LOS CORREOS QUE COMPLICAN EL "CASO VALKA" Y SEÑALAN A OTRO RESPONSABLE DEL AYTO. DE LAS PALMAS
Las conexiones entre cargos municipales y un empresario adjudicatario bajo investigación judicial
El caso Valka no es solo un episodio de corrupción local. Es la fotografía de un sistema donde el poder municipal, los favores personales y la falta de controles permiten que lo público sea gestionado como un patrimonio privado. La investigación avanza, pero el daño institucional ya está hecho.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En los últimos meses, el llamado caso Valka ha irrumpido con fuerza en la vida política y judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que en un principio comenzó como una investigación sobre posibles irregularidades en la contratación del servicio de agua para riego de parques y jardines ha evolucionado hasta convertirse en una causa penal compleja que involucra a funcionarios, cargos políticos del Ayuntamiento y a un empresario local. Los hechos, las relaciones y las posibles responsabilidades están siendo objeto de escrutinio por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
El caso Valka tiene sus raíces en una serie de contratos adjudicados por el área municipal de Parques y Jardines a la empresa Guerra Patrimonial FGG SL entre 2015 y 2022. Esos contratos, relacionados con el suministro y riego de agua en espacios públicos de la ciudad (como Tamaraceite, San Lorenzo o Tenoya), habrían generado facturas millonarias sin que existiera una verificación técnica adecuada de los consumos reales.
Desde el inicio de las diligencias, la Fiscalía y el juez instructor han apuntado a la posibilidad de que se emitieran facturas infladas, con consumos superiores a los reales, lo que podría haber producido un perjuicio a las arcas municipales que rondaría el millón de euros, según estimaciones basadas en las primeras indagaciones.
Además, se ha señalado que durante los años investigados nadie se preocupó por verificar, de manera efectiva y técnica, las lecturas de los contadores, un aspecto fundamental en la contratación de un servicio de estas características.
EL FOCO DE LA INVESTIGACIÓN SE AMPLÍA: CORREOS Y NUEVAS PIEZAS
En la investigación más reciente, de enero de 2026, la causa ha ampliado el foco hacia un funcionario municipal que hasta ahora no había aparecido tan directamente: Carlos Castro, responsable de la red de riego y del servicio de cubas en Parques y Jardines. Según la prensa local, correos electrónicos aportados por el empresario imputado, Felipe Guerra, muestran que cada mes enviaba a Castro los registros de los contadores relacionados con los puntos de suministro investigados, lo que ha llevado al juez a citar a Castro como investigado para aclarar si estos consumos se verificaban realmente antes de autorizar los pagos.
Estos correos, además, contienen referencias a posibles fugas en la red de agua, lo que la defensa pretende usar para justificar la discrepancia entre los consumos reales y los facturados. El magistrado, sin embargo, ha manifestado que estos registros - aunque aportados ahora por la defensa - no figuran en los expedientes municipales originales, lo que plantea dudas sobre el control y documentación interna de esos contratos.
UN DUDOSO ESQUEMA DE FACTURACIÓN
Otra cuestión que ha llamado la atención de los investigadores es la incapacidad del Ayuntamiento para proporcionar registros oficiales de consumo de agua certificados entre 2016 y 2025, pese a las solicitudes del juez. En diciembre de 2025, el Ayuntamiento no había cumplido con el plazo para entregar esos datos técnicos al juzgado, lo que ha generado críticas sobre la transparencia de la administración y la responsabilidad en materia de control interno. Estos registros son esenciales para evaluar si las facturas responden realmente a volúmenes de agua suministrados o si fueron infladas artificialmente.
Esta falta de documentos oficiales ha llevado a que otras entidades, como la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) o el Consejo Insular de Aguas, hayan clarificado que no son responsables técnicos de esos puntos de suministro, reforzando la responsabilidad municipal en la falta de certificaciones.
LOS PRINCIPALES IMPLICADOS Y LAS RELACIONES INVESTIGADAS
Aunque el caso Valka comprende varias piezas separadas, una de las más complejas se centra en el área de Parques y Jardines. En esta parte de la investigación, se han visto implicados varios nombres con roles distintos:
Inmaculada Medina
El caso Valka golpeó de lleno a una de las figuras políticas más visibles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la última década: Inmaculada Medina, entonces concejala de Servicios Públicos y dirigente del PSOE. En noviembre de 2025, fue formalmente imputada por presuntos delitos de malversación agravada de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude a la administración. La gravedad de las acusaciones la llevó a dimitir de inmediato de su cargo, en una decisión que marcó un antes y un después en el escándalo.
Según la investigación, Medina firmó numerosos decretos de pago a favor de la empresa Guerra Patrimonial sin exigir la comprobación técnica de los servicios facturados. Es decir, con su firma se validaban facturas por consumos de agua supuestamente no verificados, lo que —según la Fiscalía— consolidó un circuito de gasto público sin control real.
