TRUMP AVANZA HACIA LA CRIMINALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
El FBI podrá vigilar ideas, no solo delitos
En Estados Unidos, una nueva política de seguridad ha abierto la puerta a vigilar, fichar y hasta castigar a quienes tienen ideas diferentes. Ya no se trata solo de prevenir la violencia, sino de controlar la opinión disidente. Un escenario preocupante para cualquier sociedad que se dice democrática.
Por ADAY QUESADA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
A finales del mes de septiembre del pasado año, es decir, hace tan solo un par de meses, el Gobierno de Estados Unidos firmó, con mucho sigilo mediático y tratando de que no se levantara la liebre, dio a conocer un documento que puede cambiar drásticamente y para siempre el modo en que se entiende la disidencia política en una democracia. A finales del pasado mes de diciembre, la implementación de este memorandum presidencial se ha acelerado.
Bajo el nombre técnico de NSPM-7, esta directiva de Trump ha sido presentada como una respuesta urgente frente a la violencia política interna que según el el primer mandatario, se está produciendo en su país. No obstante, tras el lenguaje aparentemente neutro con el que se presentado esta directiva, se esconde una idea muy peligrosa: la sospecha oficial sobre quienes simplemente piensan distinto.
El documento, elaborado y firmado desde la Casa Blanca, fue distribuido entre agencias como el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y otras instituciones encargadas de velar por la “seguridad nacional”. Al contenido del mismo en inglés, podrán acceder los lectores de Canarias Semanal pinchando AQUÍ.
(Este enlace te llevará a la página del memorando “Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence”, que es la NSPM‑7 publicada oficialmente por la administración).
¿Cuál es su objetivo declarado? Identificar y desarticular redes que promuevan lo que han denominado el terrorismo doméstico. ¿El problema? Que la definición de “terrorismo” que propone NSPM-7 no solo incluye actos violentos, sino también ideas, discursos y posturas sociales.
En ese nuevo marco legal, cualquier persona podrá ser considerado un potencial “enemigo interno” si defiende, por ejemplo, el anticapitalismo, el feminismo radical, los derechos trans, o simplemente, si se expresan críticas al cristianismo, al orden familiar tradicional o al sistema político estadounidense. Es decir, ya no se trata solo de perseguir a quien pone bombas, sino a quien incomoda con sus palabras.
La directiva fue impulsada por la propia presidencia y defendida públicamente por la Fiscal general, quien ordenó al FBI abrir investigaciones retrospectivas sobre ciudadanos y organizaciones, e incluso ofreció recompensas económicas a quienes denuncien “conductas sospechosas”. Todo esto, dentro de un marco tan ambiguo que la libertad de expresión, el derecho a protestar y hasta el pensamiento crítico mismo, podrían convertirse en motivos de persecución.
Mientras las autoridades aseguran que se trata de una medida “necesaria” para garantizar el orden público, numerosos medios independientes han lanzado alertas sobre su verdadero alcance. Voces como la de Democracy Now! y Common Dreams han advertido que NSPM-7 representa un paso directo hacia la criminalización de la disidencia. Algunos incluso lo han descrito como “una declaración de guerra contra los opositores políticos”.
En contraste, medios corporativos como Reuters o Time se han limitado a reproducir la versión oficial, presentando la medida como una herramienta contra extremistas o grupos supremacistas, sin mencionar que el texto permite también vigilar y sancionar a grupos pacíficos, activistas sociales, colectivos migrantes o simples ciudadanos críticos.
Desde el Congreso, la preocupación ha comenzado a crecer. El legislador Ro Khanna ha sido una de las voces más firmes en denunciar esta iniciativa, calificándola de “ataque directo a la Constitución” y comparándola con las prácticas represivas de la Guerra Fría. Organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y el Brennan Center for Justice también han advertido sobre
el peligro que representa para los derechos fundamentales, especialmente el de pensar, opinar y organizarse libremente.
