MILITANTES ESPAÑOLES ENTRE LOS DETENIDOS EN TURQUÍA DURANTE UNA INSPECCIÓN A CÁRCELES DE AISLAMIENTO
Fernando García, miembro del PCPE, en paradero desconocido
Una delegación internacional compuesta por juristas, periodistas y activistas fue detenida en Turquía cuando intentaba inspeccionar cárceles de alta seguridad denunciadas por aplicar aislamiento extremo a presos políticos. Entre sus integrantes se encontraba el militante comunista español Fernando García, cuyo paradero se desconoce tras negarse a firmar su expulsión del país.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 18 de febrero una delegación internacional compuesta por juristas, periodistas y activistas por los derechos humanos entró en Turquía con el objetivo de inspeccionar las cárceles de tipo S, R y Y —conocidas como cárceles “tipo pozo”— y observar las condiciones de detención de los presos políticos.
Según los comunicados emitidos por el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y el Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI), el 19 de febrero todos los miembros de la delegación fueron detenidos por la policía turca y trasladados a la Dirección de Gestión de Migraciones con la previsión de ser deportados.
La delegación estaba integrada por Alejandra Matamoros Alexandrova, abogada y miembro de la Plataforma Contra la Represión de Barcelona; Andrea Lucidi, periodista de Visione TV (Italia); Tatyana Desyatova, coordinadora de la Interbrigada de la CRCF (Rusia); Nick Krekelbergh, doctor en Ciencias de Bioingeniería y representante de Zannekinbond (Bélgica); Jean Pascal Graziani, representante de la revista Supernova y del Frente Antiimperialista (Francia); y Fernando García, militante del PCPE.
Según explican desde el PCPE, la delegación tenía previsto reunirse con representantes de asociaciones de abogados, médicos y con la organización de familiares de presos políticos Tayad. La detención se produjo durante una reunión con la denominada Oficina del Derecho del Pueblo, una asociación de abogados. Cuatro de los integrantes fueron finalmente expulsados y regresaron a sus países de origen.
Sin embargo, dos miembros de la misión —Fernando García y Jean Pascal Graziani— se negaron a firmar un documento en el que supuestamente declaraban abandonar voluntariamente el territorio turco. El PCPE denuncia que Jean Pascal fue "presionado, amenazado, golpeado y torturado para que firmara ese documento".
La organización comunista afirma, igualmente, "que le mostraron papeles supuestamente firmados por Fernando García aceptando regresar a España, documentos que Jean Pascal consideró falsos y por ello volvió a negarse a firmar".
Posteriormente fue expulsado a Roma, destino que, según el comunicado, fue decidido de manera arbitraria por el Estado turco. En el momento de la redacción del comunicado no se tenían noticias claras sobre la situación de Fernando García.
Las cárceles tipo S, R y Y
Ambos comunicados centran la denuncia en el sistema penitenciario turco, concretamente en las cárceles clasificadas como de tipo S, R, Y y de Alta Seguridad.
Según el FAI, estas instalaciones se caracterizan por someter a los reclusos a condiciones de aislamiento severo, privándolos de luz solar y de contacto humano regular. El PCPE, por su parte, define estas instalaciones como celdas de aislamiento total, conocidas como “tipo pozo”, donde "los presos políticos son sometidos a tortura mediante el aislamiento prolongado".
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura ha señalado en diferentes informes que el aislamiento superior a 15 días puede constituir trato cruel, inhumano o degradante si se aplica de manera prolongada e indefinida. Asimismo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos —del que Turquía es Estado firmante— establece la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes.
En Turquía, el modelo de prisiones de alta seguridad con celdas individuales se implantó de forma progresiva desde comienzos de la década de 2000. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años que el régimen de aislamiento aplicado a determinados presos políticos implica restricciones severas en la comunicación, limitaciones en las actividades comunes y dificultades de acceso a atención médica adecuada.
Huelgas de hambre y denuncias previas
El FAI denuncia que numerosos presos políticos vinculados al Frente Antiimperialista han sido internados en estas cárceles y que "se han producido fallecimientos tras huelgas de hambre realizadas en protesta por las condiciones de aislamiento".
Organizaciones de derechos humanos han documentado en distintos momentos protestas similares, algunas de ellas con consecuencias graves para la salud de los internos. Las autoridades turcas, por su parte, defiende "que el sistema penitenciario de alta seguridad responde a criterios de control y seguridad frente a organizaciones consideradas terroristas por el Estado".
Denuncias políticas de PCPE y FAI
El PCPE sostiene que el Estado turco teme que se hagan públicas las condiciones reales en las que se encuentran los presos políticos revolucionarios y antifascistas. Afirma que el aislamiento carcelario constituye una forma de tortura y que la detención de la delegación internacional demuestra la voluntad de impedir que se conozca la situación en el interior de las prisiones.
El FAI, subraya que la detención de juristas, periodistas y activistas que pretendían realizar labores de observación vulnera compromisos internacionales asumidos por Turquía, especialmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ambas organizaciones reclaman el cierre de las cárceles tipo S, R y Y, el fin del aislamiento penitenciario.
Un conflicto que trasciende lo penitenciario
El episodio denunciado por el PCPE y el FAI ha vuelto a poner de manifiesto la situación existente en Turquía en torno a la cuestión de los presos políticos y el uso de la legislación antiterrorista. En los últimos años, distintas organizaciones internacionales han señalado que el amplio alcance de la legislación turca en materia de terrorismo ha permitido procesar y encarcelar a activistas, periodistas, abogados y militantes políticos.
