LA "RECONVERSIÓN INDUSTRIAL": EL AÑO QUE DECIDIERON QUE ESPAÑA DEJARA DE SER UN PAÍS PRODUCTOR

POR "EQUIPO NIXOR" DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE CANARIAS SEMANAL.ORG.

     Durante años, la expresión "reconversión industrial" nos fue presentada como una operación casi quirúrgica, necesaria y racional, destinada a modernizar una economía atrasada. El término sugería cambio, adaptación, mejora. Pero bajo esa palabra amable se ocultó una de las transformaciones sociales más profundas y traumáticas de la historia reciente de España. No se trató simplemente de corregir ineficiencias, sino de desmontar un modelo productivo entero y sustituirlo por otro radicalmente distinto.

    La tesis de este análisis es clara: la reconversión industrial no fue una respuesta inevitable a una crisis técnica, sino una decisión política consciente, orientada a redefinir el papel de España dentro del capitalismo europeo.

    Fue una operación planificada desde el Estado, ejecutada con dinero público y aceptada —con matices— por buena parte de los actores sociales, que tuvo como resultado la destrucción de una base industrial estratégica y la transformación profunda de la clase trabajadora española.

   Para entender lo ocurrido en los años ochenta no basta con mirar a los cierres de fábricas. Hay que retroceder en el tiempo, analizar qué tipo de industria existía, por qué empezó a ser considerada un problema y qué intereses se escondían detrás del discurso de la modernización.

ANTES DE LA RECONVERSIÓN: EL MODELO INDUSTRIAL QUE HABÍA QUE DESMONTAR. 

     La España que entra en la década de 1970 contaba con una estructura industrial construida de forma tardía, desigual y profundamente dependiente del Estado.

    Sectores como la siderurgia, la minería, el naval o la energía habían crecido al calor de empresas públicas y grandes concentraciones de trabajadores. No eran industrias especialmente competitivas en términos internacionales, pero cumplían una función decisiva: organizar la vida económica y social de regiones enteras.

     En ciudades como Ferrol, Sagunto, Avilés o la bahía de Cádiz, la fábrica no era solo un centro de trabajo. Era el eje alrededor del cual giraban los barrios, el comercio, la cultura obrera y la identidad colectiva. El empleo industrial ofrecía algo hoy casi desaparecido: estabilidad, salarios dignos y una cierta previsibilidad vital. Ese mundo estaba lleno de contradicciones, pero también de fuerza social.

LA CRISIS DE LOS AÑOS SETENTA: UN PUNTO DE INFLEXIÓN.

    La crisis económica internacional de los años setenta golpeó con fuerza a este modelo. Subieron los costes energéticos, se redujeron los beneficios y aumentó la competencia internacional. La industria pesada española, poco modernizada y muy dependiente del Estado, empezó a ser vista como un lastre.

    Ahora bien, este punto es crucial: la crisis no imponía una única salida. Podía haberse optado por una modernización productiva, por una reconversión real orientada a transformar y no a destruir. Pero esa alternativa implicaba mantener un fuerte sector público, inversión sostenida y conflictos graves con intereses económicos poderosos. Y ese no fue, obviamente,  el camino que se eligió.

 LA TRANSICIÓN: CUANDO CAMBIA LA POLÍTICA Y EMPIEZA A CAMBIAR LA ECONOMÍA. 

    La llamada Transición no fue solo un proceso político. Fue también un momento clave de reordenación económica. La prioridad de las élites era garantizar la estabilidad del sistema y evitar cualquier ruptura profunda. En ese marco, la industria pesada empezó a percibirse no como una palanca de desarrollo, sino como un foco potencial de conflicto social.

    El movimiento obrero industrial había demostrado una enorme capacidad de movilización en los últimos años del franquismo. Fábricas y astilleros fueron espacios de organización, huelga y politización. Para el nuevo orden que se estaba construyendo, ese poder resultaba incómodo.

 EL ESTADO CAMBIA DE PAPEL.

   En este contexto, el Estado empezó a redefinir su función. De productor y planificador pasó a presentarse como gestor “neutral” de la economía. Pero esa neutralidad era solo aparente. En la práctica, comenzó a preparar el terreno para una integración subordinada en el mercado europeo, donde la industria pesada nacional sobraba.

    Los Pactos de la Moncloa simbolizaron ese giro: contención salarial, disciplina social y aceptación de sacrificios en nombre de un futuro mejor. Se empezó a instalar la idea de que no había alternativa, de que ciertos sectores estaban condenados a desaparecer.

