VERTIDOS SIN CONTROL EN CANARIAS: UNA EMERGENCIA SANITARIA EN PLENA ZONA TURÍSTICA
La Unión Europea condena a España por los vertidos en Tenerife
Una sentencia de la justicia europea y una denuncia pública de ATAN han destapado un escándalo ambiental de larga data en Canarias. Las costas de Tenerife, altamente contaminadas por vertidos sin control, ponen en riesgo la salud pública y la principal fuente de ingresos de las islas.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
“Bañarse en Canarias es un riesgo sanitario”. Con esta frase directa, y alarmante, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) —un colectivo ecologista con larga trayectoria en la defensa ambiental de las islas— ha encendido las alarmas sobre un problema que trasciende lo ecológico para tocar de lleno el corazón de la economía canaria: el turismo.
Su denuncia no ha quedado en el ámbito de los movimientos sociales o los medios alternativos, sino que ha sido recogida por medios generalistas y corporativos, dejando al descubierto una realidad cruda: el mar que sostiene el atractivo turístico de las islas está contaminado, y las autoridades lo saben desde hace tiempo.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra España por incumplir la Directiva de aguas residuales urbanas confirma esta advertencia. De los 29 puntos críticos señalados en el fallo, 12 se localizan en Tenerife, donde los vertidos sin tratamiento adecuado, las infraestructuras obsoletas y la falta de control han creado una situación de alto riesgo sanitario tanto para residentes como para los millones de turistas que visitan las islas cada año.
TURISMO Y AGUAS CONTAMINADAS: UN MODELO AL BORDE EL COLAPSO
El fallo europeo no es una anécdota legal ni una simple advertencia técnica. Es una evidencia jurídica que pone en entredicho la sostenibilidad del modelo económico canario. Las playas, motor del turismo y escaparate internacional del archipiélago, son víctimas de años de negligencia institucional.
La Playa Jardín, en Puerto de la Cruz de Tenerife, estuvo cerrada casi un año debido a los altos niveles de E. coli, causados por fisuras en emisarios submarinos y fallos graves en el sistema de saneamiento. Y no se trata de un caso aislado.
Según el Censo de Vertidos Tierra-Mar del Gobierno de Canarias (2025), existen 403 puntos de vertido en el archipiélago, de los cuales 216 —más del 50%— no cuentan con autorización. La mayoría se concentra en Tenerife, la isla más poblada y una de las más visitadas. Este dato refleja una política sistemática de ocultamiento y permisividad ante prácticas.
El comienzo de 2026 no ha hecho más que agravar la situación: las lluvias intensas y los temporales provocaron desbordamientos visibles de aguas fecales en diversas zonas costeras de Tenerife.
El colectivo ATAN, ante la falta de respuestas estructurales, ha exigido transparencia en las analíticas del agua de baño, sistemas de avisos inmediatos en varios idiomas y un cierre preventivo de playas cuando se superen umbrales microbiológicos. Pero el problema va más allá de la gestión coyuntural: es la expresión de un modelo económico que exprime el territorio sin devolverle nada.
UN ARCHIPIÉLAGO QUE VIVE DEL TURISMO... Y A SU MERCED
En Canarias, el turismo no es un sector entre muchos: es la piedra angular del sistema económico regional. Supone aproximadamente el 35% del PIB canario y el 40% del empleo directo, una dependencia que no ha parado de crecer en las últimas décadas. En 2024, las islas recibieron cerca de 18 millones de turistas y generaron más de 24.000 millones de euros en ingresos derivados de la actividad turística.
Este volumen masivo de visitantes se traduce, en apariencia, en crecimiento económico. Pero bajo la superficie hay una estructura débil, basada en el monocultivo del turismo, con una economía poco diversificada, altos índices de precariedad laboral y una presión insostenible sobre los recursos naturales y servicios públicos. La mayor parte de los alimentos (entre el 80% y el 92%) son importados, y el agua es escasa y costosa de obtener. En ese contexto, la masificación turística actúa como acelerador de todas las crisis latentes.
La sentencia del TJUE es el reflejo de esa sobreexplotación. La falta de inversión en sistemas de depuración, la permisividad con los vertidos ilegales y la negligencia en el mantenimiento de colectores y emisarios son síntomas de un sistema donde la prioridad ha sido la promoción turística, no la salud del entorno ni la de sus habitantes.
