EL GOBIERNO "PROGRESISTA" ESPAÑOL MULTA A UN ACTIVISTA CANARIO POR PORTAR LA BANDERA DE PALESTINA (VÍDEO)
Denuncian una "sistemática campaña de persecución contra quienes muestran su solidaridad con Palestina".
Mientras el Gobierno presume de apoyar al pueblo palestino, en Canarias impone multas a los activistas que se manifiestan para expresar su solidaridad con dicho pueblo y denunciar el genocidio perpetrado por el Estado de Israel. La sanción de 1.500 euros al militante del PCPC Javier Delgado es tan solo - denuncian - " un ejemplo de una persecución cada vez más sistemática" (...).
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El 2 de enero de este 2025, durante un partido entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el Hapoel de Tel Aviv en el Gran Canaria Arena, varios activistas intentaron exhibir banderas palestinas en las gradas como gesto de solidaridad. Las fuerzas policiales intervinieron y expulsaron a quienes portaban los símbolos. Hasta ahí, un episodio que cabría inscribir en el derecho a manifestación pacífica. Dos meses después, algunos de estos activistas recibían propuestas de sanción que oscilaban entre los 1.500 y los 5.000 euros, así como varios meses de prohibición de acceso a recintos deportivos. Un hecho que los propios activistas denunciaron en rueda de prensa, como parte de una una "sistemática campaña de persecución contra quienes muestran su solidaridad con Palestina".
Este lunes, 6 de octubre, la redacción de Canarias-semanal recibía la noticia de que uno de estos activistas, Javier Delgado, militante del PCPC, ha sido finalmente sancionado con una multa administrativa de 1.500 euros impuesta por la Delegación del Gobierno en las Islas.
MULTAS, PROHIBICIONES E INTENDO DE AMEDRENTAMIENTO
En la citada rueda de prensa, celebrada en julio de 2025 y que los lectores pueden ver íntegramente en el vídeo que acompaña la presente nota, el propio activista sancionado denunciaba la existencia de un "patrón sancionador sistemático" que se estaría aplicando en Canarias, al igual que en el resto del Estado.
Delgado afirmó que la Delegación del Gobierno en Canarias está usando estas sanciones como herramienta de intimidación hacia los movimientos sociales que se atreven a visibilizar su apoyo a Palestina. Denunció falsedades en las actas policiales, negativas sistemáticas de los funcionarios de la Delegación a aceptar pruebas (vídeos, audios, testigos) que contradigan la versión oficial, amenazas, empujones y provocaciones policiales.
![[Img #87088]](https://canarias-semanal.org/upload/images/10_2025/4046_1415_anselmo-pestana.jpg)
El delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana
"Todo esto es posible - explicó - gracias al marco jurídico represivo que establece la conocida Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, 2015), la cual ofrece la presunción de veracidad a las declaraciones policiales, limita vías de defensa ciudadana y permite sancionar sin necesidad de juicio previo.
Los activistas cifran en más de 25.000 euros las sanciones acumuladas en Gran Canaria en los últimos años por acciones vinculadas a la causa palestina.
LA LEY MORDAZA: UNA DÉCADA DE REPRESIÓN Y PROMESAS INCUMPLIDAS
La Ley Mordaza fue aprobada en 2015 por el gobierno del PP y desde entonces ha sido empleada de forma extensiva para criminalizar la protesta y restringir derechos fundamentales, según múltiples críticas.
A escala estatal, los datos oficiales señalan que hasta finales de 2023 se han impuesto más de 2.155.990 sanciones por esta normativa, por un valor cercano a 1.300 millones de euros. Solo en 2023 se registraron más de 284.000 sanciones, un 17 % más que el año anterior.
En Canarias, la aplicación de esta ley y su recaudación han sido especialmente intensas, lo que convierte al archipiélago en un laboratorio de represión administrativa.
El PSOE y Sumar —la coalición del gobierno estatal— han venido anunciando la reforma o derogación de la Ley Mordaza como parte de su agenda de “regeneración democrática”. En julio de 2024 Yolanda Díaz anunciaba, a bombo y platillo, la existencia de un supuesto acuerdo con el PSOE para derogar los delitos de opinión y modificar la difusión de imágenes policiales en la ley.
