EL DRAMA DEL PUEBLO CANARIO: CUANDO VIVIR EN TU PROPIA TIERRA SE CONVIERTE EN UN PRIVILEGIO
Turismo masivo, especulación inmobiliaria y políticas al servicio del mercado
El drama de quienes no pueden acceder a una vivienda no es una anécdota local ni una crisis pasajera. Es el síntoma de un sistema que ha entregado lo más básico a la lógica del beneficio. En Canarias, como en otras regiones del Estado, vivir dignamente se ha vuelto una carrera imposible para miles de personas. Este artículo desentraña las raíces estructurales de esa crisis y plantea la urgencia de un cambio radical en el modelo económico y político.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La crisis de la vivienda no es un fenómeno aislado ni exclusivo del archipiélago canario. Se trata de un situación que atraviesa a todo el Estado español, especialmente en aquellos territorios sometidos a una intensa presión turística o con fuerte presencia de capitales financieros en el mercado inmobiliario.
Desde Barcelona hasta Málaga, desde Baleares hasta Madrid, las dinámicas de expulsión residencial, encarecimiento del alquiler y especulación inmobiliaria siguen patrones similares. En todas partes, lo que está en juego es la subordinación del derecho a una vivienda digna a las exigencias de rentabilidad del capital.
Canarias, sin embargo, representa un caso extremo y paradigmático, donde se condensan las principales contradicciones del modelo vigente.
LA ESPECULACIÓN COMO NORMA
En las islas, los datos hablan con claridad. El precio del alquiler ha aumentado más de un 50 % en la última década. Solo en 2025, Canarias fue la segunda comunidad autónoma con mayor incremento interanual en los alquileres, con un 12,8 % de subida. Mientras tanto, los salarios continúan estancados entre los más bajos del país.
Esto obliga a muchas familias trabajadoras a dedicar más de un tercio —y en muchos casos hasta la mitad— de sus ingresos mensuales solo para mantener un techo. Este desajuste brutal entre ingresos y precios no es una anomalía, sino una expresión del funcionamiento normal del mercado inmobiliario bajo el capitalismo: la vivienda se trata como una mercancía, y como tal, su destino no es resolver una necesidad, sino generar beneficio para quien la posee. El mercado no garantiza hogar, garantiza rentabilidad. Y quien no puede seguir ese juego, queda fuera.
LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN
El fenómeno de la mercantilización de la vivienda tiene actores claramente identificables. Fondos buitre, bancos, promotoras inmobiliarias y propietarios con múltiples inmuebles concentran cada vez más parte del parque habitacional. En Canarias, un 40 % de las viviendas compradas en 2024 pasaron a manos de personas o entidades que ya poseían cinco o más propiedades.
No son hogares, son activos financieros. Lo que se compra no es una necesidad vital, sino una oportunidad de inversión. Esta lógica reproduce el principio de acumulación por desposesión: unos pocos concentran propiedad, mientras amplias capas sociales pierden acceso a lo básico.
La vivienda, como parte del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, es fundamental para garantizar la vida del trabajador y su capacidad de producir. Pero en este sistema, esa necesidad entra en contradicción con la lógica del capital. Por eso no hay solución técnica al problema: el conflicto es de raíz.
EL TURISMO COMO FACTOR DE EXPULSIÓN
Uno de los mecanismos más agresivos de esta desposesión es la turistificación. La población canaria sufre un modelo económico extremadamente dependiente del turismo: más del 87 % de su PIB proviene del sector servicios, con el turismo a la cabeza. En 2024, el archipiélago recibió 17,7 millones de turistas. Lejos de ser una bendición, este flujo masivo ha acentuado el colapso habitacional.
El negocio del alquiler vacacional ofrece beneficios mucho mayores que el residencial. Por eso, cada vez más viviendas se destinan al turismo de corta estancia, empujando a los residentes permanentes fuera del mercado. En muchas zonas de las islas, la mitad de los pisos han sido absorbidos por plataformas como Airbnb, o están en manos de no residentes.
Este fenómeno no es exclusivo de Canarias. Ciudades como Palma, San Sebastián, Madrid o Málaga sufren procesos similares. La vivienda, en lugar de cumplir una función social, se convierte en una pieza más del engranaje turístico y financiero. El resultado es la expulsión sistemática de quienes no pueden competir con esa lógica de maximización del beneficio.
Las consecuencias de este modelo son devastadoras en términos sociales. La juventud canaria, como la del resto del Estado, se encuentra sin posibilidad real de emanciparse. Los sueldos precarios, los contratos temporales y los alquileres exorbitantes convierten la idea de independizarse en una fantasía. Muchos jóvenes adultos se ven obligados a permanecer en casa de sus padres o a compartir vivienda en condiciones indignas.
