FCO. RODRÍGUEZ: "LAS EMISIONES DE GAS NO JUSTIFICABAN EL DESALOJO DE FAMILIAS DE LA PALMA DURANTE TRES AÑOS"

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La erupción del volcán Tajogaite, en La Palma,  en septiembre de 2021, marcó un antes y un después en la historia de esta isla. Fueron 85 días de lava, fuego y ceniza que destruyeron infraestructuras, viviendas y buena parte del tejido económico y social. Pero lo más doloroso no acabó con el final de la erupción: tras el cese de la actividad volcánica, las emisiones difusas de dióxido de carbono (CO₂) en zonas como Puerto Naos y La Bombilla mantuvieron a la población alejada de sus hogares durante años.

  Estas emisiones, que se concentraban principalmente en espacios cerrados como sótanos, redes de saneamiento y pozos negros, llevaron a las autoridades a decretar el cierre total de estos núcleos urbanos. Desde entonces, miles de personas han permanecido fuera de sus casas, sin perspectivas claras de retorno, sometidas a una espera indefinida y cargada de incertidumbre.

El conocimiento despreciado

   Entre quienes vivieron esta crisis desde dentro se encuentra el químico palmero Francisco Rodríguez Pulido, profesor de Física y Química jubilado, quien formó parte del grupo de expertos del Cabildo insular durante la emergencia. Este mes de noviembre, en el congreso internacional sobre la erupción del Tajogaite, Rodríguez Pulido expuso públicamente lo que desde hace años ha venido planteando. En su opinión, la población afectada podría haber vuelto a vivir en estos barrios costeros desde hace más de tres años si se hubieran aplicado a tiempo medidas técnicas sencillas.

  Según su análisis, las instituciones optaron por esperar a que el gas desapareciera por sí solo, en lugar de intervenir directamente en los puntos críticos.  Rodríguez Pulido critica que propuestas como la instalación de codos sifón en redes de saneamiento, la ventilación controlada de espacios cerrados o el sellado de pozos inactivos, todas de bajo coste y probada efectividad, fueron ignoradas. En algunos casos, los lugares donde se aplicaron experimentalmente estas soluciones registraron una caída drástica de las concentraciones de CO₂, pasando de más de 50.000 partes por millón (ppm) a apenas 500 ppm en cuestión de minutos.

   A juicio de Rodríguez Pulido, se trató de "una gestión errática, en la que prevaleció una lógica de exclusión y desconfianza".

  El químico denuncia que sus advertencias y propuestas fueron descartadas sin debate técnico real, hasta el punto de que fue expulsado del órgano asesor por el propio presidente del Cabildo.

  "Hoy -afirma- cuando muchas de esas medidas empiezan a implementarse con recursos públicos y validación científica, la experiencia acumulada durante años de trabajo ha demostrado su validez".

Medidas simples, resultados inmediatos

   Una parte fundamental de la argumentación de Francisco Rodríguez Pulido se apoya en datos públicos obtenidos de redes oficiales de monitoreo, como las gestionadas por  el Instituto Geográfico Nacional (LoRa IGN), el sistema DEMASE y el programa Alerta CO₂. Según estas mediciones, desde 2022 los niveles de CO₂ en exteriores han sido generalmente estables, con promedios en torno a los 894 ppm, sin episodios críticos. Incluso en interiores, el 85 % al 97 % de los sensores instalados registran concentraciones por debajo de los 1.000 ppm.

  Donde se han registrado cifras peligrosas —hasta 200.000 ppm— ha sido en arquetas, garajes específicos y pozos negros. Pero lo que los ensayos de campo han mostrado es que esas concentraciones pueden reducirse drásticamente si se actúa con precisión sobre estos espacios, aplicando técnicas asequibles y disponibles desde los primeros momentos de la crisis.

  Para Rodríguez Pulido  estos datos indican que, aunque el riesgo real existía y sigue existiendo en lugares puntuales y mal ventilados, no es así en las calles, ni en las viviendas bien aireadas, ni en las playas abiertas.

 En base a estas evidencias, el químico sostiene que "la gestión del riesgo, por tanto, no debería haber sido indiscriminada, sino selectiva y basada en diagnósticos detallados".

 "No era necesario - apunta - cerrar todo un territorio durante años; bastaba con intervenir técnicamente allí donde el problema era real".

Costes humanos de una evacuación indefinida

  El cierre prolongado de Puerto Naos y La Bombilla ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas. Familias que llevaban generaciones viviendo en la zona se han visto forzadas a desplazarse, sin soluciones habitacionales estables. La actividad económica local, especialmente el turismo y el comercio, ha colapsado. La espera ha degenerado en desesperanza.

  Este drama cotidiano, que rara vez ocupa titulares, constituye lo que Rodríguez Pulido llama una “catástrofe humanitaria”. Porque el desastre no terminó con la erupción, sino que "se prolongó artificialmente por decisiones políticas tomadas sin sensibilidad social, sin transparencia informativa y sin diálogo con quienes más sufrían sus consecuencias".

  Muchos vecinos llegaron a adquirir detectores de gases por su cuenta, organizarse colectivamente para medir los niveles en sus viviendas y colaborar con técnicos independientes. Pero esa iniciativa fue desoída por las administraciones, que prefirieron mantener el control total de la información y relegar cualquier conocimiento no institucional.

Ética, verdad y poder

  En su intervención en el congreso internacional sobre la erupción del Tajogaite, Rodríguez Pulido fue claro: lo que ha fallado en La Palma no es solo la técnica, sino la ética pública.

  "Las instituciones no pueden gestionar una catástrofe solo con datos y estadísticas; deben hacerlo también con justicia, con respeto a la dignidad de las personas y con voluntad de escuchar".

   Frente a la “verdad factual” de los sensores, Rodríguez Pulido reivindica la “verdad vivencial” de quienes lo han perdido todo y siguen sin respuestas.

   "Esa verdad vivencial no es menos válida -sostiene- por ser emocional, cercana o fragmentaria. Es, de hecho, la que da sentido a la gestión del riesgo. Porque proteger a la población no es solo evitar que respire un gas invisible".

   "Es también - añade el químico palmero- la que permitiría evitar que la incertidumbre, el abandono y el miedo se conviertan en una condena a vivir en el limbo durante años, mientras las instituciones toman decisiones con retraso y opacidad".

    Para el químico, lo que ha ocurrido en La Palma "revela la necesidad urgente de revisar los modelos de gestión de emergencias en contextos de riesgo ambiental persistente".

   "No basta - afirma - con aplicar el principio de precaución de manera rígida y generalizada. Es necesario actuar con inteligencia técnica, pero también con sensibilidad política y social. Diagnosticar caso por caso, aplicar medidas proporcionales, mantener el acceso a los datos, y sobre todo, tratar a la población no como una amenaza o un obstáculo, sino como parte activa de la solución".

   Rodríguez Pulido no solo denuncia errores pasados. Advierte sobre un modelo de gobernanza que, si no cambia, "puede reproducirse en futuras emergencias".

  "La concentración de poder técnico sin control democrático, el desprecio a las experiencias locales, y la demora sistemática en aplicar soluciones eficaces, no son problemas técnicos: son fallos estructurales - concluye - de una política pública que olvida para quién se supone que trabaja".