LOS MÁS OLVIDADOS DEL VOLCÁN DE LA PALMA SE REBELAN: SIN CASAS, SIN TIERRA Y SIN JUSTICIA

Por A.R. SUÁREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Cuando el 19 de septiembre de 2021 la tierra se abrió en la isla de La Palma y comenzó la erupción del volcán Tajogaite, la población apenas tuvo unas horas para reaccionar. En lugares como El Paraíso, el primer núcleo urbano sepultado por la lava, o Corazoncillo, afectado dos meses después, los vecinos huyeron con lo puesto. Muchos ni siquiera fueron evacuados por las autoridades. No hubo tiempo, ni aviso formal. Las casas desaparecieron bajo la lava. Las fotos familiares, los animales, los recuerdos, los árboles frutales, las redes de riego, las escrituras guardadas en el salón. Todo quedó reducido a una capa negra y humeante que tardó más de un año en enfriarse.

   Hoy, esa misma tierra arrasada por el fuego es objeto de visitas guiadas, reportajes turísticos y estudios científicos. Pero quienes eran sus propietarios legítimos antes de la catástrofe —los vecinos que vivían y cultivaban allí— siguen sin saber qué va a ser de ellos. Por eso han decidido movilizarse. Este 14 de diciembre, cuando se cumplen cuatro años desde que finalizó oficialmente la erupción, convocan un acto de protesta en Tacande, frente al cono volcánico. Reclaman información, derechos y respeto.

CUATRO AÑOS DESPUÉS: SIN CLARIDAD, SIN COMPENSACIÓN, SIN PLAN

    Los afectados por la llamada “zona cero” denuncian un "estado de abandono institucional". Aseguran que, a pesar del tiempo transcurrido, nadie les ha informado oficialmente de cuál será la delimitación del futuro espacio protegido anunciado por el Gobierno canario, ni qué consecuencias tendrá esto sobre sus derechos de uso, reconstrucción o propiedad. No saben si podrán volver a sus fincas, si serán expropiados, si podrán construir algo, si recibirán dinero a cambio y, en tal caso, cuánto.

    En diciembre de 2023, el Gobierno de Canarias aprobó un decreto ley que establecía una ordenación provisional del territorio afectado por el volcán, incluyendo lo que se conoce como “zona roja”, es decir, el área más castigada y, previsiblemente, la que será declarada espacio natural protegido. Esta normativa, sin embargo, no ofrecía soluciones concretas para los propietarios. Así lo reconoció la propia consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, quien prometió entonces "una nueva norma más justa para los afectados". Un año después, nada se ha concretado.

    La situación genera a los afectados una "profunda sensación de agravio". Mientras algunas personas pueden reconstruir sus viviendas o acceder de nuevo a sus tierras, quienes residían en El Paraíso y Corazoncillo —que lo perdieron todo— siguen sin conocer si siquiera los pasos a seguir para recuperar algo.

“Lo hemos perdido todo y, además, nos silencian”, explican en un comunicado.

LO QUE PIDEN: CLARIDAD LEGAL, INDEMNIZACIÓN JUSTA Y VOZ PROPIA

   Los damnificados han hecho públicas tres exigencias claras. En primer lugar, reclaman que se les comunique de forma inmediata y oficial qué terrenos serán declarados zona protegida y bajo qué criterios se realizará esa delimitación. No aceptan que sus derechos sigan suspendidos por una “protección cautelar” indefinida que impide cualquier acción sin que se sepa realmente qué se protege ni con qué finalidad.

   En segundo lugar, exigen saber si serán indemnizados, con qué cantidad y en qué plazo. Quieren que se valore el daño real —económico, emocional, histórico— y que las compensaciones no se queden en un gesto simbólico, sino que reflejen el valor material perdido. No se trata solo de casas y fincas: son proyectos de vida interrumpidos, años de trabajo, patrimonio heredado, estructuras de riego, cultivos, animales y la posibilidad de seguir siendo parte de su tierra.

   La tercera demanda es que se les reconozca como actores legítimos en cualquier decisión futura sobre ese territorio. Rechazan que se planifiquen museos, centros vulcanológicos o rutas turísticas sin contar con los dueños del suelo. Aunque la lava lo haya cubierto todo, insisten en que los derechos de propiedad no desaparecen, y que cualquier uso del terreno debe pasar por su participación, consulta y compensación. Si el volcán va a convertirse en un símbolo turístico o científico, quienes más han sufrido su furia no pueden ser relegados al olvido.

AGRAVIOS ACUMULADOS: ENTRE LA DESINFORMACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN

    Más allá de las pérdidas materiales, los vecinos denuncian también una gestión del desastre que califican como negligente. Aseguran que la erupción comenzó sin que recibieran aviso formal ni instrucciones de evacuación, lo que puso en riesgo sus vidas. Muchos tuvieron que huir de improviso, sin poder salvar animales, documentos ni objetos personales. Algunos jamás pudieron volver a su vivienda, ni siquiera para recuperar lo más esencial.

     "El sufrimiento psicológico -dicen- ha sido inmenso. Y aún no ha sido reconocido ni reparado". A esta carga emocional se suma ahora el malestar de ver cómo su tierra se transforma en una atracción mientras ellos siguen sin respuestas.

“Hay visitas guiadas, hay fotos para Instagram, se planea un centro científico, pero nadie nos mira a los ojos para decirnos qué va a ser de nuestras vidas”- lamentan.

    Recuerdan, igualmente, que no todos pudieron contratar un seguro o actualizarlo antes de la erupción, lo que ha dificultado aún más el acceso a compensaciones. Además, destacan que algunas de las personas responsables de la gestión de la emergencia —como el actual consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y el director general de Espacios Naturales, Miguel Ángel Morcuende— son las mismas que ahora lideran la planificación del futuro espacio protegido. Circunstancia que consideran

"una incoherencia que pone en duda la voluntad política de reparación".

UNA RECONSTRUCCIÓN DESIGUAL, UNA PACIENCIA AGOTADA

   Mientras algunos damnificados ya han sido indemnizados o han podido acceder a ayudas para reconstruir sus hogares y negocios, otros —como los de El Paraíso y Corazoncillo— siguen esperando que alguien les diga qué será de ellos. En enero de este año, se reunieron con el alcalde de El Paso, quien prometió un encuentro con el Gobierno autonómico para marzo. Ese encuentro nunca se celebró.

     Para quienes han perdido todo, la espera es una nueva forma de castigo. No pueden reconstruir, no pueden vender, no pueden cultivar, no pueden planificar su vida. Viven en una especie de paréntesis administrativo que los condena al estancamiento.

    Mientras tanto, los titulares en prensa sobre la recuperación de La Palma se acumulan, las inversiones llegan, y los turistas caminan por los bordes de las coladas con cámaras en mano. Pero ellos siguen sin saber si serán parte del futuro o sólo los fantasmas del pasado.

    Es por ello que la concentración convocada para el 14 de diciembre en la carretera de Tacande no es solo una manifestación. Es un acto de memoria, una expresión de dignidad y una llamada a la justicia. Los vecinos quieren hacerse oír y recordar que su drama sigue vivo, aunque los focos mediáticos se hayan apagado.

    “Si los afectados fuéramos familiares de quienes hoy toman decisiones, la respuesta habría llegado en horas. Pero somos ciudadanos sin poder, aunque con memoria. Y esa no nos la pueden quitar”, afirman.

             "No pedimos - concluyen - caridad, atajos, ni titulares grandilocuentes. Solo un trato justo, basado en derechos, información y verdad".