Pero el plan sigue adelante. Agencias federales ya han empezado a trabajar en la recopilación de datos, el fichaje perfiles y el rastreo vínculos políticos de activistas y movimientos sociales. Según el memorando, esto incluye examinar discursos, redes sociales, artículos, protestas y campañas de los últimos cinco años. Una vigilancia ideológica con respaldo legal, pero que muchos consideran éticamente inaceptable.
Lo que está en juego no es solo una política más dentro del complejo aparato de seguridad estadounidense. Lo que está en juego es la definición misma de lo que significa vivir en una democracia. Porque si cuestionar al poder puede llevarte a una lista secreta, a una investigación federal o a ser acusado de terrorismo, entonces la democracia ya no es una garantía, sino una fachada.
CUANDO OPINAR DISTINTO SE CONVIERTE EN UN RIESGO
Este memorandum no fue un papel aislado. Viene acompañado de una redefinición del concepto de terrorismo doméstico, que ahora ya no se basa en la violencia real, sino también en lo que se piensa o se dice. Según reveló el periodista independiente Ken Klippenstein, las categorías sospechosas incluyen desde la defensa de fronteras abiertas hasta el “antiamericanismo”, pasando por el apoyo a los derechos de las personas trans o la crítica al cristianismo.
El texto oficial incluye entre las “conductas observables” cosas tan ambiguas como “hostilidad hacia la moral tradicional”, “odio al capitalismo” o “actitudes antiestatales”. Es decir, bastaría con militar, por ejemplo, en un colectivo feminista radical o publicar artículos contra el sistema económico para entrar en el area de observacion del radar del FBI.
NO SE TRATA DE VIOLENCIA: SE TRATA DE CONTROL
Varias organizaciones de derechos civiles han advertido que las leyes actuales ya permiten combatir el terrorismo real y los actos de violencia física. Lo que cambia aquí es la lógica: se amplía tanto la definición de “peligro” que acaba incluyendo a cualquiera que disienta, proteste o simplemente critique al sistema.
El grupo Whistleblower Aid lo dijo claramente: este memorandum “no solo criminaliza la violencia legítima —que ya está penada— sino que convierte ideas críticas en delitos políticos”. Y cuando las ideas se transforman en amenazas, la libertad se convierte en sospecha.
EL ESTADO COMO MAQUINARIA DE VIGILANCIA IDEOLÓGICA
El memorandum también propone crear una base de datos de cinco años hacia atrás, para revisar discursos, publicaciones, tuits, intervenciones públicas y eventos políticos. Cualquier cosa que hoy encaje con las categorías “sospechosas” podrá ser usada retroactivamente como prueba.
Además, se han establecido recompensas económicas para quien denuncie a personas que “promuevan ideologías amenazantes”. Esto genera un ambiente de paranoia que recuerda a otros momentos históricos donde el Estado incentivó la delación entre ciudadanos para perseguir ideas distintas.
LA RESPUESTA DE LOS MEDIOS Y LAS FIGURAS PÚBLICAS
Mientras los medios independientes han sido críticos y han alertado sobre el riesgo que supone esta política, los grandes medios han sido mucho más moderados o directamente complacientes. Algunos incluso han reproducido la versión oficial sin cuestionarla, presentando NSPM-7 como una respuesta legítima al extremismo.
La historia está llena de ejemplos donde la represión no empieza con tanques ni toques de queda, sino con listas, vigilancias, prohibiciones y palabras ambiguas en documentos oficiales. Así ocurrió en la Alemania de entreguerras, en los años del macartismo, y en muchas dictaduras que comenzaron llamando “enemigos” a quienes simplemente pedían un cambio.
Lo que se vive hoy en Estados Unidos no es todavía una dictadura, pero comienza a haber una señal muy clara de hacia dónde puede girar el poder cuando empieza a temer a su propia sociedad.
