EL ASESINATO DE BARTOLOMÉ GARCÍA LORENZO: OTRA HERIDA ABIERTA EN LA TRANSICIÓN DE LA IMPUNIDAD
En septiembre de 1976, la Transición española mostraba su verdadero rostro: el de la represión sin límites contra quienes exigían una ruptura real con el franquismo. La ejecución de Bartolomé García Lorenzo en Tenerife fue más que un crimen: fue un acto fundacional de un régimen que nacía blindando la impunidad. Su historia sigue gritando que sin memoria, no hay justicia.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El 22 de septiembre de 1976, en el barrio obrero de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife, seis agentes de la Policía Armada descargaron sus armas automáticas contra la puerta de una vivienda. Al otro lado se encontraba Bartolomé García Lorenzo, un joven estudiante de Magisterio de 21 años, militante independentista canario y activista en las luchas sociales. Los agentes afirmaron que buscaban a un conocido delincuente, Ángel Cabrera “El Rubio”, y que se produjo una confusión. Sin embargo, el nivel de violencia —más de treinta disparos— y la dirección de los impactos desde fuera hacia dentro del domicilio, han sido señalados por diversas fuentes como evidencia de una acción desproporcionada que no encajaría con un error fortuito.
Bartolomé agonizó durante dos días y murió en el hospital el 24 de septiembre.
VIOLENCIA COMO HERRAMIENTA DE PODER
La brutalidad del caso de Bartolomé no fue un hecho aislado. Entre 1975 y 1983, durante la llamada "Transición a la democracia", diversas fuentes cifran en más de 700 las víctimas mortales de episodios de violencia política, muchas de ellas a manos de fuerzas policiales, grupos parapoliciales o la ultraderecha. Fue en esos años cuando se consolidó una práctica de “gatillo fácil”, donde el uso de la violencia estatal servía como advertencia a los sectores populares que aspiraban a una ruptura con el régimen anterior.
Durante décadas, la historia oficial ha repetido el relato de una Transición pacífica, modélica, fruto del consenso. Pero como bien advirtió Alfredo Grimaldos, uno de los cronistas más rigurosos de ese proceso, la Transición fue más bien una transacción entre élites, una reconversión pactada del franquismo que garantizara la permanencia de las estructuras del estado franquista y el poder económico de las clases hegemónicas que habían sido alimentadas por la dictadura.
Bartolomé reunía las características del “sujeto peligroso” para el Estado: joven, radicalizado, formado ideológicamente y militante del independentismo canario. Su asesinato, según coinciden múltiples análisis, no puede desligarse de este contexto político. Otra muerte que marcó la memoria canaria en esta misma época fue la de Javier Fernández Quesada, estudiante de Biología en la ULL, abatido el 12 de diciembre de 1977 por un disparo de la Guardia Civil en el Campus universitario durante una protesta estudiantil
LA RESPUESTA POPULAR: DEL LUTO A LA HUELGA GENERAL
El asesinato de Bartolomé provocó una oleada de indignación en toda la isla. La ciudad se llenó de crespones negros. El funeral del joven reunió a unas 25.000 personas, en una de las mayores movilizaciones populares que se recuerdan en Canarias. La rabia creció hasta desembocar, el 27 de septiembre, en la primera huelga general del período postfranquista en el Archipiélago.
La jornada fue histórica: barricadas, cortes de tráfico, enfrentamientos con la policía y represión violenta. La convocatoria fue impulsada desde abajo, por asambleas vecinales, colectivos estudiantiles y organizaciones obreras . La huelga desbordó por completo a los partidos mayoritarios. El PCE y el PSOE, ya en fase de negociación con las élites del régimen, se apresuraron a desmarcarse de los disturbios, llamando a la calma. Esa reacción les valió duras críticas desde sectores de la izquierda radical, que los acusaron de traicionar el espíritu de ruptura.
Lejos de ser una periferia apaciguada, Canarias en 1976 era un hervidero político y social. Protestas estudiantiles, huelgas obreras, luchas vecinales… La agitación se extendía, especialmente en Tenerife.
LA IMPUNIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO
Los seis policías implicados en el tiroteo fueron identificados y, en 1982, condenados a dos años de prisión por homicidio con eximentes. Sin embargo, no cumplieron la pena y algunos fueron incluso ascendidos. Juan José Merino Antón fue promovido a subcomisario; José Antonio del Arco llegó a ser escolta del ministro socialista Ernest Lluch y jefe de seguridad en Madrid. La policía los recibió con honores a su regreso de Tenerife. Lejos de ser castigados, fueron protegidos.
Esta impunidad tampoco fue una excepción, sino parte del diseño institucional del nuevo régimen. La Ley de Amnistía de 1977 perdonó no solo a los presos políticos, sino también a los agentes del Estado implicados en delitos “de intencionalidad política”. Fue el precio acordado para garantizar que los aparatos represivos —judicatura, policía, ejército— permanecieran intactos. La Transición no fue una limpieza del Estado, sino su renovación con los mismos cimientos.
Casi cinco décadas después, la narrativa dominante sigue presentando la Transición como una historia de éxito. Pero hay otras memorias. Y en ellas, Bartolomé García Lorenzo no es solo una víctima: es un símbolo. Su nombre fue silenciado por las instituciones, pero ha sido preservado por la memoria popular. La plaza donde fue asesinado hoy lleva su nombre, gracias a la presión vecinal. Cada año se organizan actos en su recuerdo. En poemas, documentales y publicaciones críticas, su figura resiste al olvido.
