"SI EL ESTADO ES ACONFESIONAL, NO DEBE CEDER SUS ESPACIOS A RITUALES RELIGIOSOS"
El Partido Feminista exige la derogación de los acuerdos religiosos:
La presencia de actos religiosos en calles y plazas cuestiona la aconfesionalidad del Estado. En un comunicado remitido a Canarias-semanal, el Partido Feminista de España sostiene que mientras las instituciones cedan el espacio público a rituales confesionales y mantengan acuerdos con las religiones, la neutralidad constitucional seguirá siendo meramente formal (...).
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Partido Feminista de España ha expresado su rechazo frontal a la presencia institucional de la religión en los espacios públicos y ha exigido la derogación de todos los acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas.
El Partido Feminista sostiene que
"la aconfesionalidad proclamada en la Constitución de 1978 sigue siendo, más de cuatro décadas después, una declaración incompleta mientras se mantengan privilegios religiosos que afectan al uso del espacio común, a la educación, a la fiscalidad y a los derechos de las mujeres".
LOS ACUERDOS DE 1979 Y LA CONTRADICCIÓN CONSTITUCIONAL
El comunicado recuerda que los acuerdos firmados, en 1979, entre el Estado español y la Santa Sede nacieron con el objetivo declarado de sustituir el Concordato de 1953, firmado durante el franquismo, y de adaptar las relaciones Iglesia-Estado al nuevo marco constitucional.
Sin embargo, el Partido Feminista de España subraya que estas negociaciones
"se llevaron a cabo de manera opaca y culminaron apenas cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución, lo que evidenció una contradicción profunda entre el principio de aconfesionalidad y la concesión inmediata de privilegios institucionales a la Iglesia Católica".
"A partir de estos acuerdos - denuncia el PFE- se ha normalizado que actos religiosos organizados por instituciones confesionales ocupen calles, plazas y recursos públicos como si se tratara de actividades de interés general. Esta práctica vulnera el principio de neutralidad del Estado, ya que convierte el espacio público en un escenario para la exhibición y promoción de credos particulares. Para el Partido Feminista de España, no puede hablarse de aconfesionalidad real mientras el Estado ceda sus espacios a rituales religiosos".
LO PÚBLICO COMO PATRIMONIO COMÚN DE LA CIUDADANÍA
El comunicado insiste en que lo público pertenece a toda la ciudadanía y no debe ser utilizado para reforzar dogmas que históricamente han excluido, sometido y negado derechos, especialmente a las mujeres. Desde esta perspectiva, el Partido Feminista de España rechaza la ocupación del espacio público por procesiones y celebraciones confesionales, al considerar que su institucionalización refuerza relaciones de poder desiguales y consolida una visión patriarcal de la sociedad.
El texto adopta una mirada materialista para analizar el papel de la religión como instrumento de dominación social. Según expone el colectivo, la exhibición religiosa en calles y edificios públicos no es un fenómeno cultural neutro, sino un mecanismo que refuerza jerarquías de clase y de género. Bajo esta lógica, la apelación a la “diversidad religiosa y cultural” funciona como una herramienta ideológica que fragmenta a la clase trabajadora y desvía la atención de las causas estructurales de la explotación.
El Partido Feminista de España pone el foco en la situación de las mujeres dentro de las religiones monoteístas, a las que define como "pilares ideológicos del patriarcado".
"Estas religiones -sostienen- no solo legitiman la dominación masculina, sino que imponen a las mujeres el trabajo reproductivo y de cuidados, un trabajo invisible y no remunerado que sostiene a las familias, a la clase dominante y al propio sistema capitalista".
MUJERES SANTIFICADAS, MUJERES ESTIGMATIZADAS
El PFE denuncia, asimismo,
"la división simbólica que las religiones patriarcales imponen sobre las mujeres, separándolas entre una figura idealizada, pura y sumisa, destinada a la reproducción, y otra estigmatizada, convertida en objeto de consumo sexual".
"Ambas figura -sostiene el Partido Feminista de España- cumplen funciones complementarias dentro de un mismo sistema de dominación que legitima la explotación sexual y mantiene intacto el control masculino sobre la vida y la libertad de las mujeres".
En el plano institucional, el PFE no limita su crítica a la Iglesia Católica. Reclaman, igualmente, la derogación de todos los acuerdos de cooperación firmados entre el Estado español y las distintas confesiones religiosas, así como el cuestionamiento del modelo de reconocimiento de “notorio arraigo”, que ha permitido incorporar nuevas religiones sin un debate público amplio ni un marco verdaderamente democrático. Este sistema, afirman, no garantiza la igualdad, sino que establece una jerarquía de privilegios basada en intereses políticos y diplomáticos.
HACIA UN ESTADO VERDADERAMENTE ACONFESIONAL
"Mientras el Estado financie, reconozca o colabore con confesiones religiosas, advierte el Partido Feminista de España, no podrá considerarse verdaderamente aconfesional".
La presencia de la religión en la educación pública, las exenciones fiscales y la cesión de espacios comunes "son incompatibles - a juicio del PFE- con un Estado neutral que garantice la igualdad real entre creyentes, no creyentes y personas con distintas convicciones".
El PFE insiste en reclamar un espacio público estrictamente neutral, libre de símbolos religiosos y de cualquier forma de opresión, donde ninguna creencia imponga su norma ni ocupe lo que pertenece a toda la ciudadanía.