Pero también las personas mayores son víctimas de esta expulsión silenciosa. Inmaculada Talavera, de 71 años, fue desalojada de su vivienda en Las Palmas sin previo aviso. Tuvo que pagar 100 euros por noche por una habitación compartida. Rechazó la ayuda municipal por considerarla indigna. Su historia no es una excepción: es la consecuencia directa de un sistema que, tras haber extraído todo lo posible de una vida laboral, desecha a las personas mayores sin ofrecerles garantías mínimas. El suyo es un caso entre muchos.
El desalojo social no es sólo físico, es también simbólico y afectivo: rompe trayectorias de vida, desarraiga, empobrece y deshumaniza.
GOBIERNOS QUE GESTIONAN, NO TRANSFORMAN
Lejos de intervenir para garantizar el derecho a la vivienda, las administraciones públicas han sido corresponsables de este proceso. Las políticas implementadas durante las últimas décadas no han frenado el deterioro, sino que lo han legitimado.
Se ha permitido la expansión sin límite del alquiler vacacional, se ha desregulado el mercado del alquiler, se ha tolerado la especulación con suelo urbano y se ha abandonado la construcción de vivienda pública. Por si fuera poco, se ha blindado jurídicamente la propiedad privada, incluso en manos de fondos extranjeros, por encima de cualquier necesidad colectiva.
Todo esto no es fruto del azar, sino consecuencia de un modelo político subordinado a los intereses del capital inmobiliario y turístico.
No hay salida posible a esta situación crítica sin un cambio profundo de paradigma. La crisis de la vivienda no se resuelve con incentivos al alquiler, con deducciones fiscales o con campañas de concienciación. Es imprescindible romper con la lógica mercantil que convierte una necesidad básica en un privilegio inalcanzable.
Eso implica poner límites reales a la propiedad especulativa, recuperar el control público sobre el suelo, declarar la vivienda como bien de uso y no de inversión, regular con firmeza el alquiler vacacional y construir, de forma masiva y sostenida, vivienda pública verdaderamente accesible. Pero ninguna de estas medidas será efectiva mientras se mantenga intacta la estructura de poder que sustenta el modelo actual.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La crisis de la vivienda no es un fenómeno aislado ni exclusivo del archipiélago canario. Se trata de un situación que atraviesa a todo el Estado español, especialmente en aquellos territorios sometidos a una intensa presión turística o con fuerte presencia de capitales financieros en el mercado inmobiliario.
Desde Barcelona hasta Málaga, desde Baleares hasta Madrid, las dinámicas de expulsión residencial, encarecimiento del alquiler y especulación inmobiliaria siguen patrones similares. En todas partes, lo que está en juego es la subordinación del derecho a una vivienda digna a las exigencias de rentabilidad del capital.
Canarias, sin embargo, representa un caso extremo y paradigmático, donde se condensan las principales contradicciones del modelo vigente.
LA ESPECULACIÓN COMO NORMA
En las islas, los datos hablan con claridad. El precio del alquiler ha aumentado más de un 50 % en la última década. Solo en 2025, Canarias fue la segunda comunidad autónoma con mayor incremento interanual en los alquileres, con un 12,8 % de subida. Mientras tanto, los salarios continúan estancados entre los más bajos del país.
Esto obliga a muchas familias trabajadoras a dedicar más de un tercio —y en muchos casos hasta la mitad— de sus ingresos mensuales solo para mantener un techo. Este desajuste brutal entre ingresos y precios no es una anomalía, sino una expresión del funcionamiento normal del mercado inmobiliario bajo el capitalismo: la vivienda se trata como una mercancía, y como tal, su destino no es resolver una necesidad, sino generar beneficio para quien la posee. El mercado no garantiza hogar, garantiza rentabilidad. Y quien no puede seguir ese juego, queda fuera.
LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN
El fenómeno de la mercantilización de la vivienda tiene actores claramente identificables. Fondos buitre, bancos, promotoras inmobiliarias y propietarios con múltiples inmuebles concentran cada vez más parte del parque habitacional. En Canarias, un 40 % de las viviendas compradas en 2024 pasaron a manos de personas o entidades que ya poseían cinco o más propiedades.
No son hogares, son activos financieros. Lo que se compra no es una necesidad vital, sino una oportunidad de inversión. Esta lógica reproduce el principio de acumulación por desposesión: unos pocos concentran propiedad, mientras amplias capas sociales pierden acceso a lo básico.
