LOS VECINOS DE LA "ZONA ROJA" DE LA PALMA EXIGEN JUSTICIA, INDEMNIZACIONES Y FUTURO
Mientras sus tierras se convierten en atractivo turístico, los damnificados siguen esperando soluciones
Cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite, decenas de familias afectadas alzan la voz frente al silencio de las instituciones. Sin indemnizaciones ni información oficial sobre el futuro de sus tierras, los vecinos de la zona roja reclaman justicia, respeto y un lugar en la reconstrucción de La Palma.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 14 de diciembre, frente al imponente volcán de Tajogaite —el mismo que escupió lava sobre barrios enteros hace cuatro años— unas 150 personas se congregaron, portando pancartas y voz firme, para denunciar lo que consideran un agravio histórico: la falta de información, de compensación y de dignidad en el trato recibido por parte de las administraciones públicas tras la erupción de 2021.
Bajo un cielo gris y la lluvia persistente de la borrasca Emilia, vecinos de los núcleos de El Paraíso, Corazoncillo y Montaña Rajada caminaron por la carretera de Tacande hasta las proximidades del volcán para reclamar respuestas claras y efectivas sobre el destino de sus tierras, propiedades y vidas. Al fondo, el cono volcánico se alza como símbolo de una tragedia todavía sin cerrar. El Faro de La Palma
EL VOLCÁN QUE CAMBIÓ VIDAS
La erupción del volcán Tajogaite —también conocida como la erupción del Cumbre Vieja— comenzó el 19 de septiembre de 2021 y duró 85 días, siendo la más extensa registrada en la isla de La Palma en décadas. Las coladas de lava se extendieron por un amplio territorio, destruyendo miles de edificios y alterando para siempre el paisaje local.
Barrios como El Paraíso, el primero en desaparecer bajo la lava, y Corazoncillo, parcialmente sepultado semanas después, quedaron atomizados por el avance inclemente de la erupción. Las familias que vivían allí huyeron con lo puesto, muchas sin recibir un aviso formal de evacuación por parte de las autoridades competentes, lo que para muchos es un doloroso recuerdo que aún sigue vivo.
DEL "SILENCIO" A LA PROTESTA: EL AGRAVIO DE LA ZONA ROJA
Cuatro años después del fin de la erupción, los vecinos de la denominada "zona roja" —la parte del territorio considerada más afectada y ahora sometida a protección cautelar— aseguran que las respuestas oficiales brillan por su ausencia.
Denuncian que siguen sin saber qué parcelas serán incluidas en el futuro Espacio Natural Protegido decretado por las autoridades, ni qué compensaciones económicas recibirán por la pérdida de uso de sus fincas, tierras y patrimonio familiar. Denuncian que, mientras la zona se utiliza para visitas turísticas guiadas y proyectos científicos, ellos permanecen sumidos en un limbo jurídico y económico.
“Aquí hay turismo, visitas, centros científicos, pero nadie nos mira a los ojos para decirnos qué va a ser de nuestras vidas”, rezaba uno de los carteles exhibidos en la marcha.
COMPESACIONES PARCIALES Y DESIGUALDAD EN LA REPARACIÓN
Durante estos años, el proceso de compensación por la erupción ha sido complejo:
El Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado indemnizaciones a muchos damnificados por daños asegurados, con cifras que superan los 200 millones de euros, cubriendo cerca del 97 % de las solicitudes presentadas.
El Gobierno español aprobó ayudas de más de 213 millones de euros para paliar los efectos de la emergencia inmediatamente después de la erupción.
La Unión Europea destinó anticipos a España a través de su Fondo de Solidaridad, aunque estas ayudas estaban orientadas principalmente a infraestructuras y servicios básicos, no a compensaciones directas por tierras agrícolas o viviendas.
Sin embargo, para quienes vivían en las zonas hoy catalogadas como protección cautelar, las compensaciones que se han discutido hasta ahora no reflejan el valor real de lo perdido: tierras de cultivo que ya no pueden usarse, patrimonio familiar desaparecido bajo la lava, y un vínculo cultural y de identidad con el territorio que no se puede contabilizar en euros.
