LOS TRENES DE CANARIAS: ¿PROYECTOS DE PROGRESO O DESPILFARRO MILMILLONARIO DE FONDOS PÚBLICOS?

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Los trenes de Tenerife y Gran Canaria, proyectos ferroviarios que llevan más de dos décadas sobre planos y despachos, han vuelto a la escena política en 2025 con un renovado impulso institucional. Bajo la etiqueta de “movilidad sostenible” y con el sello de los fondos europeos, los gobiernos autonómicos e insulares han firmado convenios millonarios que podrían transformar —o trastornar— la geografía, la economía y la vida de las islas. Pero, ¿a quién beneficiarían, realmente, estas obras faraónicas? ¿Se trata, como afirman, de proyectos que permitirían a las dos islas capitalinas dar un salto hacia la “modernidad” y el “progreso”? Un análisis somero de sus características permite sostener, al menos, la necesidad de confrontar la publicidad institucional que así lo sostiene con los argumentos y los datos de los colectivos y expertos que tienen una visión contraria. 

UN PROYECTO MILMILLONARIO EN UN ARCHIPIÉLAGO DE CRECIENTE PRECARIEDAD

   La narrativa oficial repite que Canarias necesita de los trenes para descongestionar sus saturadas autopistas. En Tenerife, el “Tren del Sur” uniría Santa Cruz con el sur turístico, con un coste inicial estimado en 2.200 millones de euros. En Gran Canaria, la línea proyectada conectaría Las Palmas con Maspalomas, por unos 1.800 millones. En total, más de 4.000 millones de inversión pública, según los últimos protocolos firmados con el Estado.

    Analistas críticos han advertido, no obstante, que esa cifra podría ser solo la punta del iceberg.  Algunos cálculos independientes elevan el coste potencial del proyecto hasta los 7.000 millones solo para Tenerife.  Se trata de una inversión colosal que llega en un momento de crisis social aguda en las islas —con problemas estructurales de vivienda, precariedad laboral, colapso sanitario y desertificación educativa— se presenta como salvación técnica sin debate democrático alguno.

    Diversos estudios apuntan, además, que esta inversión milmillonaria realizada en los trenes difícilmente podría ser amortizada.  Un informe elaborado en 2021 por el Equipo de Investigación en Economía de las Infraestructuras, Transporte y Turismo (EITT) de la Universidad de Las Palmas de Gran  Canaria concluyó que el tren “no es la mejor opción socioeconómica ni financiera” para la movilidad de la isla, subrayando que el coste de explotación superaría los veinte millones de euros anuales y la demanda prevista de pasajeros sería insuficiente, incluso en los escenarios más optimistas.

   Estas advertencias no son novedosas. Desde hace más de una década, economistas como Antonio González Viéitez y técnicos como Roque Calero vienen alertando también sobre el abismo financiero que supondría un tren en un territorio insular de escasa población y relieve accidentado. Ambos coinciden en que los costes de construcción, mantenimiento y energía nunca podrán ser compensados por la venta de billetes ni por la supuesta “modernización” que se invoca para justificar los proyectos.

EL IMPULSO INSTITUCIONAL Y EL CONSENSO DIRIGIDO

  A lo largo de 2025, el Gobierno central y los cabildos insulares han empujado los proyectos ferroviarios como si de una política de Estado se tratase. La firma de convenios, la búsqueda de financiación europea, la aceleración de los informes de impacto ambiental y la preparación de licitaciones muestran una maquinaria administrativa decidida a llevarlos adelante.

 Ante esta ofensiva, llama la atención el silencio, o al menos la pasividad, de buena parte del tejido social canario ante unos planes que, hace años, sí generaron un importante. cuestionamiento.  

   El proyecto ha sido presentado como un “avance inevitable”, lo que pretende justificar la ausencia de un debate desde el inicio. No se pregunta si se necesita, ni si es la mejor opción, ni quién se beneficia. Se impone sin más.   Esta forma de proceder responde a una lógica muy clara: las grandes infraestructuras, lejos de ser solo obras “técnicas”, constituyen los mejores mecanismos para reforzar algunos intereses privados. Generan contratos, licitaciones, flujos financieros y oportunidades de acumulación que multiplican los beneficios de grandes constructoras, consultoras e intermediarios. En este camino, el discurso sobre la “sostenibilidad” se convierte, a menudo, en una simple coartada.

UNA OPOSICIÓN MENGUANTE Y SIN MOVILIZACIÓN

  Históricamente, varios colectivos ecologistas han venido cuestionado los trenes canarios. La federación Ben Magec ‑ Ecologistas en Acción, probablemente el colectivo ecologista más conocido del Archipiélago, se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de estos megaproyectos.

