ALARMA POR LOS PRESOS SAHARAUIS DE GDEIM IZIK: QUINCE DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE
Advierten sobre el rápido deterioro de su salud
La Liga para la Protección de los Presos Saharauis denuncia restricciones de visitas y deterioro de la salud de los huelguistas de Gdeim Izik. Sus familias reclaman atención urgente en un caso marcado por condenas cuestionadas y pronunciamientos internacionales sobre tortura.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes denuncia el deterioro de la salud de varios integrantes del grupo de Gdeim Izik que mantienen una huelga de hambre indefinida. El documento, fechado el 7 de octubre de 2026, cuando la protesta alcanzaba su decimoquinto día, acusa a la administración penitenciaria de desatender sus reivindicaciones y agravar su aislamiento mediante restricciones de las comunicaciones y las visitas familiares.
La denuncia afecta a presos políticos encarcelados tras el desmantelamiento de un campamento de protesta saharaui en 2010. Su caso lleva años bajo el escrutinio de organizaciones internacionales por las irregularidades judiciales, las denuncias de tortura y las condiciones de reclusión. Para sus familias, la preocupación inmediata es conocer su estado de salud y conseguir que reciban atención médica.
FAMILIAS SIN VISITAS NI INFORMACIÓN
Según recoge la Liga, las familias de Mohamed Bachir Butanguiza y Husein Zaui denunciaron que el director de la prisión de Kenitra les impidió visitarlos el 7 de octubre por segunda vez consecutiva. Afirman que no recibieron ninguna justificación legal ni información sobre sus condiciones de reclusión y su evolución sanitaria.
La incertidumbre resulta especialmente grave porque, de acuerdo con esos testimonios, durante la última visita, realizada el lunes anterior, ambos se encontraban en un estado que sus familiares consideraron grave y necesitado de atención médica urgente. El comunicado no aporta informes clínicos: la descripción procede de las familias, que reclaman poder comprobar personalmente su situación.
En la prisión de Tiflet, la familia de Abdallah Abahah pudo visitarlo por primera vez después de quince días de huelga de hambre, señala la organización. Sus allegados también describen un estado de salud delicado y solicitan asistencia urgente. Reclaman, además, su libertad o su traslado a una prisión del Sáhara Occidental que permita reducir la distancia familiar.
GDEIM IZIK: UN CAMPAMENTO CONTRA LA EXCLUSIÓN
El nombre de estos presos remite a Gdeim Izik, un campamento levantado en octubre de 2010 cerca de El Aaiún. Miles de saharauis se instalaron en unas 6.500 jaimas para protestar por sus condiciones sociales y económicas. Aquella concentración convirtió las carencias materiales y la exclusión en una movilización colectiva de enorme alcance.
El escenario era un territorio cuyo proceso de descolonización continúa pendiente. El Sáhara Occidental figura desde 1963 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Marruecos ocupa la mayor parte desde 1975, mientras el referéndum de autodeterminación previsto en el acuerdo de 1991 sigue sin celebrarse. Ese contexto explica por qué las reclamaciones sociales saharauis tienen también una dimensión política y territorial.
El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas marroquíes desmantelaron el campamento. Los enfrentamientos se extendieron a El Aaiún y causaron muertes entre agentes y civiles. Human Rights Watch documentó posteriormente palizas a detenidos, ataques contra población civil y obstáculos para recibir asistencia médica. La organización distinguió esos abusos de cualquier uso legítimo de la fuerza para impedir actos violentos.
CONDENAS CUESTIONADAS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Después llegaron las detenciones y los procesos penales. En 2013, un tribunal militar condenó a 25 saharauis, todos civiles, con penas que incluían nueve cadenas perpetuas. Human Rights Watch denunció que las confesiones constituían la principal prueba y que el tribunal no investigó adecuadamente las alegaciones de tortura. También cuestionó que los acusados fueran juzgados por una jurisdicción militar.
El caso pasó posteriormente a un tribunal civil, pero ese cambio no resolvió las objeciones fundamentales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron en 2017 que las condenas no debían apoyarse en declaraciones obtenidas mediante coacción. Los reconocimientos médicos se realizaron casi siete años después de los interrogatorios, una demora que dificultaba comprobar las torturas denunciadas.