EL RIESGO DE SEGUIR IGNORANDO LO EVIDENTE
El deterioro de las costas canarias no es solo un escándalo ambiental. Es tamién una amenaza directa a la economía del Archipiélago. Debería resultar obvio que un destino turístico no puede permitirse playas cerradas, aguas contaminadas y advertencias sanitarias internacionales. La inclusión de Canarias en la “No List 2026” elaborada por la prestigiosa guía de viajes Fodor’s —que desaconseja viajar a lugares donde el turismo genera presiones insostenibles— es una señal clara de alerta.
El impacto de estas crisis puede traducirse en una caída progresiva del turismo, pérdida de competitividad frente a otros destinos del Mediterráneo o de Asia, y un desplome del empleo ligado al sector. No olvidemos que, en términos relativos, el peso del turismo en Canarias es muy superior al promedio estatal, lo que implica una fragilidad estructural que ninguna campaña de marketing puede esconder.
Además, la amenaza de nuevas sanciones por parte de la Unión Europea sigue latente. La sentencia del TJUE no impone de momento multas económicas, pero si no se corrigen las deficiencias detectadas —como ya ocurrió en 2019 con el caso del Valle de Güímar—, las penalizaciones podrían traducirse en millones de euros cargados sobre los presupuestos públicos.
¿CAMBIO DE MODELO O DECADENCIA ANUNCIADA?
Frente a este panorama, ATAN ha lanzado una batería de propuestas que van desde la moratoria turística hasta una ley de residencia para frenar la presión demográfica, pasando por auditorías independientes de los vertidos y una reorientación del gasto público: menos promoción turística y más inversión en infraestructuras básicas como depuradoras, colectores, estaciones de reutilización de aguas residuales y sistemas de control público y transparente.
Estas propuestas no deben verse como utopías ni como radicalismos. Son medidas de emergencia en una región donde el crecimiento descontrolado y la lógica de maximización de beneficios han deteriorado el equilibrio entre el ser humano y el entorno. Canarias necesita repensar su modelo económico no solo para preservar su paisaje y biodiversidad, sino para evitar que el mismo turismo que hoy la sostiene termine por hundirla.
La crisis de los vertidos en Canarias no es un problema puntual, ni una mera falla técnica. Es la manifestación visible de un modelo económico agotado, dependiente y frágil, que ha hipotecado el futuro del archipiélago en nombre de un crecimiento a corto plazo cuyos beneficios no redundan en la mayoría de la población. El turismo, lejos de ser una garantía de prosperidad, se ha convertido en una trampa que pone en peligro la salud, el medioambiente y la sostenibilidad económica de las islas. Si no se actúa con decisión y con una mirada a largo plazo, el mar que hoy vende postales será el mismo que cierre las puertas del futuro.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
“Bañarse en Canarias es un riesgo sanitario”. Con esta frase directa, y alarmante, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) —un colectivo ecologista con larga trayectoria en la defensa ambiental de las islas— ha encendido las alarmas sobre un problema que trasciende lo ecológico para tocar de lleno el corazón de la economía canaria: el turismo.
Su denuncia no ha quedado en el ámbito de los movimientos sociales o los medios alternativos, sino que ha sido recogida por medios generalistas y corporativos, dejando al descubierto una realidad cruda: el mar que sostiene el atractivo turístico de las islas está contaminado, y las autoridades lo saben desde hace tiempo.
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra España por incumplir la Directiva de aguas residuales urbanas confirma esta advertencia. De los 29 puntos críticos señalados en el fallo, 12 se localizan en Tenerife, donde los vertidos sin tratamiento adecuado, las infraestructuras obsoletas y la falta de control han creado una situación de alto riesgo sanitario tanto para residentes como para los millones de turistas que visitan las islas cada año.
TURISMO Y AGUAS CONTAMINADAS: UN MODELO AL BORDE EL COLAPSO
El fallo europeo no es una anécdota legal ni una simple advertencia técnica. Es una evidencia jurídica que pone en entredicho la sostenibilidad del modelo económico canario. Las playas, motor del turismo y escaparate internacional del archipiélago, son víctimas de años de negligencia institucional.
La Playa Jardín, en Puerto de la Cruz de Tenerife, estuvo cerrada casi un año debido a los altos niveles de E. coli, causados por fisuras en emisarios submarinos y fallos graves en el sistema de saneamiento. Y no se trata de un caso aislado.
Según el Censo de Vertidos Tierra-Mar del Gobierno de Canarias (2025), existen 403 puntos de vertido en el archipiélago, de los cuales 216 —más del 50%— no cuentan con autorización. La mayoría se concentra en Tenerife, la isla más poblada y una de las más visitadas. Este dato refleja una política sistemática de ocultamiento y permisividad ante prácticas.
