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Lunes, 29 de Diciembre de 2025 Tiempo de lectura:

"EL GOBIERNO DE CANARIAS ES CÓMPLICE NECESARIO DE LA DESTRUCCIÓN DEL LITORAL TINERFEÑO"

Colectivos responsabilizan al Ejecutivo de Fernando Clavijo por autorizar obras turísticas privadas en zona protegida:

El Gobierno de Canarias ha sido denunciado por autorizar, mediante decisiones administrativas de carácter excepcional, la ocupación del litoral protegido en el municipio de Adeje para fines turísticos privados. Colectivos ciudadanos y la propia Fiscalía acusan al Ejecutivo autonómico de actuar como facilitador en la destrucción del entorno costero y el patrimonio natural de Tenerife.

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Tagoror Permanente Rotativo, Rebelión Científica Canarias, Juan Francisco Galindo, La Gaveta 20A y la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) han denunciado​ la "implicación del Gobierno de Canarias en el avance del controvertido proyecto urbanístico Cuna del Alma", promovido en el municipio tinerfeño de Adeje. Los colectivos sostienen que el Ejecutivo autonómico ha incurrido en decisiones administrativas contrarias a la legalidad, facilitando la destrucción del litoral y del patrimonio natural e histórico de la isla en favor de intereses turísticos de lujo.

 

   El núcleo de la denuncia apunta a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, que habría autorizado de manera excepcional la ocupación de la franja de protección del dominio público marítimo-terrestre para uso turístico privado. Esta autorización, en teoría justificada por una supuesta "conveniencia para el modelo turístico canario", constituye —según los colectivos— una utilización fraudulenta de una medida legal concebida para casos extraordinarios y con verdadero interés público.

 

   Para los denunciantes, la realidad es muy distinta.

  "La ocupación - sostienen - ha sido aprobada para levantar instalaciones privadas de alto standing, como piscinas y restaurantes, en uno de los municipios más saturados urbanística y turísticamente del Archipiélago. Un lugar donde los precios de la vivienda ya se cuentan entre los más elevados de Canarias y cuyo litoral se encuentra profundamente alterado y colmatado por la presión del negocio inmobiliario y hotelero".

 

    Por tanto, lejos de atender al bien común, esta autorización —afirman—

"profundiza las desigualdades sociales y territoriales, al tiempo que refuerza un modelo económico basado en la explotación sin límites del territorio y los recursos naturales".

 

   El comunicado denuncia, igualmente,

"que las autorizaciones emitidas por el Gobierno regional están siendo utilizadas por el juzgado de Arona como una especie de salvoconducto administrativo para justificar el archivo provisional de una denuncia penal presentada contra el proyecto Cuna del Alma y contra el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, por posibles delitos urbanísticos y medioambientales de extrema gravedad".

 

    En opinión de los colectivos, el Gobierno que preside Fernando Clavijo no solo se ha alineado con los intereses del poder económico, sino que además

"está saboteando de forma deliberada las acciones legales emprendidas por la ciudadanía organizada".

 

  Este intento de blindar judicialmente el proyecto, sin embargo, ha sido contestado con firmeza. No solo los colectivos denunciantes han recurrido el archivo provisional de la causa penal, también lo ha hecho la propia Fiscalía de la Audiencia Provincial, lo que —subrayan—

"demuestra la contundencia de las pruebas y la gravedad de los hechos. Que sea el propio Ministerio Fiscal quien se posicione junto a los denunciantes, es un gesto de enorme significado político y judicial".

 

   Este lunes 29 de diciembre, los colectivos presentarán una nueva denuncia, esta vez de carácter administrativo, contra el Gobierno de Canarias. Lo han hecho ante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, de la que depende la Dirección General de Costas, y han remitido simultáneamente la denuncia a la Agencia de Protección del Medio Natural, al Cabildo de Tenerife, al Parlamento autonómico y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La gravedad de los hechos y la multiplicidad de organismos afectados o competentes pone de relieve, una vez más, la dimensión estructural del conflicto.

 

  En este nuevo escrito, las organizaciones firmantes reclaman con firmeza que se revise de manera inmediata la autorización otorgada al proyecto, que se adopten medidas cautelares capaces de paralizar las intervenciones que están afectando de forma irreversible al litoral y al patrimonio cultural, y que se depuren responsabilidades administrativas por parte de quienes, desde las instituciones públicas, han colaborado o permitido la ejecución de estos daños.

 

  Los convocantes han llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a participar en la rueda de prensa que tendrá lugar este lunes frente a la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, a las 11:00 horas. En ella darán a conocer todos los detalles de esta acción legal y harán balance del año en lo que respecta a la lucha contra el modelo turístico depredador y las agresiones medioambientales en el Archipiélago.

 

    "Por más que las administraciones y los responsables políticos intenten controlar los tiempos judiciales y manipular la narrativa pública  -advierten los colectivos denunciantes -  no podrán engañar ni someter de manera indefinida a un pueblo que ha decidido defender su tierra. “Canarias no se vende, se ama y se defiende”, afirman con rotundidad los colectivos, dejando claro que la resistencia continúa".

 
 
 
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