Por JUAN CARLOS ROIS PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La movilización de recursos realizada por el consejo de ministros durante el año 2025 para el gasto militar español resulta brutal.

   Según mis cuentas, y sumadas las aprobaciones de gasto ya presupuestado más todas las autorizaciones de gasto realizadas por Hacienda y todos los compromisos, contratos celebrados, ejecutados o en distintas fases administrativas o de ejecución de los diversos ministerios donde, además de defensa, se esconde gasto militar encubierto, en lo que llevamos de año llevamos involucrados más de 80.000 millones de euros que han pasado por delante de las narices del consejo de ministros para su aprobación, unas veces y para algunos de sus miembros suponemos que más entusiastas que otras.

   Esta cifra es la cifra movilizada en bruto que ha pasado por delante del consejo de ministros, pero no es el gasto militar extraordinario (también incluye gasto presupuestado en lo presupuestos congelados desde hace años y gasto autorizado en años anteriores y pagado ahora) ni todo el gasto contable autorizado. Parte de esta elevada cantidad (más de 82.000 millones hasta el 18 de noviembre) pasa por diversas fases: se aprueba por Hacienda, pasa al ministerio correspondiente que realiza los diferentes acuerdos y contratos, se ejecuta este o en sucesivos años. Y por el camino le vamos perdiendo el rastro, a no ser que estemos pendientes de los diversos vericuetos por los que pasa y de las variopintas trampas por las que desaparece de unas cuentas que deberían (¿y por qué esas fuerzas de izquierda tan rotundas nunca lo han pedido hasta ahora en serio?) ser auditadas, suficientemente transparentes y comprensivas de todo el gasto militar, lo ejecute el ministerio o departamento y con cargo al programa o partida que lo ejecute.

   Para la aprobación y ejecución material del gasto militar se acude a distintas figuras de despiste; autorización llana y transparente, créditos extraordinarios (que el tribunal de cuentas y el tribunal constitucional han dicho que no son nada legales) autorizaciones extra con cargo a los fondos de contingencia, subvenciones y ayudas a las industrias militares, encomiendas de gestión, ampliaciones de créditos previos y toda una retahíla de trucos que se sacan de la chistera para desesperación de quienes intentamos aclarar las cosas.

  Importa destacar este dato que acuñamos como «movilización de recursos» porque con el mismo ponemos de manifiesto el deliberado colaboracionismo de los distintos ministros con el gasto militar: estas sumas, en las distintas fases señaladas, pasan por las narices del consejo de ministros para su autorización sin que se sepa que haya protestas o resistencias (y probablemente de haberlas se sabría, porque cuando el gobierno quiso hacer tributar el Salario mínimo le faltó tiempo a los ministros de Sumar para hacer pública su protesta a la salida de la sesión del consejo de ministros donde se abordó la cosas) por parte de nadie.

   Hasta ahora la aprobación de gasto militar por el consejo de ministros seguía la tónica de la agosticidad en la aprobación. Es decir, que la mayoría se aprobaba en período previo y cercano a las vacaciones de agosto para despiste del respetable. Pero este año la cosa tiene sus picos y repuntes fuera del estío como pongo en este cuadro.

  Para que no quepa dudas, acompaño al presente el cuadro de aprobación de gasto militar en las sesiones del consejo de ministros (pinchando aquí) hasta 18 de noviembre.

  Se trata de autorizaciones de gasto que, como se dice, no sólo van a Defensa. También las pensiones militares que gestiona Hacienda, la guardia civil que pertenece a Interior, Industria, Exteriores, los organismos autónomos militares, Transición Ecológica, Ciencia e Innovación, y otros se llevan una parte del pastel.

   La distribución anterior no es moco de pavo, Demuestra la transversalidad del gasto militar aprobado y, por decirlo así, la militancia militarista de muchos ministerios.
Por otra parte, la evolución de los avances de la IGAE sobre gasto ejecutado nos permite sacar otra conclusión aparatosa.

  Hasta septiembre (ultimo avance publicado por IGAE) el gasto militar contabilizado en el ministerio de defensa supone ya un aumento sobre el gasto previsto de más de 6.567 millones de euros que Defensa se calza por encima de lo presupuestado (hasta septiembre).

  El dato es llamativo no solo por el enorme pelotazo que recibe, sino porque lo podemos comparar con otros rubros han visto disminuidos sus ingresos y cuentan con «descuentos» significativos. Lo vemos en el cuadro siguiente.

   IGAE nos da otras malas noticias en septiembre. Esta vez referidas a la deuda acumulada y a los créditos plurianuales que Defensa tiene comprometidos.
En este caso contamos con una cantidad retenida para pago de compromisos de Defensa de más de 56.000 millones de euros y con cantidades autorizadas y cantidades comprometidas de más de 32.000 millones respectivamente.

   Se trata de compromisos de pago a futuro que funcionan como una patada hacia adelante que Defensa contrae para pagar a futuro. Supone una hipoteca para nuestro futuro y, dicho sea de paso, una hipoteca que nos reporta cero beneficios y que, comparada con los gastos plurianuales de cualquier otro ministerio, supone un evidente agravio comparativo y una muestra más de nuestra militarización económica, porque ningún ministerio cuenta con una deuda plurianual tan alta como la de defensa y ninguno agrava tan abusivamente las costillas del contribuyente, como muestro en el siguiente cuadro.

