostró su verdadero rostro. Según los datos conocidos, el plan interno “naufragó”: se habían indemnizado 39 víctimas frente a 2.002 reconocidas por la propia CEE en sus actualizaciones, una proporción mínima. Además, sin baremos claros y con diferencias enormes entre pagos en casos comparables.

     Con ese antecedente, el nuevo acuerdo se presenta como rectificación: entra el Estado, se invoca la transparencia y se promete un sistema más fiable. La duda razonable —y es la que guiará el resto del artículo— es si esto cambia la lógica de fondo o si simplemente la recubre con una capa institucional más presentable.

LA PALABRA “MORAL” Y EL MIEDO A LA JUSTICIA

    Si uno quiere medir la sinceridad de una institución no debe mirar su tono, sino a sus límites. Y en este acuerdo hay un límite que salta a la vista: se insiste en que está pensado para los casos “sin recorrido judicial”, es decir, para abusos ya prescritos o imposibles de llevar a juicio.  Esa precisión, que parece inocente, es una señal política. La Iglesia acepta pagar allí donde el riesgo penal es menor y donde la reparación puede presentarse como “compromiso moral” más que como consecuencia jurídica. El lenguaje no es un adorno: es una frontera.

   Por esa misma razón, Canarias Semanal lleva años subrayando lo que nunca se ha querido tocar del todo: la apertura de archivos, la entrega de expedientes y el fin de la cultura del encubrimiento. Ya en 2019 este mismo medio recogía la negativa eclesiástica a abrir investigaciones y a entregar la información al Ministerio de Justicia, con víctimas denunciando que la estrategia era “cansarnos de pedir verdad”. Canarias-semanal.org

   Ese pasado no es arqueología. Es la raíz de la desconfianza actual. Cuando quien ha negado durante años los archivos te propone ahora un “arreglito”, la pregunta no es si paga, sino qué consigue a cambio de pagar.

LO QUE PIDEN LAS VÍCTIMAS Y LO QUE EL ACUERDO DEJA EN EL AIRE

    Las víctimas, en lo esencial, no han pedido un ritual. Han pedido un mecanismo que no dependa de la institución inquisitorial que las dañó, que no las vuelva a someter a ventanillas de poder y que no convierta su dolor en una negociación interminable. El acuerdo promete participación de víctimas y coloca al Defensor del Pueblo como árbitro.   Es un ciero avance respecto al PRIVA puro, que se conocia hasta ahora .

    Pero el problema es que el PRIVA no desaparece: entra en el circuito como pieza consultada, con capacidad de oponerse y forzar una “controversia” que se resolverá en una comisión mixta. Para muchas víctimas eso no es un detalle: es volver a sentir que la Iglesia, aunque ya no decide formalmente el resultado final, sigue con la mano cerca del interruptor.

    Y hay otra cuestión decisiva: los baremos. Sin baremos claros, públicos y verificables, la reparación puede volver a ser desigual. El propio fracaso del PRIVA se expresó, precisamente, en indemnizaciones dispares y en una sensación general de arbitrariedad. Si el nuevo sistema no convierte la reparación en un derecho administrativo claro, el riesgo es que la “supervisión del Estado” sea más estética que efectiva.

LOS TRUCOS POSIBLES: PLAZO, FILTRO Y RELATO

      Los trucos no necesitan conspiraciones: basta con diseñar un camino que canse,  que agote a los reclamantes. El plazo para presentar solicitud es de un año, prorrogable a otro. ¿Parece razonable? Depende de a quién se mire. En delitos atravesados por trauma, vergüenza y décadas de silencio, los relojes “normales” suelen funcionar como trampas.

    El segundo truco es el embudo: no hay un tiempo cerrado de resolución. Y el tercer truco es el relato. Hay un elemento especialmente revelador: sectores eclesiásticos celebran que el acuerdo incluya la exención del IRPF en las indemnizaciones y, además, que se abra la puerta a extender el enfoque a abusos “en otros ámbitos sociales”. Esto último suena solidario, pero también puede ser una maniobra de dilución: convertir un problema institucional —con encubrimientos, jerarquías y disciplina interna— en una cuestión genérica, como si fuera “lo mismo” que cualquier abuso en cualquier parte. En política, a veces, ampliar el foco es una forma elegante de perder el foco.

    Canarias Semanal lo ha reiterado de otra manera cuando ha tratado este tema, pero apunta al mismo nervio: mientras el Estado mantenga privilegios y relaciones especiales con la Iglesia, lo normal es que la salida a los escándalos sea un pacto de estabilidad, no una ruptura. Formula esta ultima que ha estado  caracterizando a la politica española duranteel ulimo medio siglo

  REPARA ALGO, PERO NO ROMPE EL “CONCIERTO”

     El acuerdo puede significar que algunas víctimas, por fin, reciban reconocimiento y dinero sin pasar por un calvario judicial imposible. Eso importa. Pero la autenticidad no se mide solo por el pago: se mide por lo que cambia de fondo. Y aquí lo de fondo —el “concierto” Iglesia-Estado, entendido como red de privilegios, tutelas y excepciones— no se rompe; se reacomoda.

     Si dentro de unos meses vemos expedientes resueltos con rapidez, baremos claros, trato digno, cero revictimización y cero capacidad real de la Iglesia para bloquear o desgastar, entonces estaremos ante algo más que una foto.

    Si, en cambio, el proceso se llena de plazos que corren contra las víctimas, de controversias, de opacidades y de discursos que pretenden “pasar página” sin abrir archivos ni nombrar responsabilidades, este acuerdo habrá sido, sobre todo, una operación de cierre controlado.

     Y esa es, precisamente, la prueba de sinceridad que falta: no la que se pronuncia, sino la que se demuestra.