Pese a esas promesas, la Ley Mordaza no solo no ha sido derogada, sino que continúa utilizándose como uno de los principales instrumentos para reprimir las protestas de los movimientos sociales.
LA DOBLE MÁSCARA DEL GOBIERNO: ABANDERADO Y OPRESOR
En relación a la solidaridad con Palestina, los activistas grancanarios denuncian, igualmente, que mientras el Ejecutivo de PSOE y Sumar se esfuerza en posicionarse ante la opinión pública como un defensor progresista de los derechos humanos y la justa causa palestina, esta fachada se desmorona por sus actuaciones contra quienes realmente se movilizan en esa causa.
"La sanción a Javier Delgado y a otros compañeros - advierten - no son hechos aislados. Ese tipo de castigo administrativo funciona como mensaje disuasorio: muchos activistas pagan las multas sin recurrir por temor, porque esa es la intención directa del aparato represor".
“Muchos pagan las multas sin recurrir, porque se asustan. Eso es lo que buscan: asustar al movimiento de protesta. La represión selectiva —castigar al activista visible pero no al colectivo más amplio— permite al gobierno seguir diciendo que defiende la libertad de expresión mientras reprime a quienes pasan al acto” -explican
Din embargo, la respuesta al respecto del propio Delgado y de su organización -el PCPC- es contundente.
"A pesar del clima adverso y de la presión institucional, los movimientos solidarios han de mantenerse firmes. Nuestras recomendación es que, lejos de dejarse amedrentar, documenten siempre toda interacción policial o administrativa, con grabaciones o testimonios que permitan contradecir versiones oficiales manipuladas; que no paguen las multas sin recurrir; que visibilicen la represión, haciendo públicos los casos y sensibilizando al tejido social y mediático para que el gobierno no siga escondiéndose detrás del aparato represor local y que articulen alianzas con organismos de derechos humanos y otros colectivos sociales que puedan ejercer presión política y judicial, creando también cajas de resistencia a las que puedan acudir los activistas represaliados".
"Más allá del individuo sancionado - concluyen - la voz colectiva tiene la fuerza de desmontar la estrategia del miedo".
VÍDEO RELACIONADO:
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El 2 de enero de este 2025, durante un partido entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el Hapoel de Tel Aviv en el Gran Canaria Arena, varios activistas intentaron exhibir banderas palestinas en las gradas como gesto de solidaridad. Las fuerzas policiales intervinieron y expulsaron a quienes portaban los símbolos. Hasta ahí, un episodio que cabría inscribir en el derecho a manifestación pacífica. Dos meses después, algunos de estos activistas recibían propuestas de sanción que oscilaban entre los 1.500 y los 5.000 euros, así como varios meses de prohibición de acceso a recintos deportivos. Un hecho que los propios activistas denunciaron en rueda de prensa, como parte de una una "sistemática campaña de persecución contra quienes muestran su solidaridad con Palestina".
Este lunes, 6 de octubre, la redacción de Canarias-semanal recibía la noticia de que uno de estos activistas, Javier Delgado, militante del PCPC, ha sido finalmente sancionado con una multa administrativa de 1.500 euros impuesta por la Delegación del Gobierno en las Islas.
MULTAS, PROHIBICIONES E INTENDO DE AMEDRENTAMIENTO
En la citada rueda de prensa, celebrada en julio de 2025 y que los lectores pueden ver íntegramente en el vídeo que acompaña la presente nota, el propio activista sancionado denunciaba la existencia de un "patrón sancionador sistemático" que se estaría aplicando en Canarias, al igual que en el resto del Estado.
Delgado afirmó que la Delegación del Gobierno en Canarias está usando estas sanciones como herramienta de intimidación hacia los movimientos sociales que se atreven a visibilizar su apoyo a Palestina. Denunció falsedades en las actas policiales, negativas sistemáticas de los funcionarios de la Delegación a aceptar pruebas (vídeos, audios, testigos) que contradigan la versión oficial, amenazas, empujones y provocaciones policiales.
