EL GOBIERNO DE CANARIAS ABANDONA A LOS TRABAJADORES MÁS VULNERABLES
Más de 500 empleos para personas con discapacidad están en peligro por el bloqueo de las subvenciones públicas.
Una cadena de negligencias, desinterés político y falta de planificación ha puesto al borde del colapso a los Centros Especiales de Empleo en Canarias, que llevan sin recibir sus subvenciones desde enero del presente 2025. Más de 500 trabajadores con discapacidad podrían perder sus empleos si el Gobierno no actúa con urgencia (...).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En el complicado entramado del mercado laboral canario, existen espacios que, más que lugares de trabajo, son auténticos refugios de dignidad y justicia social. Este es el caso de los Centros Especiales de Empleo (CEE). Estos centros están específicamente diseñados para emplear a personas con discapacidad en condiciones adaptadas a sus necesidades y con unidades de apoyo profesional. Su razón de ser no es el lucro, sino la integración real y efectiva de un colectivo históricamente marginado del empleo ordinario.
En estos centros, más de un 70% de la plantilla está compuesta por trabajadores con discapacidad. Cada puesto de trabajo es fruto de una apuesta por la equidad. Sin embargo, este modelo, ampliamente reconocido por su valor integrador, está hoy en peligro en Canarias. Más de 500 empleos directos corren el riesgo de desaparecer debido a la paralización de las subvenciones públicas que financian los salarios y los servicios de apoyo esenciales.
Un colapso anunciado
La voz de alarma la ha dado la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo (ACCEE), que agrupa a estas entidades en el archipiélago. Según denuncia esta organización, desde enero de 2025 las ayudas que deben cubrir los costes salariales de los trabajadores no se están tramitando. El motivo -dicen "una transición administrativa caótica dentro del Servicio Canario de Empleo (SCE)".
Hasta hace poco, la gestión de los expedientes recaía sobre el Servicio de Empleo II, dependiente de la Subdirección de Empleo. Pero la falta de personal técnico y la acumulación de bajas no cubiertas provocaron un cuello de botella que paralizó la resolución de expedientes.
La ACCEE denuncia que, en lugar de reforzar esta área, el Gobierno de Canarias decidió transferir la responsabilidad a otra unidad: la Subdirección de Economía Social y Emprendimiento, que aún no cuenta con los recursos técnicos ni humanos necesarios para asumir esta carga de trabajo. El resultado es una cadena de retrasos que ha dejado a los CEE sin financiación durante más de ocho meses.
Consecuencias humanas y económicas devastadoras
A diferencia de las empresas ordinarias, los CEE operan con márgenes financieros muy estrechos. No son negocios convencionales: son herramientas de política social, cuyos ingresos dependen en gran medida de las subvenciones públicas. Por eso, el impago de estas ayudas ha generado un colapso financiero en muchos centros.
Las consecuencias no son abstractas: hay nóminas que no pueden pagarse, equipos multidisciplinares que no pueden mantenerse y centenares de familias sumidas en la incertidumbre. Las Unidades de Apoyo —equipos profesionales que trabajan para adaptar los puestos de trabajo, resolver conflictos y acompañar a los trabajadores con discapacidad— están al borde del desmantelamiento.
Todo esto sucede mientras más de 8.000 personas con discapacidad permanecen en el desempleo en Canarias, muchas sobreviviendo con prestaciones mínimas. Ante este escenario, el desmantelamiento de los CEE significaría no solo un drama laboral, sino un retroceso social alarmante.
Un modelo en peligro por la ideología del Ejecutivo y la negligencia
Además del estrangulamiento económico, la ACCEE ha denunciado un "peligroso giro ideológico".
"Ciertos sectores del Gobierno - advierten - están promoviendo una visión asistencialista del empleo de las personas con discapacidad, confundiendo los Centros Especiales de Empleo con centros ocupacionales o residencias asistenciales".
Este enfoque ignora la diversidad del colectivo: hay personas con discapacidad que han estudiado, se han formado y desean construir una carrera profesional. Para ellas, los CEE representan la única oportunidad real de empleo digno y adaptado, con condiciones laborales personalizadas: jornadas adecuadas, vacaciones extendidas, prohibición de trabajos nocturnos o especialmente penosos, y un entorno protegido.
