HUELGA MÉDICA EN CANARIAS: EL CONFLICTO LABORAL QUE INTERPELA AL CONJUNTO DE LA SANIDAD PÚBLICA

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El Sindicato Médico CESM y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han anunciado una huelga indefinida desde el 16 de octubre en el Servicio Canario de la Salud. La convocatoria, presentada el 7 de octubre, llama a unos 8.000 facultativos, incluidos residentes.

  Aunque se ha aplazado la huelga estatal a la espera de las elecciones generales, las organizaciones canarias mantienen demandas que afectan a competencias autonómicas. Consideran insuficiente la respuesta de Sanidad y rechazan que el preacuerdo alcanzado por UGT cierre el conflicto. La discrepancia concierne tanto a las condiciones laborales como a quién representa al colectivo y dónde se negocian sus reivindicaciones. 

SOBRECARGA LABORAL Y NEGOCIACIÓN SEPARADA

  Los convocantes plantean dieciocho objetivos, entre ellos mejoras retributivas, estabilidad, revisión de guardias y descansos, carrera profesional, adecuación de agendas y protección del personal en formación. Reclaman también un estatuto médico propio y una interlocución diferenciada. Ese conjunto reúne demandas que pueden mejorar la atención con otras que afectan al lugar del colectivo dentro de la organización sanitaria. 

   Limitar agendas y garantizar descansos tiene consecuencias asistenciales concretas. Cuando aumenta el número de consultas sin disponer de tiempo suficiente, se intensifica el trabajo y se dificulta el seguimiento de los pacientes. La sobrecarga deteriora simultáneamente las condiciones profesionales y la calidad del servicio. Su solución exige plantillas y organización adecuadas, no confiar indefinidamente en el esfuerzo adicional del personal.

  Pero la posición laboral de los médicos no los separa del resto de trabajadores sanitarios. Su cualificación y responsabilidad justifican condiciones específicas, sin borrar que los facultativos asalariados dependen también de decisiones administrativas sobre contratación, jornada y remuneración. Enfermería, técnicos, celadores y administrativos sostienen, junto a ellos, un proceso de trabajo colectivo cuya eficacia depende de la coordinación entre categorías.

  Una negociación exclusivamente corporativa puede debilitar esa fuerza común si enfrenta a los colectivos por recursos o presenta la mejora de uno como objetivo desligado de los demás. Reconocer particularidades profesionales no obliga a romper la solidaridad laboral. La cuestión es si la representación diferenciada sirve para resolver necesidades concretas dentro de una defensa compartida del servicio o consolida una jerarquía de reivindicaciones y derechos.

LOS ANUNCIOS DEL GOBIERNO NO RESUELVEN POR SÍ SOLOS EL CONFLICTO

  La Consejería de Sanidad sostiene que ha introducido mejoras importantes. En junio, Esther Monzón y el director del SCS, Adasat Goya, destacaron 342 nuevas plazas médicas, la contratación de 795 especialistas recién formados y avances en la estabilización de más de 3.000 facultativos. También anunciaron cambios en guardias, carrera profesional y agendas asistenciales.

  Según la Administración, el capítulo de personal del SCS alcanza 2.615 millones de euros en 2026, un 7,5% más. Estos datos acreditan recursos y actuaciones declaradas, pero no demuestran que la dotación sea suficiente ni que sus efectos se distribuyan adecuadamente entre centros, especialidades e islas. Tampoco cabe sumar indistintamente plazas creadas, contrataciones y estabilizaciones como si todas representaran aumentos equivalentes de plantilla. 

  La responsabilidad del Gobierno consiste en explicar cómo se traducen esas medidas en cargas de trabajo, continuidad asistencial y acceso a los servicios. Su función como empleador público no lo sitúa al margen del conflicto laboral. Decide prioridades presupuestarias y organiza el trabajo; los profesionales deben poder cuestionar esas decisiones sin que toda discrepancia se interprete como resistencia injustificada.

LOS PACIENTES NO DEBEN UTILIZARSE CONTRA EL DERECHO DE HUELGA

   Sanidad atribuyó a los paros celebrados entre diciembre de 2025 y abril de 2026 el aplazamiento de 1.496 operaciones, 57.299 consultas y 2.906 pruebas diagnósticas. Es un impacto que debe recogerse con su atribución, pero esas cifras no explican el conjunto de las demoras sanitarias ni autorizan a descargar toda la responsabilidad sobre quienes se movilizan. 

  En un servicio esencial, la huelga produce tensiones reales entre derechos laborales y necesidades asistenciales. Reducirlas a un enfrentamiento entre médicos y pacientes oculta el papel de la Administración y las condiciones previas del sistema. Las garantías de atención imprescindible deben acompañarse de negociación efectiva, sin convertir la dependencia de los usuarios en una obligación de aceptar cualquier jornada o sobrecarga.

  Las consecuencias tampoco se reparten por igual. Quienes tienen ingresos suficientes pueden buscar determinadas consultas o pruebas privadas; quienes dependen del sistema público disponen de menos alternativas. Una espera prolongada puede significar dolor, pérdida de ingresos y dificultades familiares. Esa desigualdad exige proteger la atención y afrontar las causas del conflicto, en lugar de enfrentar a trabajadores sanitarios con familias trabajadoras.

UNA DEFENSA COLECTIVA FRENTE A LA MERCANTILIZACIÓN

   El deterioro de la atención pública puede ampliar el mercado de seguros y servicios privados. No implica que los huelguistas persigan ese resultado, pero muestra que las demoras operan dentro de una estructura donde empresas pueden obtener ingresos de necesidades insatisfechas. La salud se convierte en oportunidad comercial cuando acceder a ella depende crecientemente de la capacidad de pago.

  El sistema público permite atender necesidades sin comprarlas individualmente en el mercado. Para la población trabajadora, esa cobertura reduce su dependencia de ingresos privados. Su debilitamiento traslada costes a los hogares y amplía el espacio empresarial para vender prestaciones antes garantizadas colectivamente.

  Una salida que se limite a complementos salariales dejaría pendientes plantillas, descansos y organización asistencial. Otra que ignore las condiciones laborales perpetuaría la sobrecarga. La defensa de la sanidad pública requiere unir derechos del conjunto del personal y necesidades de la población, con compromisos verificables y recursos suficientes. La calidad asistencial depende de ese trabajo colectivo y no puede sostenerse enfrentando entre sí a quienes lo realizan o necesitan sus cuidados.