EL FESTÍN DE LA CASTA POLÍTICA: DIETAS MILLONARIAS EN UNA CANARIAS CON SALARIOS DE MISERIA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Canarias es una de las comunidades autónomas con los salarios más bajos del Estado español. Sin embargo, en este contexto de precariedad estructural, el Gobierno regional, liderado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), ha gastado 3,7 millones de euros en dietas y desplazamientos en apenas dos años de legislatura. Una cifra que duplica el gasto del gobierno anterior (1,9 millones) integrado por PSOE, Podemos, Nueva Canarias y ASG. Este dato no puede analizarse como una simple "excesiva liberalidad contable", ni como una cuestión de "ajuste presupuestario". Puede considerarse más bien, por el contrario, como un síntoma de un modelo político y económico que reproduce y naturaliza el privilegio, incluso cuando la mayoría social vive en condiciones cada vez más difíciles.

   Canarias tiene el salario medio más bajo del país. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 el salario medio mensual bruto en las islas fue de 2.051 €, lejos de los más de 2.400 € en comunidades como Madrid o País Vasco. Pero más allá del dato bruto, el panorama se oscurece al considerar la naturaleza de un empleo que se caracteriza, igualmente, por la alta temporalidady por la precariedad.  Aunque algunas voces afirman que el coste de vida en Canarias es más bajo que en otras zonas del Estado, lo cierto es que la relación entre salarios y necesidades básicas sigue siendo insostenible.  El gasto en alimentación ronda los 1.756 € anuales por persona, L os alquileres, especialmente en las zonas turísticas, se han disparado y las facturas básicas y el transporte son cargas crecientes. Una familia trabajadora canaria, con sueldos congelados o menguantes, debe enfrentarse cada mes a una carrera de obstáculos para llegar a fin de mes, mientras observa cómo el dinero público fluye sin restricciones hacia quienes ostentan el poder político.

EL DERROCHE INSTITUCIONAL: ¿DIETAS O PRIVILEGIOS? 

 Entre los múltiples gastos desglosados por el actual Ejecutivo en relación a las dietas autoasignadas encontramos cifras escandalosas

  El presidente, Fernando Clavijo (CC), ha recibido 75.698 € en dietas. El vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), 50.703 €. La consejera de Turismo, Jéssica de León, 85.327 €, la mayor cifra entre todos los altos cargos.

  Incluso departamentos como Presidencia, Turismo, Bienestar Social u Obras Públicas han llegado a gastar entre 300.000 y 600.000 € cada uno solo en desplazamientos y manutención.

   Mientras tanto, los trabajadores canarios apenas superan los 1.800 € mensuales, y muchos no llegan siquiera a esa cifra.

   Esto no es un simple malgasto. Es una redistribución regresiva del dinero público, donde se prioriza sostener los beneficios materiales de la élite política sobre las urgencias sociales de la mayoría.

¿PARA QUÉ SIRVEN LA DIETAS

    El argumento habitual para justificar estas cifras es que se trata de “gastos por razón de servicio”, necesarios para la actividad institucional. Pero una mirada crítica revela otra cosa: muchas de estas dietas no se vinculan a acciones concretas con impacto social, sino a eventos, representaciones o ferias internacionales (como Fitur o la de Berlín) que alimentan más la imagen de los dirigentes que los intereses del pueblo canario. La falta de transparencia y de evaluación pública sobre el retorno social de estos gastos evidencia que su función no es mejorar la vida del pueblo, sino mantener el estatus de quienes gobiernan.

EL PAPEL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: CONTINUIDAD DEL PRIVILEGIO

    Aunque el gasto en dietas se ha disparado bajo el gobierno actual de CC y PP, sería un error creer que este fenómeno es exclusivo de un color político. El gobierno anterior, liderado por el PSOE, también incurrió en gastos similares, aunque de menor magnitud. Esto apunta a una estructura institucional donde el privilegio se reproduce independientemente del partido que gobierne, salvo contadas excepciones. La política se convierte en un modo de ascenso social y blindaje económico, donde las decisiones no se toman en función de las necesidades del pueblo, sino de los intereses internos del aparato estatal.

   Este comportamiento generalizado  responde a una lógica de casta, que vive del presupuesto público mientras exige sacrificios a las clases trabajadoras.

SERVICIOS PÚBLICOS DETERIORADOS: EL OTRO LADO DEL GASTO

   Mientras se derrochan millones en viajes y dietas, los servicios públicos muestran síntomas claros de abandono

   La sanidad sufre listas de espera interminables, la educación arrastra infraestructuras deterioradas y falta de personal y e l acceso a la vivienda se ha vuelto una quimera para miles de jóvenes. Cada euro gastado en una dieta innecesaria es un euro menos para mejorar un aula, contratar un médico o asegurar un techo digno. El derroche político no es un lujo neutral: es una forma de violencia estructural contra quienes más necesitan apoyo del Estado.

    Estamos ante la expresión concreta de un sistema de clase donde el poder político funciona como parte de una superestructura al servicio de una minoría dominante.

    El aparato del Estado —incluyendo gobiernos autonómicos— reproduce relaciones de poder que permiten:

    La acumulación de privilegios para las élites políticas y económicas y la desposesión progresiva de derechos para la clase trabajadora.

¿QUÉ SE PODRÍA HACER CON 3,7 MILLONES?

   Los 3,7 millones de euros en dietas que sus señorías han decidido despilfar podrían haber servido, por ejemplo, para:

• Contratar a casi 100 docentes durante un año.

• Garantizar vivienda social a más de 150 familias.

• Reforzar los servicios sanitarios en islas con menos recursos.

Pero se ha invertido en viajes, comidas y alojamientos de lujo de una minoría con poder. Este uso del presupuesto es una declaración política: el bienestar de unos pocos vale más que las necesidades de muchos.

    Canarias sufre una doble injusticia: la precarización estructural de su clase trabajadora y el despilfarro institucional de sus élites políticas. Una combinación letal deteriora lo público y reproduce desigualdades