DENUNCIAN "CONNIVENCIA" DEL PSOE CON "PRÁCTICAS MATONILES" DE EMPRESAS DESOKUPA EN TENERIFE

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, los colectivos La Gaveta 20A, Tagoror Permanente Rotativo, Rebelión Científica Canarias, Afectados por Cuna del Alma y la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta han denunciado la actuación violenta de empresas de desokupación en el sur de Tenerife, señalando también la "connivencia" de autoridades locales como el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE).

  Los colectivos firmantes sostienen que la situación ha alcanzado niveles alarmantes de tensión y violencia en los municipios de Adeje y Arona, donde ”operan grupos organizados que actúan como auténticos paramilitares sin supervisión ni control institucional".

    En el municipio de Adeje, el pasado miércoles vencía el ultimátum impuesto por la Junta de Compensación del proyecto turístico "Cuna del Alma" a un vecino enfermo de cáncer.

   El afectado, que vive legalmente en la antigua Nave de Empaquetado —declarada Bien de Interés Patrimonial Industrial por el Cabildo—, denuncia haber recibido amenazas de una empresa de desokupación contratada por la propia Junta. Según el comunicado, estos individuos han advertido que lo "sacarán a trompadas" si no abandona la vivienda en las próximas horas, pese a no contar con orden judicial alguna.

   Los colectivos recalcan que la Junta de Compensación debe estar bajo vigilancia del Ayuntamiento de Adeje, gobernado por José Miguel Rodríguez Fraga. Subrayan que el alcalde es plenamente consciente de la existencia de estas empresas, que actúan con total impunidad desde hace meses, amparadas por la inacción institucional.

    La situación se estaría reproduciendo en el municipio vecino de Arona, donde  -según los colectivos denunciantes - otra empresa de desokupación "hostiga a una madre monoparental que vive con su hijo, quien tiene reconocida una discapacidad del 84%".

  "Ambos - explican - residen con un contrato de alquiler legal, pero tras la ejecución hipotecaria de la vivienda —propiedad de un gran tenedor—, han sido víctimas de amenazas, cortes de luz, intento de control de acceso al edificio e incluso vandalismo. El martes, la madre encontró el cuadro de luz completamente destrozado. El miedo es tal que teme que puedan encerrar a su hijo en la vivienda mientras ella está fuera".

   Los denunciantes contextualizan estos hechos en una "escalada reciente de violencia vinculada a estas empresas". Recuerdan que "miembros de estas organizaciones han sido detenidos en los últimos meses por delitos tan graves como coacciones e incluso asesinato".

   "Algunos - añaden - han recibido órdenes judiciales de alejamiento de zonas como San Isidro, en el sur de la isla".

   También señalan que, en febrero de este año, el Congreso de los Diputados debatió una moción presentada por Podemos para estudiar la ilegalización de las empresas de desokupación, basándose en el artículo 172 del Código Penal, que tipifica como delito las coacciones. No obstante, la moción fracasó por la abstención del PSOE, lo que, a juicio de los colectivos, ha contribuido a que estas empresas sigan actuando impunemente bajo el disfraz de "intermediadoras".

    Ante lo que califican como "una grave amenaza a los derechos humanos", los colectivos exigen la intervención inmediata de la Fiscalía, de la Subdelegación del Gobierno y del Gobierno de Canarias. Reclaman, además, que los ayuntamientos implicados ejerzan su obligación legal de control y protección sobre los ciudadanos.

   “No se trata solamente de un problema de vivienda”, concluye el comunicado, “es una cuestión de derechos humanos, legalidad y dignidad”. Los vecinos del sur de Tenerife, hartos del miedo y de la violencia, piden amparo institucional y que cesen las agresiones de estas empresas encubiertas por el silencio cómplice del poder político.