VÍDEO RELACIONADO:
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El 22 de septiembre de 1976, en el barrio obrero de Somosierra, en Santa Cruz de Tenerife, seis agentes de la Policía Armada descargaron sus armas automáticas contra la puerta de una vivienda. Al otro lado se encontraba Bartolomé García Lorenzo, un joven estudiante de Magisterio de 21 años, militante independentista canario y activista en las luchas sociales. Los agentes afirmaron que buscaban a un conocido delincuente, Ángel Cabrera “El Rubio”, y que se produjo una confusión. Sin embargo, el nivel de violencia —más de treinta disparos— y la dirección de los impactos desde fuera hacia dentro del domicilio, han sido señalados por diversas fuentes como evidencia de una acción desproporcionada que no encajaría con un error fortuito.
Bartolomé agonizó durante dos días y murió en el hospital el 24 de septiembre.
VIOLENCIA COMO HERRAMIENTA DE PODER
La brutalidad del caso de Bartolomé no fue un hecho aislado. Entre 1975 y 1983, durante la llamada "Transición a la democracia", diversas fuentes cifran en más de 700 las víctimas mortales de episodios de violencia política, muchas de ellas a manos de fuerzas policiales, grupos parapoliciales o la ultraderecha. Fue en esos años cuando se consolidó una práctica de “gatillo fácil”, donde el uso de la violencia estatal servía como advertencia a los sectores populares que aspiraban a una ruptura con el régimen anterior.
Durante décadas, la historia oficial ha repetido el relato de una Transición pacífica, modélica, fruto del consenso. Pero como bien advirtió Alfredo Grimaldos, uno de los cronistas más rigurosos de ese proceso, la Transición fue más bien una transacción entre élites, una reconversión pactada del franquismo que garantizara la permanencia de las estructuras del estado franquista y el poder económico de las clases hegemónicas que habían sido alimentadas por la dictadura.
Bartolomé reunía las características del “sujeto peligroso” para el Estado: joven, radicalizado, formado ideológicamente y militante del independentismo canario. Su asesinato, según coinciden múltiples análisis, no puede desligarse de este contexto político. Otra muerte que marcó la memoria canaria en esta misma época fue la de Javier Fernández Quesada, estudiante de Biología en la ULL, abatido el 12 de diciembre de 1977 por un disparo de la Guardia Civil en el Campus universitario durante una protesta estudiantil
LA RESPUESTA POPULAR: DEL LUTO A LA HUELGA GENERAL
El asesinato de Bartolomé provocó una oleada de indignación en toda la isla. La ciudad se llenó de crespones negros. El funeral del joven reunió a unas 25.000 personas, en una de las mayores movilizaciones populares que se recuerdan en Canarias. La rabia creció hasta desembocar, el 27 de septiembre, en la primera huelga general del período postfranquista en el Archipiélago.
La jornada fue histórica: barricadas, cortes de tráfico, enfrentamientos con la policía y represión violenta. La convocatoria fue impulsada desde abajo, por asambleas vecinales, colectivos estudiantiles y organizaciones obreras . La huelga desbordó por completo a los partidos mayoritarios. El PCE y el PSOE, ya en fase de negociación con las élites del régimen, se apresuraron a desmarcarse de los disturbios, llamando a la calma. Esa reacción les valió duras críticas desde sectores de la izquierda radical, que los acusaron de traicionar el espíritu de ruptura.
Lejos de ser una periferia apaciguada, Canarias en 1976 era un hervidero político y social. Protestas estudiantiles, huelgas obreras, luchas vecinales… La agitación se extendía, especialmente en Tenerife.
LA IMPUNIDAD COMO POLÍTICA DE ESTADO
Los seis policías implicados en el tiroteo fueron identificados y, en 1982, condenados a dos años de prisión por homicidio con eximentes. Sin embargo, no cumplieron la pena y algunos fueron incluso ascendidos. Juan José Merino Antón fue promovido a subcomisario; José Antonio del Arco llegó a ser escolta del ministro socialista Ernest Lluch y jefe de seguridad en Madrid. La policía los recibió con honores a su regreso de Tenerife. Lejos de ser castigados, fueron protegidos.
Esta impunidad tampoco fue una excepción, sino parte del diseño institucional del nuevo régimen. La Ley de Amnistía de 1977 perdonó no solo a los presos políticos, sino también a los agentes del Estado implicados en delitos “de intencionalidad política”. Fue el precio acordado para garantizar que los aparatos represivos —judicatura, policía, ejército— permanecieran intactos. La Transición no fue una limpieza del Estado, sino su renovación con los mismos cimientos.
Casi cinco décadas después, la narrativa dominante sigue presentando la Transición como una historia de éxito. Pero hay otras memorias. Y en ellas, Bartolomé García Lorenzo no es solo una víctima: es un símbolo. Su nombre fue silenciado por las instituciones, pero ha sido preservado por la memoria popular. La plaza donde fue asesinado hoy lleva su nombre, gracias a la presión vecinal. Cada año se organizan actos en su recuerdo. En poemas, documentales y publicaciones críticas, su figura resiste al olvido.
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