ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS, 50 AÑOS DE OTRO CRIMEN IMPUNE DEL TARDOFRANQUISMO

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Hace apenas unos días se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Antonio González Ramos, obrero, sindicalista y militante comunista canario, asesinado a golpes el 30 de octubre de 1975 por la policía política del franquismo. Este crimen, aún impune, es símbolo de una “transición a la democracia” manchada de sangre y del silencio pactado que cubrió los crímenes del viejo régimen sobre el que se constituiría el nuevo Régimen del 78. 

Un militante formado en la emigración y el trabajo

   Antonio nació en el norte de Tenerife en 1936, el mismo año del alzamiento militar que instauró la dictadura franquista. Como muchos jóvenes de su generación, sufrió la miseria de la posguerra y emigró a Alemania en la década de los 60.

   Allí, en los círculos de la emigración obrera, entró en contacto con el Partido Comunista. Cuando regresó a Canarias ya era un militante formado, convencido de que la única forma de cambiar las cosas era organizándose con su clase.

   En Tenerife encontró trabajo en la fábrica de tabacos de Philip Morris. Allí comenzó a destacarse como organizador de los trabajadores, impulsando las primeras Comisiones Obreras en la isla. Por estas actividades fue despedido junto a otros compañeros, como Chicho Montesinos y Luis Molina. Su defensa estuvo a cargo del entonces joven abogado laboralista Alfredo Horas Casanova, también militante comunista. La represión patronal fue acompañada de la judicial: el juez Alfredo Pedreira avaló los despidos por “injurias y coacciones”.

  Pero Antonio no se doblegó. Ingresó en la Oposición de Izquierdas del PCE (OPI), que luego daría lugar a la formacion del Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC). En este nuevo espacio militante, formado por estudiantes, profesores y obreros, Antonio aportó su experiencia y compromiso, participando en la organización sindical y también en el movimiento vecinal de barrios populares como El Ortigal, La Montañeta y El Portezuelo.

El asesinato: tortura policial y montaje político

    Toda esa actividad fue cortada brutalmente en la noche del 30 de octubre de 1975. A raíz de un hallazgo fortuito de propaganda política y dinamita en la casa de un amigo —dinamita que no era suya, sino del anfitrión y usada para pesca clandestina—, la policía franquista vio una oportunidad para montar una operación contra lo que calificaron de “banda terrorista”. Antonio fue detenido en su casa y trasladado a los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Santa Cruz de Tenerife.

     Allí, el inspector jefe José Matute Fernández, un karateca conocido por su brutalidad, lo torturó hasta matarlo. La autopsia reveló un cuadro de lesiones internas devastadoras: hígado desgarrado, hematomas internos y múltiples golpes.

   La versión oficial intentó encubrir el asesinato, alegando que Antonio se había arrojado de un coche en marcha. Sin embargo, una reconstrucción impulsada por un joven fiscal, Mariano Fernández Bermejo, demostró la imposibilidad de esa versión.

  Pese a que el juez dictó auto de procesamiento contra Matute y un cabo de la Guardia Civil, ambos huyeron del país. Regresaron en 1977 sabiendo que serían beneficiados por la Ley de Amnistía, que en su artículo segundo extinguía toda responsabilidad penal a agentes del orden público por actos cometidos “con motivo u ocasión” de la represión política. Matute incluso pudo reincorporarse a la policía, sin mostrar jamás ningun tipo de arrepentimiento, y continuó vinculado a círculos de ultraderecha. La impunidad en este caso fue total.

   En los días posteriores al asesinato, ya muerto Franco, se celebró un funeral en la iglesia de San Francisco en Santa Cruz. A la salida, una concentración fue duramente reprimida por la policía, con agresiones a manifestantes y periodistas.

   Sin embargo, la memoria de Antonio no se apagó. Su partido, hoy ya desaparecido, y sus compañeros mantuvieron actos en su honor cada año, y hoy su nombre da título a una calle en San Benito, en La Laguna.

Transición: represión y continuidad del aparato franquista

   El caso de Antonio González Ramos no fue excepcional. Durante la Transición, Canarias, al igual que otras muchas regiones del Estado, vivió otros asesinatos impunes a manos de las llamadas “fuerzas del orden”.

   Apenas tres días antes, el 26 de octubre, fue abatido por la Guardia Civil en Adeje el obrero Antonio Padilla Corona, cuando se disponía a pescar con dinamita. El 22 de septiembre de 1976, el estudiante Bartolomé García Lorenzo fue ametrallado por la policía en el barrio de Somosierra, en Santa Cruz. El 12 de diciembre de 1977, el estudiante de Biológicas Javier Fernández Quesada fue asesinado por la Guardia Civil en las escaleras de la Universidad de La Laguna. Ninguno de estos casos fue resuelto con justicia.

    Estos crímenes se inscribieron en un contexto político marcado por el Decreto-Ley 10/1975, una dura ley antiterrorista aprobada pocos meses antes de la muerte de Franco, que amplificó el poder represivo de la policía. Durante la supuestamente “modélica transición a la democracia” cerca de 600 personas fueron asesinadas por motivos políticos en el conjunto del Estado. La mayoría de sus casos permanecen impunes.

   Uno de los casos más conocidos fue el asesinato en Madrid de los cinco abogados laboralistas en el atentado de Atocha, cometido por militantes de extrema derecha. Pero ese mismo año era abatido por la policía el joven Manuel José García Caparrós, en Málaga, durante una manifestación por la autonomía andaluza. En Vitoria, cinco obreros fueron asesinados por disparos de la policía en 1976 mientras participaban en una huelga. Todos estos casos comparten un elemento común: la impunidad de sus responsables y el silencio institucional.

   La represión del aparato estatal no fue tan solo una consecuencia de la inercia del aparato represivo del franquismo, sino la forma en la que este aparato reaccionó para controlar a una clase trabajadora movilizada, en un momento en el que confluyeron la crisis política con la crisis económica capitalista de los años 70. En el curso de esta década, el movimiento obrero estaba en pleno ascenso y los representantes políticos de las clases dominantes temían que pudiera llegar a cuestionar no solo la monarquía impuesta para garantizar que el nuevo régimen quedase “bien atado”, sino también los mismos fundamentos del sistema económico.

   Por ello, con la complicidad de los dirigentes cooptados de la izquierda - del PSOE y el PCE - la Transición estuvo concebida, desde arriba, para evitar la entonces denominada ruptura democrática.  Fue una operación de recambio lampedusiano -cambiar algunas cosas para que nada esencial cambiase - en la que todos los crímenes de la dictadura debían quedar sepultados.  La amnistía de 1977, que se presentó como un paso necesario hacia “la reconciliación”, funcionó en realidad como una suerte de “ley de punto final” para proteger a torturadores, policías asesinos y otros funcionarios del régimen y negar a las víctimas y sus familias justicia y reparación. 

    Hoy, cuando el capitalismo pretende borrar toda memoria de lucha obrera, es urgente rescatar historias como la de Antonio González Ramos. Su compromiso no fue una mera anécdota del pasado, sino una muestra de dignidad militante que debe servir como ejemplo a las nuevas generaciones.