    En el año 2009 organizaban un acto público, con la presencia de los citados  González Viéitez y Roque Calero, para dar a conocer su postura. Aun en el año 2022, declaraban que “El Tren del Sur de Tenerife … Es un disparate económico y un destrozo medioambiental”.

   Ese mismo año, en Gran Canaria, afirmaban: “Nos están imponiendo un proyecto que destruye territorio, endeuda a la población y favorece a unos pocos”. Exigieron además la ampliación de los plazos de exposición pública del proyecto por su enorme impacto social, económico y ambiental.

  Sin embargo, y pese a la reactivación del proyecto en 2025, no hemos podido encontrar una respuesta reciente al respecto del colectivo ecologista. Su voz, antes central en la oposición a estos proyectos, hoy parece más ausente. 

ALTERNATIVAS EXISTEN… PERO NO INTERESAN

   Uno de los aspectos deliberadamente ignorados del debate sobre la movilidad en las islas, efectivamente colapsada por el crecimiento irracional del parque automovilístico, es la existencia de alternativas mucho más económicas, adaptadas al territorio y socialmente eficientes. Entre ellas, cabe señalar, la mejora de la red de guaguas, la creación de carriles BUS-VAO, la integración de sistemas de transporte ligero y, en general, el fomento decidido del transporte público unido a una limitación drástica del transporte privado. 

   tas soluciones baratas, eficaces y sostenibles, sin embargo, no dan lugar a licitaciones multimillonarias, ni activan fondos europeos de infraestructuras, ni permiten el despliegue de una burocracia tecnocrática al servicio del negocio. Tampoco pueden venderse a la ciudadanía como majestuosos proyectos que, con el poderoso instrumento de la propaganda, se venden como la opción más ambiciosa para la modernización de las islas.

LA FICCIÓN DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

  Quizás lo más escandaloso del caso sea, justamente, la ausencia de un debate público real acerca de dos proyectos que tendrían un impacto colosal en las islas. Huelga decir que los planes ferroviarios no han sido sometidos a ninguna consulta y no se ha dado cabida en los medios de comunicación a los argumentos y los datos de quienes los cuestionan.  No hay procesos vinculantes de participación. No hay estudios independientes publicados ampliamente y revisados socialmente. Todo se ha gestionado, como de costumbre, entre despachos, técnicos pagados por la administración, empresas y políticos, mientras la ciudadanía queda reducida a ser  mera espectadora de un proceso que se presenta como inevitable. 

   Pese a todo, la división social en torno al proyecto continúa, aunque no se traduzca en manifestaciones multitudinarias, ni movilizaciones. 

   Junto a Viéitez y Calero, Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Las Palmas, sostenía en una entrevista que “El tren es una estafa: tal vez una de las mayores de la historia de Canarias”.

     Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo, por su parte, afirma que “es totalmente absurdo que en un territorio tan limitado se plantee una solución como el tren, porque va a consumir una enorme cantidad de suelo”.

   Desde el lado contrario, Pedro Alfonso, presidente de la CEOE de Tenerife, defiende el proyecto como parte de una estrategia moderna de movilidad: “Apostamos - dice Afonso - por transporte limpio, un plan de movilidad inteligente debe complementar lo privado con lo público”.

   Estos testimonios muestran que el conflicto se mantiene, aunque el establishment político y mediático estén claramente implicados en la promoción de las obras y los críticos no estén divulgando sus puntos de vista ni propiciando la creación de un movimiento popular orientado por su conocimiento.  

¿HACIA DÓNDE NOS LLEVA EL TREN?

 Los posicionamientos sobre los proyectos ferroviarios de Canarias no se pueden reducir a una mera cuestión técnica. Constituyen una expresión clara del modelo de “desarrollo” impuesto en el Archipiélago canario: vertical, centralizado, dependiente del capital externo y sin ninguna posibilidad de ser cuestionado democráticamente. Representan una política pública orientada más al “espectáculo de la modernidad” y los pelotazos empresariales  que al bienestar real de la mayoría social.

  Ante esto, la pasividad que puede apreciarse en algunos de los colectivos ecologistas históricos provoca preocupación y sugiere algunos interrogantes. ¿Se encuentra motivada su inacción por el desgaste de estas organizaciones? ¿O acaso podría estar influida también por alguna suerte de cooptación por parte de las instituciones promotoras del proyecto?

   Sea como fuere, aceptar sin discusión un proyecto de más de cuatro mil millones de euros sin saber si será útil, eficaz o justo, y sin valorar el gran impacto medioambiental asociado al mismo, tiene mucho más que ver con la sumisión, que con el “progreso”. Algo que no se puede permitir la población de un territorio tan empobrecido y fracturado como Canarias. 

Vídeos promocionales sobre los trenes de Gran Canaria y Tenerife La propaganda ha sustituido a cualquier debate abierto e informado sobre el proyecto.