La detención y posterior expulsión de la delegación internacional se inscribe en ese contexto de controversia. Para el PCPE y el FAI, la solidaridad internacional y la observación directa son herramientas necesarias para visibilizar la situación en las cárceles turcas. Para las autoridades turcas, en cambio, la actuación de la delegación se habría producido "sin autorización válida en materia migratoria".
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 18 de febrero una delegación internacional compuesta por juristas, periodistas y activistas por los derechos humanos entró en Turquía con el objetivo de inspeccionar las cárceles de tipo S, R y Y —conocidas como cárceles “tipo pozo”— y observar las condiciones de detención de los presos políticos.
Según los comunicados emitidos por el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y el Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI), el 19 de febrero todos los miembros de la delegación fueron detenidos por la policía turca y trasladados a la Dirección de Gestión de Migraciones con la previsión de ser deportados.
La delegación estaba integrada por Alejandra Matamoros Alexandrova, abogada y miembro de la Plataforma Contra la Represión de Barcelona; Andrea Lucidi, periodista de Visione TV (Italia); Tatyana Desyatova, coordinadora de la Interbrigada de la CRCF (Rusia); Nick Krekelbergh, doctor en Ciencias de Bioingeniería y representante de Zannekinbond (Bélgica); Jean Pascal Graziani, representante de la revista Supernova y del Frente Antiimperialista (Francia); y Fernando García, militante del PCPE.
Según explican desde el PCPE, la delegación tenía previsto reunirse con representantes de asociaciones de abogados, médicos y con la organización de familiares de presos políticos Tayad. La detención se produjo durante una reunión con la denominada Oficina del Derecho del Pueblo, una asociación de abogados. Cuatro de los integrantes fueron finalmente expulsados y regresaron a sus países de origen.
Sin embargo, dos miembros de la misión —Fernando García y Jean Pascal Graziani— se negaron a firmar un documento en el que supuestamente declaraban abandonar voluntariamente el territorio turco. El PCPE denuncia que Jean Pascal fue "presionado, amenazado, golpeado y torturado para que firmara ese documento".
La organización comunista afirma, igualmente, "que le mostraron papeles supuestamente firmados por Fernando García aceptando regresar a España, documentos que Jean Pascal consideró falsos y por ello volvió a negarse a firmar".
Posteriormente fue expulsado a Roma, destino que, según el comunicado, fue decidido de manera arbitraria por el Estado turco. En el momento de la redacción del comunicado no se tenían noticias claras sobre la situación de Fernando García.
Las cárceles tipo S, R y Y
Ambos comunicados centran la denuncia en el sistema penitenciario turco, concretamente en las cárceles clasificadas como de tipo S, R, Y y de Alta Seguridad.
Según el FAI, estas instalaciones se caracterizan por someter a los reclusos a condiciones de aislamiento severo, privándolos de luz solar y de contacto humano regular. El PCPE, por su parte, define estas instalaciones como celdas de aislamiento total, conocidas como “tipo pozo”, donde "los presos políticos son sometidos a tortura mediante el aislamiento prolongado".
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura ha señalado en diferentes informes que el aislamiento superior a 15 días puede constituir trato cruel, inhumano o degradante si se aplica de manera prolongada e indefinida. Asimismo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos —del que Turquía es Estado firmante— establece la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes.
En Turquía, el modelo de prisiones de alta seguridad con celdas individuales se implantó de forma progresiva desde comienzos de la década de 2000. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años que el régimen de aislamiento aplicado a determinados presos políticos implica restricciones severas en la comunicación, limitaciones en las actividades comunes y dificultades de acceso a atención médica adecuada.
Huelgas de hambre y denuncias previas
El FAI denuncia que numerosos presos políticos vinculados al Frente Antiimperialista han sido internados en estas cárceles y que "se han producido fallecimientos tras huelgas de hambre realizadas en protesta por las condiciones de aislamiento".
Organizaciones de derechos humanos han documentado en distintos momentos protestas similares, algunas de ellas con consecuencias graves para la salud de los internos. Las autoridades turcas, por su parte, defiende "que el sistema penitenciario de alta seguridad responde a criterios de control y seguridad frente a organizaciones consideradas terroristas por el Estado".
Denuncias políticas de PCPE y FAI
El PCPE sostiene que el Estado turco teme que se hagan públicas las condiciones reales en las que se encuentran los presos políticos revolucionarios y antifascistas. Afirma que el aislamiento carcelario constituye una forma de tortura y que la detención de la delegación internacional demuestra la voluntad de impedir que se conozca la situación en el interior de las prisiones.
El FAI, subraya que la detención de juristas, periodistas y activistas que pretendían realizar labores de observación vulnera compromisos internacionales asumidos por Turquía, especialmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ambas organizaciones reclaman el cierre de las cárceles tipo S, R y Y, el fin del aislamiento penitenciario.
Un conflicto que trasciende lo penitenciario
El episodio denunciado por el PCPE y el FAI ha vuelto a poner de manifiesto la situación existente en Turquía en torno a la cuestión de los presos políticos y el uso de la legislación antiterrorista. En los últimos años, distintas organizaciones internacionales han señalado que el amplio alcance de la legislación turca en materia de terrorismo ha permitido procesar y encarcelar a activistas, periodistas, abogados y militantes políticos.
La detención y posterior expulsión de la delegación internacional se inscribe en ese contexto de controversia. Para el PCPE y el FAI, la solidaridad internacional y la observación directa son herramientas necesarias para visibilizar la situación en las cárceles turcas. Para las autoridades turcas, en cambio, la actuación de la delegación se habría producido "sin autorización válida en materia migratoria".
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