   Cuando en 1982 llega al poder el gobierno de Felipe González, ese trabajo previo ya estaba hecho. La reconversión no fue una sorpresa, sino la culminación de un proceso iniciado años antes.
 

 EL PSOE Y LA RECONVERSIÓN: MODERNIZAR SIGNIFICÓ REDUCIR. LA MODERNIZACIÓN COMO RELATO INCUESTIONABLE

    Con la llegada al gobierno de Felipe González, la reconversión industrial se convierte en política de Estado explícita. El discurso era aparentemente simple y difícil de rebatir: España debía modernizarse, homologarse a Europa, abandonar sectores obsoletos y ganar competitividad. Cualquier tipo de resistencia era presentada como nostalgia del pasado o irresponsabilidad económica.

   La palabra “Europa” funcionó como argumento definitivo. No se debatía qué tipo de integración se quería, sino que se asumía como un destino inevitable. En ese marco, la industria pesada española fue etiquetada como excedente, sobredimensionada y anticuada. El problema no era solo económico, sino político: esas industrias concentraban trabajadores organizados, con memoria de lucha y capacidad de presión.

    La modernización, así entendida, no consistió en transformar la base productiva, sino en reducirla drásticamente. No se apostó por una industria diferente, sino por menos industria.

 EL ESTADO PAGANDO PARA CERRAR

   Uno de los rasgos más llamativos de la reconversión fue el uso masivo de dinero público para desmantelar sectores estratégicos. El Estado asumió deudas, financió cierres, pagó indemnizaciones y prejubilaciones. Es decir, socializó los costes del ajuste, mientras los beneficios futuros de un modelo económico más flexible quedaban en manos privadas.

   El mensaje era claro: no se trataba de salvar empresas ni de proteger empleo, sino de facilitar una transición “ordenada” hacia otro modelo. El cierre se presentaba como inevitable; lo único negociable era la forma. En lugar de invertir para hacer competitivas determinadas industrias, se optó por eliminarlas del mapa económico.

    Este proceso no fue caótico ni improvisado. Estuvo planificado por sectores del Estado, coordinado con las exigencias europeas y acompañado de un relato que apelaba a la responsabilidad colectiva. La pregunta de fondo —quién ganaba y quién perdía con ese cambio— quedó fuera del debate público.

  LOS SINDICATOS ANTE LA RECONVERSIÓN: DEL CONFLICTO A LA NEGOCIACIÓN PERMANENTE.

    La reconversión industrial no puede entenderse sin analizar el papel de los sindicatos mayoritarios, especialmente Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. Durante la Transición, estas organizaciones pasaron de ser estructuras de confrontación en las fábricas a actores centrales del nuevo consenso social.

    Legalizados, reconocidos e integrados en la negociación institucional, los sindicatos asumieron una nueva función: gestionar el conflicto para evitar su desbordamiento. El recuerdo del franquismo y el miedo a una involución autoritaria pesaron mucho en sus decisiones. La estabilidad se convirtió en un valor prioritario.

   En ese contexto, la reconversión se aceptó como marco general. La discusión ya no giraba en torno a si había que cerrar sectores enteros, sino a cómo hacerlo con el menor coste social inmediato posible. La negociación se desplazó del terreno estratégico al terreno defensivo.

NEGOCIAR LA DERROTA.

   El instrumento central de esa negociación fueron las prejubilaciones y las indemnizaciones. Para miles de trabajadores de más edad, estas medidas ofrecieron una salida individual relativamente digna. Pero tuvieron un efecto político decisivo: desactivaron la resistencia colectiva.

    Al convertir el cierre en un problema individual —cuánto cobro, cuándo me voy— se fragmentó la lucha. Los trabajadores jóvenes, los eventuales y quienes aún no habían entrado en la industria quedaron fuera de la ecuación. Se protegió a quienes ya estaban dentro, a costa de liquidar el futuro del sector.

    Este mecanismo permitió al Estado avanzar en el desmantelamiento industrial sin enfrentarse a una oposición sostenida y unificada. Los conflictos existieron, fueron duros y en algunos casos masivos, pero acabaron aislados territorialmente y agotados en el tiempo.

 UNA RUPTURA GENERACIONAL.

