
ACAMPADA LOLO DORTA DENUNCIA: "SE ESTÁ COBRANDO ILEGALMENTE EL IBI A FAMILIAS PRECARIAS" (VÍDEO)
“¿Podemos llamar ya golfos oficialmente a los del Gobierno de Canarias?”, se preguntan.
La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta denuncia la práctica de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a familias vulnerables que residen en viviendas sociales gestionadas por Visocan (...).
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta ha denunciado una situación que califican como "injustificable y cruel" por parte del Gobierno de Canarias. La plataforma ciudadana ha puesto nuevamente el foco sobre la práctica de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a familias vulnerables que residen en viviendas sociales gestionadas por Visocan, pese a que una modificación normativa de 2019 -dicen- "prohíbe expresamente esta exigencia".
Según la Acampada Lolo Dorta, esta situación ha sido objeto de múltiples denuncias a través de canales oficiales y medios de comunicación desde hace más de dos años. No obstante, la indignación ciudadana ha resurgido con fuerza en los últimos días a raíz de un exhaustivo reportaje publicado por el diario Eldiario.es, donde se expone con claridad la ilegalidad de estos cobros.
El artículo en cuestión no solo confirma que el cobro del IBI carece de fundamento legal desde 2019, sino que incluye testimonios conmovedores de madres afectadas, referencias a una sentencia del Tribunal Supremo de 2023, opiniones de juristas, y la postura de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, el propio Director del Instituto Canario de la Vivienda habría admitido la improcedencia de continuar con dichos cobros. La Acampada subraya que todo ello demuestra de manera incontestable que la actuación del Gobierno de Canarias no solo es ilegal, sino que también representa un acto de enorme crueldad hacia quienes ya viven en condiciones precarias.
Pese a la contundencia de la evidencia, la respuesta institucional ha sido, en palabras del colectivo, “vergonzosa”. El Gobierno de Canarias alega que la norma carece de carácter retroactivo, y que si las familias firmaron contratos que incluían el pago del IBI, deben seguir cumpliéndolos. Para la Acampada, este argumento es un intento desesperado de “retorcer la legalidad” y evadir responsabilidades, ya que la normativa vigente, sumada a la jurisprudencia existente, no deja lugar a dudas.
Ante la falta de acción por parte de las instituciones, la Acampada Lolo Dorta ha elevado una nueva queja documentada ante la Diputación del Común, aunque admiten tener pocas expectativas. También han solicitado medidas a partidos de la oposición como Drago y Unidas Se Puede, así como al PSOE y CC, fuerzas del actual Gobierno municipal en La Laguna, donde muchas de las familias afectadas residen. Además, se ha pedido la intervención de diputadas de Podemos en el Congreso de los Diputados, sin que hasta ahora se hayan producido avances significativos.
En este contexto de frustración y abandono institucional, la Acampada ha empezado a recomendar a cada familia afectada que busque representación legal, bien sea a través de abogados de oficio o privados, para iniciar las correspondientes reclamaciones administrativas y, eventualmente, judiciales.
La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta insiste en su denuncia contra el Gobierno de Canarias, al que acusan de incumplir la ley y de mantener una práctica abusiva contra personas en situación de especial vulnerabilidad. El colectivo concluye su escrito con una provocadora interrogante que, lejos de ser retórica, busca poner sobre la mesa la gravedad de los hechos: “¿Podemos llamar ya golfos oficialmente a los del Gobierno de Canarias?”.
VÍDEO:
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta ha denunciado una situación que califican como "injustificable y cruel" por parte del Gobierno de Canarias. La plataforma ciudadana ha puesto nuevamente el foco sobre la práctica de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a familias vulnerables que residen en viviendas sociales gestionadas por Visocan, pese a que una modificación normativa de 2019 -dicen- "prohíbe expresamente esta exigencia".
Según la Acampada Lolo Dorta, esta situación ha sido objeto de múltiples denuncias a través de canales oficiales y medios de comunicación desde hace más de dos años. No obstante, la indignación ciudadana ha resurgido con fuerza en los últimos días a raíz de un exhaustivo reportaje publicado por el diario Eldiario.es, donde se expone con claridad la ilegalidad de estos cobros.
El artículo en cuestión no solo confirma que el cobro del IBI carece de fundamento legal desde 2019, sino que incluye testimonios conmovedores de madres afectadas, referencias a una sentencia del Tribunal Supremo de 2023, opiniones de juristas, y la postura de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Además, el propio Director del Instituto Canario de la Vivienda habría admitido la improcedencia de continuar con dichos cobros. La Acampada subraya que todo ello demuestra de manera incontestable que la actuación del Gobierno de Canarias no solo es ilegal, sino que también representa un acto de enorme crueldad hacia quienes ya viven en condiciones precarias.
Pese a la contundencia de la evidencia, la respuesta institucional ha sido, en palabras del colectivo, “vergonzosa”. El Gobierno de Canarias alega que la norma carece de carácter retroactivo, y que si las familias firmaron contratos que incluían el pago del IBI, deben seguir cumpliéndolos. Para la Acampada, este argumento es un intento desesperado de “retorcer la legalidad” y evadir responsabilidades, ya que la normativa vigente, sumada a la jurisprudencia existente, no deja lugar a dudas.
Ante la falta de acción por parte de las instituciones, la Acampada Lolo Dorta ha elevado una nueva queja documentada ante la Diputación del Común, aunque admiten tener pocas expectativas. También han solicitado medidas a partidos de la oposición como Drago y Unidas Se Puede, así como al PSOE y CC, fuerzas del actual Gobierno municipal en La Laguna, donde muchas de las familias afectadas residen. Además, se ha pedido la intervención de diputadas de Podemos en el Congreso de los Diputados, sin que hasta ahora se hayan producido avances significativos.
En este contexto de frustración y abandono institucional, la Acampada ha empezado a recomendar a cada familia afectada que busque representación legal, bien sea a través de abogados de oficio o privados, para iniciar las correspondientes reclamaciones administrativas y, eventualmente, judiciales.
La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta insiste en su denuncia contra el Gobierno de Canarias, al que acusan de incumplir la ley y de mantener una práctica abusiva contra personas en situación de especial vulnerabilidad. El colectivo concluye su escrito con una provocadora interrogante que, lejos de ser retórica, busca poner sobre la mesa la gravedad de los hechos: “¿Podemos llamar ya golfos oficialmente a los del Gobierno de Canarias?”.
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