Pero su implicación va más allá de la responsabilidad institucional. La Guardia Civil ha documentado una relación de confianza personal y reiterada con el empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Ángel Padrón, con quienes compartía celebraciones privadas, cenas, viajes y actividades sociales, tal como evidencian fotografías, vídeos y chats de WhatsApp incautados durante la investigación.
Estas relaciones personales entre autoridades y adjudicatarios vulnerarían de forma directa la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, que obliga a cualquier funcionario o cargo electo a abstenerse de intervenir en procedimientos administrativos que afecten a personas con las que mantenga una “amistad íntima”. Según la Fiscalía, no solo no hubo abstención, sino que Medina participó activamente en todos los procedimientos de contratación de los implicados.
Miguel Ángel Padrón
Exjefe del servicio de Parques y Jardines y mano derecha de Medina, Padrón fue suspendido de empleo y sueldo tras la imputación por su participación en la gestión técnica de los contratos. Además de firmar certificaciones que permitieron abonar pagos por servicios no verificables, Padrón recibió un préstamo de más de 400.000 euros del empresario implicado, Felipe Guerra, para la construcción de viviendas vacacionales, lo que para los investigadores podría constituir un indicio de cohecho o favor encubierto.
La Guardia Civil ha obtenido documentación financiera que implica transferencias entre Padrón y Guerra, lo que ha llevado al juez a solicitar movimientos bancarios de ambas partes para reconstruir el flujo de capital y esclarecer si hubo retornos económicos por adjudicaciones de contratos públicos.
Felipe Guerra
Empresario y administrador de Guerra Patrimonial FGG SL, Guerra es uno de los epicentros de la investigación. Ha sido imputado por posibles delitos de fraude, malversación y falsedad documental, en relación con la adjudicación de múltiples contratos para servicios de agua en Parques y Jardines durante años.
La defensa del empresario ha sostenido que las discrepancias en el consumo se debieron a pérdidas de agua por roturas o fugas notificadas al Ayuntamiento, y que los pagos se correspondían con presupuestos autorizados; sin embargo, estas explicaciones deberán ser evaluadas y contrastadas por los tribunales.
Carlos Castro
El funcionario municipal recientemente citado como investigado es el responsable de la red de riego y del servicio de cubas. Su presunta implicación surge por el hecho de que era el receptor de los registros de lectura de contadores que Guerra enviaba regularmente, lo que obligará al juzgado a esclarecer si estos consumos eran verificados o simplemente aceptados sin control técnico municipal.
Sea como fuere, más allá de los nombres y los cargos, el caso Valka pone de manifiesto problemas estructurales en la gestión del dinero público. Desde la forma de adjudicar contratos menores sin concurso público, hasta la falta de controles técnicos para servicios básicos como el suministro de agua. Su instrucción judicial todavía está en fases preliminares, pero ya ha generado consecuencias en la administración local y ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar los sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En los últimos meses, el llamado caso Valka ha irrumpido con fuerza en la vida política y judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que en un principio comenzó como una investigación sobre posibles irregularidades en la contratación del servicio de agua para riego de parques y jardines ha evolucionado hasta convertirse en una causa penal compleja que involucra a funcionarios, cargos políticos del Ayuntamiento y a un empresario local. Los hechos, las relaciones y las posibles responsabilidades están siendo objeto de escrutinio por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria.
EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
El caso Valka tiene sus raíces en una serie de contratos adjudicados por el área municipal de Parques y Jardines a la empresa Guerra Patrimonial FGG SL entre 2015 y 2022. Esos contratos, relacionados con el suministro y riego de agua en espacios públicos de la ciudad (como Tamaraceite, San Lorenzo o Tenoya), habrían generado facturas millonarias sin que existiera una verificación técnica adecuada de los consumos reales.
Desde el inicio de las diligencias, la Fiscalía y el juez instructor han apuntado a la posibilidad de que se emitieran facturas infladas, con consumos superiores a los reales, lo que podría haber producido un perjuicio a las arcas municipales que rondaría el millón de euros, según estimaciones basadas en las primeras indagaciones.
Además, se ha señalado que durante los años investigados nadie se preocupó por verificar, de manera efectiva y técnica, las lecturas de los contadores, un aspecto fundamental en la contratación de un servicio de estas características.
EL FOCO DE LA INVESTIGACIÓN SE AMPLÍA: CORREOS Y NUEVAS PIEZAS
En la investigación más reciente, de enero de 2026, la causa ha ampliado el foco hacia un funcionario municipal que hasta ahora no había aparecido tan directamente: Carlos Castro, responsable de la red de riego y del servicio de cubas en Parques y Jardines. Según la prensa local, correos electrónicos aportados por el empresario imputado, Felipe Guerra, muestran que cada mes enviaba a Castro los registros de los contadores relacionados con los puntos de suministro investigados, lo que ha llevado al juez a citar a Castro como investigado para aclarar si estos consumos se verificaban realmente antes de autorizar los pagos.