El delegado del Gobierno central en Canarias, Anselmo Pestana
"Todo esto es posible - explicó - gracias al marco jurídico represivo que establece la conocida Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, 2015), la cual ofrece la presunción de veracidad a las declaraciones policiales, limita vías de defensa ciudadana y permite sancionar sin necesidad de juicio previo.
Los activistas cifran en más de 25.000 euros las sanciones acumuladas en Gran Canaria en los últimos años por acciones vinculadas a la causa palestina.
LA LEY MORDAZA: UNA DÉCADA DE REPRESIÓN Y PROMESAS INCUMPLIDAS
La Ley Mordaza fue aprobada en 2015 por el gobierno del PP y desde entonces ha sido empleada de forma extensiva para criminalizar la protesta y restringir derechos fundamentales, según múltiples críticas.
A escala estatal, los datos oficiales señalan que hasta finales de 2023 se han impuesto más de 2.155.990 sanciones por esta normativa, por un valor cercano a 1.300 millones de euros. Solo en 2023 se registraron más de 284.000 sanciones, un 17 % más que el año anterior.
En Canarias, la aplicación de esta ley y su recaudación han sido especialmente intensas, lo que convierte al archipiélago en un laboratorio de represión administrativa.
El PSOE y Sumar —la coalición del gobierno estatal— han venido anunciando la reforma o derogación de la Ley Mordaza como parte de su agenda de “regeneración democrática”. En julio de 2024 Yolanda Díaz anunciaba, a bombo y platillo, la existencia de un supuesto acuerdo con el PSOE para derogar los delitos de opinión y modificar la difusión de imágenes policiales en la ley.
Pese a esas promesas, la Ley Mordaza no solo no ha sido derogada, sino que continúa utilizándose como uno de los principales instrumentos para reprimir las protestas de los movimientos sociales.
LA DOBLE MÁSCARA DEL GOBIERNO: ABANDERADO Y OPRESOR
En relación a la solidaridad con Palestina, los activistas grancanarios denuncian, igualmente, que mientras el Ejecutivo de PSOE y Sumar se esfuerza en posicionarse ante la opinión pública como un defensor progresista de los derechos humanos y la justa causa palestina, esta fachada se desmorona por sus actuaciones contra quienes realmente se movilizan en esa causa.
"La sanción a Javier Delgado y a otros compañeros - advierten - no son hechos aislados. Ese tipo de castigo administrativo funciona como mensaje disuasorio: muchos activistas pagan las multas sin recurrir por temor, porque esa es la intención directa del aparato represor".
“Muchos pagan las multas sin recurrir, porque se asustan. Eso es lo que buscan: asustar al movimiento de protesta. La represión selectiva —castigar al activista visible pero no al colectivo más amplio— permite al gobierno seguir diciendo que defiende la libertad de expresión mientras reprime a quienes pasan al acto” -explican
Din embargo, la respuesta al respecto del propio Delgado y de su organización -el PCPC- es contundente.
"A pesar del clima adverso y de la presión institucional, los movimientos solidarios han de mantenerse firmes. Nuestras recomendación es que, lejos de dejarse amedrentar, documenten siempre toda interacción policial o administrativa, con grabaciones o testimonios que permitan contradecir versiones oficiales manipuladas; que no paguen las multas sin recurrir; que visibilicen la represión, haciendo públicos los casos y sensibilizando al tejido social y mediático para que el gobierno no siga escondiéndose detrás del aparato represor local y que articulen alianzas con organismos de derechos humanos y otros colectivos sociales que puedan ejercer presión política y judicial, creando también cajas de resistencia a las que puedan acudir los activistas represaliados".
"Más allá del individuo sancionado - concluyen - la voz colectiva tiene la fuerza de desmontar la estrategia del miedo".
VÍDEO RELACIONADO:
Otilio Volkete | Martes, 07 de Octubre de 2025 a las 02:07:57 horas
No cojas cigarros de Anselmo Pestana son malos para la salud democrática.
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