COLECTIVOS CANARIOS DENUNCIAN A VITO QUILES Y A LA POLICÍA "QUE PROTEGE EL ODIO Y REPRIME LA PROTESTA DEMOCRÁTICA"

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    Colectivos sociales, estudiantiles y políticos de las Islas Canarias han levantado la voz contra la presencia del agitador ultra Vito Quiles, cuyas actividades públicas en Tenerife y Gran Canaria han provocado una oleada de rechazo que trasciende lo local.

    Los comunicados emitidos por diversos grupos no denuncian solamente la impunidad con la que Quiles desarrolla sus actos, sino también el papel pasivo —y en ocasiones "cómplice"— de las instituciones encargadas de velar por el respeto al orden democrático. Lejos de tratarse de episodios aislados, las protestas que han tenido lugar en Canarias se inscriben en una ofensiva mayor, articulada como una gira de propaganda cuyo objetivo es disputar los espacios simbólicos y materiales del ámbito educativo público.

   En Gran Canaria, colectivos sociales y estudiantes se congregaron el pasado 13 de noviembre en los alrededores de la Plaza de España, convocados para expresar su rechazo a un acto organizado por Quiles en ese lugar. Inicialmente, éste había anunciado que asistiría a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), pero tras la suspensión de las clases por causas meteorológicas, trasladó su actividad a la vía pública sin que mediara aclaración alguna sobre la legalidad de dicha concentración. La propia Universidad confirmó que no había recibido solicitud formal para dicho evento, lo cual coincide con el patrón observado en otras ciudades, donde Quiless actúa al margen de la normativa, escudado en la visibilidad que le garantizan sus redes sociales y en una cierta tolerancia institucional.

  Lo que más indignación ha generado entre los colectivos es que, a pesar de esta irregularidad, la concentración se desarrolló con normalidad y fue protegida por un llamativo despliegue policial. Hasta doce furgones de la Policía Nacional y un helicóptero bloquearon los accesos a la plaza, impidiendo el paso a quienes pretendían manifestarse pacíficamente en un espacio público. Varios jóvenes fueron identificados sin causa aparente y amenazados con sanciones, mientras del otro lado del cordón policial se exhibían símbolos ultraderechistas y se pronunciaban discursos xenófobos y racistas sin que ninguna autoridad interviniera. 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA: AUTORIZACIÓN PARA QUIENES PROTESTAN, CARGA PARA QUIENES CUESTIONAN

  En Tenerife, los hechos no fueron menos graves. A través de un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) ha denunciado "las agresiones sufridas por estudiantes y civiles en la Universidad de La Laguna (ULL)", en el marco de una contramanifestación autorizada que fue cercada y reprimida mientras Vito Quiles realizaba su acto en el campus.

    Según el comunicado, los asistentes a la protesta fueron confinados en el aparcamiento de la Facultad de Derecho durante más de dos horas por un dispositivo policial que colocó vallas y cordones en todo el perímetro. En contraste, el grupo que acompañaba a Quiles —presuntamente sin permiso— pudo moverse con libertad por las instalaciones, generando provocaciones e interfiriendo en la vida universitaria.

   "Cuando los estudiantes intentaron abandonar pacíficamente la zona -afirman desde el PCPC -  fueron objeto de una carga policial sin justificación aparente, que dejó varios heridos y casi una veintena de identificados. Poco después se produjo una segunda carga, que no hizo sino reforzar la percepción de que las fuerzas del orden actúan como escudo protector de quienes agitan el odio, mientras criminalizan a quienes defienden espacios democráticos libres de discursos fascistas".

UNA GIRA ORGANIZADA PARA PROVOCAR Y DESESTABILIZAR

    Lejos de ser una iniciativa espontánea, la presencia de Vito Quiles en los campus forma parte de una estrategia organizada de agitación que se presenta como “gira universitaria”, pero que en realidad funciona como punta de lanza para imponer una narrativa derechista y racista en el corazón mismo de la educación pública.

   No es casual que sus actos hayan sido denunciados en varias universidades del Estado español, donde el patrón se repite: despliegue mediático, provocación directa, y un despliegue policial que facilita que el mensaje llegue sin obstáculos.

   Así ocurrió en la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada o la Pablo de Olavide de Sevilla, entre otras. En la mayoría de los casos, los rectorados negaron haber autorizado sus actividades, mientras las concentraciones en su contra eran reprimidas o contenidas bajo el argumento de preservar la “neutralidad”.

LA FINANCIACIÓN OPACA DE UNA OFENSIVA REACCIONARIA

    Aunque Quiles se niega a identificar a sus financiadores, ha reconocido públicamente que su gira cuenta con apoyo privado. La opacidad sobre este punto ha generado aún más sospechas, sobre todo después de que medios independientes hayan revelado que la Diputación de Ciudad Real, gobernada por PP y Vox, destinó más de 135.000 euros a medios de comunicación vinculados a su entorno sin que existiera justificación territorial ni comunicacional. 

ENTRE LA INSTITUCIONALIDAD QUE SE CALLÓ Y LA UNIVERSIDAD QUE RESISTE

  En este contexto, los colectivos sociales y políticos que han denunciado la actividad de Vito Quiles, consideran especialmente alarmante el papel que están jugando algunas instituciones del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y ciertos cuerpos policiales, cuya actuación está permitiendo —cuando no protegiendo activamente— actos que vulneran la legislación vigente en materia de memoria democrática y de derechos fundamentales.

   "La permisividad ante la simbología franquista, los saludos fascistas o los discursos de odio no puede explicarse solamente -opinan- como negligencia, sino como parte de una tolerancia institucionalizada hacia expresiones políticas que deberían ser frontalmente rechazadas".

   Las universidades, por su parte, están viendo cómo se ataca su función crítica, su autonomía y su capacidad de ser espacios de conocimiento y convivencia plural. Lo que está en juego no es solamente el derecho de entrada de un agitador mediático, sino el intento deliberado de erosionar el carácter público y emancipador de la educación.