LA PALMA 4 AÑOS DESPUÉS DEL VOLCÁN: LA LAVA SE ENFRIÓ, LA INJUSTICIA SIGUE ARDIENDO
Mientras se planifican centros turísticos, los legítimos propietarios siguen esperando justicia
La catástrofe natural que sepultó El Paraíso y Corazoncillo no ha terminado para sus vecinos. Años después, siguen sin saber si podrán volver, reconstruir o siquiera ser escuchados. Sus derechos se pierden entre decretos cruzados, falta de información y un olvido que pesa más que la lava.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Casi cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, uno de los capítulos sociales más dolorosos de ese desastre sigue sin resolverse. La indefinición jurídica, económica y humana que sufren los vecinos de El Paraíso y Corazoncillo, los barrios más cercanos al foco eruptivo que quedaron sepultados por la lava y que continúan sin respuestas claras sobre el futuro de sus fincas, sus derechos y su dignidad.
La asociación palmera Tierra Bonita, que representa a un segmento de damnificados por la erupción, ha denunciado recientemente un “boicot” a la Ley de Volcanes y a la participación ciudadana en la gestión de la reconstrucción, y ha expresado su total apoyo a la movilización vecinal del próximo 14 de diciembre para protestar ante la falta de información, transparencia y decisiones claras por parte de las administraciones públicas.
UNA LEY SIN VOZ PARA LOS MÁS AFECTADOS
La Ley 2/2024, de Medidas en Materia Territorial y Urbanística para la Recuperación de La Palma, que incluye el conocido como Título II dedicado a la participación ciudadana, fue concebida con la promesa de ofrecer una vía de participación real para quienes lo perdieron todo en la erupción.
Sin embargo, según Tierra Bonita, tanto el Cabildo Insular de La Palma como la Viceconsejería de Recuperación Social y Económica del Gobierno de Canarias han ignorado desde 2024 las solicitudes para celebrar una reunión interadministrativa clave que permita aclarar aspectos esenciales de la reconstrucción. elapuron.com
Para estos colectivos, ese silencio no es casual: se trata de un ejemplo de “boicot normativo” que impide que los vecinos puedan ejercer derechos que la propia normativa les reconoce, como la posibilidad de restablecer o reubicar edificaciones y actividades agrarias en terrenos afectados por coladas volcánicas de menor espesor. A día de hoy, no existen protocolos claros ni mecanismos que permitan a los propietarios saber cómo hacerlo.
Además, señalan que la coexistencia de normas en conflicto —la Ley autonómica de mayor rango y el Decreto 2024/12897 del Cabildo, que establece una zona de exclusión indefinida— ha creado “un caos legal paralizante” que imposibilita cualquier planificación de futuro para estos ciudadanos. elapuron.com
LA "ZONA ROJA": ¿PROTECCCIÓN O PARÁLISIS?
La “zona roja” en La Palma —el área directamente afectada por las coladas de lava— fue definida legalmente en diciembre de 2023 mediante un decreto ley del Gobierno de Canarias como una área con régimen de protección cautelar, concebida inicialmente para salvaguardar valores geomorfológicos y naturales tras la erupción del volcán Tajogaite. BOE+1
No obstante, quienes vivían en barrios como El Paraíso y Corazoncillo se encuentran desde entonces sin saber si recuperarán sus terrenos, si serán expropiados, si podrán construir, ni qué compensaciones recibirán por el uso de sus tierras.
Esa “protección” cautelar que, según las autoridades, debería valorar los posibles valores naturales de la zona se ha traducido, a juicio de los vecinos, en una parálisis absoluta de derechos. Mientras tanto, espacios de la zona son ya objeto de visitas guiadas y proyectos turísticos o científicos, sin que los legítimos dueños de esos terrenos hayan sido consultados ni informados sobre los usos futuros o el valor que estos pueden tener.
DEL DESASTRE INICIAL A LA INCERTIDUMBRE PROLONGADA
La erupción de Tajogaite, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó hasta el 13 de diciembre de ese año, fue la más larga y destructiva en la historia reciente de La Palma. Sus coladas destruyeron miles de viviendas, obligaron a evacuar a miles de personas y arrasaron infraestructuras, tierras de cultivo y barrios enteros como El Paraíso.
Pero si el desastre físico fue devastador, lo que sus víctimas describen como el desastre administrativo y jurídico que siguió ha sido igualmente doloroso. No haber recibido aviso formal ni evacuación organizada —una queja compartida por los vecinos— es recordado como una falta que puso sus vidas en riesgo y los obligó a huir con lo puesto, sin poder salvar objetos personales o animales, y luego enfrentarse a una reconstrucción incierta.
Tierra Bonita exhorta a las administraciones a activar el diálogo y la participación real, empezando por la celebración de la reunión interadministrativa solicitada en julio de 2024 y la convocatoria urgente del Consejo para la Recuperación Social y Económica de La Palma, previsto en la Ley de medidas. elapuron.com
Sin respuestas concretas, sin normas claras aplicables, y con el fantasma de decisiones contradictorias entre diferentes niveles administrativos, las tensiones y la incertidumbre continuarán.
