REPRESIÓN Y RESISTENCIA EN CÁDIZ: 24 ENCAUSADOS POR LA HUELGA DEL METAL
La clase trabajadora responde con organización popular ante el castigo judicial
La huelga del metal en Cádiz, desatada en junio de 2025, dejó una secuela de represión que hoy se materializa en detenciones, fianzas desproporcionadas y procesos judiciales aún abiertos. Lo que empezó como una lucha laboral se convierte en una batalla política.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
A mediados de junio de 2025, la provincia de Cádiz volvía a ser el epicentro del conflicto laboral más intenso del Estado español. El sector del metal, que aglutina a unos 30.000 trabajadores en empresas principales y auxiliares de la bahía, se encontraba en plena negociación del convenio colectivo. Las condiciones eran de sobra conocidas: salarios por debajo del nivel de vida, contratos inestables y una patronal atrincherada en la precariedad como norma.
Las movilizaciones comenzaron con fuerza: piquetes, barricadas, cortes de carreteras, enfrentamientos con la policía... El 18 de junio ya se registraban los primeros detenidos. La huelga, convocada por UGT y CC.OO., pronto superó a las siglas sindicales. Se trató de una revuelta obrera generalizada, donde miles de trabajadores, afiliados o no, se enfrentaron colectivamente a una situación límite.
Sus reivindicaciones eran claras: aumentos salariales indexados al IPC, contratos dignos, recuperación del plus por toxicidad y penosidad, y la eliminación de categorías laborales impuestas para dividir y precarizar. En una tierra donde el paro y la desindustrialización han sido crónicos, los trabajadores del metal, una vez más, decidieron plantar cara y luchar por sus derechos.
EL ACUERDO QUE NO CALLÓ LA RABIA
Tras diez días de tensión creciente, el 27 de junio UGT firmaba un preacuerdo con la patronal FEMCA. El texto incluía una subida salarial progresiva, la recuperación escalonada del plus por penosidad hasta 2030 y una vigencia del convenio hasta 2031. Pero para muchos trabajadores ese documento era menos un avance que una claudicación. CC.OO. y otros sindicatos lo rechazaron. En las asambleas, crecieron las críticas: la huelga se desconvocaba sin que se hubieran logrado mejoras reales en la estabilidad laboral.
REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES: EL PRECIO DE LUCHAR
El conflicto, en cualquier caso, estaba lejos de finalizar. Tras el final de la huelga llegaron las detenciones. En total, 25 personas fueron arrestadas por su presunta participación en piquetes, disturbios o simplemente por estar presentes durante los días de conflicto. Uno era menor de edad y fue derivado a la Fiscalía de Menores; otro ha sido absuelto. Veinticuatro trabajadores siguen procesados a día de hoy.
De esos 24, al menos 16 han recurrido a una defensa común articulada por abogados penalistas. La financiación de su defensa jurídica se sostiene mediante una Caja de Resistencia, una herramienta nacida desde la propia clase obrera, sin apoyo de los sindicatos mayoritarios ni de las instituciones. Las redes solidarias activadas en barrios, centros de trabajo y movimientos sociales han sido claves para impedir consecuencias aún más graves.
Las fianzas impuestas por los juzgados de Cádiz y Puerto Real han alcanzado cifras escandalosas. El 7 de julio, se exigían 40.000 euros a un detenido. Al día siguiente, otros tres trabajadores enfrentaban una fianza de 45.000 euros en conjunto. Si no se abonaban en plazo, ingresarían en prisión. La respuesta fue inmediata: el dinero se reunió en tiempo récord, evitando así nuevos encarcelamientos. Posteriormente, se sumaron nuevas fianzas: 15.000 euros por un trabajador y 4.000 por otro.
REPRESIÓN CONSTITUCIONAL: UNA JUSTICIA DE CLASE
En este contexto, la reacción del aparato judicial frente a los trabajadores que ejercieron su derecho a la huelga no puede considerarse tan solo un “exceso de celo”. Se trata, más bien, una manifestación concreta del papel que el Estado cumple dentro del modo de producción capitalista. Cuando los trabajadores se organizan, cuando trascienden las estructuras integradas en el sistema —sean partidos, sindicatos o cauces institucionales—, el Estado responde con represión, poniendo de manifiesto su verdadero carácter de clase.
