EL "TRIBUNAL DE LOS PUEBLOS" ACUSA AL ESTADO ESPAÑOL DE COMPLICIDAD ESTRUCTURAL CON EL GENOCIDIO EN PALESTINA

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español (TPCGP-25) ha denunciado la implicación estructural del Estado español y múltiples actores sociales en los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.

   Celebrado los días 28 y 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, el tribunal fue presidido por figuras reconocidas como Raji Sourani (Palestinian Center for Human Rights), Rabab I. Abdulhadi (San Francisco State University) y Luz Gómez (Universidad Autónoma de Madrid).

   A lo largo de sus sesiones, más de 220 asistentes escucharon decenas de testimonios e informes que, según el propio Tribunal, documentan de manera rigurosa cómo diversas instituciones del Estado español contribuyen directa o indirectamente a la ocupación, el apartheid y el genocidio del pueblo palestino.

    El TPCGP-25, un tribunal de conciencia inspirado en los Tribunales Russell, fue convocado por la Red Universitaria por Palestina y otros colectivos de la sociedad civil. Aunque no tiene autoridad legal, su objetivo es movilizar la conciencia ciudadana frente a la inacción de los organismos oficiales.

    En su “Declaración de Madrid”, publicada el 29 de noviembre, el tribunal no solo acusa al gobierno español, sino que también señala con nombre y apellidos a empresas, universidades, bancos, medios de comunicación y organizaciones culturales y deportivas.

   Entre las pruebas presentadas destacan más de 600 páginas de informes que describen una compleja red de cooperación entre entidades españolas e israelíes. Según el tribunal, esta “simbiosis estatal-corporativa” perpetúa violaciones sistemáticas del Derecho Internacional, incluyendo la financiación y comercio de armas, la colaboración universitaria en investigaciones militares y el blanqueamiento mediático del apartheid.

       La sentencia acusa al Gobierno español de actuar como cómplice necesario del genocidio, amparándose en declaraciones formales sin contenido práctico. El caso de la flotilla humanitaria “Global Sumud”, atacada por fuerzas israelíes y cuyos pasajeros españoles fueron secuestrados y deportados, fue citado como ejemplo de la desprotección estatal hacia sus propios ciudadanos frente a las acciones del régimen israelí.

     El Tribunal denuncia la implicación de los principales bancos del Estado español —Santander, BBVA, Caixabank, Ibercaja, Banca March— en la financiación de armas utilizadas en Gaza. Además, acusa a empresas del sector de infraestructuras, energía y tecnología de colaborar con el sistema de ocupación mediante contratos y proyectos en territorios palestinos ocupados.

    En el ámbito académico, el TPCGP-25 afirma que numerosas universidades españolas participan activamente en convenios con instituciones israelíes, muchas de ellas involucradas en el desarrollo de tecnología militar. La llamada “tecnología de doble uso” —utilizable tanto para fines civiles como bélicos— es uno de los mecanismos que, según el tribunal, conecta el mundo académico con la maquinaria de guerra.

     El documento también apunta a los medios de comunicación, a los que acusa de “deshumanizar la resistencia palestina” y actuar como reproductores de una narrativa que legitima la ocupación y el exterminio. Lo mismo se dice del ámbito cultural y deportivo, donde Israel habría consolidado una imagen positiva mediante inversiones estratégicas y colaboraciones institucionales, incluso en clubes deportivos emblemáticos como el Atlético de Madrid.

   En el terreno sanitario, el tribunal destaca el silencio cómplice de colegios profesionales y sociedades científicas frente a las atrocidades documentadas en Gaza. Empresas farmacéuticas como TEVA, con fuerte presencia en el mercado español, también son mencionadas por su rol en la complicidad estructural.

   Finalmente, el TPCGP-25 concluye que el Estado español está inmerso en una red de intereses económicos, académicos y simbólicos que normaliza y refuerza el régimen genocida de Israel. Según sus organizadores, la sentencia es solo un primer paso en un proceso más largo de denuncia y documentación.

   “La voz de la conciencia colectiva es un instrumento indispensable frente a la impunidad”-afirman- que propone dar continuidad al tribunal como forma de resistencia civil ante lo que califica de “fase actual del genocidio”.