La movilización prevista para el 14 de diciembre supone, en palabras de los afectados, una exigencia de dignidad, de justicia y de memoria para quienes siguen esperando que la reconstrucción no sea solo una palabra vacía, sino una realidad con rostro humano.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Casi cuatro años después de la erupción del volcán Tajogaite en La Palma, uno de los capítulos sociales más dolorosos de ese desastre sigue sin resolverse. La indefinición jurídica, económica y humana que sufren los vecinos de El Paraíso y Corazoncillo, los barrios más cercanos al foco eruptivo que quedaron sepultados por la lava y que continúan sin respuestas claras sobre el futuro de sus fincas, sus derechos y su dignidad.
La asociación palmera Tierra Bonita, que representa a un segmento de damnificados por la erupción, ha denunciado recientemente un “boicot” a la Ley de Volcanes y a la participación ciudadana en la gestión de la reconstrucción, y ha expresado su total apoyo a la movilización vecinal del próximo 14 de diciembre para protestar ante la falta de información, transparencia y decisiones claras por parte de las administraciones públicas.
UNA LEY SIN VOZ PARA LOS MÁS AFECTADOS
La Ley 2/2024, de Medidas en Materia Territorial y Urbanística para la Recuperación de La Palma, que incluye el conocido como Título II dedicado a la participación ciudadana, fue concebida con la promesa de ofrecer una vía de participación real para quienes lo perdieron todo en la erupción.
Sin embargo, según Tierra Bonita, tanto el Cabildo Insular de La Palma como la Viceconsejería de Recuperación Social y Económica del Gobierno de Canarias han ignorado desde 2024 las solicitudes para celebrar una reunión interadministrativa clave que permita aclarar aspectos esenciales de la reconstrucción. elapuron.com
Para estos colectivos, ese silencio no es casual: se trata de un ejemplo de “boicot normativo” que impide que los vecinos puedan ejercer derechos que la propia normativa les reconoce, como la posibilidad de restablecer o reubicar edificaciones y actividades agrarias en terrenos afectados por coladas volcánicas de menor espesor. A día de hoy, no existen protocolos claros ni mecanismos que permitan a los propietarios saber cómo hacerlo.
Además, señalan que la coexistencia de normas en conflicto —la Ley autonómica de mayor rango y el Decreto 2024/12897 del Cabildo, que establece una zona de exclusión indefinida— ha creado “un caos legal paralizante” que imposibilita cualquier planificación de futuro para estos ciudadanos. elapuron.com
LA "ZONA ROJA": ¿PROTECCCIÓN O PARÁLISIS?
La “zona roja” en La Palma —el área directamente afectada por las coladas de lava— fue definida legalmente en diciembre de 2023 mediante un decreto ley del Gobierno de Canarias como una área con régimen de protección cautelar, concebida inicialmente para salvaguardar valores geomorfológicos y naturales tras la erupción del volcán Tajogaite. BOE+1
No obstante, quienes vivían en barrios como El Paraíso y Corazoncillo se encuentran desde entonces sin saber si recuperarán sus terrenos, si serán expropiados, si podrán construir, ni qué compensaciones recibirán por el uso de sus tierras.
Esa “protección” cautelar que, según las autoridades, debería valorar los posibles valores naturales de la zona se ha traducido, a juicio de los vecinos, en una parálisis absoluta de derechos. Mientras tanto, espacios de la zona son ya objeto de visitas guiadas y proyectos turísticos o científicos, sin que los legítimos dueños de esos terrenos hayan sido consultados ni informados sobre los usos futuros o el valor que estos pueden tener.
DEL DESASTRE INICIAL A LA INCERTIDUMBRE PROLONGADA
La erupción de Tajogaite, que comenzó el 19 de septiembre de 2021 y se prolongó hasta el 13 de diciembre de ese año, fue la más larga y destructiva en la historia reciente de La Palma. Sus coladas destruyeron miles de viviendas, obligaron a evacuar a miles de personas y arrasaron infraestructuras, tierras de cultivo y barrios enteros como El Paraíso.
Pero si el desastre físico fue devastador, lo que sus víctimas describen como el desastre administrativo y jurídico que siguió ha sido igualmente doloroso. No haber recibido aviso formal ni evacuación organizada —una queja compartida por los vecinos— es recordado como una falta que puso sus vidas en riesgo y los obligó a huir con lo puesto, sin poder salvar objetos personales o animales, y luego enfrentarse a una reconstrucción incierta.
Tierra Bonita exhorta a las administraciones a activar el diálogo y la participación real, empezando por la celebración de la reunión interadministrativa solicitada en julio de 2024 y la convocatoria urgente del Consejo para la Recuperación Social y Económica de La Palma, previsto en la Ley de medidas. elapuron.com
Sin respuestas concretas, sin normas claras aplicables, y con el fantasma de decisiones contradictorias entre diferentes niveles administrativos, las tensiones y la incertidumbre continuarán.
La movilización prevista para el 14 de diciembre supone, en palabras de los afectados, una exigencia de dignidad, de justicia y de memoria para quienes siguen esperando que la reconstrucción no sea solo una palabra vacía, sino una realidad con rostro humano.
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