"EN ESPAÑA SE ESTÁ QUITANDO LOS HIJOS A MADRES POBRES Y MIGRANTES"

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) ha denunciado una situación límite en las políticas de protección de menores en España, con especial gravedad en el caso de Canarias.​

    En esta ocasión, el colectivo pone el foco en dos hechos que consideran de extrema gravedad: la intervención inédita del Senado colombiano en defensa de sus ciudadanos residentes en España y el bloqueo institucional por parte del Gobierno de Canarias a los mecanismos de fiscalización pública.

    Según expone ARCAN, el 30 de diciembre de 2025 marca un punto de inflexión. Por primera vez, un país extranjero –en este caso Colombia– ha tenido que intervenir políticamente para frenar lo que califican como una “retirada abusiva” de menores a familias migrantes, precarias o vulnerables en el Estado español. La denuncia internacional ha sido liderada por una senadora colombiana, quien lanzó una campaña pública para proteger los derechos de las familias de su país ante lo que describió como una práctica sistemática de separación de madres e hijos sin garantías suficientes ni respeto por el derecho a la vida familiar.

ARCAN PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA DENUNCIA INTERNACIONAL 

   La Asamblea Reivindicativa Canaria participó activamente en esta iniciativa, estableciendo reuniones telemáticas con representantes del Senado colombiano. Durante estos encuentros, el colectivo aportó documentación y testimonios que ilustran el patrón de actuación de las instituciones españolas, especialmente en lo que respecta a la desprotección de madres migrantes. Como resultado de esta colaboración y del esfuerzo persistente de una madre colombiana afectada, se logró un hecho insólito: la restitución de un menor que había sido separado de su madre durante años en el País Vasco. La senadora colombiana, en una intervención grabada y difundida públicamente, denunció estas prácticas en territorio español, reforzando así la gravedad de la situación.

CANARIAS: SILENCIO INSTITUCIONAL ANTE LA FISCALIZACIÓN

  Mientras tanto, en Canarias, ARCAN denuncia que la impunidad institucional no sólo se mantiene, sino que se intensifica. Junto al colectivo DENIPER, la Asamblea presentó varios casos ante la Diputada del Común a comienzos de 2025. Uno de los más alarmantes es el de Teresa e Iván, una pareja tinerfeña cuyos cuatro hijos fueron tutelados a pesar de contar con vivienda estable, entorno familiar de apoyo y condiciones afectivas favorables. La Diputada del Común abrió un expediente formal para investigar el caso, solicitando información a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, liderada por Candelaria Delgado.

   Sin embargo, denuncia ARCAN, la Consejería ha ignorado todos los requerimientos de información enviados por la institución de supervisión. Según el último comunicado oficial remitido por la Diputación del Común, se ha reiterado a la Consejería su obligación legal de colaborar, advirtiendo que de persistir en su silencio será declarada “obstruccionista” y se reflejará tal actitud en el informe anual al Parlamento de Canarias. Este hecho, calificado por ARCAN como “extremadamente grave desde el punto de vista democrático”, supondría un bloqueo deliberado de los mecanismos de control institucional que garantizan los derechos fundamentales de niños y familias en el Archipiélago.

DE DENUNCIAS AISLADAS A UN PROBLEMA INSTERNACIONAL 

   La Asamblea Reivindicativa Canaria advierte que estos dos hechos –la intervención internacional de Colombia y la obstrucción autonómica en Canarias– confirman un patrón estructural que llevan años denunciando: la confusión sistemática entre pobreza y desamparo, la retirada de menores sin agotar alternativas familiares, el desprecio por las redes de apoyo extensas y el abandono de menores en centros institucionales. Además, señalan que incluso cuando cambian las circunstancias que motivaron la retirada, las restituciones son bloqueadas y se entorpecen los controles públicos.

     Este fenómeno, que comenzó como denuncias aisladas, ha alcanzado una dimensión política, jurídica e internacional que ARCAN y otros colectivos seguirán visibilizando a lo largo de 2026. En su comunicado, exigen la restitución inmediata de todos los menores separados injustamente, entre ellos los hijos de Teresa Cerpa; la colaboración plena de la Consejería con la Diputación del Común; una auditoría independiente de las políticas de protección de menores en Canarias; y garantías reales para que ninguna familia sea despojada de sus hijos por motivos económicos, migratorios o situaciones de crisis temporal.

    ARCAN concluye su mensaje con un duro alegato contra la hipocresía social que permite estas situaciones, especialmente en fechas navideñas, mientras miles de menores permanecen alejados de sus familias en centros institucionales o entregados a terceros con mayor poder adquisitivo. Frente a ello, el colectivo reafirma su voluntad de continuar la lucha: “Seguimos, no nos resignamos”.