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El ingeniero Carlos Soler, a la izquierda, y Pedro Monzón, a la derecha, en una rueda de prensa de Agua para La Palma El ingeniero Carlos Soler, a la izquierda, y Pedro Monzón, a la derecha, en una rueda de prensa de Agua para La Palma
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LA ASOCIACIÓN AGUA PARA LA PALMA DENUNCIA UN PLAN HIDRAÚLICO "IRREALIZABLE"

Señalan graves deficiencias en el proyecto de entubamiento del canal LP‑1

Durante los años ochenta, España vivió una de las mayores transformaciones económicas de su historia reciente: bajo el engañoso nombre de “reconversión industrial” se desmanteló un modelo productivo entero, se debilitó a la clase trabajadora y se sentaron las bases de una economía dependiente, frágil y precaria que tenemos hoy. Un informe elaborado por el "Equipo Nixor" de investigación y análisis de Canarias Semanal.org

Por  A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

  Pese a la escasa atención institucional y mediática que recibe la gestión del agua en La Palma, la asociación Agua para La Palma ha lanzado una nueva advertencia pública sobre lo que considera un grave error técnico, jurídico y económico: el proyecto del Consejo Insular de Aguas para entubar el canal LP‑1 entre Aduares y Fuencaliente. Según este colectivo ciudadano, el plan que pretende ejecutar el Cabildo con un presupuesto de 25,7 millones de euros es "irrealizable" en su planteamiento actual y representa una muestra más de la mala gestión estructural del agua en la isla.

 

EL CANAL LP-1: UNA NECESIDAD MAL PLANTEADA

   El canal LP‑1, que conecta Barlovento con Fuencaliente, constituye una arteria principal del sistema de transporte de agua en la isla de La Palma. Desde hace años, su entubamiento ha sido una reivindicación constante de Agua para La Palma, con el objetivo de frenar las elevadas pérdidas que presenta su trazado actual. Sin embargo, afirman desde este colectivo que el proyecto licitado por el Cabildo está lleno de deficiencias que lo hacen inviable, además de amenazar con generar conflictos legales, sobrecostes y retrasos administrativos.

 

   En las alegaciones presentadas al Consejo Insular de Aguas, la asociación denuncia que el diseño propuesto no solo ignora principios básicos de viabilidad técnica, sino que también incumple requisitos legales clave, como la acreditación de la disponibilidad de los terrenos por los que discurriría la nueva tubería. En su lugar, Agua para La Palma plantea una alternativa más realista: instalar la nueva conducción dentro del canal existente, lo que evitaría la ocupación de suelo privado y reduciría considerablemente el coste y la complejidad de la obra.

 

UN TUBO SOBREDIMENSIONADO Y SIN RESPALDO TÉCNICO

    Uno de los puntos más criticados del proyecto es el sobredimensionamiento de la tubería prevista, de 800 milímetros de diámetro. Según Agua para La Palma, se ha diseñado para transportar un caudal de 3.058 pipas por hora, el doble del volumen máximo que ha alcanzado el canal en su estado actual, estimado en unas 1.500 pipas por hora. Esta desproporción técnica —señalan— no solo carece de justificación, sino que encarece innecesariamente la obra y añade dificultades logísticas innecesarias.

 

  Frente a ello, la asociación propone el uso de tuberías no metálicas de entre 500 y 600 milímetros, hechas de polietileno o materiales similares, insertadas dentro de la actual estructura del canal a modo de encofrado. Esta solución permitiría mantener el caudal actual, evitaría expropiaciones y reduciría riesgos estructurales y medioambientales, además de permitir una futura ampliación sin ocupar más suelo.

   

   Una de las mayores irregularidades detectadas por el colectivo tiene que ver con la ausencia de un informe geotécnico previo, a pesar de que se trata de un requisito obligatorio para obras de esta magnitud. En opinión del ingeniero Carlos Soler, experto en hidráulica que respalda a la asociación, delegar esta evaluación al contratista tras la adjudicación constituye una "temeridad técnica y administrativa", que abre la puerta a modificaciones de contrato que dejarían al Cabildo en una situación legal vulnerable.