La vivienda, como parte del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, es fundamental para garantizar la vida del trabajador y su capacidad de producir. Pero en este sistema, esa necesidad entra en contradicción con la lógica del capital. Por eso no hay solución técnica al problema: el conflicto es de raíz.
EL TURISMO COMO FACTOR DE EXPULSIÓN
Uno de los mecanismos más agresivos de esta desposesión es la turistificación. La población canaria sufre un modelo económico extremadamente dependiente del turismo: más del 87 % de su PIB proviene del sector servicios, con el turismo a la cabeza. En 2024, el archipiélago recibió 17,7 millones de turistas. Lejos de ser una bendición, este flujo masivo ha acentuado el colapso habitacional.
El negocio del alquiler vacacional ofrece beneficios mucho mayores que el residencial. Por eso, cada vez más viviendas se destinan al turismo de corta estancia, empujando a los residentes permanentes fuera del mercado. En muchas zonas de las islas, la mitad de los pisos han sido absorbidos por plataformas como Airbnb, o están en manos de no residentes.
Este fenómeno no es exclusivo de Canarias. Ciudades como Palma, San Sebastián, Madrid o Málaga sufren procesos similares. La vivienda, en lugar de cumplir una función social, se convierte en una pieza más del engranaje turístico y financiero. El resultado es la expulsión sistemática de quienes no pueden competir con esa lógica de maximización del beneficio.
Las consecuencias de este modelo son devastadoras en términos sociales. La juventud canaria, como la del resto del Estado, se encuentra sin posibilidad real de emanciparse. Los sueldos precarios, los contratos temporales y los alquileres exorbitantes convierten la idea de independizarse en una fantasía. Muchos jóvenes adultos se ven obligados a permanecer en casa de sus padres o a compartir vivienda en condiciones indignas.
Pero también las personas mayores son víctimas de esta expulsión silenciosa. Inmaculada Talavera, de 71 años, fue desalojada de su vivienda en Las Palmas sin previo aviso. Tuvo que pagar 100 euros por noche por una habitación compartida. Rechazó la ayuda municipal por considerarla indigna. Su historia no es una excepción: es la consecuencia directa de un sistema que, tras haber extraído todo lo posible de una vida laboral, desecha a las personas mayores sin ofrecerles garantías mínimas. El suyo es un caso entre muchos.
El desalojo social no es sólo físico, es también simbólico y afectivo: rompe trayectorias de vida, desarraiga, empobrece y deshumaniza.
GOBIERNOS QUE GESTIONAN, NO TRANSFORMAN
Lejos de intervenir para garantizar el derecho a la vivienda, las administraciones públicas han sido corresponsables de este proceso. Las políticas implementadas durante las últimas décadas no han frenado el deterioro, sino que lo han legitimado.
Se ha permitido la expansión sin límite del alquiler vacacional, se ha desregulado el mercado del alquiler, se ha tolerado la especulación con suelo urbano y se ha abandonado la construcción de vivienda pública. Por si fuera poco, se ha blindado jurídicamente la propiedad privada, incluso en manos de fondos extranjeros, por encima de cualquier necesidad colectiva.
Todo esto no es fruto del azar, sino consecuencia de un modelo político subordinado a los intereses del capital inmobiliario y turístico.
No hay salida posible a esta situación crítica sin un cambio profundo de paradigma. La crisis de la vivienda no se resuelve con incentivos al alquiler, con deducciones fiscales o con campañas de concienciación. Es imprescindible romper con la lógica mercantil que convierte una necesidad básica en un privilegio inalcanzable.
Eso implica poner límites reales a la propiedad especulativa, recuperar el control público sobre el suelo, declarar la vivienda como bien de uso y no de inversión, regular con firmeza el alquiler vacacional y construir, de forma masiva y sostenida, vivienda pública verdaderamente accesible. Pero ninguna de estas medidas será efectiva mientras se mantenga intacta la estructura de poder que sustenta el modelo actual.
Acoran | Miércoles, 04 de Febrero de 2026 a las 17:43:00 horas
Las zonas de turismo tienen que ser para el turismo y las zonas residenciales, tienen que ser para residentes, desde que yo vi hace ya más de 40 años comprando apartamentos y bungalows en zonas de turismo como forma de especulación vi venir esta situación y donde no hay limites pues pasa lo que esta pasando.....Y en cuanto al cambio radical, hay que concienciarse y aprender a votar, porque los que han sido la causa del problema, no pueden ser la solución....Le deseo salud y mucha suerte a LIBERACION CANARIA.....
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