El informe mundial de Human Rights Watch de 2026, relativo a los acontecimientos de 2025, seguía señalando que 19 integrantes del grupo permanecían encarcelados tras procesos injustos, entre denuncias de confesiones forzadas y tortura. Por tanto, las objeciones internacionales al caso siguen vigentes.
En mayo de 2026, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas volvió a concluir que Marruecos había incumplido sus obligaciones en cuatro casos relacionados con Gdeim Izik. Según su comunicado, reproducido por The National Tribune, los diez expedientes similares examinados hasta entonces mostraban un patrón de detenciones arbitrarias, aislamiento, torturas o malos tratos y utilización judicial de confesiones obtenidas bajo presión. El Comité reclamó investigaciones imparciales, reparación y acceso a familiares, abogados y médicos.
EL ALEJAMIENTO TAMBIÉN CASTIGA A LAS FAMILIAS
La distancia constituye otra carga. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron en 2022 que los presos habían sido dispersados por seis cárceles marroquíes, la mayoría situadas a más de mil kilómetros de El Aaiún. También recogieron huelgas de hambre anteriores por restricciones de visitas, falta de atención médica y aislamiento abusivo.
Ese alejamiento encarece cada desplazamiento y dificulta mantener vínculos familiares. Las organizaciones recordaron que las Reglas Nelson Mandela establecen que, en la medida de lo posible, las personas presas deben permanecer cerca de su hogar. La petición de traslado tiene, por ello, un fundamento reconocido internacionalmente.
Ante la situación descrita, las familias dirigen un llamamiento a Naciones Unidas y a las organizaciones de derechos humanos para que presionen a las autoridades marroquíes. La Liga exige la liberación inmediata de todos los presos civiles saharauis, el restablecimiento de las visitas y atención médica urgente para los huelguistas.
El comunicado sitúa así una emergencia concreta dentro de un problema prolongado. Las familias reclaman saber qué sucede tras los muros de las cárceles y poder acompañar a sus allegados. Las denuncias internacionales acumuladas refuerzan la necesidad de vigilancia independiente, investigación efectiva y garantías que protejan su salud y sus derechos.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes denuncia el deterioro de la salud de varios integrantes del grupo de Gdeim Izik que mantienen una huelga de hambre indefinida. El documento, fechado el 7 de octubre de 2026, cuando la protesta alcanzaba su decimoquinto día, acusa a la administración penitenciaria de desatender sus reivindicaciones y agravar su aislamiento mediante restricciones de las comunicaciones y las visitas familiares.
La denuncia afecta a presos políticos encarcelados tras el desmantelamiento de un campamento de protesta saharaui en 2010. Su caso lleva años bajo el escrutinio de organizaciones internacionales por las irregularidades judiciales, las denuncias de tortura y las condiciones de reclusión. Para sus familias, la preocupación inmediata es conocer su estado de salud y conseguir que reciban atención médica.
FAMILIAS SIN VISITAS NI INFORMACIÓN
Según recoge la Liga, las familias de Mohamed Bachir Butanguiza y Husein Zaui denunciaron que el director de la prisión de Kenitra les impidió visitarlos el 7 de octubre por segunda vez consecutiva. Afirman que no recibieron ninguna justificación legal ni información sobre sus condiciones de reclusión y su evolución sanitaria.
La incertidumbre resulta especialmente grave porque, de acuerdo con esos testimonios, durante la última visita, realizada el lunes anterior, ambos se encontraban en un estado que sus familiares consideraron grave y necesitado de atención médica urgente. El comunicado no aporta informes clínicos: la descripción procede de las familias, que reclaman poder comprobar personalmente su situación.
En la prisión de Tiflet, la familia de Abdallah Abahah pudo visitarlo por primera vez después de quince días de huelga de hambre, señala la organización. Sus allegados también describen un estado de salud delicado y solicitan asistencia urgente. Reclaman, además, su libertad o su traslado a una prisión del Sáhara Occidental que permita reducir la distancia familiar.