"Reducir su futuro a una visión meramente asistencial es no solo injusto -apuntan la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo - sino también discriminatorio. Es negarle a un sector entero de la población su derecho fundamental a prosperar en igualdad de condiciones".
Los Centros Especiales de Empleo han sido históricamente una referencia nacional en inclusión laboral. De hecho, su impacto ha sido reconocido en diversos marcos normativos, como el Real Decreto 469/2006, que regula las Unidades de Apoyo, o la legislación autonómica que establece subvenciones específicas por cada trabajador con discapacidad severa.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un retroceso preocupante: cierre de centros, caída del número de contratos y abandono progresivo del compromiso institucional. A esto se suma la ineficacia en la aplicación de los llamados "contratos reservados", mecanismos legales que obligan a ciertas administraciones públicas a contratar servicios con CEE. Muchas licitaciones acaban desiertas porque las condiciones impuestas son incompatibles con la estructura real de estos centros.
Lo que exige la ACCEE
Frente a esta situación límite, la ACCEE ha reclamado una respuesta inmediata y concreta del Gobierno de Canarias. Entre sus demandas más urgentes se encuentran:
El pago inmediato de todas las subvenciones pendientes desde enero.
La dotación efectiva de recursos humanos y técnicos a la nueva unidad gestora.
La garantía de continuidad de las Unidades de Apoyo.
El establecimiento de un calendario de pagos previsible y estable.
El reconocimiento político y social del valor de los CEE como modelo de inclusión laboral.
La revisión de los contratos reservados, adaptando los pliegos a las capacidades reales del sector.
"Lo que está en juego - explican- no es solo el futuro de 500 empleos, sino la continuidad de un modelo que ha permitido a miles de personas con discapacidad desarrollar sus capacidades, alcanzar autonomía y construir proyectos de vida dignos. La desidia institucional no puede ser la lápida que entierre décadas de avances en inclusión social".
"El Gobierno de Canarias - concluyen desde la ACCEE - tiene hoy en sus manos la posibilidad de corregir el rumbo. Ignorar la alarma sería una renuncia inadmisible a los principios de igualdad, dignidad y justicia que deben guiar a cualquier sociedad democrática".
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En el complicado entramado del mercado laboral canario, existen espacios que, más que lugares de trabajo, son auténticos refugios de dignidad y justicia social. Este es el caso de los Centros Especiales de Empleo (CEE). Estos centros están específicamente diseñados para emplear a personas con discapacidad en condiciones adaptadas a sus necesidades y con unidades de apoyo profesional. Su razón de ser no es el lucro, sino la integración real y efectiva de un colectivo históricamente marginado del empleo ordinario.
En estos centros, más de un 70% de la plantilla está compuesta por trabajadores con discapacidad. Cada puesto de trabajo es fruto de una apuesta por la equidad. Sin embargo, este modelo, ampliamente reconocido por su valor integrador, está hoy en peligro en Canarias. Más de 500 empleos directos corren el riesgo de desaparecer debido a la paralización de las subvenciones públicas que financian los salarios y los servicios de apoyo esenciales.
Un colapso anunciado
La voz de alarma la ha dado la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo (ACCEE), que agrupa a estas entidades en el archipiélago. Según denuncia esta organización, desde enero de 2025 las ayudas que deben cubrir los costes salariales de los trabajadores no se están tramitando. El motivo -dicen "una transición administrativa caótica dentro del Servicio Canario de Empleo (SCE)".
Hasta hace poco, la gestión de los expedientes recaía sobre el Servicio de Empleo II, dependiente de la Subdirección de Empleo. Pero la falta de personal técnico y la acumulación de bajas no cubiertas provocaron un cuello de botella que paralizó la resolución de expedientes.
La ACCEE denuncia que, en lugar de reforzar esta área, el Gobierno de Canarias decidió transferir la responsabilidad a otra unidad: la Subdirección de Economía Social y Emprendimiento, que aún no cuenta con los recursos técnicos ni humanos necesarios para asumir esta carga de trabajo. El resultado es una cadena de retrasos que ha dejado a los CEE sin financiación durante más de ocho meses.
