CANARIAS COMPITE CON AYUSO EN LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SALUD: DE LA TARJETA SANITARIA AL DATÁFONO

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Canarias ha escalado rápidamente posiciones en los índices de privatización sanitaria hasta situarse, a la par de Madrid, en lo más alto del ranking en España. Este no es un fenómeno aislado, sino uno de los síntomas más graves de un modelo que, en todo el Estado, funciona realizando un trasvase de recursos públicos hacia el sector privado, incrementando las desigualdades estructurales. 

  Aunque el modelo implantado en la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso -y antes de Esperanza Aguirre- sea presentado por algunos medios como algo excepcional, lo cierto es que es el espejo en el que se miran también el resto de  regiones. Pero, ¿qué implicaciones políticas, económicas y sociales encierra esta deriva?

   Según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el proceso de privatización sanitaria en España continúa su expansión, aunque de manera desigual entre comunidades autónomas. Desde 2014, Madrid ha liderado esta tendencia, pero en 2025 Canarias ha logrado igualarla en puntuación. El dato no es menor: en apenas un año, el Archipiélago ha pasado del octavo al primer puesto, con un incremento del 32,3 % desde la etapa pre-pandemia. En cinco de los ocho indicadores analizados —porcentaje de mutualistas que eligen asistencia privada, gasto en conciertos, proporción de camas privadas, equipamiento tecnológico y número de consultas a especialistas privados— Canarias se sitúa por encima de la media estatal.

  Este avance no responde a una necesidad coyuntural, sino a una orientación política que privilegia la externalización como solución estructural. Los conciertos con clínicas privadas, muchas veces vencidos desde hace años, se mantienen mediante mecanismos excepcionales. A pesar de las advertencias de la Audiencia de Cuentas y del Consejo Consultivo, el Servicio Canario de Salud continúa financiando derivaciones al sector privado por procedimientos de nulidad, una práctica que encubre el desvío sistemático de recursos públicos hacia empresas sanitarias.

EL "MODELO AYUSO" COMO PROTOTIPO

  El "modelo madrileño" patrocinado por Ayusom, en definitiva, no es ninguna excepción, sino un prototipo que se ha extendido a otros territorios. En la Comunidad de Madrid, el gasto sanitario público se ha canalizado en buena parte hacia empresas privadas mediante conciertos, externalizaciones y concesiones administrativas. Este entramado ha favorecido especialmente a grandes corporaciones como el grupo Quirón, que se ha convertido en un actor central del sistema madrileño. Diversas informaciones periodísticas han revelado que resulta más fácil encontrar una factura pública dirigida a este grupo que un plan real de reducción de listas de espera. A ello se suma la controversia sobre la consejera de Sanidad madrileña, que ocultó haber trabajado diecisiete años en Quirón, evidenciando la porosidad entre el aparato político y los intereses privados.

  En el caso canario, el proceso muestra similitudes inquietantes. Los conciertos caducados, las licitaciones desiertas por falta de rentabilidad y la dependencia de clínicas privadas para servicios básicos apuntan a la reproducción del mismo esquema. La administración actúa, en la práctica, como intermediaria entre el dinero público y el capital sanitario, un fenómeno que transforma la sanidad en un campo de negocio. Lo que en Madrid se presenta como una “colaboración público-privada eficiente”, en Canarias se traduce en un trasvase presupuestario que debilita al sistema público, sin mejorar sustancialmente la atención.

LA LÓGICA DE CLASE DETRÁS DEL PROCESO

   La privatización no es una simple "medida técnica" destinada a “mejorar la gestión”, sino un mecanismo de redistribución del excedente social. El capital busca de forma permanente nuevos "nichos" en los que revalorizarse  y encuentra en los servicios públicos, con la necesaria complicidad de los partidos institucionales que representan sus intereses,  un espacio fértil para esa expansión. Cuando el Estado deriva recursos hacia empresas privadas para garantizar un servicio esencial, el resultado es la transferencia de valor socialmente producido al circuito de la acumulación privada.

 La lógica que se impone es la de la rentabilidad privada, no la de la necesidad. La sanidad pública, concebida históricamente como una conquista social destinada a garantizar la igualdad de acceso a la salud, se subordina a los intereses del mercado. El sistema público queda reducido al papel de garante de los servicios menos rentables —atención primaria, urgencias, cronicidad— mientras el capital privado se apropia de las áreas más lucrativas, como los tratamientos especializados o la alta tecnología médica. De esta forma, el Estado pierde su papel de productor directo de bienestar y se convierte en un gestor de subsidios al capital.

  En el fondo, lo que se está desmantelando es la base material del derecho a la salud. Cuando los hospitales, equipos, personal, conocimiento se concentran en manos privadas, las relaciones que estructuran el acceso a la atención médica se transforman. La sanidad deja de ser un derecho universal y se convierte en una mercancía cuyo acceso depende del poder adquisitivo.

IMPACTOS SOBRE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA EQUIDAD

   Los efectos de esta política son visibles en toda España, pero en territorios como Canarias se amplifican por su estructura demográfica y geográfica. La dispersión insular y la dependencia de infraestructuras costosas hacen que la privatización genere desigualdades aún mayores. Mientras los grandes núcleos urbanos concentran hospitales y servicios privados, las islas menores y las zonas rurales ven reducirse su cobertura. El resultado es un sistema sanitario fragmentado, donde la calidad y la rapidez de la atención dependen del lugar de residencia y del nivel de renta.

   El gasto medio en seguros privados en Canarias ha pasado de 141 euros por habitante en 2019 a 187 en 2024, un incremento de más del 30 %. Es decir, cada vez más personas recurren a la sanidad privada ante las demoras del sistema público. A pesar de ello, el gasto total en atención sanitaria —pública y privada— también ha aumentado, lo que desmiente la supuesta eficiencia de la privatización. Los costes administrativos, la fragmentación de servicios y el sobretratamiento inducido por la competencia comercial hacen que el gasto sanitario global sea mayor.

  Esta tendencia reproduce un esquema clásico: el Estado asume los costes estructurales y los riesgos, mientras el sector privado captura los beneficios. Lo público se convierte en un colchón de seguridad para el capital privado, que opera sin asumir los riesgos inherentes a la atención sanitaria universal. De ahí que los informes de la FADSP adviertan que la privatización genera un incremento de la mortalidad tratable y amplía, de forma significativa,  la desigualdad entre las clases sociales.