"La derogación inmediata de los acuerdos religiosos es un paso imprescindible - concluyen- para avanzar hacia un Estado laico, democrático y comprometido con la libertad de conciencia y con los derechos de las mujeres".
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Partido Feminista de España ha expresado su rechazo frontal a la presencia institucional de la religión en los espacios públicos y ha exigido la derogación de todos los acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas.
El Partido Feminista sostiene que
"la aconfesionalidad proclamada en la Constitución de 1978 sigue siendo, más de cuatro décadas después, una declaración incompleta mientras se mantengan privilegios religiosos que afectan al uso del espacio común, a la educación, a la fiscalidad y a los derechos de las mujeres".
LOS ACUERDOS DE 1979 Y LA CONTRADICCIÓN CONSTITUCIONAL
El comunicado recuerda que los acuerdos firmados, en 1979, entre el Estado español y la Santa Sede nacieron con el objetivo declarado de sustituir el Concordato de 1953, firmado durante el franquismo, y de adaptar las relaciones Iglesia-Estado al nuevo marco constitucional.
Sin embargo, el Partido Feminista de España subraya que estas negociaciones
"se llevaron a cabo de manera opaca y culminaron apenas cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución, lo que evidenció una contradicción profunda entre el principio de aconfesionalidad y la concesión inmediata de privilegios institucionales a la Iglesia Católica".
"A partir de estos acuerdos - denuncia el PFE- se ha normalizado que actos religiosos organizados por instituciones confesionales ocupen calles, plazas y recursos públicos como si se tratara de actividades de interés general. Esta práctica vulnera el principio de neutralidad del Estado, ya que convierte el espacio público en un escenario para la exhibición y promoción de credos particulares. Para el Partido Feminista de España, no puede hablarse de aconfesionalidad real mientras el Estado ceda sus espacios a rituales religiosos".
LO PÚBLICO COMO PATRIMONIO COMÚN DE LA CIUDADANÍA
El comunicado insiste en que lo público pertenece a toda la ciudadanía y no debe ser utilizado para reforzar dogmas que históricamente han excluido, sometido y negado derechos, especialmente a las mujeres. Desde esta perspectiva, el Partido Feminista de España rechaza la ocupación del espacio público por procesiones y celebraciones confesionales, al considerar que su institucionalización refuerza relaciones de poder desiguales y consolida una visión patriarcal de la sociedad.
El texto adopta una mirada materialista para analizar el papel de la religión como instrumento de dominación social. Según expone el colectivo, la exhibición religiosa en calles y edificios públicos no es un fenómeno cultural neutro, sino un mecanismo que refuerza jerarquías de clase y de género. Bajo esta lógica, la apelación a la “diversidad religiosa y cultural” funciona como una herramienta ideológica que fragmenta a la clase trabajadora y desvía la atención de las causas estructurales de la explotación.
El Partido Feminista de España pone el foco en la situación de las mujeres dentro de las religiones monoteístas, a las que define como "pilares ideológicos del patriarcado".
"Estas religiones -sostienen- no solo legitiman la dominación masculina, sino que imponen a las mujeres el trabajo reproductivo y de cuidados, un trabajo invisible y no remunerado que sostiene a las familias, a la clase dominante y al propio sistema capitalista".
MUJERES SANTIFICADAS, MUJERES ESTIGMATIZADAS
El PFE denuncia, asimismo,
"la división simbólica que las religiones patriarcales imponen sobre las mujeres, separándolas entre una figura idealizada, pura y sumisa, destinada a la reproducción, y otra estigmatizada, convertida en objeto de consumo sexual".
"Ambas figura -sostiene el Partido Feminista de España- cumplen funciones complementarias dentro de un mismo sistema de dominación que legitima la explotación sexual y mantiene intacto el control masculino sobre la vida y la libertad de las mujeres".
En el plano institucional, el PFE no limita su crítica a la Iglesia Católica. Reclaman, igualmente, la derogación de todos los acuerdos de cooperación firmados entre el Estado español y las distintas confesiones religiosas, así como el cuestionamiento del modelo de reconocimiento de “notorio arraigo”, que ha permitido incorporar nuevas religiones sin un debate público amplio ni un marco verdaderamente democrático. Este sistema, afirman, no garantiza la igualdad, sino que establece una jerarquía de privilegios basada en intereses políticos y diplomáticos.
HACIA UN ESTADO VERDADERAMENTE ACONFESIONAL
"Mientras el Estado financie, reconozca o colabore con confesiones religiosas, advierte el Partido Feminista de España, no podrá considerarse verdaderamente aconfesional".
La presencia de la religión en la educación pública, las exenciones fiscales y la cesión de espacios comunes "son incompatibles - a juicio del PFE- con un Estado neutral que garantice la igualdad real entre creyentes, no creyentes y personas con distintas convicciones".
El PFE insiste en reclamar un espacio público estrictamente neutral, libre de símbolos religiosos y de cualquier forma de opresión, donde ninguna creencia imponga su norma ni ocupe lo que pertenece a toda la ciudadanía.
"La derogación inmediata de los acuerdos religiosos es un paso imprescindible - concluyen- para avanzar hacia un Estado laico, democrático y comprometido con la libertad de conciencia y con los derechos de las mujeres".
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