FUENTES CONSULTADAS
Democracy Now! — https://www.democracynow.org
Common Dreams — https://www.commondreams.org
The White House — https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/countering-domestic-terrorism-and-organized-political-violence
ACLU — https://www.aclu.org
Whistleblower Aid — https://whistlebloweraid.org
Brennan Center for Justice — https://www.brennancenter.org
DLA Piper — https://www.dlapiper.com
Time — https://www.time.com
Reuters — https://www.reuters.com
The Real News Network — https://www.therealnews.com
Por ADAY QUESADA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
A finales del mes de septiembre del pasado año, es decir, hace tan solo un par de meses, el Gobierno de Estados Unidos firmó, con mucho sigilo mediático y tratando de que no se levantara la liebre, dio a conocer un documento que puede cambiar drásticamente y para siempre el modo en que se entiende la disidencia política en una democracia. A finales del pasado mes de diciembre, la implementación de este memorandum presidencial se ha acelerado.
Bajo el nombre técnico de NSPM-7, esta directiva de Trump ha sido presentada como una respuesta urgente frente a la violencia política interna que según el el primer mandatario, se está produciendo en su país. No obstante, tras el lenguaje aparentemente neutro con el que se presentado esta directiva, se esconde una idea muy peligrosa: la sospecha oficial sobre quienes simplemente piensan distinto.
El documento, elaborado y firmado desde la Casa Blanca, fue distribuido entre agencias como el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y otras instituciones encargadas de velar por la “seguridad nacional”. Al contenido del mismo en inglés, podrán acceder los lectores de Canarias Semanal pinchando AQUÍ.
(Este enlace te llevará a la página del memorando “Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence”, que es la NSPM‑7 publicada oficialmente por la administración).
¿Cuál es su objetivo declarado? Identificar y desarticular redes que promuevan lo que han denominado el terrorismo doméstico. ¿El problema? Que la definición de “terrorismo” que propone NSPM-7 no solo incluye actos violentos, sino también ideas, discursos y posturas sociales.
En ese nuevo marco legal, cualquier persona podrá ser considerado un potencial “enemigo interno” si defiende, por ejemplo, el anticapitalismo, el feminismo radical, los derechos trans, o simplemente, si se expresan críticas al cristianismo, al orden familiar tradicional o al sistema político estadounidense. Es decir, ya no se trata solo de perseguir a quien pone bombas, sino a quien incomoda con sus palabras.
La directiva fue impulsada por la propia presidencia y defendida públicamente por la Fiscal general, quien ordenó al FBI abrir investigaciones retrospectivas sobre ciudadanos y organizaciones, e incluso ofreció recompensas económicas a quienes denuncien “conductas sospechosas”. Todo esto, dentro de un marco tan ambiguo que la libertad de expresión, el derecho a protestar y hasta el pensamiento crítico mismo, podrían convertirse en motivos de persecución.
Mientras las autoridades aseguran que se trata de una medida “necesaria” para garantizar el orden público, numerosos medios independientes han lanzado alertas sobre su verdadero alcance. Voces como la de Democracy Now! y Common Dreams han advertido que NSPM-7 representa un paso directo hacia la criminalización de la disidencia. Algunos incluso lo han descrito como “una declaración de guerra contra los opositores políticos”.
En contraste, medios corporativos como Reuters o Time se han limitado a reproducir la versión oficial, presentando la medida como una herramienta contra extremistas o grupos supremacistas, sin mencionar que el texto permite también vigilar y sancionar a grupos pacíficos, activistas sociales, colectivos migrantes o simples ciudadanos críticos.
Desde el Congreso, la preocupación ha comenzado a crecer. El legislador Ro Khanna ha sido una de las voces más firmes en denunciar esta iniciativa, calificándola de “ataque directo a la Constitución” y comparándola con las prácticas represivas de la Guerra Fría. Organizaciones como la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) y el Brennan Center for Justice también han advertido sobre
el peligro que representa para los derechos fundamentales, especialmente el de pensar, opinar y organizarse libremente.
Pero el plan sigue adelante. Agencias federales ya han empezado a trabajar en la recopilación de datos, el fichaje perfiles y el rastreo vínculos políticos de activistas y movimientos sociales. Según el memorando, esto incluye examinar discursos, redes sociales, artículos, protestas y campañas de los últimos cinco años. Una vigilancia ideológica con respaldo legal, pero que muchos consideran éticamente inaceptable.