   Ya tenemos una primera pista de quién paga el pato del rearme. El resto del gasto público a costillas del contribuyente que, dicho sea de paso, recibe un doble perjuicio de todo ello: uno, porque el coste de oportunidad del gasto militar evita que el dineral comprometido en créditos plurianuales de defensa se destine a cosas mas sensatas y mejores para la población y dos, porque a cambio recibimos menos seguridad ambiental, menos seguridad humana, menos de todo lo deseable y más inestabilidad mundial, más dosis de militarismo y más inseguridad global. Todo en el mismo «kit de defensa» como quien dice.

  Estos datos de la IGAE sobre los créditos plurianuales de defensa y de la deuda pública (además de estos pagos) que tiene España y que debe amortizar y pagar (capital más intereses) anualmente según el calendario programado, nos valen también para poder estimar que el año 2026 las cantidades que por deuda pública asignada a defensa deberá computarse en el cálculo de gasto militar de 2026 (5.399,7 por gasto plurianual más 14.527,8 millones de deuda pública, pero eso lo explicaremos en otro momento).

• ¿Quién paga el pato?

   Ya que hemos empezado a desentrañar quién paga el pato del gasto militar vamos a seguir por estos derroteros.

   Empecemos por afirmar una obviedad: el peso del gasto militar no es neutro desde el punto de vista distributivo. Como se financia por medio de los presupuestos generales del Estado, su peso recae de forma desigual sobre los distintos estratos de renta, porque también su «esfuerzo» en términos de carga fiscal, de tipo efectivo de carga fiscal, mejor dicho, es distinto según se pertenezca a los más pobres, los del medio o los más ricos.

  En una primera aproximación hemos acudido a los datos de Hacienda y del INE para segmentar la población en diez tramos, de mayor pobreza a mayor riqueza. Al tramo más pobre le hemos llamado D1 y al más rico D 10.

  Ahora hemos tenido en cuenta dos parámetros: el gasto militar per cápita (lo que nos tocaría acoquinar por persona y año) en 2018 y 2023. Hemos elegido 2018 como arranque del nuevo ciclo de rearme y porque es el año en que asumió el poder Sánchez y sus alianzas. Y hemos elegido 2023 porque es el último año del que tenemos datos estadísticos asentados tanto de gasto militar liquidado por el estado, como de producto interior bruto global, de esfuerzo fiscal por cada decila (esto es, lo que les implica a desde el 10% más pobre al más rico de esfuerzo fiscal tanto en términos cuantitativos como en relación con su nivel de renta).

  Usaré dos mediciones: una con el gasto reconocido por el estado en 2018 y 2023 y otra, como son las cosas si en vez de los datos oficiales usamos el gasto militar real, esto es, el que calculamos nosotros teniendo en cuenta tanto el gasto oculto en otros ministerios como el que estimamos de gasto plurianual, deuda pública imputable a Defensa, uso del fondo de contingencia y sobregasto de defensa. He hecho lo mismo con los datos de los cálculos de Delás y los del SIPRI, pero no los vamos a presentar aquí porque, a los efectos de lo que nos interesa, saber el gasto militar per cápita por decilas de mayor a menor esfuerzo fiscal, sigue el mismo comportamiento, quedándose en un intermedio entre nuestras estimaciones y las de Defensa.

  Bueno, vamos a ello.

   Si comparamos el gasto militar per cápita (acuñamos este término para entendernos) según el gobierno en 2018 (375,1 euros/persona) y el de 2023 (511,06 euros/persona) y lo aplicamos proporcionalmente a los tramos del primer centil (los más pobres) y del último, nos resulta que mientras a los pobres en el año 2018 les implica un 10´05 % de su renta y a los más ricos el 0´91 (más de 10 puntos de mayor esfuerzo de los pobres que de los ricos, hay que joderse), en 2023 a los pobres les supuso el 10,31 (creció su mayor esfuerzo) y a los ricos solo el 1,05, con lo que, además, la diferencia de esfuerzo en contra de los más pobres fue del 0´14 respecto a los más ricos. Cuanto mas aumenta el gasto militar, más perjudica a los más pobres, que encima por su menor capacidad les supone mayores problemas y (dado que el rearme se financia con una mayor concentración de la deuda en el sector militar y una mayor necesidad de ajustes y recortes) les impacta más por los recortes previsibles

La conclusión es una putada, pero empeora si usamos nuestras estimaciones. Veamos el cuadro que queda entonces.

    Es decir, que no sólo es que la distancia es mucho mayor y el agravio más enojoso, pues pagan en términos de esfuerzo los pobres entre 16 y 25 veces más que los ricos en términos de esfuerzo, sino que a medida que el gasto militar crece, perjudica más las economías más pobres, que encima reciben de postre un deterioro de sus capacidades económicas, una merma de los servicios comunes y, para postre, el estigma de que los pobres consumen mas recursos, tienen paguitas y todas las chorradas que dice esa derrochona cada vez más ultra, satisfecha, malista y cutre que nos ha tocado en suerte.