Consecuencias humanas y económicas devastadoras
A diferencia de las empresas ordinarias, los CEE operan con márgenes financieros muy estrechos. No son negocios convencionales: son herramientas de política social, cuyos ingresos dependen en gran medida de las subvenciones públicas. Por eso, el impago de estas ayudas ha generado un colapso financiero en muchos centros.
Las consecuencias no son abstractas: hay nóminas que no pueden pagarse, equipos multidisciplinares que no pueden mantenerse y centenares de familias sumidas en la incertidumbre. Las Unidades de Apoyo —equipos profesionales que trabajan para adaptar los puestos de trabajo, resolver conflictos y acompañar a los trabajadores con discapacidad— están al borde del desmantelamiento.
Todo esto sucede mientras más de 8.000 personas con discapacidad permanecen en el desempleo en Canarias, muchas sobreviviendo con prestaciones mínimas. Ante este escenario, el desmantelamiento de los CEE significaría no solo un drama laboral, sino un retroceso social alarmante.
Un modelo en peligro por la ideología del Ejecutivo y la negligencia
Además del estrangulamiento económico, la ACCEE ha denunciado un "peligroso giro ideológico".
"Ciertos sectores del Gobierno - advierten - están promoviendo una visión asistencialista del empleo de las personas con discapacidad, confundiendo los Centros Especiales de Empleo con centros ocupacionales o residencias asistenciales".
Este enfoque ignora la diversidad del colectivo: hay personas con discapacidad que han estudiado, se han formado y desean construir una carrera profesional. Para ellas, los CEE representan la única oportunidad real de empleo digno y adaptado, con condiciones laborales personalizadas: jornadas adecuadas, vacaciones extendidas, prohibición de trabajos nocturnos o especialmente penosos, y un entorno protegido.
"Reducir su futuro a una visión meramente asistencial es no solo injusto -apuntan la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo - sino también discriminatorio. Es negarle a un sector entero de la población su derecho fundamental a prosperar en igualdad de condiciones".
Los Centros Especiales de Empleo han sido históricamente una referencia nacional en inclusión laboral. De hecho, su impacto ha sido reconocido en diversos marcos normativos, como el Real Decreto 469/2006, que regula las Unidades de Apoyo, o la legislación autonómica que establece subvenciones específicas por cada trabajador con discapacidad severa.
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un retroceso preocupante: cierre de centros, caída del número de contratos y abandono progresivo del compromiso institucional. A esto se suma la ineficacia en la aplicación de los llamados "contratos reservados", mecanismos legales que obligan a ciertas administraciones públicas a contratar servicios con CEE. Muchas licitaciones acaban desiertas porque las condiciones impuestas son incompatibles con la estructura real de estos centros.
Lo que exige la ACCEE
Frente a esta situación límite, la ACCEE ha reclamado una respuesta inmediata y concreta del Gobierno de Canarias. Entre sus demandas más urgentes se encuentran:
El pago inmediato de todas las subvenciones pendientes desde enero.
La dotación efectiva de recursos humanos y técnicos a la nueva unidad gestora.
La garantía de continuidad de las Unidades de Apoyo.
El establecimiento de un calendario de pagos previsible y estable.
El reconocimiento político y social del valor de los CEE como modelo de inclusión laboral.
La revisión de los contratos reservados, adaptando los pliegos a las capacidades reales del sector.
"Lo que está en juego - explican- no es solo el futuro de 500 empleos, sino la continuidad de un modelo que ha permitido a miles de personas con discapacidad desarrollar sus capacidades, alcanzar autonomía y construir proyectos de vida dignos. La desidia institucional no puede ser la lápida que entierre décadas de avances en inclusión social".
"El Gobierno de Canarias - concluyen desde la ACCEE - tiene hoy en sus manos la posibilidad de corregir el rumbo. Ignorar la alarma sería una renuncia inadmisible a los principios de igualdad, dignidad y justicia que deben guiar a cualquier sociedad democrática".
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