Estos correos, además, contienen referencias a posibles fugas en la red de agua, lo que la defensa pretende usar para justificar la discrepancia entre los consumos reales y los facturados. El magistrado, sin embargo, ha manifestado que estos registros - aunque aportados ahora por la defensa - no figuran en los expedientes municipales originales, lo que plantea dudas sobre el control y documentación interna de esos contratos.
UN DUDOSO ESQUEMA DE FACTURACIÓN
Otra cuestión que ha llamado la atención de los investigadores es la incapacidad del Ayuntamiento para proporcionar registros oficiales de consumo de agua certificados entre 2016 y 2025, pese a las solicitudes del juez. En diciembre de 2025, el Ayuntamiento no había cumplido con el plazo para entregar esos datos técnicos al juzgado, lo que ha generado críticas sobre la transparencia de la administración y la responsabilidad en materia de control interno. Estos registros son esenciales para evaluar si las facturas responden realmente a volúmenes de agua suministrados o si fueron infladas artificialmente.
Esta falta de documentos oficiales ha llevado a que otras entidades, como la Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas (Emalsa) o el Consejo Insular de Aguas, hayan clarificado que no son responsables técnicos de esos puntos de suministro, reforzando la responsabilidad municipal en la falta de certificaciones.
LOS PRINCIPALES IMPLICADOS Y LAS RELACIONES INVESTIGADAS
Aunque el caso Valka comprende varias piezas separadas, una de las más complejas se centra en el área de Parques y Jardines. En esta parte de la investigación, se han visto implicados varios nombres con roles distintos:
Inmaculada Medina
El caso Valka golpeó de lleno a una de las figuras políticas más visibles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la última década: Inmaculada Medina, entonces concejala de Servicios Públicos y dirigente del PSOE. En noviembre de 2025, fue formalmente imputada por presuntos delitos de malversación agravada de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude a la administración. La gravedad de las acusaciones la llevó a dimitir de inmediato de su cargo, en una decisión que marcó un antes y un después en el escándalo.
Según la investigación, Medina firmó numerosos decretos de pago a favor de la empresa Guerra Patrimonial sin exigir la comprobación técnica de los servicios facturados. Es decir, con su firma se validaban facturas por consumos de agua supuestamente no verificados, lo que —según la Fiscalía— consolidó un circuito de gasto público sin control real.
Pero su implicación va más allá de la responsabilidad institucional. La Guardia Civil ha documentado una relación de confianza personal y reiterada con el empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Ángel Padrón, con quienes compartía celebraciones privadas, cenas, viajes y actividades sociales, tal como evidencian fotografías, vídeos y chats de WhatsApp incautados durante la investigación.
Estas relaciones personales entre autoridades y adjudicatarios vulnerarían de forma directa la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, que obliga a cualquier funcionario o cargo electo a abstenerse de intervenir en procedimientos administrativos que afecten a personas con las que mantenga una “amistad íntima”. Según la Fiscalía, no solo no hubo abstención, sino que Medina participó activamente en todos los procedimientos de contratación de los implicados.
Miguel Ángel Padrón
Exjefe del servicio de Parques y Jardines y mano derecha de Medina, Padrón fue suspendido de empleo y sueldo tras la imputación por su participación en la gestión técnica de los contratos. Además de firmar certificaciones que permitieron abonar pagos por servicios no verificables, Padrón recibió un préstamo de más de 400.000 euros del empresario implicado, Felipe Guerra, para la construcción de viviendas vacacionales, lo que para los investigadores podría constituir un indicio de cohecho o favor encubierto.
La Guardia Civil ha obtenido documentación financiera que implica transferencias entre Padrón y Guerra, lo que ha llevado al juez a solicitar movimientos bancarios de ambas partes para reconstruir el flujo de capital y esclarecer si hubo retornos económicos por adjudicaciones de contratos públicos.
Felipe Guerra
Empresario y administrador de Guerra Patrimonial FGG SL, Guerra es uno de los epicentros de la investigación. Ha sido imputado por posibles delitos de fraude, malversación y falsedad documental, en relación con la adjudicación de múltiples contratos para servicios de agua en Parques y Jardines durante años.
La defensa del empresario ha sostenido que las discrepancias en el consumo se debieron a pérdidas de agua por roturas o fugas notificadas al Ayuntamiento, y que los pagos se correspondían con presupuestos autorizados; sin embargo, estas explicaciones deberán ser evaluadas y contrastadas por los tribunales.
Carlos Castro
El funcionario municipal recientemente citado como investigado es el responsable de la red de riego y del servicio de cubas. Su presunta implicación surge por el hecho de que era el receptor de los registros de lectura de contadores que Guerra enviaba regularmente, lo que obligará al juzgado a esclarecer si estos consumos eran verificados o simplemente aceptados sin control técnico municipal.
Sea como fuere, más allá de los nombres y los cargos, el caso Valka pone de manifiesto problemas estructurales en la gestión del dinero público. Desde la forma de adjudicar contratos menores sin concurso público, hasta la falta de controles técnicos para servicios básicos como el suministro de agua. Su instrucción judicial todavía está en fases preliminares, pero ya ha generado consecuencias en la administración local y ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar los sistemas de control, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
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