"EL GOBIERNO CANARIO RESTRINGE MÁS EL ACCESO A LA VIVIENDA MIENTRAS PROTEGE A LOS ESPECULADORES"

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el colectivo ciudadano Derecho al Techo ha denunciado el nuevo proyecto de decreto aprobado por el Gobierno de Canarias, que endurece los criterios de acceso a la vivienda pública en el Archipiélago, condicionándolos al número de años de residencia.

  Según el colectivo, esta medida no solo no soluciona la grave crisis habitacional, sino que "incorpora elementos de exclusión con tintes de aporofobia y xenofobia institucional".

   El decreto establece que solo podrán optar a una vivienda pública quienes acrediten diez años de residencia continuada o quince de forma discontinua en Canarias. Para Derecho al Techo, esto supone un castigo directo a los sectores más empobrecidos, a quienes por razones económicas, laborales o formativas se han visto obligados a abandonar temporalmente el archipiélago. “¿Qué pasa con las trabajadoras y trabajadores canarios que emigraron para sobrevivir y ahora, al regresar, se ven excluidos?”, se pregunta el colectivo en su comunicado.

   También cuestionan el destino de estudiantes canarios que se formaron fuera y desean volver a su tierra, o de personas que, sin cumplir esos años exigidos, viven una situación de vulnerabilidad real. Para Derecho al Techo, este tipo de filtros rompe el principio de igualdad y fragmenta a la población, estableciendo una jerarquía artificial de derechos basada en el tiempo de permanencia, en lugar de priorizar las necesidades sociales.

   En lugar de afrontar las verdaderas causas de la crisis habitacional —como la especulación inmobiliaria, la turistificación del territorio, la acumulación de vivienda en manos de fondos de inversión o la falta estructural de parque público— el Gobierno de Canarias, según la denuncia del colectivo, prefiere desplazar la responsabilidad hacia la propia población afectada.

   “El acceso a una vivienda pública se endurece justo cuando más se necesita, pero sobre un parque habitacional que no existe”, alerta Derecho al Techo, señalando que esta medida carece de fundamento práctico, ya que “no se puede restringir el acceso a algo que apenas hay”.

  En su opinión, el decreto no es más que una cortina de humo, que intenta disimular la inacción gubernamental frente a los intereses del capital inmobiliario.

   Asimismo, rechazan que se utilice la emergencia habitacional para legitimar discursos discriminatorios, que no hacen sino dividir a la población, desviar el foco de los grandes propietarios y criminalizar a quienes viven en situación de pobreza.

   Desde Derecho al Techo exigen que se implementen políticas públicas reales y valientes, que garanticen el derecho a la vivienda para todas las personas, sin filtros de arraigo o permanencia. Reclaman la ampliación urgente del parque público de vivienda, la penalización de la vivienda vacía, el control del alquiler vacacional y criterios de adjudicación basados exclusivamente en la necesidad social y económica.

   “La vivienda no es un premio. Es un derecho”, concluyen

    Un derecho que, a juicio del colectivo, no puede depender de la duración de la residencia ni convertirse en una herramienta de exclusión, sino ser el pilar de una política pública que garantice la justicia social y la igualdad.