ESTADOS UNIDOS IMPONE LA LEY DEL FAR WEST EN EL CARIBE

POR EUSEBIO AZCÁRATE PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     La reciente ofensiva militar estadounidense en el Caribe acaba de sumar un nuevo episodio con el ataque a una embarcación en aguas internacionales, en el que fueron abatidas tres personas.

    Esta acción se inscribe en una serie de operaciones que, en apenas dos meses, han dejado ya al menos 64 muertos. Los bombardeos se realizan sin juicios, sin identificación previa de las víctimas ni pruebas públicas sobre los cargos que se les imputan, alimentando una creciente alarma internacional.

     El gobierno norteamericano sostiene que las embarcaciones atacadas pertenecen a bandas de narcotraficantes, muchas de las cuales han sido recientemente catalogadas como organizaciones terroristas. Esta designación habilita, según su propia narrativa, la ejecución directa de acciones militares. Sin embargo, el carácter unilateral, secreto y letal de estas operaciones plantea serios interrogantes éticos y jurídicos.

    El lenguaje con el que se anuncian estos bombardeos ha adoptado un tono beligerante y propagandístico. Las autoridades afirman que las lanchas eliminadas transportaban droga hacia Estados Unidos y eran operadas por "narcoterroristas", a quienes se promete “buscar, localizar y eliminar” con la misma lógica aplicada en guerras anteriores contra "grupos extremistas". Esta equiparación entre narcotráfico y terrorismo, sin ninguna mediación judicial, naturaliza la eliminación física como forma de supuesta justicia preventiva.

     El despliegue militar en la región ha alcanzado niveles sin precedentes. Una decena de buques de guerra, incluyendo un submarino nuclear, y más de 10.000 efectivos estadounidenses patrullan el Caribe, mientras se prepara la llegada del portaaviones más moderno de su flota. Este movimiento parece anunciar que la ofensiva marítima podría extenderse hacia intervenciones terrestres, como parte de una estrategia más ambiciosa que trasciende ampliamente la lucha contra el narcotráfico.

    Desde el otro lado del conflicto, se interpreta esta campaña como una maniobra de presión geopolítica. La justificación oficial en torno al combate al narcotráfico sirve como cortina para una agenda de desestabilización más amplia. La militarización de la región y las amenazas de misiones encubiertas en territorio soberano refuerzan la sospecha de que se busca incidir directamente sobre la configuración política de algunos países latinoamericanos.

    El discurso dominante oculta los impactos humanos de estos bombardeos. Los datos sobre las víctimas son inexistentes o ambiguos. La mayoría de los ataques no deja supervivientes, lo que impide conocer quiénes eran realmente los ocupantes de las lanchas destruidas. En los pocos casos de supervivencia, se han producido deportaciones silenciosas, sin garantías judiciales ni testimonio público. Este patrón sugiere una lógica de exterminio antes que de detención o justicia.

    La expansión de estas prácticas sienta un peligroso precedente. La ejecución de ataques letales sin rendición de cuentas, amparada en argumentos genéricos de seguridad nacional, erosiona las bases del derecho internacional y amenaza con consolidar una nueva doctrina de intervención militar encubierta en América Latina. El uso de la fuerza como herramienta política vuelve a la escena bajo nuevos ropajes, pero con las mismas consecuencias devastadoras para la soberanía regional y los derechos humanos.

    En este contexto, resulta imprescindible denunciar estas acciones, exigir transparencia y promover mecanismos internacionales que frenen esta deriva autoritaria. La guerra contra el narcotráfico no puede ser una coartada para eliminar la legalidad, la presunción de inocencia y el derecho a la vida.