Lo que está en juego no es solo una política más dentro del complejo aparato de seguridad estadounidense. Lo que está en juego es la definición misma de lo que significa vivir en una democracia. Porque si cuestionar al poder puede llevarte a una lista secreta, a una investigación federal o a ser acusado de terrorismo, entonces la democracia ya no es una garantía, sino una fachada.
CUANDO OPINAR DISTINTO SE CONVIERTE EN UN RIESGO
Este memorandum no fue un papel aislado. Viene acompañado de una redefinición del concepto de terrorismo doméstico, que ahora ya no se basa en la violencia real, sino también en lo que se piensa o se dice. Según reveló el periodista independiente Ken Klippenstein, las categorías sospechosas incluyen desde la defensa de fronteras abiertas hasta el “antiamericanismo”, pasando por el apoyo a los derechos de las personas trans o la crítica al cristianismo.
El texto oficial incluye entre las “conductas observables” cosas tan ambiguas como “hostilidad hacia la moral tradicional”, “odio al capitalismo” o “actitudes antiestatales”. Es decir, bastaría con militar, por ejemplo, en un colectivo feminista radical o publicar artículos contra el sistema económico para entrar en el area de observacion del radar del FBI.
NO SE TRATA DE VIOLENCIA: SE TRATA DE CONTROL
Varias organizaciones de derechos civiles han advertido que las leyes actuales ya permiten combatir el terrorismo real y los actos de violencia física. Lo que cambia aquí es la lógica: se amplía tanto la definición de “peligro” que acaba incluyendo a cualquiera que disienta, proteste o simplemente critique al sistema.
El grupo Whistleblower Aid lo dijo claramente: este memorandum “no solo criminaliza la violencia legítima —que ya está penada— sino que convierte ideas críticas en delitos políticos”. Y cuando las ideas se transforman en amenazas, la libertad se convierte en sospecha.
EL ESTADO COMO MAQUINARIA DE VIGILANCIA IDEOLÓGICA
El memorandum también propone crear una base de datos de cinco años hacia atrás, para revisar discursos, publicaciones, tuits, intervenciones públicas y eventos políticos. Cualquier cosa que hoy encaje con las categorías “sospechosas” podrá ser usada retroactivamente como prueba.
Además, se han establecido recompensas económicas para quien denuncie a personas que “promuevan ideologías amenazantes”. Esto genera un ambiente de paranoia que recuerda a otros momentos históricos donde el Estado incentivó la delación entre ciudadanos para perseguir ideas distintas.
LA RESPUESTA DE LOS MEDIOS Y LAS FIGURAS PÚBLICAS
Mientras los medios independientes han sido críticos y han alertado sobre el riesgo que supone esta política, los grandes medios han sido mucho más moderados o directamente complacientes. Algunos incluso han reproducido la versión oficial sin cuestionarla, presentando NSPM-7 como una respuesta legítima al extremismo.
La historia está llena de ejemplos donde la represión no empieza con tanques ni toques de queda, sino con listas, vigilancias, prohibiciones y palabras ambiguas en documentos oficiales. Así ocurrió en la Alemania de entreguerras, en los años del macartismo, y en muchas dictaduras que comenzaron llamando “enemigos” a quienes simplemente pedían un cambio.
Lo que se vive hoy en Estados Unidos no es todavía una dictadura, pero comienza a haber una señal muy clara de hacia dónde puede girar el poder cuando empieza a temer a su propia sociedad.
FUENTES CONSULTADAS
Democracy Now! — https://www.democracynow.org
Common Dreams — https://www.commondreams.org
The White House — https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/countering-domestic-terrorism-and-organized-political-violence
ACLU — https://www.aclu.org
Whistleblower Aid — https://whistlebloweraid.org
Brennan Center for Justice — https://www.brennancenter.org
DLA Piper — https://www.dlapiper.com
Time — https://www.time.com
Reuters — https://www.reuters.com
The Real News Network — https://www.therealnews.com
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