DESCONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: CONTRATOS MENORES, UNA PUERTA ABIERTA A LA CORRUPCIÓN

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Un reciente informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias ha sacado a la luz una problemática estructural  que afecta gravemente al uso de los recursos públicos en el archipiélago. De acuerdo con este documento, apenas el 7 % de los órganos de contratación fiscalizados durante 2022 cumplieron con la obligación legal de planificar sus contrataciones. Es decir, la gran mayoría de las instituciones públicas en Canarias ignora uno de los pilares fundamentales de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP): la necesidad de programar previamente las adjudicaciones.

   La LCSP —que incorpora las directrices europeas sobre contratación pública al marco legal español— establece con claridad que las administraciones deben prever, organizar y publicar sus contratos de manera anticipada. Esta exigencia busca garantizar principios como la transparencia, la igualdad de oportunidades entre empresas y la eficiencia en el uso del dinero público.

   Sin embargo, lo que debería ser la norma se ha convertido en la excepción. El informe revela que un altísimo porcentaje de contratos en los ayuntamientos y entidades locales de Canarias se realizan bajo la fórmula de los llamados “contratos menores”, una modalidad prevista para casos concretos y urgentes, pero que en la práctica se ha generalizado hasta sustituir los procesos ordinarios. Estos contratos requieren menos requisitos de publicidad, no están sometidos a los mismos niveles de control y escapan muchas veces a una evaluación posterior rigurosa.

  Pedro Pacheco, presidente de la Audiencia de Cuentas, no ha dudado en calificar esta situación como “alarmante”. Señala que el uso desmedido de los contratos menores socava principios esenciales del sistema público, como la transparencia, la equidad y la libre competencia. Pacheco alerta, igualmente, sobre el riesgo de que estos mecanismos se utilicen de forma discrecional y con escasa claridad sobre los criterios de adjudicación.

  De las entidades evaluadas en el ámbito autonómico, solo seis —entre ellas el Servicio Canario de la Salud— cumplieron adecuadamente con la planificación contractual que exige la ley. A nivel local, apenas 29 órganos, la mayoría pertenecientes a los cabildos insulares, demostraron tener un mínimo de orden en este aspecto. El resto de las instituciones sigue operando sin una estrategia clara de contratación ni una evaluación sistemática de los procesos realizados.

UNA LEGALIDAD CONVERTIDA EN TRÁMITE IRRELEVANTE

   Técnicamente, los contratos menores están regulados por el artículo 118 de la LCSP. Se trata de adjudicaciones cuyo valor no supera los 40.000 euros en el caso de obras y los 15.000 euros en suministros o servicios. Aunque la ley exige la publicación periódica de información básica sobre estos contratos —como su objeto, duración, importe y adjudicatario—, su uso desproporcionado ha convertido una herramienta ágil en un atajo para eludir controles y favorecer intereses particulares.

  Este fenómeno no es exclusivo de Canarias. Diversos informes a nivel estatal han señalado una situación similar en universidades, hospitales y otras administraciones autonómicas. En estos espacios, los contratos menores constituyen más de la mitad de las adjudicaciones, y a menudo carecen de la publicidad necesaria para garantizar la concurrencia.

CORRUPCIÓN Y REDES CLIENTELARES 

   Lo más grave del asunto no es solo la ineficiencia administrativa. El uso abusivo de esta figura legal abre la puerta a prácticas corruptas y redes de favoritismo dentro del aparato público. Sin planificación ni fiscalización efectiva, las contrataciones menores se convierten en terreno fértil para el amiguismo, el desvío de fondos y la manipulación política.

   Un caso que ilustra esta problemática es el conocido como “Caso Valka”, ocurrido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el marco de esta investigación judicial, se analiza la adjudicación de contratos vinculados al suministro de agua para el área de Parques y Jardines. Muchos de estos contratos habrían sido fraccionados intencionadamente para ajustarse a los límites legales de los contratos menores, lo que permitió adjudicarlos sin concurso público. Las acusaciones incluyen malversación agravada, falsedad documental, prevaricación y fraude a la administración, con un perjuicio económico para el municipio que superaría los 250.000 euros.

  Inmaculada Medina, exconcejala de Servicios Públicos, está imputada por haber autorizado múltiples pagos sin verificar técnicamente los servicios prestados. Las irregularidades habrían beneficiado directamente a la empresa adjudicataria y a funcionarios implicados en la trama.

    Este patrón se repite en otras regiones. En Madrid, por ejemplo, un informe ciudadano reveló que más del 99 % de los contratos firmados en el ámbito sanitario fueron menores. Se encontraron casos de adjudicaciones repetidas a los mismos proveedores, sin que mediara competencia ni publicidad alguna, lo cual plantea serias dudas sobre la legalidad de muchos de estos procedimientos.

  Cuando los mecanismos de control son débiles —o son deliberadamente ignorados—, el contrato menor deja de ser una herramienta útil para convertirse en una estrategia perversa de desvío de recursos y creación de redes clientelares. 

  Frente a este panorama, la Audiencia de Cuentas no solo emite críticas, sino que también propone medidas concretas para revertir la situación.  Entre ellas, establecer una normativa autonómica específica que regule el contenido y la frecuencia de la programación contractual, reforzar el papel de la Dirección General de Patrimonio en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de publicidad y evaluación de la contratación e impulsar una cultura administrativa que valore la planificación no como una carga burocrática, sino como una herramienta esencial de transparencia y buen gobierno.

   Estas reformas técnicas, sin embargo, aunque necesarias resultan insuficientes. Resolver el problema de fondo exigiría transformar las relaciones entre las administraciones públicas y el sector privado. Mientras las leyes permitan la opacidad, la concentración de decisiones en pocos actores y la ausencia de rendición de cuentas, las oportunidades para el desvío de recursos seguirán presentes.

   Por ello sería imprescindible avanzar hacia mecanismos reales de fiscalización ciudadana, auditorías independientes y sanciones efectivas contra quienes incumplen la legislación.