EL "GRAN FRAUDE VERDE" EN GRAN CANARIA: PROMESAS ROTAS Y DESTRUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    En un artículo publicado en la web"La Casa de mi tía",   bajo el título “¿Engaño a la ciudadanía en el proyecto El Salto de Chira?”, el activista social Javier Marrero  plantea una crítica contundente al megaproyecto hidroeléctrico impulsado por el Cabildo de Gran Canaria en el barranco de Arguineguín.

    En su análisis, Marrero denuncia que las promesas institucionales sobre este proyecto no solo no se han cumplido, sino que han terminado por enmascarar un proceso de transformación territorial que "ha resultado devastador para el paisaje, la biodiversidad y las condiciones de vida de las comunidades locales".

  Según afirma el autor, la ciudadanía fue seducida por un discurso oficial que presentaba “El Salto de Chira” como una "infraestructura verde, moderna y clave para el futuro energético de la isla". Una imagen idílica - afirma Marrero - que "ha sido desmentida por los hechos".

   Plataformas ciudadanas como Salvar Chira Soria, Salvar el Barranco de Arguineguín y Tamaranae Activistas han venido alertando desde hace años sobre los impactos irreversibles que ya se observan en el entorno natural y social del barranco.

PROMESAS VERDES Y REALIDES GRISE

   Uno de los principales ejes de la crítica que desarrolla el autor es la profunda alteración del paisaje provocada por el controvertido proyecto.  Lo que inicialmente fue anunciado como un proyecto sin impacto visible, ha generado -afirma Marrero- "un escenario de cicatrices profundas: desmontes, explanadas, túneles y pistas que atraviesan un entorno declarado espacio protegido".

   Marrero pone de manifiesto que el valor ecológico, cultural y patrimonial del barranco ha sido menospreciado en aras de una obra que no ha ofrecido garantías reales para el desarrollo sostenible de la isla.

   Otro de los elementos señalados por el autor del artículo es "el incumplimiento de la promesa de agua asequible para el sector agrícola". Según denuncia, lejos de beneficiar al campesinado local, el proyecto ha derivado en la creación de una infraestructura hídrica controlada por intereses empresariales, donde el acceso al agua no solo no es más barato, sino que sigue estando fuera del alcance estructural de quienes más lo necesitan. En este sentido, el autor sostiene que el campo canario ha sido nuevamente relegado en la toma de decisiones estratégicas.

  El artículo  apunta, asimismo,  a la ausencia de una planificación fiable. En este sentido, Marrero recuerda cómo se prometió que la central estaría operativa entre 2025 y 2027, una meta que, a la vista de los retrasos acumulados, parece ya inviable. Esta falta de cumplimiento ha venido acompañada según su análisis- por una notable carencia de asunción de responsabilidades por parte de los organismos encargados del proyecto.

   El autor denuncia, igualmente, la instalación de torretas y tendidos eléctricos que fragmentan el territorio, a pesar de que en un principio se aseguró que no habría estructuras visibles.

   "Lo mismo ocurre - sostiene - con el impacto sobre la flora y fauna: lo que se anunció como una intervención respetuosa con la biodiversidad, ha acabado afectando directamente a hábitats frágiles y especies protegidas, con medidas correctoras que, en opinión de Marrero, son meramente simbólicas".

LA CIUDADANÍA EXCLUIDA DEL DEBATE

   En el plano social, el artículo destaca cómo se usó la promesa del empleo como herramienta de persuasión. No obstante, Marrero indica que los trabajos generados han sido mayoritariamente temporales o externalizados, sin beneficio duradero para la población insular. Las condiciones de vida de las personas que habitan en el entorno del proyecto, por el contrario, han empeorado, con molestias constantes, ruido, polvo, tráfico y restricciones de acceso.

   Otro de los puntos críticos del texto es la denuncia sobre la falta de un plan de seguridad eficiente. Según el autor, los últimos episodios climáticos extremos han puesto de manifiesto que la infraestructura es vulnerable, lo que podría derivar en situaciones catastróficas en el futuro inmediato si no se revisan las condiciones actuales.

   El autor también reprocha la ausencia de transparencia y participación ciudadana real en la toma de decisiones. Las consultas públicas fueron, en su opinión, meramente decorativas, sin posibilidad de modificar el rumbo de un proyecto ya decidido de antemano. Esto ha desembocado en una percepción generalizada de que el interés general ha sido sustituido por la consolidación de un modelo energético concentrado en grandes operadores privados.

  Finalmente, Javier Marrero desvela lo que para él es la gran contradicción: el proyecto se presenta como parte de una transición ecológica, pero en realidad consolida un modelo extractivo basado en el sacrificio territorial y el lucro empresarial. “El Salto de Chira”, concluye el autor, se ha convertido en símbolo de un paradigma que ignora la soberanía energética real y la gestión democrática de los recursos.

   Con una prosa firme y argumentada, el artículo invita a cuestionar el relato institucional dominante y a abrir un debate urgente sobre el modelo de desarrollo energético en Canarias. Frente a lo que describe como promesas rotas y estrategias de marketing político, Javier Marrero propone la construcción de alternativas energéticas descentralizadas, justas y arraigadas en el respeto al territorio y sus habitantes.