AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA: "HAY DAMNIFICADOS DE PRIMERA Y DE SEGUNDA EN EL REPARTO DE AYUDAS"
Las promesas de reconstrucción contrastan con una gestión opaca y plagada de retrasos.
Cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite, persisten las desigualdades en la distribución de las ayudas públicas. Un colectivo de damnificados denuncia demoras, agravios comparativos y falta de transparencia en los pagos e inversiones prometidas para la reconstrucción del Valle de Aridane.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, un colectivo de afectados por el volcán Tajogaite ha exigido un reparto justo de las ayudas públicas, con el fin de evitar lo que califican como la existencia de damnificados “de primera y de segunda”. Este grupo de personas, que perdieron sus viviendas, terrenos u otros bienes durante la erupción volcánica de 2021, ha manifestado su profunda preocupación por los retrasos, desigualdades y falta de transparencia en la distribución de indemnizaciones y fondos destinados a la reconstrucción del Valle de Aridane.
DEMANDAS URGENTES A LAS ADMINISTRACIONES
Desde este colectivo se ha instado al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a que garanticen una distribución equitativa de las ayudas, sin agravar las diferencias entre los distintos tipos de damnificados. Señalan que los fondos deben repartirse de forma equilibrada, sin privilegios ni demoras injustificadas, atendiendo tanto a las cuantías como a los plazos de entrega.
Según han declarado al medio solidario ElValledeAridane.com, editado por la asociación Tierra Bonita, "lo urgente es culminar la compensación a todas las personas que perdieron sus propiedades en la catástrofe hace ya cuatro años, de modo que no existan damnificados de primera y de segunda". Con ello, demandan una actuación inmediata que no discrimine a quienes perdieron inmuebles que no eran su residencia habitual, ni a quienes aún esperan una respuesta administrativa.
PENDIENTES DE INDEMNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
El colectivo recuerda que todavía quedan pendientes de pago muchas ayudas. Entre los casos sin resolver se encuentran indemnizaciones por segundas residencias, otros tipos de inmuebles, e incluso primeras viviendas cuyos expedientes continúan sin resolución definitiva. Asimismo, subrayan la falta de información sobre las compensaciones para los terrenos afectados que podrían convertirse en espacios naturales protegidos dentro de la llamada zona roja o zona cero, lo que añade aún más incertidumbre a su situación.
La misma inseguridad afecta al calendario de reposición de servicios públicos esenciales que permitirían a muchos damnificados reconstruir sus hogares. En este sentido, insisten en que los fondos públicos deben usarse con prioridad para compensar de manera íntegra el valor de lo perdido. Sólo así -aseguran- todas las familias tendrían la oportunidad de rehacer sus vidas en condiciones de igualdad.
En su comunicado, los afectados recuerdan que muchos inmuebles, aunque no fueran primera residencia, desempeñaban un papel importante en la vida de la comunidad. Las segundas viviendas permitían a familias emigradas mantener su vínculo con el Valle, pasar temporadas en su tierra natal y contribuir económicamente a la comarca. También había inmuebles con actividad comercial que, si se reconstruyen, podrían ayudar a diversificar la economía local.
COMPROMISOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
El Gobierno de Canarias, por su parte, ha anunciado recientemente que tras completar en enero el pago de indemnizaciones a agricultores, priorizará el abono a quienes perdieron segundas viviendas, destinando para ello 50 millones de euros recogidos en los presupuestos autonómicos de este año. Un compromiso que el colectivo de damnificados reclama que se materialice con la misma celeridad que la demostrada en el caso del sector agrario, donde el Ejecutivo regional tramitó más de mil expedientes y realizó todos los pagos en menos de un mes, por un total de 100 millones de euros.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y BUROCRACIA ASFIXIANTE
No obstante, los afectados denuncian que todavía persiste una gran opacidad en torno al destino de los importantes recursos públicos movilizados tras la erupción. Critican que no se haya realizado ninguna auditoría o evaluación independiente que aclare cómo se ha gestionado ese dinero. En su opinión, la ausencia de transparencia genera un caldo de cultivo para la sospecha y la posible vulneración de derechos.
“La burocracia se ha convertido en un segundo volcán para quienes ya lo habían perdido todo”, advierten.