 

  A esta carencia se suma el hecho de que el proyecto ha sido redactado por ingenieros agrónomos, cuando la complejidad de la obra —por su longitud, volumen de caudal y tipología— requería la intervención de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, especialistas en este tipo de infraestructuras hidráulicas.

 

MATERIALES INADECUADOS Y SOLUCIONES CONTRADICTORIAS

   Otro punto crítico señalado por Agua para La Palma es la elección de materiales y sistemas de montaje. El uso de tuberías de acero galvanizado, sujetas con anclajes de hormigón cada nueve metros, representa un riesgo por la corrosión que se produce al contacto con el hormigón y el terreno. Este problema se agrava en tramos enterrados bajo carreteras o edificaciones, donde el proyecto opta por cambiar a tubería de PVC orientado, un material que la asociación considera no apto para agua potable y con una vida útil más corta.

 

  Además, la combinación de diferentes materiales en una misma conducción complica el mantenimiento y aumenta el riesgo de fallos estructurales. El proyecto tampoco detalla cómo se resolverá la logística del transporte y montaje de tubos de gran tamaño en una traza que no es recta y que atraviesa zonas de difícil acceso. Según la asociación, el plan contempla la construcción de más de 30 accesos de tierra, lo cual implica una alteración significativa del territorio.

 

UN DOCUMENTO FIRMANDO ANTES DE TIEMPO

   Llama la atención de Agua para La Palma que el proyecto esté fechado en marzo de 2025, pero haya salido a exposición pública en diciembre de 2025. Para el colectivo, esta contradicción temporal sugiere una falta de urgencia real por parte del Cabildo y una inseguridad evidente sobre la viabilidad técnica del documento.

  Todo esto lleva a la asociación a calificar el proyecto como "una nueva chapuza" del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, en línea con otras actuaciones fallidas que también han denunciado públicamente, tanto en vía administrativa como judicial.

 

  La denuncia sobre el canal LP‑1 no es un hecho aislado. Desde Agua para La Palma también se oponen con firmeza a los proyectos de instalación de plantas desaladoras en zonas como el Valle de Aridane. Alegan que estas infraestructuras no solo son caras e insostenibles, sino que amenazan con salinizar irreversiblemente el acuífero costero, afectando gravemente tanto al medio ambiente como a los propietarios de pozos.

 

   En lugar de seguir sobreexplotando los acuíferos y mezclar su agua con la desalada, la asociación plantea reperforar el Túnel de Trasvase, una solución técnica que permitiría obtener agua pública de calidad a cambio de que los pozos privados reduzcan sus extracciones. “Todos ganaríamos”, afirman, ya que se evitaría la pérdida patrimonial de los pozos, se mejoraría la calidad del recurso y se garantizaría su sostenibilidad a largo plazo.

 

 Rechazan, además, la justificación oficial que achaca el deterioro de la calidad del agua a los gases volcánicos de 2021. Citando estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), sostienen que la calidad del acuífero no fue afectada por la erupción, y que los problemas actuales se deben a una gestión política ineficiente, no al cambio climático.

 

  Para aumentar la transparencia, Agua para La Palma ha puesto a disposición de la ciudadanía un conductivímetro multiparamétrico por un donativo simbólico, con el que pretenden realizar mediciones independientes de la calidad del agua. Esta herramienta, explican, servirá para elaborar un mapa real del estado hídrico de la isla y contrarrestar las versiones oficiales.

 

  El colectivo propone, asimismo, recuperar antiguos depósitos, instalar cierres hidráulicos en las galerías para regular la extracción según la demanda y reparar las redes públicas, con pérdidas estimadas en un 50% del agua transportada.

 

   Lejos de resignarse, Agua para La Palma insiste en que aún se está a tiempo de exigir cordura en la gestión del recurso más vital de la isla.

 

  "Nuestra propuesta se basa - afirman - en una combinación de rigor técnico, sostenibilidad ambiental y responsabilidad pública. Frente a las grandes inversiones en desalación, defienden una gestión racional de los recursos ya disponibles, que evite errores históricos y garantice el acceso al agua para generaciones futuras".

 
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