GDEIM IZIK: UN CAMPAMENTO CONTRA LA EXCLUSIÓN
El nombre de estos presos remite a Gdeim Izik, un campamento levantado en octubre de 2010 cerca de El Aaiún. Miles de saharauis se instalaron en unas 6.500 jaimas para protestar por sus condiciones sociales y económicas. Aquella concentración convirtió las carencias materiales y la exclusión en una movilización colectiva de enorme alcance.
El escenario era un territorio cuyo proceso de descolonización continúa pendiente. El Sáhara Occidental figura desde 1963 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Marruecos ocupa la mayor parte desde 1975, mientras el referéndum de autodeterminación previsto en el acuerdo de 1991 sigue sin celebrarse. Ese contexto explica por qué las reclamaciones sociales saharauis tienen también una dimensión política y territorial.
El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas marroquíes desmantelaron el campamento. Los enfrentamientos se extendieron a El Aaiún y causaron muertes entre agentes y civiles. Human Rights Watch documentó posteriormente palizas a detenidos, ataques contra población civil y obstáculos para recibir asistencia médica. La organización distinguió esos abusos de cualquier uso legítimo de la fuerza para impedir actos violentos.
CONDENAS CUESTIONADAS POR ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Después llegaron las detenciones y los procesos penales. En 2013, un tribunal militar condenó a 25 saharauis, todos civiles, con penas que incluían nueve cadenas perpetuas. Human Rights Watch denunció que las confesiones constituían la principal prueba y que el tribunal no investigó adecuadamente las alegaciones de tortura. También cuestionó que los acusados fueran juzgados por una jurisdicción militar.
El caso pasó posteriormente a un tribunal civil, pero ese cambio no resolvió las objeciones fundamentales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch advirtieron en 2017 que las condenas no debían apoyarse en declaraciones obtenidas mediante coacción. Los reconocimientos médicos se realizaron casi siete años después de los interrogatorios, una demora que dificultaba comprobar las torturas denunciadas.
El informe mundial de Human Rights Watch de 2026, relativo a los acontecimientos de 2025, seguía señalando que 19 integrantes del grupo permanecían encarcelados tras procesos injustos, entre denuncias de confesiones forzadas y tortura. Por tanto, las objeciones internacionales al caso siguen vigentes.
En mayo de 2026, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas volvió a concluir que Marruecos había incumplido sus obligaciones en cuatro casos relacionados con Gdeim Izik. Según su comunicado, reproducido por The National Tribune, los diez expedientes similares examinados hasta entonces mostraban un patrón de detenciones arbitrarias, aislamiento, torturas o malos tratos y utilización judicial de confesiones obtenidas bajo presión. El Comité reclamó investigaciones imparciales, reparación y acceso a familiares, abogados y médicos.
EL ALEJAMIENTO TAMBIÉN CASTIGA A LAS FAMILIAS
La distancia constituye otra carga. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron en 2022 que los presos habían sido dispersados por seis cárceles marroquíes, la mayoría situadas a más de mil kilómetros de El Aaiún. También recogieron huelgas de hambre anteriores por restricciones de visitas, falta de atención médica y aislamiento abusivo.
Ese alejamiento encarece cada desplazamiento y dificulta mantener vínculos familiares. Las organizaciones recordaron que las Reglas Nelson Mandela establecen que, en la medida de lo posible, las personas presas deben permanecer cerca de su hogar. La petición de traslado tiene, por ello, un fundamento reconocido internacionalmente.
Ante la situación descrita, las familias dirigen un llamamiento a Naciones Unidas y a las organizaciones de derechos humanos para que presionen a las autoridades marroquíes. La Liga exige la liberación inmediata de todos los presos civiles saharauis, el restablecimiento de las visitas y atención médica urgente para los huelguistas.
El comunicado sitúa así una emergencia concreta dentro de un problema prolongado. Las familias reclaman saber qué sucede tras los muros de las cárceles y poder acompañar a sus allegados. Las denuncias internacionales acumuladas refuerzan la necesidad de vigilancia independiente, investigación efectiva y garantías que protejan su salud y sus derechos.
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