La función del derecho penal en estos casos no es “hacer justicia”, sino mantener el orden. Un orden donde el capital tiene garantizada la explotación y el trabajo apenas conserva el derecho a la resignación. Por eso, los tribunales se ensañan con los huelguistas mientras miran hacia otro lado ante la evasión fiscal de las grandes empresas o la destrucción sistemática del tejido productivo por parte de multinacionales.
La huelga del metal fue una demostración de fuerza obrera en una provincia históricamente castigada. Las detenciones y los procesos judiciales son la reacción del poder ante esa osadía. No buscan justicia, buscan escarmiento.
MÁS ALLÁ DE LAS SIGLAS: CLASE OBRERA ORGANIZADA
Sin embargo, el desarrollo del conflicto en Cádiz también ha puesto de manifiesto la capacidad de organización y resistencia de la clase trabajadora. La creación de la Caja de Resistencia, la contratación de abogados independientes y la movilización de fondos desde los barrios son expresiones prácticas de una conciencia de clase que, lejos de haber desaparecido, se está reactivando.
Un elemento clave es que la defensa de los encausados no ha sido filtrada por criterios de afiliación sindical.
“Nos da igual si están o no afiliados, si pertenecen a tal o cual organización. Estuvieron en la huelga, defendieron lo mismo que todos”, apuntan desde el colectivo organizador. Una posición que rompe con la lógica de corporativismo sindical y apunta a un horizonte de unidad de clase más allá de las estructuras tradicionales.
Frente al abandono institucional y la pasividad de los sindicatos mayoritarios tras la firma del acuerdo, ha sido la organización popular la que ha mantenido viva la lucha. Una lucha que ya no se libra solo en la fábrica, sino en los tribunales, en la calle y en la conciencia colectiva.
Los 24 encausados no están solos. Cada uno de ellos representa a los miles que no aceptan seguir tragando miseria. Sus procesos judiciales no son errores, son advertencias. Se persigue al obrero que alza la voz para que el resto se lo piense dos veces. Pero en Cádiz, como tantas veces antes, el miedo ha encontrado resistencia.
Las movilizaciones de apoyo a los encausados, la rapidez con la que se han reunido las fianzas y la firme decisión de no dejarlos caer evidencian que algo se mueve. Quizá sea aún de forma incipiente, dispersa y desigual, pero la clase trabajadora empieza a tomar nota de los límites del sistema… y de su propia fuerza.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
A mediados de junio de 2025, la provincia de Cádiz volvía a ser el epicentro del conflicto laboral más intenso del Estado español. El sector del metal, que aglutina a unos 30.000 trabajadores en empresas principales y auxiliares de la bahía, se encontraba en plena negociación del convenio colectivo. Las condiciones eran de sobra conocidas: salarios por debajo del nivel de vida, contratos inestables y una patronal atrincherada en la precariedad como norma.
Las movilizaciones comenzaron con fuerza: piquetes, barricadas, cortes de carreteras, enfrentamientos con la policía... El 18 de junio ya se registraban los primeros detenidos. La huelga, convocada por UGT y CC.OO., pronto superó a las siglas sindicales. Se trató de una revuelta obrera generalizada, donde miles de trabajadores, afiliados o no, se enfrentaron colectivamente a una situación límite.
Sus reivindicaciones eran claras: aumentos salariales indexados al IPC, contratos dignos, recuperación del plus por toxicidad y penosidad, y la eliminación de categorías laborales impuestas para dividir y precarizar. En una tierra donde el paro y la desindustrialización han sido crónicos, los trabajadores del metal, una vez más, decidieron plantar cara y luchar por sus derechos.
EL ACUERDO QUE NO CALLÓ LA RABIA
Tras diez días de tensión creciente, el 27 de junio UGT firmaba un preacuerdo con la patronal FEMCA. El texto incluía una subida salarial progresiva, la recuperación escalonada del plus por penosidad hasta 2030 y una vigencia del convenio hasta 2031. Pero para muchos trabajadores ese documento era menos un avance que una claudicación. CC.OO. y otros sindicatos lo rechazaron. En las asambleas, crecieron las críticas: la huelga se desconvocaba sin que se hubieran logrado mejoras reales en la estabilidad laboral.
REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES: EL PRECIO DE LUCHAR
El conflicto, en cualquier caso, estaba lejos de finalizar. Tras el final de la huelga llegaron las detenciones. En total, 25 personas fueron arrestadas por su presunta participación en piquetes, disturbios o simplemente por estar presentes durante los días de conflicto. Uno era menor de edad y fue derivado a la Fiscalía de Menores; otro ha sido absuelto. Veinticuatro trabajadores siguen procesados a día de hoy.
De esos 24, al menos 16 han recurrido a una defensa común articulada por abogados penalistas. La financiación de su defensa jurídica se sostiene mediante una Caja de Resistencia, una herramienta nacida desde la propia clase obrera, sin apoyo de los sindicatos mayoritarios ni de las instituciones. Las redes solidarias activadas en barrios, centros de trabajo y movimientos sociales han sido claves para impedir consecuencias aún más graves.
Las fianzas impuestas por los juzgados de Cádiz y Puerto Real han alcanzado cifras escandalosas. El 7 de julio, se exigían 40.000 euros a un detenido. Al día siguiente, otros tres trabajadores enfrentaban una fianza de 45.000 euros en conjunto. Si no se abonaban en plazo, ingresarían en prisión. La respuesta fue inmediata: el dinero se reunió en tiempo récord, evitando así nuevos encarcelamientos. Posteriormente, se sumaron nuevas fianzas: 15.000 euros por un trabajador y 4.000 por otro.
REPRESIÓN CONSTITUCIONAL: UNA JUSTICIA DE CLASE
En este contexto, la reacción del aparato judicial frente a los trabajadores que ejercieron su derecho a la huelga no puede considerarse tan solo un “exceso de celo”. Se trata, más bien, una manifestación concreta del papel que el Estado cumple dentro del modo de producción capitalista. Cuando los trabajadores se organizan, cuando trascienden las estructuras integradas en el sistema —sean partidos, sindicatos o cauces institucionales—, el Estado responde con represión, poniendo de manifiesto su verdadero carácter de clase.
La función del derecho penal en estos casos no es “hacer justicia”, sino mantener el orden. Un orden donde el capital tiene garantizada la explotación y el trabajo apenas conserva el derecho a la resignación. Por eso, los tribunales se ensañan con los huelguistas mientras miran hacia otro lado ante la evasión fiscal de las grandes empresas o la destrucción sistemática del tejido productivo por parte de multinacionales.
La huelga del metal fue una demostración de fuerza obrera en una provincia históricamente castigada. Las detenciones y los procesos judiciales son la reacción del poder ante esa osadía. No buscan justicia, buscan escarmiento.
MÁS ALLÁ DE LAS SIGLAS: CLASE OBRERA ORGANIZADA
Sin embargo, el desarrollo del conflicto en Cádiz también ha puesto de manifiesto la capacidad de organización y resistencia de la clase trabajadora. La creación de la Caja de Resistencia, la contratación de abogados independientes y la movilización de fondos desde los barrios son expresiones prácticas de una conciencia de clase que, lejos de haber desaparecido, se está reactivando.
Un elemento clave es que la defensa de los encausados no ha sido filtrada por criterios de afiliación sindical.
“Nos da igual si están o no afiliados, si pertenecen a tal o cual organización. Estuvieron en la huelga, defendieron lo mismo que todos”, apuntan desde el colectivo organizador. Una posición que rompe con la lógica de corporativismo sindical y apunta a un horizonte de unidad de clase más allá de las estructuras tradicionales.
Frente al abandono institucional y la pasividad de los sindicatos mayoritarios tras la firma del acuerdo, ha sido la organización popular la que ha mantenido viva la lucha. Una lucha que ya no se libra solo en la fábrica, sino en los tribunales, en la calle y en la conciencia colectiva.
Los 24 encausados no están solos. Cada uno de ellos representa a los miles que no aceptan seguir tragando miseria. Sus procesos judiciales no son errores, son advertencias. Se persigue al obrero que alza la voz para que el resto se lo piense dos veces. Pero en Cádiz, como tantas veces antes, el miedo ha encontrado resistencia.
Las movilizaciones de apoyo a los encausados, la rapidez con la que se han reunido las fianzas y la firme decisión de no dejarlos caer evidencian que algo se mueve. Quizá sea aún de forma incipiente, dispersa y desigual, pero la clase trabajadora empieza a tomar nota de los límites del sistema… y de su propia fuerza.
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