REIVINDICACIONES CLARAS Y JUSTAS
Durante la protesta del 14 de diciembre, los manifestantes leyeron un manifiesto en el que exigieron:
Información oficial inmediata sobre la delimitación final de la zona protegida y qué derechos tendrán los propietarios afectados, indemnizaciones justas y proporcionalmente compensatorias, no simbólicas, que reconozcan el valor social, sentimental y económico de lo perdido y participación activa de los afectados en decisiones futuras sobre el uso del territorio, rechazando proyectos científicos o turísticos proyectados sin su consentimiento.
“Queremos un trato igualitario, no charlas vacías ni mesas redondas”, enfatizaron, reclamando acciones concretas y participación real en la reconstrucción y ordenación territorial.
Más allá de las pérdidas materiales, los vecinos insisten en que han sufrido un profundo impacto emocional. El trauma de la erupción —el miedo vivido, la evacuación improvisada, la pérdida de hogares y recuerdos— se mantiene como un peso latente en su cotidianidad, sin reconocimiento oficial ni acompañamiento psicológico adecuado.
Parte del malestar surge de la percepción de una gestión deficiente por parte de las instituciones encargadas. Los vecinos movilizados critican que algunos de los mismos responsables que dirigieron la respuesta a la emergencia de 2021 ahora lideran la toma de decisiones sobre el futuro del territorio, lo que para muchos pone en duda la voluntad política de reparar adecuadamente el daño causado.
EL CONTRASTE DOLOROSO: TURISMO Y CIENCIA FRENTE A SILENCIO Y OLVIDO
Mientras los vecinos esperan respuestas, La Palma registra eventos que contrastan con su situación. Recientemente se aprobaba la instalación de un Centro Nacional de Vulcanología en la isla, promovido por el gobierno central como un referente científico internacional tras la erupción de Tajogaite.
Para muchos afectados, esta decisión representa otro ejemplo de la paradoja de su situación: se invierte en proyectos científicos y turísticos sobre el volcán, pero se deja en manos de los propios damnificados la incertidumbre sobre su futuro.
En este durísimo contexto, la manifestación de El Paso no fue una protesta más, sino una llamada de atención sobre la enorme brecha que existe entre las narrativas oficiales de recuperación y la realidad de quienes lo perdieron todo. Cuatro años después de la erupción, el volcán sigue activo en la memoria y las vidas de quienes lo vivieron en carne propia.
“No pedimos caridad ni titulares”, concluyen los vecinos, “solo un trato justo, basado en derechos, información y verdad”.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 14 de diciembre, frente al imponente volcán de Tajogaite —el mismo que escupió lava sobre barrios enteros hace cuatro años— unas 150 personas se congregaron, portando pancartas y voz firme, para denunciar lo que consideran un agravio histórico: la falta de información, de compensación y de dignidad en el trato recibido por parte de las administraciones públicas tras la erupción de 2021.
Bajo un cielo gris y la lluvia persistente de la borrasca Emilia, vecinos de los núcleos de El Paraíso, Corazoncillo y Montaña Rajada caminaron por la carretera de Tacande hasta las proximidades del volcán para reclamar respuestas claras y efectivas sobre el destino de sus tierras, propiedades y vidas. Al fondo, el cono volcánico se alza como símbolo de una tragedia todavía sin cerrar. El Faro de La Palma
EL VOLCÁN QUE CAMBIÓ VIDAS
La erupción del volcán Tajogaite —también conocida como la erupción del Cumbre Vieja— comenzó el 19 de septiembre de 2021 y duró 85 días, siendo la más extensa registrada en la isla de La Palma en décadas. Las coladas de lava se extendieron por un amplio territorio, destruyendo miles de edificios y alterando para siempre el paisaje local.
Barrios como El Paraíso, el primero en desaparecer bajo la lava, y Corazoncillo, parcialmente sepultado semanas después, quedaron atomizados por el avance inclemente de la erupción. Las familias que vivían allí huyeron con lo puesto, muchas sin recibir un aviso formal de evacuación por parte de las autoridades competentes, lo que para muchos es un doloroso recuerdo que aún sigue vivo.
DEL "SILENCIO" A LA PROTESTA: EL AGRAVIO DE LA ZONA ROJA
Cuatro años después del fin de la erupción, los vecinos de la denominada "zona roja" —la parte del territorio considerada más afectada y ahora sometida a protección cautelar— aseguran que las respuestas oficiales brillan por su ausencia.