Indice de iniquidad fiscal del gasto militar

   Si hacemos una proyección, como sugerimos en este trabajo, de un aumento previsible del gasto militar hasta situarse por encima del 4% en 2026 y tal vez de seguir aumentando hasta el 2030, estaríamos hablando de una detracción de recursos sólo por el aumento del gasto militar (es decir, congelando el que tuvimos en 2018) de más de 90.000 millones de euros, con un impacto muy elevado en los deciles de menores ingresos en términos de perdida de oportunidades y posiblemente de erosión de servicios comunitarios básicos para poder sostener este dispendio.

   Desde otro punto de vista vamos a preguntarnos cuánto beneficio social le aporta a cada quintil la carga fiscal que soportan. Se supone que los impuestos financian bienes y necesidades comunes y por tanto aportan un beneficio social relativo en relación con la carga fiscal soportada por cada quintil. Este beneficio es proporcional a la carga soportada, de forma que los quintiles de mayor poder adquisitivo tendrán en teoría un beneficio social relativo bajo con relación a su carga impositiva, y los más pobres más alto, pues gran parte de los impuestos financia necesidades de evidente necesidad para los más pobres y de las que los más ricos pueden prescindir por su poder adquisitivo.

  Ahora bien, en teoría, en la medida en que una redistribución del gasto público pueda suponer estancamiento o merma de servicios públicos en detrimento de gasto con alto coste de oportunidad, se produce una pérdida de beneficio social relativo, que impactará de forma desigual sobre los diferentes quintiles, menos en los más ricos (porque consumen menos servicios públicos y porque par a los más pobres los que consumen son más básicos y su impacto vital superior) y más grave en los demás quintiles.

  De esta forma podríamos representar el desigual impacto de la pérdida de beneficios así.

  Sobre estos parámetros, he elaborado una tabla de cómo impactará la evolución de un aumento del gasto militar en términos de presión presupuestaria regresiva sobre el conjunto de la población, lo que nos da una aproximación de la correlación con la reducción general de beneficios sociales para el conjunto de la población y una conclusión evidente: aunque haya quien se beneficie de ello, todos perdemos como sociedad.

   Se aprecia el aumento de una curva de presión presupuestaria regresiva en la media en que aumenta el % del PIB empleado para gasto militar sobre el conjunto de la presión fiscal.

   El aumento del PIB aplicado al gasto militar, en tanto que repercute sobre unos PGE con recursos limitados, perjudica a todos, pero a unos más que otros.
Pero esto no es lo que vamos buscando. Precisamente intentamos señalar como pierden más quien menos tienen y como somos la inmensa mayoría los paganinis de los desmanes de unos pocos y de los una «seguridad» que lo es para los más privilegiados de la sociedad, que no solo hacen un menor esfuerzo para «defenderse», sino que nos transfieren el esfuerzo de la defensa del statu quo a las clasesmediasytrabajadoras que cacarea Sánchez, obligadas a pagar contra sus intereses y al coste social de pérdida de beneficios sociales.

  Ahora sí estamos en la oportunidad de repartir, cual buenos hermanos, el resultado desigual del peso del gasto militar entre pobres y ricos en función de esfuerzo, impacto, pérdida de beneficios sociales y, en fin, lo de seguridad humana. Lo vemos en el cuadro siguiente:

  El impacto neto de la iniquidad que provoca el gasto militar es significativamente diferente y demuestra quien son los paganinis de los desmanes de los de arriba.

  El impacto neto de la iniquidad que provoca el gasto militar es significativamente diferente y demuestra quien son los paganinis de los desmanes de los de arriba.

  Y si revertiéramos el rearme ¿qué seguridad garantizaríamos?

Acabamos esta reflexión con otra proyección.

   Si atendemos a los datos del estado, desde 2018 a 2025 la diferencia de gasto militar (es decir, el fruto teórico del rearme considerando el gasto de más entre lo que se gastaba en 2018 y lo que se va a gastar en 2025) asciende a unos 15.000 millones de euros (diferencia entre lo que se reconoció en 2018 y lo que se ha reconocido por Sánchez para 2025.

  Este dineral, aplicado a las rentas mas bajas, por ejemplo, supondría la posibilidad de incrementar sus ingresos anuales (y su seguridad humana) en mas de 3000 euros y de aumentar su capacidad económica en más del 50% actual.

  Si usamos las cifras de gasto militar consignadas por nosotros, las diferencias son más enojosas aún, pues entonces el precio del rearme se eleva a más de 90.000 millones de euros y las capacidades de actuación para reducir la iniquidad podrían ser de otro calado.

  Naturalmente podemos hacer otro tipo de proyecciones, ya sea incorporando al cálculo partidas de gasto militar que ya estaban consolidadas en 2018, o estimando todo el gasto militar como indeseable y proyectando qué supondría en términos de cambios estructurales usarlo para fortalecer la seguridad humana.

(*) Juan Carlos Rois es miembro del Grupo Tortuga.