El comienzo de 2026 no ha hecho más que agravar la situación: las lluvias intensas y los temporales provocaron desbordamientos visibles de aguas fecales en diversas zonas costeras de Tenerife.
El colectivo ATAN, ante la falta de respuestas estructurales, ha exigido transparencia en las analíticas del agua de baño, sistemas de avisos inmediatos en varios idiomas y un cierre preventivo de playas cuando se superen umbrales microbiológicos. Pero el problema va más allá de la gestión coyuntural: es la expresión de un modelo económico que exprime el territorio sin devolverle nada.
UN ARCHIPIÉLAGO QUE VIVE DEL TURISMO... Y A SU MERCED
En Canarias, el turismo no es un sector entre muchos: es la piedra angular del sistema económico regional. Supone aproximadamente el 35% del PIB canario y el 40% del empleo directo, una dependencia que no ha parado de crecer en las últimas décadas. En 2024, las islas recibieron cerca de 18 millones de turistas y generaron más de 24.000 millones de euros en ingresos derivados de la actividad turística.
Este volumen masivo de visitantes se traduce, en apariencia, en crecimiento económico. Pero bajo la superficie hay una estructura débil, basada en el monocultivo del turismo, con una economía poco diversificada, altos índices de precariedad laboral y una presión insostenible sobre los recursos naturales y servicios públicos. La mayor parte de los alimentos (entre el 80% y el 92%) son importados, y el agua es escasa y costosa de obtener. En ese contexto, la masificación turística actúa como acelerador de todas las crisis latentes.
La sentencia del TJUE es el reflejo de esa sobreexplotación. La falta de inversión en sistemas de depuración, la permisividad con los vertidos ilegales y la negligencia en el mantenimiento de colectores y emisarios son síntomas de un sistema donde la prioridad ha sido la promoción turística, no la salud del entorno ni la de sus habitantes.
EL RIESGO DE SEGUIR IGNORANDO LO EVIDENTE
El deterioro de las costas canarias no es solo un escándalo ambiental. Es tamién una amenaza directa a la economía del Archipiélago. Debería resultar obvio que un destino turístico no puede permitirse playas cerradas, aguas contaminadas y advertencias sanitarias internacionales. La inclusión de Canarias en la “No List 2026” elaborada por la prestigiosa guía de viajes Fodor’s —que desaconseja viajar a lugares donde el turismo genera presiones insostenibles— es una señal clara de alerta.
El impacto de estas crisis puede traducirse en una caída progresiva del turismo, pérdida de competitividad frente a otros destinos del Mediterráneo o de Asia, y un desplome del empleo ligado al sector. No olvidemos que, en términos relativos, el peso del turismo en Canarias es muy superior al promedio estatal, lo que implica una fragilidad estructural que ninguna campaña de marketing puede esconder.
Además, la amenaza de nuevas sanciones por parte de la Unión Europea sigue latente. La sentencia del TJUE no impone de momento multas económicas, pero si no se corrigen las deficiencias detectadas —como ya ocurrió en 2019 con el caso del Valle de Güímar—, las penalizaciones podrían traducirse en millones de euros cargados sobre los presupuestos públicos.
¿CAMBIO DE MODELO O DECADENCIA ANUNCIADA?
Frente a este panorama, ATAN ha lanzado una batería de propuestas que van desde la moratoria turística hasta una ley de residencia para frenar la presión demográfica, pasando por auditorías independientes de los vertidos y una reorientación del gasto público: menos promoción turística y más inversión en infraestructuras básicas como depuradoras, colectores, estaciones de reutilización de aguas residuales y sistemas de control público y transparente.
Estas propuestas no deben verse como utopías ni como radicalismos. Son medidas de emergencia en una región donde el crecimiento descontrolado y la lógica de maximización de beneficios han deteriorado el equilibrio entre el ser humano y el entorno. Canarias necesita repensar su modelo económico no solo para preservar su paisaje y biodiversidad, sino para evitar que el mismo turismo que hoy la sostiene termine por hundirla.
La crisis de los vertidos en Canarias no es un problema puntual, ni una mera falla técnica. Es la manifestación visible de un modelo económico agotado, dependiente y frágil, que ha hipotecado el futuro del archipiélago en nombre de un crecimiento a corto plazo cuyos beneficios no redundan en la mayoría de la población. El turismo, lejos de ser una garantía de prosperidad, se ha convertido en una trampa que pone en peligro la salud, el medioambiente y la sostenibilidad económica de las islas. Si no se actúa con decisión y con una mirada a largo plazo, el mar que hoy vende postales será el mismo que cierre las puertas del futuro.
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