"Cuatro años después de la tragedia -subrayan- aún hay personas sin compensaciones completas y muchas otras atrapadas en una incertidumbre administrativa que perpetúa su sufrimiento".
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, un colectivo de afectados por el volcán Tajogaite ha exigido un reparto justo de las ayudas públicas, con el fin de evitar lo que califican como la existencia de damnificados “de primera y de segunda”. Este grupo de personas, que perdieron sus viviendas, terrenos u otros bienes durante la erupción volcánica de 2021, ha manifestado su profunda preocupación por los retrasos, desigualdades y falta de transparencia en la distribución de indemnizaciones y fondos destinados a la reconstrucción del Valle de Aridane.
DEMANDAS URGENTES A LAS ADMINISTRACIONES
Desde este colectivo se ha instado al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias a que garanticen una distribución equitativa de las ayudas, sin agravar las diferencias entre los distintos tipos de damnificados. Señalan que los fondos deben repartirse de forma equilibrada, sin privilegios ni demoras injustificadas, atendiendo tanto a las cuantías como a los plazos de entrega.
Según han declarado al medio solidario ElValledeAridane.com, editado por la asociación Tierra Bonita, "lo urgente es culminar la compensación a todas las personas que perdieron sus propiedades en la catástrofe hace ya cuatro años, de modo que no existan damnificados de primera y de segunda". Con ello, demandan una actuación inmediata que no discrimine a quienes perdieron inmuebles que no eran su residencia habitual, ni a quienes aún esperan una respuesta administrativa.
PENDIENTES DE INDEMNIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
El colectivo recuerda que todavía quedan pendientes de pago muchas ayudas. Entre los casos sin resolver se encuentran indemnizaciones por segundas residencias, otros tipos de inmuebles, e incluso primeras viviendas cuyos expedientes continúan sin resolución definitiva. Asimismo, subrayan la falta de información sobre las compensaciones para los terrenos afectados que podrían convertirse en espacios naturales protegidos dentro de la llamada zona roja o zona cero, lo que añade aún más incertidumbre a su situación.
La misma inseguridad afecta al calendario de reposición de servicios públicos esenciales que permitirían a muchos damnificados reconstruir sus hogares. En este sentido, insisten en que los fondos públicos deben usarse con prioridad para compensar de manera íntegra el valor de lo perdido. Sólo así -aseguran- todas las familias tendrían la oportunidad de rehacer sus vidas en condiciones de igualdad.
En su comunicado, los afectados recuerdan que muchos inmuebles, aunque no fueran primera residencia, desempeñaban un papel importante en la vida de la comunidad. Las segundas viviendas permitían a familias emigradas mantener su vínculo con el Valle, pasar temporadas en su tierra natal y contribuir económicamente a la comarca. También había inmuebles con actividad comercial que, si se reconstruyen, podrían ayudar a diversificar la economía local.
COMPROMISOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS
El Gobierno de Canarias, por su parte, ha anunciado recientemente que tras completar en enero el pago de indemnizaciones a agricultores, priorizará el abono a quienes perdieron segundas viviendas, destinando para ello 50 millones de euros recogidos en los presupuestos autonómicos de este año. Un compromiso que el colectivo de damnificados reclama que se materialice con la misma celeridad que la demostrada en el caso del sector agrario, donde el Ejecutivo regional tramitó más de mil expedientes y realizó todos los pagos en menos de un mes, por un total de 100 millones de euros.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y BUROCRACIA ASFIXIANTE
No obstante, los afectados denuncian que todavía persiste una gran opacidad en torno al destino de los importantes recursos públicos movilizados tras la erupción. Critican que no se haya realizado ninguna auditoría o evaluación independiente que aclare cómo se ha gestionado ese dinero. En su opinión, la ausencia de transparencia genera un caldo de cultivo para la sospecha y la posible vulneración de derechos.
“La burocracia se ha convertido en un segundo volcán para quienes ya lo habían perdido todo”, advierten.
"Cuatro años después de la tragedia -subrayan- aún hay personas sin compensaciones completas y muchas otras atrapadas en una incertidumbre administrativa que perpetúa su sufrimiento".
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