   Las consecuencias de este proceso fueron profundas. La clase trabajadora industrial dejó de reproducirse como sujeto colectivo. Las nuevas generaciones ya no encontraron en la fábrica un horizonte de vida. En su lugar apareció el paro, la emigración o el empleo precario en servicios de bajo valor añadido.

   Para los propios sindicatos, el precio fue alto. Al perder su base industrial, perdieron también capacidad de movilización y legitimidad social. La reconversión no solo cerró fábricas; cerró una época del movimiento obrero.

 CONFLICTO OBRERO, DERROTA ESTRUCTURAL Y FIN DE UN CICLO LUCHAR CONTRA LO “INEVITABLE”.

    La reconversión industrial no se aplicó sin resistencia. Durante los años ochenta hubo huelgas duras, encierros, manifestaciones masivas y violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden público. En muchas comarcas industriales, la defensa del empleo fue también la defensa de una forma de vida. No se trataba solo de conservar un salario, sino de evitar que pueblos y ciudades enteras quedaran sin futuro.

     Sin embargo, esas luchas se desarrollaron a la defensiva y bajo un marco político muy restrictivo. El cierre se presentaba como un hecho consumado; la negociación solo podía suavizar el golpe. Cada conflicto se aisló en su territorio y en su sector, impidiendo una respuesta unificada. La derrota no fue tanto policial como política y estratégica.

   El resultado fue la desaparición progresiva del obrero industrial como figura central del conflicto social. Con él se debilitó una cultura de solidaridad, organización y conciencia colectiva que había sido clave durante décadas. El conflicto no desapareció, pero se dispersó y se volvió más frágil.

 EL MODELO QUE NACIÓ DE LA RECONVERSIÓN. DESTRUIR INDUSTRIA PARA CONSTRUIR DEPENDENCIA.

     Tras la reconversión, España no emergió como una economía industrial más moderna y competitiva. Emergió como una economía profundamente desequilibrada, con un peso industrial reducido y una fuerte dependencia de sectores de bajo valor añadido.

    El vacío dejado por la industria pesada no fue ocupado por una industria tecnológica potente, sino por:

-el turismo masivo,

-la construcción especulativa,

-los servicios precarizados,

-y una creciente financiarización de la economía.

   Este modelo podía generar crecimiento en fases expansivas, pero era extremadamente vulnerable a las crisis. La ausencia de una base productiva sólida convirtió a la economía española en un edificio sin cimientos fuertes.

EL NUEVO PAPEL DE ESPAÑA EN EUROPA.

    La integración europea consolidó esta especialización subordinada. España pasó a desempeñar funciones muy concretas:

- destino turístico,

- mercado de consumo,

- espacio para inversiones rápidas y desinversiones aún más rápidas,

- proveedor de mano de obra relativamente barata.

     La reconversión industrial fue una condición necesaria para este encaje. Un país con una industria pesada fuerte, con trabajadores organizados y con capacidad productiva propia habría tenido más margen de negociación. Al desmontar esa base, se redujo la soberanía económica real.

LA "RECONVERSIÓN" NO FRACASÓ: CUMPLIÓ SU OBJETIVO.

    Vista con perspectiva histórica, la reconversión industrial española no puede calificarse como un error ni como una política mal ejecutada. Fue un éxito desde el punto de vista de quienes la diseñaron. Redujo el peso de la industria, debilitó a la clase trabajadora organizada, facilitó la integración europea y abrió la puerta a un modelo económico más flexible para el capital.

 Quienes perdieron:

- los trabajadores industriales,

- los territorios dependientes de la industria,

- la capacidad productiva del país,

- y las generaciones futuras, que fueron irremisiblemente condenadas a la precariedad.

    La reconversión explica buena parte de los problemas estructurales actuales: paro crónico, empleo precario, dependencia del turismo, fragilidad ante las crisis y dificultad para reconstruir un tejido industrial sólido. No fue una catástrofe natural, sino una decisión política con consecuencias duraderas.

     Entender la reconversión no es un ejercicio de nostalgia. Es una condición necesaria para comprender por qué España es hoy como es y por qué ciertos problemas se repiten una y otra vez.

   El pasado no pasó: se quedó incrustado en la estructura económica.

FUENTES CONSULTADAS: 

Informes y análisis históricos sobre la reconversión industrial española (siderurgia, naval y minería) publicados por organizaciones sindicales y estudios críticos de economía política.

Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles, Siglo XXI.

Los conceptos elementales del materialismo histórico, Siglo XXI.

 Escritos sobre materialismo histórico.