Denuncian que siguen sin saber qué parcelas serán incluidas en el futuro Espacio Natural Protegido decretado por las autoridades, ni qué compensaciones económicas recibirán por la pérdida de uso de sus fincas, tierras y patrimonio familiar. Denuncian que, mientras la zona se utiliza para visitas turísticas guiadas y proyectos científicos, ellos permanecen sumidos en un limbo jurídico y económico.
“Aquí hay turismo, visitas, centros científicos, pero nadie nos mira a los ojos para decirnos qué va a ser de nuestras vidas”, rezaba uno de los carteles exhibidos en la marcha.
COMPESACIONES PARCIALES Y DESIGUALDAD EN LA REPARACIÓN
Durante estos años, el proceso de compensación por la erupción ha sido complejo:
El Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado indemnizaciones a muchos damnificados por daños asegurados, con cifras que superan los 200 millones de euros, cubriendo cerca del 97 % de las solicitudes presentadas.
El Gobierno español aprobó ayudas de más de 213 millones de euros para paliar los efectos de la emergencia inmediatamente después de la erupción.
La Unión Europea destinó anticipos a España a través de su Fondo de Solidaridad, aunque estas ayudas estaban orientadas principalmente a infraestructuras y servicios básicos, no a compensaciones directas por tierras agrícolas o viviendas.
Sin embargo, para quienes vivían en las zonas hoy catalogadas como protección cautelar, las compensaciones que se han discutido hasta ahora no reflejan el valor real de lo perdido: tierras de cultivo que ya no pueden usarse, patrimonio familiar desaparecido bajo la lava, y un vínculo cultural y de identidad con el territorio que no se puede contabilizar en euros.
REIVINDICACIONES CLARAS Y JUSTAS
Durante la protesta del 14 de diciembre, los manifestantes leyeron un manifiesto en el que exigieron:
Información oficial inmediata sobre la delimitación final de la zona protegida y qué derechos tendrán los propietarios afectados, indemnizaciones justas y proporcionalmente compensatorias, no simbólicas, que reconozcan el valor social, sentimental y económico de lo perdido y participación activa de los afectados en decisiones futuras sobre el uso del territorio, rechazando proyectos científicos o turísticos proyectados sin su consentimiento.
“Queremos un trato igualitario, no charlas vacías ni mesas redondas”, enfatizaron, reclamando acciones concretas y participación real en la reconstrucción y ordenación territorial.
Más allá de las pérdidas materiales, los vecinos insisten en que han sufrido un profundo impacto emocional. El trauma de la erupción —el miedo vivido, la evacuación improvisada, la pérdida de hogares y recuerdos— se mantiene como un peso latente en su cotidianidad, sin reconocimiento oficial ni acompañamiento psicológico adecuado.
Parte del malestar surge de la percepción de una gestión deficiente por parte de las instituciones encargadas. Los vecinos movilizados critican que algunos de los mismos responsables que dirigieron la respuesta a la emergencia de 2021 ahora lideran la toma de decisiones sobre el futuro del territorio, lo que para muchos pone en duda la voluntad política de reparar adecuadamente el daño causado.
EL CONTRASTE DOLOROSO: TURISMO Y CIENCIA FRENTE A SILENCIO Y OLVIDO
Mientras los vecinos esperan respuestas, La Palma registra eventos que contrastan con su situación. Recientemente se aprobaba la instalación de un Centro Nacional de Vulcanología en la isla, promovido por el gobierno central como un referente científico internacional tras la erupción de Tajogaite.
Para muchos afectados, esta decisión representa otro ejemplo de la paradoja de su situación: se invierte en proyectos científicos y turísticos sobre el volcán, pero se deja en manos de los propios damnificados la incertidumbre sobre su futuro.
En este durísimo contexto, la manifestación de El Paso no fue una protesta más, sino una llamada de atención sobre la enorme brecha que existe entre las narrativas oficiales de recuperación y la realidad de quienes lo perdieron todo. Cuatro años después de la erupción, el volcán sigue activo en la memoria y las vidas de quienes lo vivieron en carne propia.
“No pedimos caridad ni titulares”, concluyen los vecinos, “solo un trato justo, basado en derechos, información y verdad”.
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